Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122628
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , de Lázzari, Soria , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.628, "Benítez, Mariana Paola contra Placeres, Martha Noemí y otro. Reivindicación".
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín -por mayoría- revocó la sentencia de primera instancia que había estimado procedente la demanda y, en consecuencia, rechazó la acción reivindicatoria incoada (v. fs. 228/234).
Se interpusieron, por la actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 240/244 y 244/249 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Mariana Paola Benítez -en su carácter de coheredera de parte indivisa- inició la presente acción reivindicatoria contra Alfredo Gregorio Rodríguez, Mirtha Noemí Placeres y/o cualquier otra persona que se encontrase ocupando el inmueble identificado catastralmente como Circ. I; Secc. B.; Manzana 127, Parcela 4 (Unidad Funcional n° 1), Matrícula n° 1.208 de General Viamonte (v. demanda, fs. 26/39 vta.).
El señor juez de primera instancia estimó procedente la pretensión, ordenando la restitución del bien a la actora libre de ocupantes (v. fs. 193/203 vta.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por los accionados, la Cámara departamental -por mayoría- lo revocó y, en consecuencia, rechazó la demanda (v. fs. 228/234).
Para así decidir, en el voto que conformó la mayoría se destacó que independientemente de la discusión que pudiera suscitarse en torno a la inoponibilidad o nulidad del acto de enajenación realizado por el condómino en violación de lo dispuesto por el art. 2.682 del Código Civil (cuestión abordada por voto en minoría del camarista preopinante), existían razones de otra índole que justificaban el rechazo de la acción (v. fs. 232).
En dicho entendimiento, advirtió que el reclamo debió haber sido dirigido contra aquellos a cuyo nombre poseían los demandados (art. 2.782, Cód. Civ.) y que habían sido quienes habían impedido el ejercicio concurrente del derecho que invocaba la accionante (art. 2.684, Cód. Civ.; v. fs. 232 y vta.).
De otra parte, destacó que la pretensión actoral debía analizarse a la luz de la totalidad de los derechos reales y hereditarios en juego, a los fines de no amparar el ejercicio abusivo de los derechos (art. 1.071, Cód. Civ.), concluyendo así que la vía elegida cercenaba anticipadamente una posible solución sin beneficio apreciable a la señora Benítez, toda vez que dejaba subsistente la indivisión del condominio y de la comunidad hereditaria (v. fs. 232 vta. y 233).
III. Contra esta forma de decidir, la actora interpone el recurso extraordinario de nulidad mediante el cual denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 240/244).
En síntesis, aduce que la Cámara omitió el tratamiento de la cuestión esencial vinculada con la inoponibilidad del contrato de compraventa suscripto entre Norberto Benítez y los aquí accionados, a la par que sostiene que el pronunciamiento hoy puesto en crisis carece de fundamento legal.
IV. En coincidencia con el sentido desestimatorio propiciado por el señor Procurador General (v. fs. 265/267 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
IV.1. Al respecto, no es ocioso recordar que el art. 168 de la Constitución provincial sanciona con la nulidad del fallo aquellas omisiones en las que incurre el juzgador por descuido o inadvertencia, mas no cuando la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente (conf. causas C. 118.518, "Sociedad de Fomento de Cariló", sent. de 1-VII-2015; C. 120.572, "Montenegro", sent. de 13-VI-2018; entre muchas).
En el caso, el Tribunal de Alzada hizo expresa referencia a los motivos por los cuales -a su juicio- resultaba innecesario abordar el tópico cuyo examen se aduce aquí preterido.
Ello muestra -a las claras- que la falta de análisis sustancial de la cuestión no ha sido fruto del descuido o inadvertencia de la Cámara sino del lógico razonamiento del juzgador, cuyas motivaciones fueron explicitadas en la sentencia.
En otras palabras, la falta de tratamiento del planteo relativo al mentado instrumento privado no ha derivado de una negligente omisión del sentenciante, sino que -por el contrario- fue producto de un expreso apartamiento, al advertir la Cámara que existían razones de otra naturaleza que resultaban suficientes para propiciar la desestimación de la demanda (v. fs. 232).
IV.2. Por otra parte, en cuanto a la ausencia de argumentación legal denunciada, la sola lectura del fallo revela la sinrazón de la impugnante dadas las citas de normas que fundamentan el mismo (v. fs. 232/233).
Tiene dicho reiteradamente esta Corte que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en que se alega falta de fundamentación legal, con violación del art. 171 de la Constitución de la Provincia, si de la simple lectura de la sentencia se advierte que ella se encuentra sustentada en derecho más allá de si las normas citadas se corresponden o no con los planteos de la parte (conf. causas Ac. 81.105, "Mansilla", sent. de 1-IV-2004; C. 109.048, "Montalbano", sent. de 3-IX-2014; e.o.).
V. Por lo expuesto, no verificados los quebrantamientos constitucionales denunciados (art. 296, CPCC), corresponde desestimar el presente recurso extraordinario, con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 298, Cód. cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Tal como fuera referenciado al resolver la cuestión anterior, Mariana Paola Benítez -en su carácter de coheredera de parte indivisa- inició la presente acción reivindicatoria contra Alfredo Gregorio Rodríguez, Mirtha Noemí Placeres y/o cualquier otra persona que se encontrase ocupando el inmueble identificado catastralmente como Circ. I; Secc. B.; Manzana 127, Parcela 4 (Unidad Funcional n° 1), Matrícula n° 1.208 de General Viamonte (v. demanda de fecha 1 de julio 2014; fs. 26/39 vta.).
Expresó, en su escrito postulatorio, que en diciembre de 1970 Tomás Benítez (su abuelo paterno) y Norberto Benítez (hermano de su padre), ambos de estado civil casados, adquirieron por compraventa y en condominio por partes iguales un inmueble de cuatrocientos metros cuadrados que formaba parte del solar dos de la manzana ciento tres, lindando al frente con la calle Juan Bautista Alberdi y al sureste con calle España de Los Toldos, General Viamonte, identificado catastralmente como Circ. I; Secc. B.; Manzana 127, Parcela 4 (v. fs. 26 vta.).
Relató que dividieron de hecho dicho terreno en partes iguales y construyeron dos casas distintas, que actualmente son las Unidades Funcionales n° 1 y 2, según el plano de Mensura para Subdivisión para someter al régimen de la ley 13.512, sin adjudicación específica de ninguna de las unidades funcionales a cada uno de los condóminos (v. fs. 27).
Luego, señaló que en la Unidad Funcional n° 2 siempre vivieron Norberto y su esposa y que la Unidad Funcional n° 1 siempre fue de uso de Tomás Benítez y su esposa, siendo esta última la que se pretende aquí reivindicar (v. fs. cit.).
Refirió que el 22 de abril de 1987 murió Tomás Benítez y la casa (actual UF 1) continuó ocupada por su cónyuge supérstite -María Angélica Benítez- quien vivió allí hasta su fallecimiento el día 2 de enero de 2001. Asimismo, señaló que Norberto siguió siempre ocupando la otra vivienda (UF 2) junto a su esposa, hasta su fallecimiento en el año 2011 y actualmente lo sigue haciendo su cónyuge supérstite (v. fs. cit.).
A continuación, expuso que a partir de la muerte de María Angélica Benítez los dueños del inmueble que hoy intenta reivindicar eran Norberto y su padre Mario Benítez, en su carácter de herederos, habiendo entrado en posesión de la herencia de pleno derecho (conf. copia certificada de la declaratoria de herederos y autos "Benítez, Tomás y Benítez, María Angélica. Sucesión Ab Intestato", adjuntada a las presentes actuaciones; v. fs. 27 vta.).
Describió que tras el fallecimiento de su padre acaecido el día 2 de diciembre de 2004, junto a su hermano Marcelo Benítez y la esposa de su padre Nilda Haydee Rumbo iniciaron el sucesorio, caratulado "Benítez, Mario Ángel. Sucesión Ab Intestato" (v. fs. 27 vta. y 28).
Indicó que posteriormente tomó conocimiento de que el inmueble objeto del presente proceso se encontraba ocupado por el matrimonio Mirtha Placeres y Alfredo Rodríguez y sus hijos, advirtiendo luego que en el expediente sucesorio obraba agregado un boleto de compraventa sobre dicho inmueble, suscripto el 9 de diciembre de 2004 por Norberto Benítez y los demandados, que había sido agregado a dichas actuaciones tiempo después del fallecimiento de Mario Ángel Benítez (v. fs. 28 y vta.).
Alegó la nulidad y la inoponibilidad del referido instrumento privado, en virtud de no haber participado su padre en dicho acto de disposición material (v. fs. 29/30).
Señaló que, tras intentos infructuosos para llegar a una solución del problema, se vio compelida a iniciar la presente acción (v. fs. 28 vta. y 29).
A su turno, los accionados contestaron la demanda. Invocaron que, si bien las tratativas para la adquisición del inmueble fueron llevadas a cabo exclusivamente con Norberto Benítez, su hermano Mario había estado en conocimiento de la situación, habiendo cedido este último su parte a favor de aquel, en compensación de la enajenación de otro bien del acervo hereditario a su exclusivo provecho. Alegaron ser adquirentes de buena fe, encontrarse en posesión del bien desde el año 2004 y haber abonado la totalidad del precio convenido (v. fs. 62/65 vta.).
II. El señor juez de primera instancia estimó procedente la demanda, ordenando la restitución del bien a la actora libre de ocupantes (v. fs. 193/203 vta.).
Destacó que la reclamante había acreditado la existencia del título que justificaba su derecho a la posesión del bien (su carácter de heredera de Mario Ángel Benítez, quien a su vez resultaba sucesor -junto a Norberto Obdulio- de Tomás Mauricio Benítez y María Angélica Benítez; la titularidad del inmueble, a nombre de Tomás Mauricio y Norberto Obdulio Benítez; v. informe de dominio, fs. 8/9; copia declaratoria de herederos, fs. 10 y certificados, fs. 19 y 20) y la posesión actual del mismo por parte de los reivindicados; como así también que la cosa que se intentaba reivindicar era susceptible de ser poseída (v. fs. 200/202).
Por otra parte, advirtió que los demandados no habían podido corroborar -con la convicción suficiente- que Mario Benítez hubiera cedido a favor de su hermano lo que por herencia de sus padres le correspondía respecto del inmueble de marras, en virtud de la cual este último habría celebrado el boleto de compraventa con los accionados, ni que la venta fuera celebrada por los propietarios del bien; como así tampoco el pago del precio (v. fs. 203).
En virtud de estas consideraciones, concluyó que surgía evidente el mejor derecho de poseer de la accionante y, por tanto, la obligación de restituir el inmueble por parte de los demandados (v. fs. cit.).
III. Apelado dicho pronunciamiento, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín -por mayoría- lo revocó y, por tanto, rechazó la demanda (v. fs. 228/234).
IV. Frente a ello, la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la violación de los arts. 1.195, 1.199, 1.331, 2.679, 2.680, 2.682, 2.782 y 3.450 del Código Civil y 382, 396, 1.021, 1.022, 1.990, 2.251 y 2.255 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la doctrina legal que cita (v. fs. 244/249 vta.).
En su pieza impugnativa aduce que la supuesta enajenación realizada por el condómino Norberto Benítez, por tratarse de la venta de una cosa ajena, es un acto inoponible para el dueño que no participó en el negocio (v. fs. 244/246).
Sostiene que el fallo omite la aplicación al caso del art. 1.331 del Código Civil, en tanto dicho precepto legal dispone que la venta hecha por uno de los copropietarios de la totalidad de la cosa indivisa es de ningún efecto, aun respecto a la porción del vendedor, e ignora la máxima según la cual los contratos no pueden perjudicar a terceros (v. fs. 246 y vta.).
De otra parte, manifiesta que la sentencia vulnera la doctrina legal de esta Corte que sostiene que la acción reivindicatoria puede dirigirse tanto contra el poseedor, en sentido técnico, como contra el simple tenedor que tiene la cosa en nombre del reivindicante (v. fs. 246 vta./247 vta.).
Reputa inaplicable al caso la teoría del abuso del derecho, en atención a la extensión de su parte indivisa, en tanto afirma que el reconocimiento que hace la ley del derecho del comunero lo es con prescindencia de la extensión de cada parte (v. fs. 247 vta. y 248).
Por último, alega que el progreso de la presente acción en nada afecta los derechos de los coherederos y eventuales acreedores, dado que el bien -en definitiva- queda sujeto al resultado de la partición, en atención a lo prescripto por el art. 3.450 del Código Civil (v. fs. 248 vta. y 249).
V. En vista de su insuficiencia, el recurso no prospera (art. 279, CPCC).
V.1. Ha sostenido este Tribunal -en forma reiterada- que quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. causas C. 114.018, "Boragina", sent. de 14-VI-2017; C. 121.223, "Riquelme", sent. de 6-VI-2018; e.o.), tal como -se adelanta- se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada comenzó por destacar que independientemente de la discusión que pudiera suscitarse en torno a la inoponibilidad o nulidad del acto de enajenación realizado por el condómino en violación de lo dispuesto por el art. 2.682 del Código Civil, existían razones de otra índole que justificaban el rechazo de la acción (v. fs. 232).
Advirtió en primer lugar que, en el caso, lo enajenado conforme resultaba del boleto de compraventa glosado a fs. 54 consistía en una cosa futura (UF 1) en tanto resultaba de la mensura de subdivisión por propiedad horizontal, todavía no constituida (art. 1.327, Cód. Civ.). Así las cosas, ponderó que más allá de la relación real o de poder que allí se dijo como transmitida, el señorío fáctico que ejercían los demandados, aunque fuese sobre una parte material y determinada del inmueble, sólo podía ser catalogada como tenencia (arts. 2.461 y 2.462 inc. 1, Cód. Civ.); por ende, la acción debió haber sido dirigida contra aquellos a cuyo nombre poseían los accionados (art. 2.782, Cód. Civ.; v. fs. 232 y vta.).
En segundo lugar -y analizando la cuestión a la luz de la eficacia o ineficacia pendiente del acto celebrado- juzgó que hacer lugar a la pretensión actoral implicaría amparar el ejercicio abusivo de los derechos (arts. 1.071, Cód. Civ. y 10, Cód. Civ. y Com.). En tal sentido, destacó que la cuestión debía ser analizada teniendo en cuenta la totalidad de los derechos reales y hereditarios en juego, concluyendo que la vía elegida cercenaba anticipadamente una posible solución sin beneficio apreciable a la actora (v. fs. 232 vta. y 233).
V.2. Tales fundamentos desplegados en la sentencia no logran ser refutados eficazmente por las argumentaciones traídas en la pieza recursiva de fs. 244/249 vta. (art. 279, CPCC).
La lectura de la crítica ensayada evidencia que la impugnante se dedica a hacer una mera transcripción de las disposiciones normativas y de la doctrina legal que reputa violada. Pero omite controvertir de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones efectuadas por la Cámara (v. fs. 244/246 vta.).
V.2.a. En efecto, la recurrente insiste en afirmar en forma dogmática que la venta de cosa ajena es un acto inoponible para el dueño y que la enajenación hecha por uno de los copropietarios de la totalidad de la cosa indivisa es de ningún efecto (v. fs. 244/246 vta.), agraviándose -en rigor- del fundamento brindado por el voto minoritario del doctor Volta -juez de la Cámara interviniente-, que fue expresamente desplazado por el sufragio de la mayoría, circunstancia que torna inaudible esta parcela de la impugnación.
V.2.b. En lo atinente al primer fundamento de la mayoría vinculado con la deficiente integración de la litis, si bien la recurrente hace hincapié en que la acción reivindicatoria puede ser dirigida contra los meros tenedores (v. fs. 246 vta./247 vta.), se desentiende del razonamiento seguido por el Tribunal de Alzada relativo al origen de la ocupación del inmueble por los aquí demandados.
Sobre el punto, la Cámara advirtió que la acción debió dirigirse contra aquel a cuyo nombre poseían los accionados y quien había impedido el ejercicio concurrente del derecho invocado por la actora, toda vez que el reconocimiento de la cotitularidad en la relación posesoria no podría lograrse a expensas exclusivamente de Mirtha Noemí Placeres y Alfredo Gregorio Rodríguez y, de modo efectivo, cuando su ocupación provenía del otro condómino-coheredero (v. fs. 232 vta.).
Al respecto la actora guarda absoluto silencio, permaneciendo sustancialmente inalteradas las motivaciones del pronunciamiento.
Tiene dicho esta Corte que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida, déficit que resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo (conf. causas C. 120.354, "Superintendencia de Seguros de la Nación", sent. de 18-X-2017; C. 121.062, "R., J. A.", sent. de 7-XI-2018; e.o.).
V.2.c. Igual déficit presenta el agravio referido a la inaplicabilidad al caso de la teoría del abuso del derecho (v. fs. 247 vta./249).
Sostuvo la Cámara que hacer lugar a la pretensión actoral tal como había sido canalizada implicaría amparar el ejercicio abusivo del derecho. En dicha inteligencia, señaló que en atención a las partes indivisas que en el condominio del bien y por la sucesión de sus padres le correspondía a Norberto Benítez, la falta de dilucidación de las cuestiones vinculadas con la composición del acervo hereditario, el carácter partitivo alegado con relación a la enajenación anterior de otro bien y el derecho a su discusión en el marco del proceso sucesorio que les asistía a los restantes herederos y a los demandados en la partición judicial, la vía elegida cercenaba una posible solución sin beneficio apreciable a la actora, en tanto dejaba subsistente la indivisión del condominio y de la comunidad hereditaria (v. fs. 232 vta. y 233).
Por su parte, la recurrente despliega su discurso afirmando genéricamente que la ley otorga a todos los comuneros los mismos derechos independientemente de la extensión de su parte indivisa y que no hay afectación de otros derechos pues el inmueble, en definitiva, queda sujeto a las resultas de la partición (v. fs. 247 vta. y 248).
Tal como pued
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