Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126035
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentada la contestación acompañada por el apoderado de la parte actora, reputándosela inoficiosa a los fines regulatorios (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 126.035 "LAUSADA LUCÍA ITATÍ C/ ARES DE PARGA PATRICIA M.J. S/ REIVINDICACIÓN" y su acumulada.
I. La señora Ares de Parga deduce -con patrocinio letrado- recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento -único- de esta Corte que desestimó las quejas -articuladas en la presente y en la ingresada como 126.051- por denegatoria de los de inaplicabilidad de ley, dada la insuficiencia del valor del agravio y la inexistencia de una cuestión federal que suscite la apertura de la instancia (art. 292, CPCC; v. resol. de 31-III-2023; trámite titulado "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 24-IV-2023, a las 12:05:50 hs. y su archivo adjunto identificado como "INTERPONE...").
En el caso, en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó -mediante sentencia única- el fallo del magistrado de origen que, a su turno, había hecho lugar a la demanda de reivindicación y, en consecuencia, rechazado la defensa y acción de prescripción adquisitiva (v. sents. de fechas 20-IX-2018 y 9-VIII-2022 en adjuntos a los trámites identificados como "RECURSO DE QUEJA - DEDUCE" de fechas 26-IX-2022).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y propiedad (arts. 14, 14 bis, 17, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 16/20, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias de la causa y de las pruebas aportadas, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce-. En consecuencia, desestimó -dogmáticamente- las quejas por denegatoria de los de inaplicabilidad de ley, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 333:604; 322:1754; 341:416; 301:426; 321:3460; 314:661, entre otros).
Y en razón de ello, reitera, con base en los antecedentes "Strada", "Di Mascio" y "Di Nunzio" (Fallos: 308:490; 311:2478 y 328:1108) -que menciona como aplicables al presente- que debió hacerse una excepción y soslayarse el límite cuantitativo impuesto por el citado art. 278 del Código de rito para, de ese modo, ingresar al estudio los recursos de inaplicabilidad de ley -cuyos agravios también replica- (v. págs. 12/20, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 26-IV-2023 y trámite titulado "OFICIO RECIBIDO" de fecha 15-V-2023), el mismo fue contestado por la apoderada de Lucía Itatí Lausada (v. adjunto al trámite titulado "OFICIO RECIBIDO" de fecha 23-V-2023).
En lo que atañe a dicha pieza y sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse con relación al debido cumplimiento de las formalidades estipuladas por la Acordada 4/07 de la Corte Suprema de Justicia la Nación en su art. 1, se recuerda que es doctrina legal reiterada de este Tribunal que carecen de eficacia las presentaciones de escritos fuera del órgano que correspondiere (conf. doctr. causas C. 120.323, "Perera", resol. de 30-III-2016; C. 121.279, "Aita", resol. de 8-III-2017; C. 121.663, "Italpapelera S.A", resol. de 6-VI-2018 y C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; e.o.). En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándosela inoficiosa a los fines regulatorios (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.).
IV.1. Respecto del remedio federal, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, como así también las de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada para, de un lado, hacer lugar a la reivindicación y, del otro, rechazar la prescripción adquisitiva, así como la insuficiencia del valor de los agravios traídos, conforme el art. 278 del CPCC), no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducente, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para desestimar las quejas intentadas, alegando que se ha incurrido en dogmatismo. Así, reitera los agravios allí expuestos, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada. Insiste, además, en los cuestionamientos invocados en los remedios locales de inaplicabilidad de ley, que quedaron fuera de la competencia de esta Corte por la denegatoria de la Cámara y el posterior rechazo de las vías de hecho por parte de este Tribunal (v. págs. 12/20, adjunto "INTERPONE..." cit.; págs. 2/5 y 22/25 del adjunto titulado "QUEJA+ARES+(1).pdf" al trámite "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 26-IX-2022 y resol. en crisis cit.).
IV.3. Por otro lado, corresponde agregar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 14, 14 bis, 17, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 16/20, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de las causas "Strada", "Di Mascio" y "Di Nunzio" (CSJN, Fallos: 308:490; 311:2478 y 328:1108), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; C. 122.810, "Zubiri", resol. de 24-V-2022; C. 123.616, "Banco Mayo", resol. de 19-XII-2022; C. 125.308, "Hernández", resol. de 27-IV-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentada la contestación acompañada por el apoderado de la parte actora, reputándosela inoficiosa a los fines regulatorios (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese -junto con su acumulada- por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2023 15:01:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:59:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:42:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2023 23:54:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 11:14:30 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/11/2023 12:15:08 hs. bajo el número RR-826-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia