Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 124897
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.897 "ORTEGA MARIANA Y OT. C/ ÁLVARO JUAN CARLOS Y OT. S/ REIVINDICACIÓN"
I. El apoderado de la actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por un lado, rechazó el de nulidad en razón de haberse planteado agravios desestimados en otros casos sustancialmente análogos y, por el otro, descartó el de inaplicabilidad de ley en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812; 289 y 298, CPCC; v. resol. de 11-VIII-2023, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 4-IX-2023 y su documento adjunto titulado "extraordinario...").
En el caso, la Cámara interviniente revocó el fallo del juez de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de reivindicación incoada por Julio Enrique Malimowcka, Mariana Ortega, Andrea Vanesa Mariño, Ailín Johana Malimowcka y Ludmila Yasmín Malimowcka contra Juan CarlosÁlvaro, Mariano Pérez de Eulate, Roxana Avancini y Alfredo Ernesto Quevedo. En consecuencia, la rechazó al no encontrar reunidos los extremos para su progreso (v. sents. de 7-IX-2015 y 9-IX-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso y defensa en juicio (arts. 16, 17, 18 y 28, Const. nac.; v. págs. 2/4, 17/22 y 24, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas -en particular la documental y la testimonial- y de la normativa aplicable omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce- relacionadas con la falta de entrega de la posesión a los demandados, su carácter de tenedores de la cosa, la interpretación del art. 2758 del Código Civil derogado y el progreso de la acción reivindicatoria.
Así, denuncia que se rechazó -dogmáticamente y con exceso ritual- los recursos deducidos, con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales mencionadas. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 327:1020; 318:2299; 323:1779; 107:41; entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión atacada soslayó arbitrariamente -al igual que los magistrados anteriores en grado- tratar y resolver los planteos referenciados, los cuales resultaban -a su modo de ver- aptos para acreditar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las pruebas aportadas y, en consecuencia, refutar las razones dadas por la Cámara y demostrar el absurdo de su fallo.
Arguye, finalmente, que si bien las cuestiones de hecho y de derecho procesal no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente supuesto- lo resuelto implicó un dogmatismo no susceptible de ser considerado una derivación razonada del derecho vigente en orden con las circunstancias acreditadas en la causa y se eludió -mediante fundamentos aparentes- el tratamiento de cuestiones conducentes para una adecuada solución del litigio (v. págs. 7/23, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 8-IX-2023), el mismo fue contestado por los codemandados (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-CONTESTA TRASLADO" de fecha 13-IX-2023), que, en lo que interesa destacar, plantean el incumplimiento por parte de la contraria del límite máximo a la cantidad de renglones por página (art. 1, Ac. 4/2007, CSJN; v. pág. 2, del adjunto al trámite cit.).
Al respecto, corresponde señalar que el mencionado requisito que establece la Ac. 4/2007 de la Corte Suprema, se encuentra abastecido con la presentación hecha como archivo adjunto al escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 14 de septiembre de 2023 (conf. art. 1, Ac. 4/2007 cit.), lo que sella la suerte del planteo efectuado.
IV.1. En lo que hace al remedio deducido, cabe recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada y el rechazo de los remedios de nulidad y de inaplicabilidad local en los términos del art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal. En estos casos se hace particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; 330:133; 329:3761; 325:1922; 330:4770 y 329:5424, entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que meras discrepancias de criterio, ineficaces como tales para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, irrazonable interpretación del material probatorio y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo objetado -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar los recursos deducidos, insistiendo con agravios allí expuestos, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta (v. págs. 3/16 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 15-IX-2020; págs. 7/23 del adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17, 18 y 28, Const. nac.; v. págs. 2/4, 17/22 y 24, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; causa C. 122.851, "Kusich", resol. de 6-XI-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 123.466, "Pissoni", resol. de 20-IV-2022, C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023; C. 125.691, "Labarthe", resol. de 29-IX-2023, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:57:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:36:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 12:26:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:02:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2024 09:06:22 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/05/2024 10:50:00 hs. bajo el número RR-272-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia