Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-64770600-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente la Resolución (AD CAMP) Nº 242/2022, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 17994-39-2017, en cuanto impone la pena de multa, en los términos del art. 954 incs. a) y c) del CA, la que asciende a la suma de pesos SEISCIENTOS VEINTE MIL TRECE CON 68/100 ($ 620.013,68). Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 70% a cargo del Fisco Nacional (DGA) y en un 30% a cargo de las co actoras.
2Confirmar parcialmente la Resolución (AD CAMP) Nº 242/2022, en cuanto intima a la firma importadora el pago de tributos, en los términos del art. 954 inc. a) del CA, los que ascienden a la suma de dólares estadounidenses CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 97/100 (U$S 43.444,97), con más los intereses devengados hasta la fecha de la efectiva cancelación de los mismos conforme el art. 794 y ss. Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 70% a cargo del Fisco Nacional (DGA) y en un 30% a cargo de la actora Renault Argentina S.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18078482-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Febrero de 2026 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver el expediente EX-2022-64770600- -APN-SGASAD#TFN, caratulado “RENAULT ARGENTINA SA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, y su acumulado EX-2022-70578888- -APN- SGASAD#TFN, “ROSSI OSVALDO ENRIQUE c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, mediante RE-2022-64766980- -APN-SGASAD#TFN, se presenta, por apoderado, la actora RENAULT ARGENTINA SA (“RASA”) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 242/2022 (AD CAMP), dictada el 21/06/2022 vinculada al despacho de importación N° 13 008 IC06 400026 K, por la cual se la condena junto al despachante interviniente al pago de una multa y - solo a la importadora - al pago de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954 incisos a) y c) del CÓDIGO Aduanero. Relata los antecedentes e indica que la actora importó vehículos fabricados por Sociedad de Fabricación de Automotores SA (SOFASA S.A.), originarios y procedentes de Colombia, los cuales fueron adquiridos a Renault SAS de Francia (RSAS). Señala que dicha operatoria encuadra en el marco habitual de transacciones internacionales entre empresas vinculadas y de ventas sucesivas, las cuales son perfectamente lícitas y comunes en el comercio internacional, y agrega que desconoce los pormenores de la relación comercial entre SOFASA SA y RSAS.
Indica que la denuncia realizada por el servicio aduanero cuestiona el precio declarado por Renault Argentina, es decir, lo considera inexacto, en atención a la existencia de otro precio distinto generado en la venta anterior. En cuanto a sus agravios, en primer lugar, sostiene que la declaración formulada es exacta y veraz. En segundo lugar, destaca que el precio de la operación conforma el valor imponible en los términos del artículo 1° del Acuerdo de Valor; por ende, no se configura la infracción prevista en el artículo 954 apartado 1 inciso a) del Código Aduanero toda vez que el precio declarado es el valor de transacción, en tanto, es el precio realmente pagado por las mercaderías vendidas para su exportación al país de importación.
En tercer término, plantea la imposibilidad de configuración de la infracción prevista en el inciso c) de la referida norma, atento a que durante la época del despacho se encontraba vigente en el país un estricto control de cambios que hubiera imposibilitado el giro al exterior de un importe mayor al de la factura de Renault S.A.S. Agrega luego que el tipo contenido en dicho inciso se configura sólo en casos de mercadería faltante o sobrante, pero en autos no existió sobrante ni faltante, conforme surge de la simple compulsa del despacho de importación involucrado. En cuarto lugar, indica que existe ausencia de tipo subjetivo toda vez que no se ha demostrado la existencia de culpa ni mucho menos de dolo por parte de la actora.
Por último, subsidiariamente solicita aplicación del artículo 898 de la ley 22.415. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se absuelva a la actora y se deje sin efecto el reclamo tributario, con costas a la contraria.
Asimismo, mediante RE-2022-70577391- -APN-SGASAD#TFN se presenta, por apoderado, el Sr. OSVALDO ENRIQUE ROSSI e interpone recurso de apelación contra la Resolución aduanera citada precedentemente. Relata los mismos hechos que la empresa y se agravia en igual sentido. Agrega que cumplió con todas las obligaciones a su cargo, toda vez que actuó en su calidad de mandatario de la importadora dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por ésta; por ende, las consecuencias de su actuar no deben ser imputadas a él, sino a quien representa conforme los lineamientos de los artículos 902 y 908 del Código Aduanero. Luego señala que, de la lectura de la destinación y su documentación complementaria, no se han configurado los supuestos que prevé el art. 954 del CA. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se dicte el sobreseimiento del despachante por aplicación del artículo 908 de la ley 22.415, con costas a la contraria.
II. Que, mediante IF-2022-111707456-APN-DTD#JGM, se presenta el Fisco nacional y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa un breve resumen de lo acontecido en sede aduanera y formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por su contraria.
Sostiene que la declaración aduanera no es exacta y veraz atento a que el precio declarado en Argentina resulta inferior al que se declaró en Colombia, e incluso en Francia, con el consiguiente perjuicio fiscal y diferencia de derechos en menos para el Fisco Nacional.
Agrega luego, que se observa claramente que existe una mera re-facturación de la mercadería a través de RSAS de Francia, por lo cual la mercadería sólo ha sido transportada de Colombia hacia nuestro territorio aduanero. Asimismo, destaca que es claro que ninguna operación comercial racional se realiza a pérdida, en ninguna parte del mundo. Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal. Peticiona se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 17994-39-2017 se inician con el Acta de Denuncia n° 10/2017 (DV APDI), vinculada al despacho de importación n° 13 008 IG04 000026K, por haberse declarado precios inferiores respecto a los declarados en la aduana de salida (Colombia). A fs. 10/16 luce el DI N° 13 008 IG04 000026 K y la documentación complementaria correspondiente. A fs. 19 luce el cálculo de las diferencias tributarias detectadas por la Aduana. A fs. 20/21 luce la nota n° 38/2017 (DV APDI), mediante la cual se elevan las actuaciones para consideración del superior y de la aduana de Campana. En fecha 22/08/2017 (ver fs. 23 de las act. adm.), se dispone la instrucción de sumario y se ordena correr vista de lo actuado a la importadora y al despachante de aduanas, quienes, notificadas en fecha 06/10/2017 (a fs. 24) y 02/10/2017 (a fs. 25), presentan su descargo a fs. 49/58 ref. y fs. 26/44 ref. A fs. 93 se tienen por presentadas a las partes, se agrega la prueba documental y se provee la prueba informativa. Que a fs. 98 se da por decaído el derecho de producción de prueba autorizado a fs. 93. A fs. 101/102 vta. obra el Dictamen n° 287/2022 (SESU AD CAMP). A fs. 103/104 vta. luce la Resolución N° 242/2022 (AD CAMP), aquí apelada.
Asimismo, a fs. 105 ref. la co-recurrente comunica la apelación al Tribunal Fiscal de la Nación.
IV. Que, en primer lugar, corresponde dilucidar si la resolución apelada en autos, por la que se condena a las corecurrentes al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, incisos a) y c), del Código de rito, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso.
Que a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y que dicha inexactitud haya producido o podido producir alguno de los efectos previstos en la norma de referencia. Que, el artículo 954 apartado 1 de la ley 22.415 señala: "El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio; (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia".
V. Que, en el caso de autos, se documentó el ingreso de 396 vehículos “Duster Confort Plus 1,6 4X2 Versión: H1 D2 16K E4” de origen Colombia, clasificados bajo la PA 8703.23.10.190E, los cuales fueron adquiridos por la importadora a RSAS Francia, que a su vez fueron encargados por RSAS Francia a SOFASA Colombia, para que sean entregados a RASA Argentina: todas empresas pertenecientes al mismo grupo económico.
Que la Aduana argentina, en su función de control aduanero, endilgó las mencionadas infracciones a la importadora y a su despachante de Aduanas, por entender que tanto el valor FOB como el valor del flete, declarados en el DI, no se correlacionaban con la documentación de respaldo de la operación.
Que, de la compulsa de la documental de las actuaciones administrativas (fs. 10/15 y 68/91 ref. de las actuaciones administrativas) surge que:
• En la destinación n° 13 008 IC04 000026 K, se declaró un valor de importación de U$S 4.709.232,00 y flete de US$ 94.485,60.
• En la factura Recapitulativa n° 348-18/3, emitida por RSAS a RASA, se declaró un valor FOB unitario de la mercadería importada de US$ 11.892.- importe que, multiplicado por las 396 unidades, arroja un valor total de U$S 4.709.232.-; asimismo, se consignó un valor en concepto de fletes de US$ 238,60 por unidad – importe que multiplicado en 396 unidades es equivalente a US$ 94.485,60 -.
• En el Conocimiento de Embarque (“bill of lading”), se declaró un valor de flete de US$ 220.223,52. • El Certificado de Origen (fs. 13) da cuenta que: (i) la mercancía se exporta de Colombia y se importa en Argentina, (ii) se corresponde con la mercadería importada en trato, y (iii) en las observaciones del formulario se indica “Modelo Nuevo 1er año Integ Prog Pacol (…) merc facturada por cuenta y orden de Renault SAS 92513 (…) Factura 348-18/3 12DIC2012 VRFOB4709232”.
VI. Que, sentado lo que antecede, corresponde efectuar dos tipos de análisis a los fines de resolver la litis: por un lado, examinar la diferencia advertida en relación al precio de la mercadería – entre la factura de origen emitida por la firma colombiana a la firma francesa y la destinación – y, por otro, contrastar la discordancia en cuanto al valor del flete – entre el Conocimiento de Embarque y, nuevamente, la destinación –.
Que, en relación a la mercadería en trato, no resulta controvertido que el precio declarado en la destinación es coincidente con el precio consignado en la Factura Recapitulativa N° 348-18/3 emitida por RSAS Francia; sin perjuicio de ello, el Fisco Nacional argumenta que se debió haber tomado el valor declarado en la operación celebrada entre SOFASA SA y RSAS, en la cual la aquí actora era una mera consignataria.
Que lo cierto es que corresponde circunscribir el análisis a la última venta realizada – es decir, entre Francia y Argentina –, respaldada por la ya citada Factura Recapitulativa N° 348-18/3, independientemente de cuál ha sido el precio pagado en la venta anterior concretada entre las dos firmas extranjeras, incluso perteneciendo a un mismo grupo económico.
En efecto, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, al analizar el mentado artículo 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, determinó que corresponde circunscribir el examen de la discordancia entre el precio declarado y el importe egresado a la última venta en supuestos de ventas sucesivas (confr. doctrina de Fallos: 347:83).
Que esta interpretación del artículo de referencia coincide con la interpretación realizada por el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas, órgano encargado de asegurar, a nivel técnico, la uniformidad de la interpretación y aplicación del “Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994” (en adelante, “Acuerdo de Valoración”), aprobado por la ley 24.425 (conf. art. 18 y Anexo II, art. 1).
Que, asimismo, corresponde recordar lo dispuesto en el artículo 1.1 del Acuerdo de Valoración, que establece que “el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación…”; además, y en lo que aquí interesa, el Comentario 22.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana establece que “en el caso de una serie de ventas es necesario establecer cuál de las ventas determina el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. La serie de ventas implica una última venta que se efectúa en la cadena comercial antes de la introducción de las mercancías en el país de importación (la última venta) y una primera venta (o venta anterior) en la cadena comercial”. Por último, el citado Comentario concluye en que “el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas cuando éstas se venden para su exportación al país de importación es el precio pagado en la última venta que se produce antes de la introducción de las mercancías en el país de importación, y no en la primera venta (o venta anterior)”.
Que, en consecuencia, no advirtiéndose diferencia alguna – entre el precio de venta declarado y el facturado – corresponde revocar, en principio, la sanción impuesta en la especie.
VII. Que, ahora bien, en lo referente a la supuesta discordancia entre lo declarado en concepto de flete, sí se advierte una diferencia entre lo consignado en la destinación (US$ 94.485,60) y el conocimiento de embarque (US$ 220.223,52), que motiva la siguiente liquidación:
Diferencia Flete VA US$ 125.737,92 – TC 4,931 – Total Multa (1 vez) $ 620.013,68 DI 11,2% US$ 14.082,65 Base IVA US$ 139.820,57 IVA 21% US$ 29.362,32 Total Tributos US$ 43.444,97 VIII.- Que, bajo tales premisas, seguidamente corresponde determinar si resulta ajustada a derecho la imputación de responsabilidad solidaria al despachante de aduana, en relación a la infracción en trato.
Que, en primer lugar, cabe destacar que el despachante de aduana es un auxiliar del servicio aduanero que ejerce una función de representación al realizar en nombre de otros los trámites y diligencias respectivas a las destinaciones y demás operaciones aduaneras de importación o exportación.
Que, en tal sentido, el artículo 908 del Código Aduanero textualmente reza que “El despachante de aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 36, apartado 1, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida”. (lo resaltado es propio)
Que, asimismo, el artículo 902 del citado cuerpo normativo indica que “1. No se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previsto en este Código.
2. La ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de sanción, salvo las excepciones expresamente previstas en este Código”.
Que, por ende, ante la aludida infracción de declaración inexacta resultan responsables tanto el importador representado por el despachante de aduana, como este último en su carácter de documentante de la destinación, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo en cuyo supuesto será responsable solamente el importador.
IX. Que, en ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado in re: “Garibotti, Armando” (Fallos, 287:191) que en principio queda exento de responsabilidad el despachante que, cumpliendo con las obligaciones a su cargo, se atiene a lo manifestado por el importador/exportador y a lo que surge de la documentación complementaria, salvo hechos personales que lo comprometan.
Que pacífica jurisprudencia ha sentado el criterio de que es suficiente que de algún modo esté acreditado el referido cumplimiento (es decir resulte o no tal acreditación de una prueba concretamente aportada por el despachante), y que deben considerarse cumplidas tales obligaciones cuando el despachante -en su declaraciónse ajusta a las instrucciones del importador, siendo que -siempre conforme la jurisprudencia- así ocurre cuando el despachante se ajusta a los datos de la documentación complementaria (básicamente, factura comercial y conocimiento) obviamente proporcionada por el importador (ver voto del Dr. Jorge Sarli in re “ASTBURY, EDGARDO C/D.G.A. S/REC. DE APELACIÓN”, expte Nº 16753-A, Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación).
Que cabe señalar que de una recta interpretación de los artículos 902 y 908 del Código Aduanero, se desprende que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta, nace en cabeza del despachante, “salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo”.
Que de ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorada en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de responsabilidad por la actuación profesional del mismo.
No obstante, y si bien -conforme inveterada jurisprudencia en la materia- el despachante de aduana no es, en principio, penalmente responsable, si no se ha apartado de las instrucciones impartidas por el importador/exportador, dicho profesional no acreditó en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo, como auxiliar del servicio aduanero. A mayor abundamiento véase la contestación de oficio informada por la coactora mediante RE-2023-138833879-APN-DTD#JGM, donde se ratifica la actuación del despachante, pero no surgen elementos nuevos que permitan eximirlo de la infracción imputada por la DGA.
Por lo tanto, cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, resulta responsable en forma solidaria con la firma exportadora por la infracción cometida (art. 954, apartado 1, incisos a) y c), de la ley 22.415).
X. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar parcialmente la infracción tipificada en la referida normativa, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino - por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala - en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes ("Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.840, del 02/12/13; "Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación", Expte. N° 24.553-A, del 03/12/13 y "Nutribras SA c/ DGA si Apelación", Expte. N°36.507-A, del 06/03/12, entre muchos otros).
Por ello, VOTO por:
1. Revocar parcialmente la Resolución (AD CAMP) Nº 242/2022, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 17994-39-2017, en cuanto impone la pena de multa, en los términos del art. 954 incs. a) y c) del CA, la que asciende a la suma de pesos SEISCIENTOS VEINTE MIL TRECE CON 68/100 ($ 620.013,68). Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 70% a cargo del Fisco Nacional (DGA) y en un 30% a cargo de las co actoras.
2. Confirmar parcialmente la Resolución (AD CAMP) Nº 242/2022, en cuanto intima a la firma importadora el pago de tributos, en los términos del art. 954 inc. a) del CA, los que ascienden a la suma de dólares estadounidenses CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 97/100 (U$S 43.444,97), con más los intereses devengados hasta la fecha de la efectiva cancelación de los mismos conforme el art. 794 y ss. Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 70% a cargo del Fisco Nacional (DGA) y en un 30% a cargo de la actora Renault Argentina S.A.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere a la propuesta del Sr Vocal Instructor.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar parcialmente la Resolución (AD CAMP) Nº 242/2022, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 17994-39-2017, en cuanto impone la pena de multa, en los términos del art. 954 incs. a) y c) del CA, la que asciende a la suma de pesos SEISCIENTOS VEINTE MIL TRECE CON 68/100 ($ 620.013,68). Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 70% a cargo del Fisco Nacional (DGA) y en un 30% a cargo de las co actoras.
2. Confirmar parcialmente la Resolución (AD CAMP) Nº 242/2022, en cuanto intima a la firma importadora el pago de tributos, en los términos del art. 954 inc. a) del CA, los que ascienden a la suma de dólares estadounidenses CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 97/100 (U$S 43.444,97), con más los intereses devengados hasta la fecha de la efectiva cancelación de los mismos conforme el art. 794 y ss. Costas por sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 70% a cargo del Fisco Nacional (DGA) y en un 30% a cargo de la actora Renault Argentina S.A.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2026.02.20 17:42:59 ART Date: 2026.02.20 22:14:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.20 22:15:21 -03:00
Fin de la sentencia