Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122612
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.612, "Abati, Leila Angelina contra Jiménez, Matilde Elvecia y otros. Reivindicación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, Soria.
Con motivo del reenvío dispuesto por esta Corte (v. fs. 442/444), la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Pergamino dictó un nuevo pronunciamiento, revocatorio del de primera instancia que, en su momento, había rechazado la demanda (v. fs. 452/459 vta.).
Se interpusieron, por los legitimados pasivos, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 467/490).
Habiendo sido ambos remedios admitidos por el a quo , el primero de ellos fue -no obstante- declarado mal concedido por este Tribunal (v. fs. 502/503).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Se ventila en autos la reivindicación de un bien inmueble ubicado en Avenida Malvinas Argentinas n° 1452 de la ciudad de Pergamino.
Teniendo por demostrados los extremos propios de la defensa de prescripción adquisitiva opuesta por los accionados, el señor juez de la fase liminar rechazó la demanda (v. fs. 266/271).
El Tribunal de Alzada revocó ese fallo y estimó la reivindicación. En el entendimiento de que en este último pronunciamiento no había sido tratada una cuestión esencial -derecho de retener el inmueble por las mejoras introducidas-, esta Corte lo anuló, disponiendo el dictado de uno nuevo con arreglo a lo decidido (v. fs. 323/329 vta., 336/355 y 442/444).
II. En observancia de dicho reenvío, y con nueva integración, la Cámara de Apelación departamental revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la pretensión real actuada por la señora Abati. Asimismo, desestimó el derecho de retención subsidiariamente esgrimido por los demandados (v. fs. 452/459 vta.).
Para así decidir, comenzó por precisar que en los términos de los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 2.351 y 4.016 del Código Civil, sobre los demandados pesaba la carga de la prueba, tanto del corpus como del animus de la posesión adquisitiva que opusieran como defensa (v. fs. 454 vta./455 vta.).
Razonó luego que no encontrándose controvertida la titularidad del dominio del inmueble en cabeza de la actora, ni el inicial título de "locatarios" reconocido por los propios accionados al responder la demanda entablada en su contra (v. fs. 62 vta.), estos últimos no habían logrado acreditar ni la interversión de la relación de poder con el bien ni las características propias de la posesión para usucapir, máxime cuando la prueba de tales extremos debía ser concluyente y valorarse con rigurosidad (doctr. causa C. 120.307, "Galván", sent. de 21-XII-2016; arts. 2.352, 2.358, 2.373 y 2.384, Cód. Civ.; v. fs. 455 vta./457).
En esta dirección, destacó asimismo que si bien los dichos de los testigos propuestos por los demandados referían el hecho de la ocupación, no esclarecían -sin embargo- acerca de su carácter. Correlativamente, ponderó que los testimonios rendidos a instancias de la contraria daban cuenta -clara y coincidentemente- del reclamo del inmueble por parte del señor Omar Seta (anterior propietario que lo vendiera a la actora), requerimiento incluso reflejado en los cruces epistolares glosados a fs. 23/25 y 26/27 de estas actuaciones. Seguidamente, puso de relieve que los impuestos que gravaban el bien habían sido abonados por la actora (v. fs. 30/34) a nombre del referido vendedor. Y en base a tales circunstancias, aseveró que el corpus posesorio no había sido ejercido por los accionados con exclusión de toda injerencia extraña (v. fs. 456 vta.).
Precisó luego que las acreditadas reformas edilicias, cuya antigüedad fuera probada mediante la descripción efectuada por la perito arquitecta interviniente en autos, no suponían de por sí el animus requerido por la defensa articulada, desde que era dable extraer que durante los años que ocuparan la finca, las propias necesidades de los accionados los habrían llevado a introducir modificaciones, aún sin la conformidad del dueño (v. fs. 457 vta. y 458).
Reiteró, finalmente, su convencimiento en cuanto al déficit probatorio de los extremos de la usucapión invocada por los accionados y el sistemático reclamo de restitución del inmueble por parte del anterior propietario y la actora (v. fs. 458).
De otro lado, y en cumplimiento de la manda contenida en el referido pronunciamiento anulatorio de este Tribunal, abordó y rechazó el pretendido derecho de retener el inmueble subsidiariamente esgrimido por los legitimados pasivos, al sostener que estos resultaban ser poseedores de mala fe y por tanto no podían ejercer la retención de la cosa, sin perjuicio de reclamar el reintegro de las mejoras útiles en los términos de los arts. 2.440 y 2.441 del digesto (v. fs. 458 y vta.).
III. Frente a esta última decisión se alzan los accionados mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncian absurdo en la labor de ponderación probatoria, violación de los arts. 34 incs. 4 y 5, 163 inc. 6, 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 24 y 25 de la ley 14.159; 2.351, 2.353, 2.364, 2.375, 2.384, 4.015 y 4.016 del Código Civil y 1, 2, 3, 1.899, 1.909, 1.917, 1.922, 1.928 y 2.565 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como violación de la doctrina legal dimanada de los antecedentes de esta Corte Ac. 38.447, "Dolagaray" (sent. de 26-IV-1998); Ac. 80.535, "Ghigliazza" (sent. de 4-XII-2002); C. 106.492, "Kion S.A.I.C." (sent. de 1-VI-2011). Aducen, asimismo, inobservancia de la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa consagrados en los arts. 15 y 171 de la Constitución local; 18 y 75 inc. 22 de su par nacional y 8 apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Formulan reserva del caso federal (v. fs. 467/490).
De un lado, critican la ponderación llevada a cabo en la sentencia respecto de los extremos demostrativos de la esgrimida defensa de prescripción adquisitiva (v. fs. 474 vta./487 vta.). Por otro, se agravian del rechazo del derecho de retener el inmueble por las mejoras introducidas (v. fs. 488).
IV. Pues bien, el recurso merece favorable acogida.
Esta Suprema Corte ha sostenido que las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba, como determinar si sobre la base de ellas el que pretende usucapir justificó -o no- la posesión mediante la existencia de actos que pudieran asumir el significado necesario para sostener la adquisición por prescripción (conf. causas C. 90.284, "E., M.", sent. de 12-XII-2007; C. 97.486, "Gilly", sent. de 15-IV-2009; C. 101.379, "Hernández", sent. de 1-IX-2010; e.o.), así como dilucidar el carácter de poseedor y, también, si se han acreditado actos exteriorizantes de la interversión del título (conf. causas Ac. 39.064, "Suárez", sent. de 21-VI-1988; Ac. 43.119, "Cardona", sent. de 15-IX-1992; Ac. 81.413, "Caruso", sent. de 2-X-2002; C. 92.596, sent. de 28-XI-2007; e.o.), constituyen todas típicas cuestiones de hecho privativas de los jueces de las instancias ordinarias, que sólo pueden ser objeto de revisión en sede extraordinaria si el recurrente demuestra de manera incontrastable que la sentencia ha incurrido en absurdo, esto es, que está afectada por un error palmario, grave y manifiesto que derive en afirmaciones contradictorias, inconciliables o incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. causas C. 104.763, "Nuñez", sent. de 14-IV-2010; C. 120.949, "Borra", sent. de 28-VI-2017; C. 120.963, "Di Ninno", sent. de 24-IV-2019; e.o.).
Y en este sentido, aprecio que los impugnantes evidencian suficientemente el yerro lógico que denuncian, esto es, la absurda valoración probatoria que condujo al tribunal a quo a tener por no acreditadas ni la interversión del título posesorio ni la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida -con ánimo de dueños- del inmueble, por un plazo mayor de veinte años (doctr. arts. 384, 456, 474 y concs., CPCC; arts. 2.353, 2.384, 4.015 y concs., Cód. Civ., aplicable al sub lite en tanto los hechos se desarrollaron y consolidaron durante la vigencia de dicha legislación, conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
IV.1. En efecto, reparando en que -tal como se señala en la pieza de alzamiento, en aspecto admitido por el Tribunal de Alzada- ha quedado fuera de este debate tanto (i) la efectiva ocupación del inmueble por parte del matrimonio García-Jiménez desde fines de la década de 1970 (reconocimiento de la actora en su escrito liminar a fs. 37 y vta., repetido a fs. 253, y luego a fs. 285 del escrito de su expresión de agravios), como (ii) que a partir de 1983 tales ocupantes realizaron varias obras de refacción y ampliación del mismo (primeramente edificando un lugar de estar, dos dormitorios y un baño, construcción de una antigüedad de alrededor de treinta a treinta y cinco años desde la fecha del dictamen pericial de arquitectura producido en estos obrados, y luego la adicional obra correspondiente al sector cocina-comedor de la casa, a la que la experta atribuyó una antigüedad de seis a diez años aproximadamente -v. informe pericial del 11 de septiembre de 2015 glosado a fs. 162/164-), cabe precisar liminarmente que el debate procesal quedó circunscripto -desde los albores del proceso- a si dicho poder de hecho sobre la cosa -siendo en un principio actuado en nombre del locador- fue en algún momento mutado y ejercido por los demandados -por todo el plazo legal- con carácter público, pacífico e ininterrumpido con "ánimo de dueños".
De las respectivas piezas postulatorias emergen ambas tesis encontradas: la actora, con base en lo manifestado por la señora Jiménez en 2013 ante la Oficial de Justicia interviniente en la diligencia preliminar (v. fs. 18 del respectivo legajo), sostuvo que los accionados habían allí reconocido su carácter de inquilinos, poseedores a nombre del propietario del inmueble, por lo que la defensa de usucapión opuesta por ambos en este expediente en 2014 implicó un inadmisible y tardío cambio de postura. Asimismo, adujeron que las mejoras introducidas en el bien no evidenciaban la invocada interversión del título posesorio (v. fs. 37 y vta. y 95/97).
En contraposición, los demandados manifestaron que luego del vencimiento del plazo anual de un contrato de alquiler acordado verbalmente en el año 1978 con el entonces propietario del inmueble, Omar Américo Seta, continuaron ocupándolo sin injerencia de terceros hasta que, intervirtiendo el título de su posesión, comenzaron a actuar como verdaderos propietarios, realizando significativas obras de refacción y ampliación a partir del año 1983, comportándose desde allí como verdaderos dominus (v. capítulos IV de los respectivos escritos de contestación de demanda a fs. 63/65 vta. y 79/81 vta.).
Como fue dicho, revocando el decisorio de primera instancia, el Tribunal de Alzada argumentó que los accionados no habían logrado acreditar el animus de la posesión adquisitiva invocada. Sin embargo, asiste razón a estos cuando postulan que la Cámara incurrió en absurdo al no analizar las constancias de la causa de manera contextual, integral e interrelacionada (v. fs. 477 vta./478 vta.).
Es cierto que, a partir del principio de conservación objetiva del estado real, nadie puede cambiar la especie de su relación de poder con la cosa por el solo transcurso del tiempo, por su mera voluntad interna, por meras expresiones verbales ni por medio de simples actos unilaterales externos. Se configura una presunción iuris tantum que solamente cede frente a la existencia de una nueva causa possessionis o de un nuevo título a la relación real (conf. arts. 2.353, 2.458 y concs., Cód. Civ.).
De modo que la labor de ponderación de la eventual existencia de animus domini demostrativo de una concreta interversión de título posesorio constituye una cuestión de hecho que debe ser acreditada por quien la invoca (conf. causa C. 97.048, sent. de 5-III-2014; e.o.), especialmente respecto del momento mismo de la transformación de la relación con la cosa y el inicio de la posesión exclusiva y excluyente, mediante la demostración de contundentes y precisos actos exteriores que pongan de manifiesto la intención de poseer para sí por parte del ocupante y que produzcan el efecto de excluir al anterior poseedor, que evidencien una oposición que resulte activa, clara, grave, pública, inequívoca y convincente a fin de que el opositor los conozca o deba conocerlos -y sus propósitos- por la forma en que aquellos se desarrollen, para así poder hacer valer sus derechos. El acto de oposición es al mismo tiempo un acto de afirmación de posesión propia y de negación de la posesión ajena (conf. Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil Argentino. Sucesiones", 1994, t. I, p. 410/1, n° 563).
Ello así en tanto en materia de prueba de la prescripción adquisitiva debe usarse un criterio estricto y riguroso, tanto más cuando es opuesta a contradictores con título (conf. causa Ac. 75.946, "Naveira", sent. de 15-XI-2000) o hubieran mediado razones de solidaridad familiar o afecto para la originaria ocupación del bien (conf. C. 95.407, "Vinhas", sent. de 26-IX-2007). Pues una cosa es probar la posesión que se ejerce del inmueble que pertenece a extraños y otra es acreditarla cuando la relación con la cosa deriva de la transformación de una tenencia previa (conf. doctr. causas C. 95.407, "Vinhas", sent. de 26-IX-2007; C. 90.284, "Egaña", sent. de 12-XII-2007 y C. 120.307, "Galván", sent. de 21-XII-2016), desde que resulta preciso apreciar prudentemente hechos que pueden resultar compatibles tanto con la postura de unos como con la de otros, en donde la mera ocupación por razones de conveniencia circunstancial sin intención de comportarse como el propietario del bien no bastan (conf. causa C. 121.003, "Pobliti", sent. de 21-XI-2018). Empero, la mutación solo se produce mediando conformidad del propietario o por actos exteriores suficientes de contradicción de su derecho (CSJN Fallos: 253:53; 316:2297).
En este marco, los recurrentes logran evidenciar que en el fallo impugnado los hechos reveladores de dicho último extremo han sido soslayados mediante una valoración fragmentada, descontextualizada e ilógica de la prueba recabada (conf. arts. 384, 456, 474 y concs., CPCC).
De inicio, cabe observar que el principal fundamento expuesto por el juzgador, en el sentido de que las numerosas y sustanciales reformas llevadas a cabo en el inmueble "...no suponen per se el animus requerido en cuanto es dable extraer que en los años que ocuparan la finca sus propias necesidades [los habrían llevado] a introducir modificaciones, aún sin la conformidad del dueño..." (sic, v. fs. 458), exhibe un sesgo argumentativo, pues el Tribunal de Alzada refiere a los eventuales motivos que habrían conducido a la realización de las mentadas obras (en función de las crecientes necesidades habitacionales de la familia), sin reparar en la modalidad mediante la cual aquellas se llevaron a cabo (por los ocupantes, con su dinero, a su gusto, en significativa magnitud y sin dar noticia ni requerir autorización alguna del titular).
Por demás, como también señalan los impugnantes (v. fs. 480 vta. y 481), los testimonios rendidos por Héctor Antonio Seta y Alberto Alejandro Seta -hermano y sobrino del fallecido Omar Seta, vendedor del inmueble a la actora-, fueron sobrevalorados. Si bien no correspondía descartarlos de plano, debieron ser apreciados con estrictez, habida cuenta de que el eventual deber de responder por la compraventa otorgada por el causante en las relevadas condiciones -por su condición de herederos forzosos- atenúa notablemente su fuerza de convicción (conf. causa C. 96.346, "Semerena", sent. de 13-VIII-2008). Luego, a través de dicho tamiz, se observa que sus respectivos dichos no portan mayor entidad probatoria, aún en la parte en que podrían beneficiar el interés de la accionante, ya que las supuestas locaciones referidas por ambos deponentes no han sido corroboradas en la causa con las respectivas constancias documentales ni con ningún otro elemento de prueba (v. fs. 481 vta.; doctr. arts. 375, 384 y 456, CPCC).
Y adicionalmente, la Cámara omitió considerar la manera mediante la cual los demandados ingresaron oportunamente al bien, el cese del pago de los cánones locativos, la antigüedad y magnitud de las obras realizadas en aquel sin recabar ni opinión ni autorización alguna del titular dominial, el excesivo tiempo transcurrido sin que este interfiriera de cualquier modo ante dicha situación, la prolongada ocupación del bien en forma pública y pacífica, la naturaleza y destino de la cosa poseída (CSJN Fallos: 308:452), las circunstancias personales de los ocupantes, su cotidiano desenvolvimiento en su entorno socioambiental y la expresa negativa a restituir la unidad, manifestada en cada oportunidad en que le fue requerida (conf. arts. 384, 456, 474 y concs., CPCC, v. fs. 485 vta. y 486).
Luego, sabido es que incurre en absurdo el fallo que omitió una ponderación holística de la totalidad de los elementos de convicción arrimados al proceso (causa C. 119.898, "Santiago", sent. de 23-XI-2016), soslayando realizar un análisis integral, preciso y conducente de los mismos (causas A. 73.506, "Scarimbolo", sent. de 22-III-2016 y A. 70.222, "Adrover", sent. de 7-VI-2017). Es que la valoración de las probanzas realizada de manera conjunta o integral, relacionando distintos elementos de juicio, constituye un método de razonamiento que aleja la posibilidad de incurrir en absurdo (conf. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016 y A. 73.808, "Alanis", sent. de 5-VI-2019).
IV.2. Habida cuenta de lo expuesto, ya en el andarivel de la composición positiva de la litis (doctr. art. 289 apdo. 2, CPCC) y acudiendo asimismo al mecanismo de adhesión a la apelación (conf. causas Ac. 46.531, "Bustos", sent. de 3-VIII-1993; Ac. 77.267, "Villaverde", sent. de 27-II-2002; C. 109.849, "Postigo", sent. de 27-XI-2013; e.o., v. evacuación del traslado de la defensa de usucapión a fs. 95/97 y escrito de expresión de agravios de fs. 284/291 vta.), observo que tales extremos, por el contrario, analizados justamente de forma contextual, relacionada e integral, conducen razonablemente a inferir que el comportamiento seguido por el matrimonio García-Jiménez en relación al inmueble evidenció un inequívoco propósito de apropiación y ejercicio de señorío absoluto y excluyente sobre el mismo, por lo menos, a partir del año 1983 (doctr. arts. 384, 456, 474 y concs., CPCC; arts. 2.353, 2.373, 2.384, 4.015 y concs., Cód. Civ.).
En doctrina legal que, "mutatis mutandi" , estimo aplicable al sub lite, y que con acierto los recurrentes aducen quebrantada (v. fs. 486), esta Corte ha apreciado que el animus domini se encuentra acreditado porque edificar una vivienda no sólo demuestra que se detenta materialmente la cosa, sino también la intención de someterla al ejercicio del derecho de propiedad (arts. 2.351, 2.384 y conc., Cód. Civ.; causa Ac. 38.447, "Dolagaray de Dalponte", sent. de 26-IV-1988; también en Ac. 39.743, "Viera", sent. de 13-IX-1988; Ac. 39.326, "Cabrera Reissig", sent. de 11-X-1988; e.o.).
Es que la lógica y el sentido común indican que quien ingresó a la propiedad como locatario -sin que mediara ninguna previa relación de confianza entre las partes- y dejó de abonar los cánones respectivos, realizando posteriormente importantes y variadas obras de remodelación, construcciones de significativa magnitud y carácter permanente (v. fs. 162/164), al margen de toda autorización u opinión d
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