Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 130266
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 130.266 "DICARLO MIRIAM ELIZABETH Y OTROS C/ CALDERERO AMÉRICO Y OTRO/A S/ REIVINDICACIÓN"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°12 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda de reivindicación promovida por Pablo Gabriel Castelli, Miriam Elizabeth Di Carlo, Karen y Santiago Castelli Dicarlo contra Américo Calderero y Mirta Graciela Margueliche, y en consecuencia condenó a los legitimados pasivos a restituir el inmueble objeto del proceso en el plazo de diez días de quedar firme esa decisión, bajo apercibimiento de lanzamiento. A su turno, la Sala III Cámara Segunda de Apelación del fuero departamental confirmó el pronunciamiento (v. sentencias de 5-IV-2021 y 24-VIII-2021, disponibles en el Portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Corte).
Posteriormente, la magistrada de grado ordenó mandamiento de lanzamiento. Los accionados apelaron esa decisión y el Tribunal de Alzada la revocó por considerar que se encontraba pendiente de análisis y resolución la defensa opuesta en la ejecución de la sentencia definitiva, en trámite por ante el mismo juzgado, en expediente separado. Especificó que el derecho de retención invocado por la demandada al contestar la intimación fue reconducido por la señora jueza de grado, destacando que la promoción de otro proceso a tal fin se puso en conocimiento del referido órgano (v. decisiones de 2-X-2023 y 30-XI-2023, disponibles en la MEV).
Frente a ello, los actores solicitaron la sustitución del derecho de retención por una garantía suficiente, y ofrecieron un embargo sobre el inmueble en cuestión. Indicaron que si bien el reclamo que pretende la parte demandada es infundado, en cualquier caso, el inmueble tiene mayor valor que las mejoras que dicen haber realizado en él, por lo que requieren que se ordene nuevo mandamiento de desocupación (v. escrito de 18-XII-2023).
Sustanciado el planteo, el Juzgado de Primera Instancia aceptó la petición de caución real. Señaló que dilatar más el trámite de ejecución de la sentencia constituiría un abuso del derecho que impediría el disfrute pleno de la garantía de propiedad. Y que si bien los demandantes no han acreditado el valor del inmueble objeto de autos, tampoco los accionados han demostrado el de las mejoras que pretenden compensar; por ello dispuso se decrete embargo sin monto. Finalmente concluyó que acreditada que sea la traba correspondiente, se continuará con el proceso de ejecución de sentencia librándose nuevamente el mandamiento de lanzamiento ordenado, el cual se efectivizará tomándose los recaudos del caso conforme la edad de los demandados (v. resol. de 19-IX-2024).
La Cámara, tras abordar los agravios de los demandados y valorar que del art. 2.589 del Código Civil y Comercial surge claramente que dicha facultad sustitutoria precisamente está prevista para hacerse valer frente al ejercicio del derecho de retención, como ha ocurrido en el presente caso, confirmó lo resuelto (v. resol. de 26-XII-2024).
Contra tal decisión, los legitimados pasivos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, vía que fue denegada con sustento en la falta de definitividad de la decisión atacada (v. presentación de 14-II-2025 y resolución de 20-II-2025). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito de 25-II-2025).
II. Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que los pronunciamientos recaídos en la etapa de ejecución de sentencia, en principio, no son susceptibles de ser impugnados por la vía del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial pues, por ser posteriores a la sentencia definitiva, no reúnen la calidad requerida por la citada norma, y tales cuestiones, en cuanto corresponden al cumplimiento de lo ya decidido y firme, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (doctr. causas C. 100.802, "D'alessandro", resol. de 3-III-2010; C. 111.790, "Galdi", resol. de 14-VII-2010; C. 117.094, "Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (hermanitas)", resol. de 24-X-2012; C. 117.545, "Tambornini", resol. de 22-V-2013; C. 122.863, "Gomez", resol. de 14-VIII-2019 y C. 126.440, "Consorcio de Propietarios Dallo XI", resol. de 29-IX-2023).
Así, en el caso, la determinación del órgano que en la etapa posterior a la sentencia firme que hizo lugar a la reivindicación, confirmó la sustitución del derecho de retención del inmueble objeto del litigio por una caución real sobre el mismo bien, no reviste el carácter de definitiva en los términos del art. 278 del ordenamiento procesal citado, sin que se observen en el contexto reseñado y a tenor de los argumentos traídos, motivos suficientes que permitan apartarse de dicha regla (conf. doctr. causas C. 116.723, "Mandrini y Ressia", resol. de 11-VII-2012; C. 117.094 y C. 117.545, cits.).
Finalmente, corresponde señalar que no obstante la invocación de arbitrariedad en la decisión cuestionada, no se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho procesal que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal carácter (causas C. 119.442, "Figliuolo", resol. de 26-VIII-2015; C. 119.450, "Acosta", resol. de 25-XI-2015; C. 124.932, "Bilbao", resol. de 29-X-2021 y C. 125.644, "Miguez de Salinas", resol. de 27-IV-2023).
En consecuencia, no resultando satisfecha la condición de definitividad del pronunciamiento cuya revisión en esta instancia extraordinaria se pretende, la vía articulada resulta inadmisible y corresponde, en consecuencia, rechazar la queja bajo estudio (conf. arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/04/2025 14:07:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/04/2025 14:27:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2025 10:04:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2025 15:31:25 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2025 10:27:31 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2025 14:09:35 hs. bajo el número RR-284-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia