Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 126535
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 25 de marzo de 2022 en todo lo que fuera materia de recurso y agravio, con costas de Alzada al accionado, en su calidad de vencido (arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 126535; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº17 - LA PLATA
XIBILIA MIGUEL C/ XIBILIA JORGE ALBERTO S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. SUMARIO)
En la ciudad de La Plata, a los diecinueve días del mes de Mayo de Dos mil veintidós, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 126535, caratulada: "XIBILIA MIGUEL C/ XIBILIA JORGE ALBERTO S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. SUMARIO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 25 de marzo de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia resolvió rechazar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva opuestas por el demandado Jorge Alberto Xibilia; hacer lugar a la demanda de rendición de cuentas entablada por Miguel Xibilia contra Jorge Alberto Xibilia, ordenando al demandado a efectuar la rendición de cuentas debidamente documentada respecto de los frutos no percibidos por el actor, que le corresponden en virtud del derecho de usufructo sobre el 25% indiviso de la fracción de campo que comprende las matrículas 3208, 3209, 3210, 3211, 3212 y 3213 del Partido de General Paz (043), Provincia de Buenos Aires; dispuso que ésta deberá hacerse efectiva desde el día 12 de abril de 2019, hasta la fecha en que adquiera firmeza la sentencia, en el plazo de treinta días, y las sucesivas en forma trimestral después de vencido dicho plazo mientras perdure la administración por parte del demandado respecto del usufructo, todo ello a efectuarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencia (art. 163 inc. 7 del CPCC); desestimó la inclusión de la turbación en la posesión de la vivienda dentro de la rendición de cuentas, por exceder los alcances de la acción; impuso las costas al demandado vencido (art. 68 del CPCC) y postergó la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para la oportunidad prevista por el art. 51 de ley 14.967 (v. sent. del 25 de marzo de 2022).
2. Esta forma de decidir es apelada por el demandado (presentación electrónica del 4 de abril de 2022); concedido el remedio (proveído del 11 de abril de 2022), éste fue debidamente fundado en esta Alzada (presentación electrónica del 25 de abril de 2022); corrido el pertinente traslado (proveído del 26 de abril de 2022) recibió la contestación del actor (presentación electrónica del 2 de mayo de 2022). Luego se llamó autos para sentencia (proveído de fecha 2 de mayo de 2022).
3. El apelante pone en crisis el rechazo de las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva por él opuestas, como así también la procedencia de la rendición de cuentas.
Alega que no puede exigírsele tal carga dado que su padre dejó de usar y gozar por decisión propia la cosa, basado en desavenencias familiares.
Agrega que la cónyuge de aquél (su madre) sigue viviendo en el predio y gozando de los beneficios del usufructo, dado que el mismo se constituyó en carácter ganancial. Concluye al respecto que su madre es la que administra la ganancialidad de ambos: de su padre actor y de ella.
Denuncia que se lo ha sumado a un problema ajeno dado que en tal caso debieran ponerse de acuerdo entre sus padres respecto del usufructo que administra la mujer.
Concluye que, en tal caso, quien debe rendir es su madre y no él.
Pone en crisis también la imposición de costas entendiendo que su parte no fue la vencida, o al menos no lo fue en la parcela mayoritaria del reclamo, dado que procedió solo por el 25% y no por el 100% y desde el año 2019 y no desde el 2014 como se solicitó al reclamar.
4. Preliminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso planteada por el actor en el traslado del memorial efectuado por el demandado (presentación electrónica del 2 de mayo de 2022).
Al respecto, ha de decirse que el escrito del legitimado pasivo (presentación electrónica de fecha 25 de abril de 2022) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. Abordando la tarea revisora, evidencio que los agravios giran en torno a la obligación de rendir cuentas por parte del demandado.
Refiere que no le pesa la obligación de hacer y que, a todo evento, en caso de corresponder se encuentra cumplida habiéndolo hecho con su madre que continúa conviviendo con él en el predio en cuestión.
No resulta ocioso destacar al respecto que este tipo de procesos se desarrolla en tres etapas bien distintas: en la primera se discute la obligación de rendirlas. Así, y si se declara procedente la pretensión, el juez dicta sentencia condenando al demandado a efectivizar esa rendición. En la segunda se controvierten las cuentas rendidas. Quiere decir que la parte condenada tiene que hacer un detalle minucioso de los negocios realizados, presentando el debe y el haber con la documentación que corresponda y dando las explicaciones pertinentes. Finalmente, la tercera etapa corresponde al cobro del saldo que arroje dicha rendición de cuentas (del voto del Dr. Eduardo De Lazzari, en Ac. 63124 del 17/2/1998, S.C.J.B.A.).
Consecuentemente, el juicio de rendición de cuentas, en su primera etapa -tal es el estado que se encuentra transitando este proceso -, es esencialmente declarativo, ya que no se cuestionan valores, sino el derecho de exigir que se rindan determinadas cuentas (esta Sala causa 127876 RSD 210/20, sent. del 18/11/2020).
Aquí, el reclamo nace a partir de dos instrumentos sobre los que las partes son contestes en reconocer: la escritura N°69 de fecha 5 de julio de 1999 pasada por ante escribano Raúl F. Picasso mediante la cual ambos contendientes compraron en condominio los inmuebles objeto de estas actuaciones ubicado en la Localidad de Ranchos, Partido de General Paz y la escritura N°21 de fecha 16 de abril de 2008 pasada por ante el mismo escribano mediante la cual Miguel Xibilia, con el asentimiento de su cónyuge Elisa Estanislada Gomez, dona el 50% que le corresponde de la propiedad a su hijo Jorge Alberto Xibilia “y se reserva el usufructo”, “En consecuencia, deja así realizada esta donación a favor de su citado hijo, reservándose el usufructo de los bienes”. En ese mismo instrumento el donatario -aquí demandado- “manifiesta su conformidad y aceptación” (ver copias digitales obrantes en páginas 11 a 22 y 23 a 31 del archivo ".pdf" adjunto al trámite electrónico de fecha 18/06/2019, sistema Augusta).
Luego, tanto en la demanda como en su contestación, ambos concuerdan -aunque difieren las motivaciones alegadas y fechas- en la circunstancia que el actor se retiró de la propiedad en objeto de la disputa y que el demandado es quien se quedó explotándola comercialmente.
Ahora bien, la rendición de cuentas se basa en una operación por la cual toda persona que actúa por cuenta de otra o en interés ajeno le da a ésta razón de su cometido detallando los actos cumplidos en su nombre, mediante la exposición de todo el proceso económico y jurídico propio de ellos y estableciendo el resultado final, en forma debidamente documentada. En suma, para poder exigir rendición de cuentas basta que una persona haya manejado dinero o bienes que sean ajenos total o parcialmente, sea en razón de un vínculo contractual o extracontractual, encuadre o no en el primer caso en la figura de uno de los contratos nominados de nuestro Código Civil o de nuestro Código de Comercio (conf. Fassi, Santiago "Cod. Procesal Civil y Comercial Cdo., Anotado y Concordado", T.II, Ed. Astrea, pág. 557/558), agregándose que esta obligación no se supedita al beneficio o no en el resultado de las operaciones efectuadas.
En definitiva, esta carga alcanza a todos los que administran bienes total o parcialmente ajenos o bien quienes tengan algún tipo de obligación legal o contractual de hacerlo. En esos casos, corresponde aplicar analógicamente las reglas establecidas para el mandato (conf. esta Cámara, sala III, causa 113994, RSD 77-19, sent. del 2 de mayo de 2019).
No obstante lo expuesto, para que se imponga la obligación de rendir cuentas, no es indispensable la caracterización jurídica de la relación que liga a las partes o la ubicación de ella en alguno de los contratos típicamente preceptuados en la ley; basta, a ese fin, la existencia de negociaciones en las cuales se hayan administrado bienes, gestionado negocios total o parcialmente ajenos, ejecutado un hecho que suponga manejo de fondos ajenos o de bienes que no le pertenezcan en propiedad o involucren un interés ajeno. Es inherente a todo mandatario o administrador de bienes ajenos y no surge exclusivamente de la situación en que exista comunidad de intereses (SCBA, L.L. 75, 387; Cám. Civ., D, L.L., 93, 207; íd., C. L.L., 1975-D, 415).
De lo hasta aquí expuesto surge de modo indudable el interés ajeno comprometido en los actos llevados a cabo por Jorge Alberto Xibilia. Es que resulta principio básico del derecho real de usufructo que el usufructuario pueda usar, percibir frutos naturales, industriales o civiles y gozar sobre los objetos sobre los que se establece el usufructo como el propietario mismo (conf. art. 2863 CC) y que, privado de ello, pueda ejercer las acciones que tengan por objeto la realización de los derechos que correspondan al usufructo (conf. art. 2876 CC).
Por ello, es dable concluir que los agravios expuestos por el demandado no han de tener andamiaje. Es que, como se dijo, en autos ha sido probada la existencia de usufructo de la propiedad en favor del actor, la privación sufrida por Miguel Xibilia de poder gozar del derecho real otorgado mediante escritura pública y el uso y goce exclusivo de la propiedad por parte del accionado (art. 384 CPCC).
Concluir en contrario Se traduciría en el desconocimiento de los alcances legales del mencionado derecho real (arts. 2363, sig. y cctes. CC).
En nada modifica esta conclusión el hecho de que la madre del demandado -cónyuge del actor y presente a la hora de hacer efectiva la donación y la constitución del usufructo- continúe viviendo con el legitimado pasivo toda vez que la ganancialidad por éste alegada para eximirse de la rendición es una cuestión relativa al derecho patrimonial del matrimonio que le es ajena y, por ende, propia de los contrayentes (arts. 1276 CC y sig.).
A todo evento, el reclamado se encuentra obligado a rendir cuentas a quien ha efectuado fehacientemente el reclamo que en este caso es el actor beneficiario del usufructo (v. carta documento acompañada como prueba documental y demanda). Ante ese requerimiento el demandado tiene la carga responder y efectuarla, agregando por último que tampoco el accionado demostró que se haya liberado de la obligación prestándoselas a su madre (art. 384 CPCC).
En consecuencia, por los motivos expuestos concluyo que los agravios expuestos por el demandado en este extremo deben ser rechazados, confirmándose al respecto lo dispuesto por la sentencia de grado (arts. 649 y sig. CPCC).
6. Superados los agravios sobre el fondo de la cuestión, dable es abordar las quejas relativas a la imposición de costas.
La norma del artículo 68 del ordenamiento procesal dispone que la parte vencida en el pleito habrá de afrontar el pago de los gastos de la contraparte. El fundamento de la imposición de costas reside en hacer efectiva la responsabilidad de quien, litigando sin derecho, ha ocasionado a su adversario, injustificadas erogaciones para el reconocimiento o defensa de sus intereses. De tal modo, la preceptiva indicada consagra el principio objetivo de imposición, basado en el mero hecho del vencimiento, que sólo debe ceder si el sentenciante halla mérito suficiente para establecer la excepción y funda adecuadamente sus razones en el pronunciamiento respectivo, bajo pena de nulidad (art. citado; conf. esta Sala, causa 93.111, sent. del 25/4/2000, RSD 86/2000).
Consecuentemente, la ley no requiere que el litigante sea culpable, sino que atiende solamente a la posición asumida en el proceso (art. 68, CPCC).
Para verificar si la parte que ha sido gravada correctamente con la obligación de afrontar los gastos causídicos, se debe apreciar si la misma, efectivamente, ha sucumbido en sus pretensiones -actorales o defensivas- ante la contraria, siendo imprescindible efectuar un cotejo entre la postura que uno de los litigantes ha delineado en los planteos sometidos a la jurisdicción, y la tesis que la contraria ha opuesto a su progreso y, todo ello, de frente a las conclusiones contenidas en el fallo.
No es admisible a tales fines -tal como lo pretende el apelante en sus agravios- parcelar el litigio en relación con los distintos reclamos en particular, sino que deben fijarse conforme un enfoque global de la causa. Es decir, que la demanda prospere parcialmente no significa negar al accionado su calidad de vencido si se opuso in totum al reclamo o pretensión de la contraparte.
“De esta manera, la circunstancia de que el éxito de la demanda sea parcial, no le quita al demandado la calidad de vencido, aunque la demanda haya prosperado en menor medida y aun cuando lo sea en mínima parte. Es decir, corresponde que la parte demandada soporte las costas del juicio si las reclamaciones de la accionante progresaron en lo sustancial, desde que la primera reviste la calidad de vencida” (SCBA, 6/5/80, "Reseña", 1980, p. 127, n° 251).
Ahora bien, en consideración a cuanto surge de las presentes actuaciones, no resulta menester autorizar una excepción a la regla general de imposición de costas, pues se advierte que si bien algunas parcelas del reclamo fueron rechazadas o modificadas -tal como la fecha desde cuándo se deben rendir cuentas-, se hizo lugar a la petición de fondo del reclamante que era -en definitiva- se dicte la procedencia de la rendición de cuentas solicitada. Ello ubica sin lugar a dudas a Jorge Alberto Xibilia en condición de vencido en los términos del art. 68 CPCC.
Específicamente, debe destacarse que en la presentación defensiva del legitimado pasivo (de fecha 17 de febrero de 2021) éste opone primero excepción de falta de legitimación pasiva y activa, para luego pedir el rechazo de la demanda instaurada.
Se evidencia entonces que se resistió de modo expreso a la pretensión de su padre, generando en éste la carga de proseguir con las actuaciones judiciales a fin de que se consagre el derecho pretendido.
Por otro lado, la facultad concedida en la segunda parte del artículo 68 CPCC, debe ejercerse restrictivamente y sobre la base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, tornen manifiestamente injusta la aplicación del hecho objetivo de la derrota (conf. S.C.B.A., Ac. 36.519, del 10/03/87).
Por los mismos motivos no resulta de aplicación al presente el art. 71 CPCC, toda vez que no se trata el resultado de estas actuaciones de un vencimiento parcial y mutuo. En efecto, el demandado debe cumplir con el objeto solicitado por Miguel Xibilia al demandar lo que lo ubica en el lugar de vencido en el presente proceso.
7. Por ello, propongo la confirmación de la sentencia recurrida en todo lo que fuera materia de recurso y agravio, con costas de Alzada al accionado, en su calidad de vencido (arts. 68, 69, CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 25 de marzo de 2022 en todo lo que fuera materia de recurso y agravio, con costas de Alzada al accionado, en su calidad de vencido (arts. 68, 69, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 25 de marzo de 2022 en todo lo que fuera materia de recurso y agravio, con costas de Alzada al accionado, en su calidad de vencido (arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 19/05/2022 09:26:08 - HANKOVITS Francisco Agustin - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 10:22:37 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 19/05/2022 10:28:52 hs. bajo el número RS-99-202
Fin de la sentencia