Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 125379
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 125.378, "Lupia, Rita Beatriz contra Bustos, Cinthia Johana y otros. Reivindicación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza revocó la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había rechazado la demanda y, en consecuencia, admitió la reivindicación del inmueble ordenando su restitución a la actora (v. sent. de 14-V-2020).
Se interpuso, por parte de los demandados, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fechas 9-VI-2020 y 28-III-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Rita Beatriz Lupia inició demanda por reivindicación del inmueble ubicado en la calle Adolfo Berro 2706 de Tablada contra Cinthia Johana y Jonás Damián Bustos y ocupantes. Dijo que con motivo del fallecimiento de la señora Gregoria Ibarra de Makowoz, a esta le sucedió su cónyuge, Froika Makowoz, por lo que quedó a su favor un 75% del inmueble. Continúo relatando que dicho porcentaje le fue cedido por el nombrado mediante escritura pública de fecha 3 de marzo de 1993. Expuso que el otro 25% del inmueble quedó para Benicia Ibarra, quien cedió dicha porción a Tomasa Ibarra Papaleo.
Denunció que la cesión efectuada a su favor fue impugnada judicialmente en un proceso de redargución de falsedad iniciado por el cedente y continuado por su heredera testamentaria, Delfina Pastora Ibarra, donde se declaró la validez de dicho acto jurídico. Continuó diciendo que se tramitaron las sucesiones de Gregoria Ibarra y Froika Makowoz y que se inscribió a su nombre la cesión del inmueble objeto de la reivindicación en un porcentaje del 75%.
Aclaró que actuaba en este caso como copropietaria del bien y como cesionaria de derechos sin haber tomado la posesión. Sostuvo que la tradición no era necesaria para el ejercicio de la acción reivindicatoria (v. fs. 20/23).
Corrido el traslado de ley, los demandados opusieron excepción de prescripción adquisitiva alegando, sustancialmente, que su abuela -Deolinda Pastora Ibarra- había tenido la posesión del inmueble desde el 8 de noviembre de 1979 hasta el 18 de febrero de 2009, cuando suscribió una cesión de derechos posesorios a favor de ellos (v. fs. 297/380). A instancia de los demandados, se ordenó citar a Tomasa Ibarra Papaleo y, habiendo vencido el plazo para presentarse, se le dio por perdido el derecho (v. fs. 420).
La sentencia de primera instancia hizo lugar a la excepción de prescripción adquisitiva por considerar probada la posesión por parte de Deolinda Pastora Ibarra desde el año 1979 y por más de veinte años hasta que en el año 2009 cedió sus derechos posesorios a los demandados; en consecuencia rechazó la demanda por reivindicación (v. sent. de 4-IX-2018).
Contra dicha sentencia se alzó la actora presentando sus agravios, que fueron contestados por los accionados (v. fs. 892/896 y 898/901).
I.2. La Cámara revocó lo decidido en la instancia de origen e hizo lugar a la reivindicación.
Para así decidir, en la medida del recurso, inicialmente reseñó que los demandados habían intentado distintas defensas para mejorar su posición.
Luego, consideró que Froika Makowoz falleció en 1995 y que hasta ese momento no solamente había sido poseedor del inmueble objeto de la reivindicación, pues había vivido allí, sino que había cedido sus derechos a la actora en el año 1993, incluyendo la posesión, cesión que posteriormente cuestionó mediante una acción de redargución de falsedad que, a su fallecimiento, fue continuada por Deolinda Pastora Ibarra como su heredera testamentaria.
Explicó que, a diferencia de los ascendientes, descendientes y cónyuge que quedaban investidos de la calidad de herederos desde el día de la muerte del causante sin intervención de los jueces, los otros parientes llamados por la ley a la sucesión no podían tomar la posesión de la herencia sin pedirla a los jueces, al igual que los herederos testamentarios, quienes debían también pedirla a los jueces, según lo establecido por el art. 3.413 del Código Civil. Expuso que, mientras no estuviera dada la posesión judicial de la herencia, los herederos que debían pedirla no podían ejercer ninguna de las acciones que dependían de la sucesión, ni demandar a los deudores, ni a los detentadores de los bienes hereditarios; tampoco podían ser demandados por los acreedores hereditarios u otros interesados en la sucesión, todo ello de conformidad con el art. 3.414 del citado Código. Señaló que en la sucesión de Froika Makowoz se había protocolizado el testamento con fecha 21 de noviembre de 1997.
Por otra parte, advirtió que Deolinda Pastora Ibarra era familiar cercano de la esposa de Froika Makowoz y que no había sido poseedora del bien sino que había estado allí por ser familiar. Destacó que Froika Makowoz había vivido en dicho lugar, por lo que jamás había perdido la posesión. Añadió que el hecho de que Deolinda hubiera vivido allí e inclusive que hubiera tenido algún servicio a su nombre, no cambiaba su título.
Dijo que ambos demandados habían confesado que Froika Makowoz había vivido en el inmueble hasta su muerte, acaecida en 1995, a lo que se sumaba la versión de los testigos. Todo lo cual refutaba que Deolinda Pastora Ibarra hubiera tenido la posesión del bien desde el año 1979.
Sumó a ello que, al contestar agravios, los accionados habían introducido una denuncia penal que había sido admitida por la Cámara, pero entendió que resultaba irrelevante y en nada cambiaba la suerte del proceso. Insistió en que a Deolinda Pastora Ibarra se le había permitido vivir en el inmueble pero no como poseedora y agregó que para hacer operable la prescripción debió haber mediado interversión del título.
Puntualizó que al rechazarse la acción de redargución de falsedad de la escritura de cesión, los demandados empezaron a cambiar su estrategia y Deolinda Pastora Ibarra, con fecha 18 de febrero de 2009, cedió sus derechos posesorios a favor de sus nietos, pasando de heredera a poseedora.
Sostuvo que no era posible ser continuadora del causante y luego, con antelación a su fallecimiento, ser poseedora desde el año 1979 y concluyó que, con posterioridad a la derrota en la redargución, los demandados habían pasado a ser poseedores y dijo que era "su momento de quiebre (interversión)" pero que no llegaban a los veinte años de posesión.
A su vez, observó que en la misma fecha de la cesión antes mencionada los accionados habían intentado regularizar las tierras conforme con la ley 24.374, aunque solamente habían iniciado el trámite sin finalizarlo, por lo que esta circunstancia no tenía relevancia alguna para resolver el juicio.
En base a lo expresado, determinó que debía rechazarse la defensa de usucapión de acuerdo con los arts. 4.015 y 4.016 del Código Civil y 24 de la ley 14.159.
Seguidamente, consideró que el inmueble había sido adquirido por Gregoria Suarez Ibarra de Makowoz, de estado civil casada, el 21 de septiembre de 1956; que con fecha 3 de marzo de 1985 se había producido su deceso; que el 3 de marzo de 1993 Froika Makowoz había cedido los derechos hereditarios y gananciales a favor de la actora; que el mismo cedente, con fecha 14 de octubre de 1994, había iniciado un proceso de redargución de falsedad contra la escritura de cesión, la que había sido declarada válida; que el 20 de septiembre de 1995 había fallecido Froika Makowoz y se había presentado a continuar la acción de redargución de falsedad Deolinda Pastora Ibarra acompañando testamento ológrafo de fecha 4 de julio de 1992, quien invocando el carácter de heredera también había comparecido en la sucesión; que el 21 de noviembre de 1997 se había protocolizado el testamento, siendo en ese entonces instituida heredera; que el 18 de febrero de 2009 Deolinda Pastora Ibarra había cedido sus derechos posesorios a favor de sus nietos, fecha en que ellos habían iniciado los trámites de "la ley tierra"; que la inscripción de la sucesión de los causantes Gregoria Ibarra y Froika Makowoz se había ordenado el 6 de junio de 2008 y efectivizado en septiembre de 2013; y que en septiembre de 2014, como cotitular de dominio, la actora había interpuesto la demanda por reivindicación.
Decidió que había quedado probado que la accionante era titular legítima de un derecho de propiedad sobre el inmueble de autos, que había perdido la posesión y que la quería recuperar de quien la detentaba ilegítimamente, de acuerdo con el art. 2.758 del Código Civil. Por ello, cabía hacer lugar a la reivindicación. Impuso las costas de ambas instancias a los demandados por el hecho objetivo de la derrota, conforme el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.
II. Se agravian los recurrentes alegando errónea aplicación de la ley con base en la absurda apreciación de la prueba y violación de la doctrina legal. A su vez, arguyen que la sentencia les impuso indebidamente las costas.
Luego de relatar los antecedentes de la causa, al desarrollar los fundamentos de su recurso denuncian errónea aplicación de la ley aseverando que en estos autos jamás se probó que Froika Makowoz tuviera la posesión del inmueble.
Dicen que no se ha considerado la prueba producida y que se ha dejado de lado la ley que debió aplicarse, entendiendo que rige el caso el art. 3.263 del Código Civil. Sostienen que el cesionario no reviste la calidad de sucesor universal del cedente ya que este no le transfiere al primero la totalidad o una parte alícuota de su patrimonio sino un conjunto de bienes indeterminados.
Insisten en la importancia del art. 3.263 del Código Civil para la resolución de este juicio y aducen que, debido a la absurda apreciación de la prueba al considerar supuestos que jamás fueron probados, el fallo no aplicó la ley pertinente.
Asimismo, denuncian errónea aplicación de la doctrina legal sentada en la causa "Medina, Gladiz Nelle contra Schumann, Osvaldo y otra. Reinvindicación" que entienden aplicable al caso y en la que se resolvió que el cesionario no es sucesor universal del cedente.
En este orden de ideas, consideran que la cesión a favor de la actora no le ha transmitido la posesión del bien y reiteran que el causante no tuvo nunca la posesión del inmueble.
Luego de transcribir parte de la causa que invocan como doctrina legal, afirman que en el presente caso ocurre lo mismo y que Froika Makowoz jamás tuvo la posesión del inmueble, por lo que no pudo ceder un derecho que no tenía y que, a su vez, la cesionaria no reviste el carácter de heredera.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe recordar que este Tribunal ha sostenido -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy Argentina SA", resol. de 23-V-2017 y C. 124.859, "Caffaro", resol. de 13-VI-2023), tal como -se adelanta- se verifica en el caso (doctr. art. 279, CPCC).
En efecto, el Tribunal de Alzada, valorando las constancias de autos, determinó que la excepción de prescripción interpuesta por los demandados era improcedente, por entender que Deolinda Pastora Ibarra no había tenido la posesión del inmueble desde el año 1979 -tal lo alegado por los accionados-, de conformidad con lo establecido en los arts. 4.015 y 4.016 del Código Civil y 24 de la ley 14.159. Luego, hizo lugar a la acción reivindicatoria intentada por encontrar reunidos los requisitos para su procedencia de acuerdo al art. 2.758 del Código citado.
De la reseña de los agravios realizada más arriba se advierte claramente que los cuestionamientos que intentaron los recurrentes no rebaten adecuadamente el razonamiento seguido en la sentencia, sino que se limitan a afirmar que Froika Makowoz jamás tuvo la posesión del inmueble y que la actora cesionaria no reviste el carácter de sucesora universal.
Ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. doctr. causas C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016; C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017 y C. 126.418, "Bustamante", resol. de 11-VIII-2023), como sucede en la especie (doctr. art. 279, CPCC).
En este orden de ideas, cabe observar que ningún argumento vuelcan los impugnantes en esta instancia tendiente a controvertir la desestimación de la invocada posesión de su abuela.
Sobre este particular, el libelo impugnatorio guarda un absoluto mutismo. Y tiene resuelto el Tribunal que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta insuficiente (art. 279, CPCC) cuando el quejoso se limita a mostrar un criterio diferente al del a quo, dejando huérfano de argumentos al escrito impugnatorio (conf. doctr. causas C. 114.340, "Vázquez", sent. de 6-XI-2013 y C. 110.319, "S. d.M. , M. G.", sent. de 15-IV-2015).
De allí que el intento revisor luce notoriamente insuficiente con relación a esta cuestión (doctr. art. 279, CPCC).
Idéntica deficiencia porta el cuestionamiento que se efectúa acerca de la falta de posesión por parte de Froika Makowoz y de la actora cesionaria del nombrado.
Así, los impugnantes argumentan que, a raíz de una absurda valoración de la prueba, no se ha aplicado el derecho pertinente, en concreto el art. 3.263 del Código Civil que establece que el sucesor universal es aquel a quien pasa todo o una parte alícuota del patrimonio de otra persona y que sucesor singular es aquel al cual se transmite un objeto particular que sale de los bienes de otra persona.
Puede observarse que denuncian absurdo en la valoración de las probanzas sin ninguna otra precisión ni referencia concreta al material probatorio de estos autos, siendo que -con tal proceder- no demuestran los errores graves, irrazonabilidad o contradicción denunciados.
Sobre el tópico mencionado la escueta pieza recursiva se limita a señalar que "jamás se probó que el señor Froiko Makowoz tuviera la posesión" que le adjudica el fallo, pues tal conclusión -en su personal opinión- se apoya "en una serie de presunciones erróneas libradas a la imaginación del sentenciante, ya que no se encuentran acreditadas".
Al respecto, debe señalarse que cuando se impugna una tarea propia de las instancias ordinarias, -valoración de prueba pericial, testimonial y/o documental- es imprescindible demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador resulta irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa (conf. doctr. causas C. 106.293, "Cesyt S.R.L.", sent. de 22-X-2014 y C. 121.190, "Loria", sent. de 18-II-2021), yerro que no ha sido evidenciado.
Adicionalmente, si bien los agraviados pretenden que debe aplicarse al supuesto de autos el art. 3.263 del Código Civil, no explican cómo este caso particular se subsumiría en dicha disposición normativa ni ponen reparos a las normas en que se sustentó el fallo.
En su discurso principian por señalar que son "inaplicables los artículos esgrimidos por el juzgador", dado que "no ha considerado lo dispuesto por el art. 3263 ya que el cesionario no reviste la calidad de sucesor universal del cedente".
No hay desarrollo alguno tendiente a demostrar la premisa que antecede. La única expresión que guarda conexión con la denunciada inaplicación del derecho que esgrime como motivo de casación ante esta instancia extraordinaria se reduce a la vacua afirmación según la cual "la importancia del art. 3263 y la evaluación correspondiente de la citada normativa, hubiera permitido al sentenciante llevar a una resolución que aplicara el derecho correspondiente al caso". Ello, desde ya, no satisface la carga técnica establecida en el art. 279 del ritual, en cuanto exige no solo denunciar la norma que se dice infringida sino que impone la carga de explicar -en términos claros y concretos- "en qué consiste la violación o el error".
Para más, es del caso recordar que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia la violación de una norma que no fue la que dio fundamento legal al fallo, pero no denuncia como violada la norma legal actuada en la sentencia, ni indica en qué consistiría la violación o el error en su aplicación (conf. doctr. causa C. 97.750, "B., R. W.", sent. de 16-VII-2014), lo que acontece en la especie.
Lo dicho basta para descartar esta parcela impugnativa y las infracciones alegadas (doctr. art. 279, CPCC).
III.2. En lo atinente a la invocada violación a la doctrina legal emanada de la causa "Medina" (C. 88.998, sent. de 3-III-2010) -doctrina que guarda vinculación con lo normado por el art. 3.263 del Código Civil-, la misma deficiencia porta la impugnación pues no se precisa en el escrito recursivo su relación con esta causa sino que los agraviados -luego de reproducir parcialmente el texto de esa sentencia- solamente exponen que "en el caso de autos ocurre lo mismo que en el caso transcripto" sin más explicaciones.
Es dable puntualizar que no puede atenderse la alegada violación a la doctrina legal expuesta en el escrito recursivo, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016 y C. 124.073, "L. L. I.", sent. de 1-VIII-2023), carga esta última que no se encuentra abastecida por los agraviados, lo que conlleva desechar este aspecto de la protesta.
Por lo expuesto, atento a su manifiesta insuficiencia, se impone el rechazo también de esta parcela de la impugnación (arg. art. 279, CPCC).
III.3. Por último, con respecto a las costas -agravio referido al inicio del escrito recursivo- ningún argumento se ha vertido para rebatir lo decidido, por lo que en este aspecto también deviene deficiente el planteo para lograr la modificación requerida.
Ha dicho este Tribunal que deben rechazarse los agravios que carecen -más allá de su enunciación- de un despliegue argumental idóneo, omitiendo la refutación de los fundamentos del fallo que ataca, la individualización de las normas o doctrina legal de este Tribunal erróneamente aplicadas o violadas y la explicación de cómo ellas se relacionan con la queja que se formula, tornando ineficaz el recurso (conf. doctr. art. 279, CPCC; causas C. 117.780, "Niro", sent. de 17-XII-2014 y C. 120.653, "Campagne", sent. de 7-VI-2017), como sucede en estos autos.
IV. Por lo expuesto, no habiéndose verificado las infracciones denunciadas, si mi opinión resulta compartida corresponderá rechazar el presente remedio extraordinario, con costas de esta etapa a los recurrentes que resultan vencidos (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.