Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39740-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN de fecha 18/09/2024, con costas (arts. 68, 1° parte del C.P.C.C.N, y 1163 del C.A.).
1372/2025 - “Renault Argentina SA (TF (TF 39740-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, 27 de junio de 2025.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 18/09/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación, declaró nulo el auto de apertura de sumario y, consecuentemente, la prescripción de la acción de la DGA para imponer multa y percibir tributos respecto de la firma ‘RENAULT ARGENTINA SA" en el trámite del procedimiento infraccional iniciado en las actuaciones SIGEA nro. 14892-44-2016. Con costas a la DGA.
Para así resolver, precisó que, correspondía resolver si se ajustaba a derecho la resolución apelada en autos, por la que se condenaba a la firma importadora por la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria, tipificada en el art. 970 del C.A., por no cumplir en tiempo y forma con la reexportación o, en su defecto, la importación a consumo de la mercadería amparada por las destinaciones 14017TG06000050V, 14017TG06000051W, 14 017TG06000052A, 14017TG06000055D, 14017TG06000056E, 14017TG06 000058G y 14017TG06000060W.
A título preliminar, expuso que, luego de compulsar las actuaciones administrativas SIGEA 14892-44-2016 y 14892-44-2016/1, surgía que la apertura del sumario de fs. 48/49 y vta., que tuvo lugar el 20/12/17 no daba cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en el art. 1094 del CA, toda vez que, a dicha fecha, el servicio aduanero no contaba con las carpetas originales de los despachos 14 017 TG06 000050 V, 14 017 TG06 000051 W, 14 017 TG06 000052 A, 14 017 TG06 000055 D, 14 017 TG06 000056 E, 14 017 TG06 000058 G y 14 017 TG06 000060 W, que constituían la causa y antecedente del procedimiento infraccional. Precisó que, el art. 1094 del C.A. establecía todas las exigencias que debía cumplir la resolución que disponía la apertura del sumario, y en este sentido dispuso que el mismo “... determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributes que pudieren corresponder e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.” Indicó que, la resolución de apertura de sumario no era un simple acto administrativo de mero trámite sino que era de suma importancia porque era el acto por el cual el administrador entendía que existían motivos suficientes para iniciar procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituían o no una infracción aduanera. Además, es el acto necesariamente previo a la resolución que disponía correr vista de lo actuado a los presuntos responsables a efectos de que, por primera vez, presenten sus defensas.
Insistió en que, de la compulsa de los antecedentes administrativos surgía que no se encontraban agregadas las carpetas originales de las destinaciones afectadas al presente, y lo cierto era que la falta de agregación de las mismas impedía verificar la fecha de oficialización, corroborar su vencimiento, determinar si por el mismo se había concedido o no prórroga a los fines de la regularización del régimen y, lo más importante aún, si la recurrente importó temporariamente la mercadería al amparo del Decreto N° 1439/96 tal como surgiría de las impresiones de pantalla. Asu vez, destacó que, el deber de guarda de la documentación le competía al servicio aduanero.
Aclaró que, independientemente de que por medio de resoluciones dictadas por el propio organismo se establezcan a su favor plazos de conservación de la documentación relativamente cortos, pues admitir lo contrario implicaría desvirtuar el principio de la defensa en juicio y el derecho a un debido proceso de los administrados enunciado en los arts. 18 de la CN y art. 1, inc. 9 de la ley N° 19.549 y más aún si -como acaece en la especie- la documentación se encuentra involucrada en discusión administrativa o judicial.
Alegó que, el administrado era un colaborador en la tarea, a través de lo que pudiera tener en su poder o, en su defecto, su despachante de aduana. Ello no desobligaba al servicio aduanero de acompañar la documentación original del despacho de importación temporaria por el que imputaba a la firma importadora la infracción prevista en el art. 970 del CA.
Ponderó que, era reconocido el carácter penal de las infracciones aduaneras pues así fue señalado por la Corte Suprema de Justicia (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Miras S.A.C.l.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”, entre otros). Consideró que, por ello, no parecía razonable admitir una apertura de sumario con los datos insertos en las impresiones de pantalla de las destinaciones que obraban a fs. 5/39 de las act. adm.
Puntualizó que, era imprescindible agregar la carpeta de la destinación en original, documento que resultaba ser requisito indispensable para formular la denuncia y sobre el que se daban las condiciones para: el inicio de la normal tramitación de las instrucciones sumariales, la imputación de la infracción y, por último, la condena. La falta del documento original no permite determinar si se trataba de mercadería de importación prohibida o no y si al momento de su ingreso el verificador observó la posición arancelaria. Estos datos no surgían de la impresión de pantalla, así como tampoco otros elementos tal como un posible pedido de prórroga, si se importó al amparo del Decreto N° 1439/96. etc.
Argumentó que, los antecedentes con los que contaba la aduana en el expediente SIGEA 4892-44-2016 y 14892-44-2016/1 nunca pudieron servir de causa al auto que dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA; al no contarse con las carpetas originales al momento de la apertura de sumario, no existía para el servicio aduanero causa alguna que justifique razonablemente su decisión de efectivamente hacerlo.
En consecuencia, entendió que, el acto de apertura de sumario era nulo de nulidad absoluta en tanto era violatorio de la ley (art. 1094 del CA) y, al estar viciada la causa, los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordante con la profusa jurisprudencia que había sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había entendido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituían pasos sustanciales a los que tenía derecho toda persona sometida a procedimientos penales - o infraccionales - (CSJN - "Fallos", 96:23; 99:284; 183:68; 295:591,entre muchos otros). Por otra parte, precisó que, respecto de los tributos como así también de la multa intimada por la resolución apelada, el plazo de prescripción era el de 5 años conforme los arts. 803 y 934, respectivamente, del CA. Para el presente caso comenzó a correr el 01/01/17 (el hecho gravado tuvo lugar en los meses de febrero y marzo de 2016 al vencerse el plazo de la importación temporaria de las diferentes DIT) en los términos de los arts. 804 y 935 del CA; y, no obstante de entenderse que el referido acto de apertura del sumario debía evaluarse de modo integrado con el auto de corrida de vista, es decir, que a ese momento el servicio aduanero pudo agregar la destinación de marras a los efectos de subsanar las irregularidades de los que adolecía la apertura del sumario y proseguir con la investigación sumarial, ello no ocurrió. Así las cosas, al ser nulo el auto de apertura del sumario del 20/12/17 (fs. 48/49 y vta. de las actuaciones administrativas) no tuvo virtualidad para suspender, en los términos del art. 805 inc. a) del CA, ni interrumpir la prescripción, cfr. el art. 937 inc. a) del CA. Finalmente, ponderó que, el modo en que se resolvía tornaba inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas por la apelante.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 4/11/2024 interpuso recurso de apelación la AFIP - DGA, expresando agravios el 29/11/2024, los que fueron replicados por la contraria el 11/12/2024. Se agravia la recurrente de la declaración de nulidad del auto de apertura de sumario y, consecuentemente, la prescripción de la acción del fisco para imponer multa y percibir tributos.
Respecto del tema de la nulidad, destaca lo dispuesto por el art. 1050 del C.A., en virtud del cual: "No se podrá declarar la nulidad de un acto de procedimiento si el mismo, no obstante su irregularidad, hubiere logrado la finalidad a que estaba destinado”. Indica que, carece de asidero pretender que la instrucción del sumario reúna todos y cada uno los elementos estipulados por la norma (artículo 1094 del Código Aduanero).
Esgrime que, sostener la obligatoriedad de llevar adelante sin distingo, cada uno de los incisos, no encuentra refugio lógico-jurídico alguno. De ahí que insiste con la imperiosa necesidad de no “automatizar” la aplicación del artículo.
Considera que, la posición tomada por el tribunal a quo no permite interpretaciones colaterales: se deben cumplir con todos los requisitos del art. 1094 del C.A., sin meritar su necesidad. Afirma que esta interpretación, disociada del plexo normativo aduanero, genera consecuencias indeseables para el sistema.
Alega que, en resumidas cuentas, se ha producido un excesivo rigorismo formal, demostrado por la interpretación exégeta de una norma cuya aplicación literal implicaría dispendio jurisdiccional y toma de medidas inconducentes.
Aduce que, de lo dicho se desprende que, hasta la efectiva declaración de nulidad, la apertura sumarial generó los efectos que la ley le asigna en relación a la acción del fisco para percibir tributos: interrumpiendo el curso de la prescripción. Ello, dado que los actos emanados de la Administración se presumen legítimos (art. 12, ley 19.549).
Manifiesta que, en el presente caso se está ante un vicio de gravedad inferior. Ergo, siendo el vicio subsanable, la declaración de invalidez del acto es constitutiva, o sea, produce efectos solo para el futuro (ex nunc) (Cita: v. Linares, Juan F; “Cosa juzgada administrativa”, pág. 40, Editorial Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1946). Estos son los denominados actos anulables, caracterizados por una serie de aristas (Cita: Gordillo, Agustín; “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo 3, Capítulo XI, pag. 19, F.D.A, Buenos Aires, 2007).
Pondera que, dichos actos:
• Han de ser tratados como si fueran válidos hasta tanto sean anulados o revocados.
• Su vicio es subsanable (art. 19, LPA).
• Su anulación o revocación produce por regla general efectos solo para el futuro.
• Tienen estabilidad (art. 18, LPA), entre otras. A partir de lo cual asevera que lo sucedido con posterioridad a la instrucción de sumario responde, en razón de la naturaleza penal de las infracciones aduaneras, a la costumbre emanada del propio fuero penal. El juez administrativo se ha propuesto ratificar la denuncia, no hacerla, recabando aún más elementos.
Cita jurisprudencia.
Por lo expuesto, solicita se revoque el decisorio del Tribunal Fiscal, con costas a cargo de la contraria.
III. Que el artículo 265 del CPCCN, aplicable supletoriamente a procesos como el bajo examen, establece -en lo que aquí interesa- ciertos recaudos que deben observarse por medio de este tipo de presentaciones. En este sentido, prevé que debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de sus razonamientos, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. Debe contener el análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida y que sea idóneo para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de las pruebas producidas (conf. esta Sala en autos 5900/2007 “Musso, Carlos Alberto c/EN - Mº Defensa s/personal militar y civil de las FFAA y Seg.”, sent. del 11/7/2013 y sus citas). Es que “criticar” es muy distinto a “disentir”. La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (conf. en igual sentido, C. Nac. de Apel. en lo Civil, Sala A, en autos “Z., M. R. c/D. P., J. L. y otros”, resol. del 16/12/2005, publicada en La Ley, el 1/6/2006).
Señalados los recaudos que han de ser observados en toda presentación recursiva como la examinada, adviértase que el razonamiento seguido por el Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la nulidad del auto de apertura del sumario, no fue motivo de cuestionamiento concreto y fundado por parte del recurrente.
En efecto, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para declarar la nulidad del autos de apertura del sumario y en consecuencia la prescripción de la acción de la DGA para imponer multa y percibir tributos, se sustentó en la omisión de la Aduana de agregar la documentación fundamental de la operación de importación cuestionada (DIT), lo que impide verificar la fecha de oficialización, el vencimiento de la temporal, si se ha concedido prórroga a los fines de la regularización del régimen y si la actora importó temporariamente la mercadería al amparo de decreto 1439/96; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo resuelto, sin controvertir eficazmente el argumento de la sentencia impugnada, por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación intentado.
En efecto, de la lectura del memorial de agravios, no surge una sola crítica fundada en torno a los contundentes argumentos del sentenciante.
La recurrente no se hace cargo del argumento jurídico del fallo (consistente en la falta de documentación fundamental e imprescindible, que sirva de causa y antecedente de la infracción reprochada y en consecuencia del monto reclamado), sino que, por el contrario, reconoce su ausencia, indicando que el Tribunal administrativo incurrió en un excesivo rigorismo formal.
Además, la demandada no controvierte en absoluto la falta de cumplimiento por parte de la Aduana de los requisitos legales previstos para la apertura del sumario, como así tampoco la falta de incorporación a las actuaciones sumariales de la documentación original de las operaciones que justamente eran objeto de cuestionamiento infraccional. En efecto, no se vislumbra del sumario cuál es la mercadería que se encontraría en infracción, dado que las destinaciones aduaneras correspondientes a las operaciones aduaneras denunciadas, no se encuentran agregadas a la causa.
Así, la Aduana no se hace cargo de la nulidad decretada y sus motivos fundados y ni siquiera intenta acreditar la supuesta validez del sumario o del auto de apertura de sumario.
En definitiva, de la lectura del memorial de agravios, surge claramente que la demandada no controvierte el fundamento de la sentencia del TFN para declarar la nulidad del auto de apertura del sumario.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN, en todos sus términos.
IV. Que, por último, no puede dejar de advertirse que la demandada no se ha agraviado respecto de la declaración de nulidad del auto de apertura del sumario dispuesta por el a quo en el pronunciamiento apelado, a pesar de que dicho planteo no fue opuesto por la parte actora, ni en sede administrativa, ni en el recurso de apelación presentado ante el Tribunal Fiscal de la Nación, lo que obsta a este Tribunal a pronunciarse al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 277 del C.P.C.C.N. (en el mismo sentido esta Sala, in re: “Denso Manufacturing Argentina SA c/ DGA”, del 13/07/2017).
V. Que dado el modo en que se resuelve, las costas de esta instancia, se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el criterio objetivo de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen apartarse (conf. artículo 68, primera parte del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia del TFN de fecha 18/09/2024, con costas (arts. 68, 1° parte del C.P.C.C.N, y 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia