Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 120671
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 120.671 "CLUB DE REGATAS BELLA VISTA ASOCIACION CIVIL C/ GUTIERREZ GUIDO SPANO ALEJANDRO JOAQUIN S/ REIVINDICACION"
I. El demandado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en la falta de fundamentación suficiente, rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado, con costas (arts. 68 y 289, CPCC; v. sent. de 2-X-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 29-X-2020 y su archivo adjunto identificado como "Recurso extraordinario Gutierrez.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del juez de Primera Instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de reivindicación promovida por el "Club de Regatas Bella Vista Asociación Civil" contra Alejandro Joaquín Gutiérrez Guido Spano y demás ocupantes del inmueble objeto del litigio (v. sents. de 24-X-2012 y 26-VI-2014 y su aclaratoria de 17-VII-2014).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, igualdad y legalidad (arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 1, 16, 18/19, 25, 27/29 y 32/37, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar dogmáticamente que había sido insuficientemente sustentado, vulnerando -así- su derecho a obtener una decisión judicial debidamente fundada. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 267:273; 302:1033; 311:1602; 317:874; 319:722; 323:2834 y 329:2563; entre muchos) y las causas "Colalillo" y "Rey c. Rocha" (CSJN Fallos: 238:550 y 112:384).
Contrariamente a lo expuesto en el fallo objetado alega que, con los planteos esgrimidos en la vía local, referidos a que el fallo del Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las pruebas aportadas y resuelto de modo arbitrario asuntos dirimentes de la causa -que ahora reproduce- se evidencia que los cuestionamientos resultaron -según su modo de ver- suficientes para refutar las razones dadas por el a quo (v. págs. 16/27 y 35/38, adjunto cit.).
II.3. Alega, también, que el pronunciamiento atacado omitió -dogmáticamente y con exceso ritual- analizar la invocada teoría de los actos propios, bajo el pretexto de que constituye una cuestión de hecho ajena a la instancia extraordinaria. Al respecto, asevera que de las propias constancias de la causa surgen las contradicciones de la parte actora que sellaban -a su entender- la suerte adversa de su demanda (v. págs. 32/33, adjunto cit.).
II.4. Objeta, finalmente, que esta Corte haya considerado que la simple alegación de la doctrina de la arbitrariedad no sea suficiente para habilitar la instancia extraordinaria. Arguye que, en el presente caso, no sólo fue invocada sino que se ha demostrado cómo la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, configurándose -de ese modo- la cuestión federal que habilita la instancia. Y concluye que, dada la manera como se han resuelto los planteos de fondo, se vulneraron las garantías tuteladas por los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional (v. págs. 33/35, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 4-XI-2020), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora (v. presentación de fecha 13 de noviembre de 2020).
IV.1. Respecto de la vía federal intentada, corresponde recordar -de manera liminar- que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , se controvierten las circunstancias fáctico-probatorias en relación a los institutos de la reivindicación y la prescripción adquisitiva, conforme lo normado por el Código Civil y la suficiencia de la fundamentación del remedio extraordinario local), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 2672; entre otros).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, exceso ritual, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducente, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando agravios expuestos en el remedio local que ya han merecido respuesta (v. págs. 16/38, adjunto cit. y sentencia en crisis).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, igualdad y legalidad; arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 1, 16, 18/19, 25, 27/29 y 32/37, adjunto cit.) así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular, las causas "Colalillo" y "Rey c. Rocha", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.639, "Cruz Alfaro", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/03/2021 13:53:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2021 16:17:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2021 18:07:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2021 09:48:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2021 12:15:25 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia