Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122598
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
La Plata, 7 de Marzo de 2019.
I. La demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de nulidad por haberse planteado agravios desestimados por el Tribunal en otros casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC; v. fs. 313/323 y 308/309 vta., respectivamente).
En el caso, y en lo que importa destacar, la Cámara interviniente, confirmó el pronunciamiento del juez de grado que, a su turno, hiciera lugar a la acción reivindicatoria incoada por la firma Talbron S.A. contra Esilda Rosario de León, al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 222/230 y 281/286).
II. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación del derecho constitucional de defensa en juicio (v. fs. 314 vta. y 319 vta.).
II.1. Sostiene, que la sentencia en crisis apartándose de la solución normativa aplicable al caso y sin fundamentación suficiente, convalidó no sólo una demanda con firma apócrifa sino también los pronunciamientos de los magistrados anteriores en grado que prescindieron -injustamente, según su entender- de realizar la prueba pericial caligráfica peticionada. Ello implicó, asevera, una vulneración del derecho constitucional de defensa en juicio y una autocontradicción de gravedad extrema que la invalida como acto judicial. Cita, al respecto, precedentes de la Corte nacional que entiende aplicables al caso (v. fs. 314 vta. y 318 vta./321 vta.).
Y agrega que esta Corte al rechazar el remedio local también omitió tratar la producción de la mentada prueba pericial caligráfica, cuestión que esgrime como determinante para resolver la cuestión (v. fs. 319 vta./321).
II.2. Denuncia, por otro lado, que la decisión de este Tribunal carece de fundamentación, en tanto -entiende- se limitó a remitir a casos análogos sustentando su opinión en razón del art. 31 bis de la ley 5.827, respecto del cual plantea su incostitucionalidad por considerar que vulnera el art. 171 de la Constitución local (v. fs. 321 vta./322 vta.).
II.3. Reitera, finalmente, el cuestionamiento referido a la falta de acuerdo y voto individual efectuado en el recurso local con relación al fallo del Tribunal de Alzada (v. fs. 322 vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 325), el mismo no fue contestado.
IV.1. Liminarmente, corresponde recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho procesal (en el sub lite , la valoración del material probatorio efectuado en las instancias de grado y la aplicación de la figura prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827) como así también las referidas al modo en que emiten sus votos los jueces de los tribunales colegiados y las formalidades de las sentencias, son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 320:1670; 324:1884, 325:703, 2219; 326:2682; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708 y 4770; 332:1564; 338:693, 1335; entre otros), extremos que no se advierten en la pieza recursiva de marras, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de autocontradicción, falta de fundamentación, apartamiento de la solución normativa y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.3. Tampoco se avizora un arbitrario apartamiento de los precedentes invocados por la interesada (v. fs. 319) pues las circunstancias allí juzgadas no pueden ser asimiladas a las planteadas en el presente proceso.
IV.4. Resta decir que la mera denuncia de la supuesta vulneración del derecho constitucional de defensa en juicio (v. fs. 314 vta. y 319 vta.), no abastece el remedio intentado, ya que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia