Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122171
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
La Plata, 18 de Septiembre de 2019.
I. La apoderada de la parte demandada interpone recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que declaró mal concedido el de inaplicabilidad de ley articulado, con sustento en la insuficiencia del valor del agravio en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial provincial (v. fs. 516/527 y 507/508, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente revocó la decisión del Juzgado de origen que -a su turno- rechazó la acción de reivindicación. En consecuencia, hizo lugar a la pretensión, ordenando el desalojo del predio en el plazo que fijó (v. fs. 369/371 vta. y 465/468 vta.)
II.1. En la vía ahora intentada, la letrada funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, debido proceso y tutela judicial efectiva (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 25, CADH; v. fs. 518 vta., 523, 526 y vta.).
II.2. Alega que, conforme lo denunciado en el remedio local, la Cámara transgredió el principio de congruencia al exceder el límite acotado por el recurso de apelación concedido, vulnerando -así- derechos de jerarquía constitucional (v. fs. 522/523).
II.3. Sostiene -también- que este Tribunal, a fin de examinar el valor del litigio para la admisibilidad del recurso local interpuesto, consideró la valuación fiscal de la porción de terreno involucrada en el pleito, sin contemplar el valor del chalet de dos plantas que se encuentra construido sobre él (v. fs. 523 vta./524).
II.4. Opina -por otro lado- que la porción de terreno involucrada no está determinada, de allí que tanto el juez de primera instancia como la Cámara consideraron que debía tributarse la tasa de justicia sobre la totalidad del inmueble. Y concluye que de haber sido así valorado por esta Suprema Corte, el recurso hubiera sido admisible (v. fs. 524).
II.5. Cuestiona -además- que la ley no menciona que el monto del litigio en caso de inmuebles deba provenir de la valuación fiscal del mismo. Y que, en el presente existe agregada una escritura de compraventa del año 2011 donde consta un valor de $ 1.100.000, por lo que, a todo evento, considerando un tercio de ese valor -$ 366.666-, excedería el importe mínimo de 500 ius requeridos (v. fs. 524 vta./525).
Y agrega que debió valorarse el monto individualizado como "valor impuesto al acto", que es el utilizado en los impuestos de sellos y a la transmisión gratuita de bienes, así como por la ley arancelaria vigente. Cita en sustento de su postura el voto minoritario de la causa C. 121.494, "Grassi", resol. de 22-VIII-2018 (v. fs. 525 vta./526 vta.).
II.6. Considera que lo resuelto colisiona -según su criterio- con la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 15 de la Constitución nacional y la doctrina del exceso ritual manifiesto, al descartar el recurso interpuesto frente a una condena que obliga a una persona de 92 años a entregar la vivienda que ha adquirido por medio de la figura de la usucapión (v. fs. 526 y vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 533), el mismo fue contestado por el demandado (v. fs. 534/536).
IV.1. Al respecto, es preciso recordar que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 295:54; 330:133; 330:4770, entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por incumplimiento del art. 278 del Código ritual, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de excesivo rigor formal y apartamiento de las constancias de la causa, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, cabe tener en cuenta que -según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación- la mentada doctrina posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (confr. CSJN, Fallos: 325:2192; 329:2206, 3761; 330:133, entre otros).
Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493). En ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie, toda vez que el impugnante se limita a reiterar los cuestionamientos que sustentaron los carriles locales y que merecieran oportuna respuesta en la decisión atacada (v. fs. 507/508)
IV.3. Resta indicar, que la mera denuncia de la supuesta vulneración de las garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, debido proceso y tutela judicial efectiva (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 25, CADH; v. fs. 518 vta., 523, 526 y vta.), no abastece el remedio intentado, ya que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia