Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123640
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.640 "CHIAPPE ESTEBAN ROBERTO Y OTRO/A C/ SANCHEZ Y/U OCUPANTES Y/O TENEDORES DEL INMUEBLE S/ REIVINDICACION"
I. El demandado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, en sustento en la insuficiencia del valor del agravio y en la inexistencia de una cuestión federal que suscite la apertura de la instancia, declaró mal concedido el de inaplicabilidad de ley (arts. 278, CPCC; v. resol de 18-II-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 21-III-2021 y su archivo adjunto identificado como "REF 14.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de reivindicación incoada por Esteban Roberto Chiappe y Luis Alberto Sierra contra Baldomero Sánchez y demás ocupantes y rechazado la reconvención del demandado por prescripción adquisitiva (v. sents. de 19-IV-2018 y 27-V-2019).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, afianzar la justicia, a la vivienda, legalidad y a recurrir (Preámbulo y arts. 1, 5, 17, 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; XXIII, DADH; v. págs. 4, 7 y 13/18, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria, configura una cuestión federal y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, apartándose de las constancias de la causa, de la prueba aportada y de la normativa que rige al caso, declaró -sin dar fundamentos suficientes- mal concedido el remedio local, con la consecuente afectación de las garantías constitucionales mencionadas. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, causas "SAGUIR y DIB, Claudia s/ autorización" y "PEREZ de SMITH, Ana"; v. págs. 5/17, adjunto cit.).
Al respecto , expone que a fin de examinar el valor del litigio para la admisibilidad del recurso local interpuesto, esta Corte se apartó de lo normado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y consideró -erróneamente y basándose sólo en su propia doctrina- la valuación fiscal del bien involucrado en el pleito, sin contemplar la aplicación al caso de la tasación por él acompañada, cuyo monto superaba ampliamente el mínimo establecido por la ley para recurrir (v. págs. 7/12, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 31 de marzo de 2021), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora (v. escrito electrónico de fecha 12 de abril de 2021).
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones vinculadas con la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para declarar mal concedido el carril local, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis y a objetar el criterio fijado por este Tribunal, insistiendo el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 5/17, adjunto cit. y resol. en crisis).
IV.3. En lo que atañe a la invocación del derecho a recurrir (v. pág. 7, adjunto cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180; voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Resta indicar, que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, debido proceso, afianzar la justicia, a la vivienda, legalidad y a recurrir; Preámbulo y arts. 1, 5, 17, 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; XXIII, DADH; v. págs. 4, 7 y 13/18, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. págs. 13/14, adjunto cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.639, "Cruz Alfaro", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; C. 124.224, "Ugartemendia", resol. de 8-VI-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2021 13:24:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 14:42:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/08/2021 10:26:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2021 11:21:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2021 14:14:19 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia