Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133427
En la ciudad de La Plata, a los 17 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo ordinario los señores Jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Primera, doctores Jaime Oscar LÓPEZ MURO y Ricardo Daniel SOSA AUBONE, para dictar sentencia en los autos caratulados “MIGUEZ, PABLO GABRIEL c/GUINIS, ALBERTO ALEJANDRO ARTURO s/RENDICIÓN DE CUENTAS” (causa N° 133.427), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el Dr. SOSA AUBONE.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 11 de junio de 2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DOCTOR SOSA AUBONE DIJO:
I. Antecedentes.
1.1. Pablo Gabriel MIGUEZ, invocando su carácter de fiduciario del “FIDEICOMISO DG E.10”, promovió demanda de rendición de cuentas contra Alberto Alejandro Arturo GUINIS, a quien atribuyó haberse desempeñado como administrador del edificio sito en calle 10 N° 1338, entre 59 y 60, de La Plata, desde agosto de 2017 hasta el 16 de noviembre de 2021. Solicitó que se lo condene a rendir cuentas de esa gestión, a acompañar la documentación del consorcio que obrara en su poder y a la aprobación de las cuentas acompañadas, con intereses y costas. Relató que durante ese período se recaudaban mensualmente las expensas de todas las unidades, que las deudas se incrementaban mes a mes, que el 30 de agosto de 2021 los fiduciantes resolvieron removerlo sin aprobar rendición alguna y que faltaban los recibos y facturas respaldatorios de las partidas de gastos.
1.2. El demandado contestó el 26/9/2022 solicitando el rechazo de la demanda. Negó los hechos y desconoció la documental, con excepción de la que reconoció expresamente. Sostuvo la inexistencia de reglamento de propiedad horizontal, de unidades funcionales, de consorcio de propietarios y de administrador de consorcio; afirmó que el fideicomiso se encontraba vigente y que el obligado a rendir cuentas era el fiduciario, conforme la cláusula décimo cuarta del contrato y las previsiones del Código Civil y Comercial. Manifestó que su actuación se limitó a la de un dependiente del fiduciario, siguiendo las instrucciones que éste le impartía respecto de la percepción de fondos y la realización de pagos, sin facultades propias de decisión, administración o representación, y que toda la documentación vinculada con los pagos efectuados era entregada periódicamente al fiduciario o a las personas que éste indicaba. Opuso excepción de defecto legal, que fue rechazada el 13/10/2022 y confirmada por esta Alzada el 13/12/2022.
1.3. Producida la prueba que da cuenta la certificación actuarial del 27/3/2025 y firme el llamamiento de autos del 20/3/2026, el 11/6/2026 se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda y condenando al demandado a rendir cuentas de su gestión material de administración respecto del edificio de calle 10 N° 1338, por el período comprendido entre agosto de 2017 y el 16 de noviembre de 2021, dentro del plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento y con la documentación respaldatoria que se encontrare en su poder. Se hizo saber que la rendición, su eventual impugnación, aprobación, rectificación o determinación de saldo deberán sustanciarse por la vía de los arts. 650, 653 y 654 del C.P.C.C., y se impusieron las costas al demandado vencido.
1.4. Dicha sentencia fue apelada por el demandado el 18/6/2026, concediéndose el recurso libremente el 19/6/2026. Expresó agravios el 14/7/2026, los que fueron respondidos el 23/7/2026. El 6/8/2026 se llamaron autos para dictar sentencia (art. 263, C.P.C.C.), providencia que se encuentra firme (consintió el 14/8). El plazo para dictar sentencia vence el 2/11/2026.
II. Los agravios.
2.1. En su primer agravio el apelante sostiene que la sentencia crea una obligación jurídica sin fuente legal, contractual ni probatoria, al hacer nacer el deber de rendir cuentas del solo hecho de haber percibido fondos, efectuado pagos o manejado documentación. Afirma que la acción exige una relación jurídica previa que coloque al demandado en posición de administrador, mandatario, gestor o representante, presupuesto que —dice— nunca fue acreditado, y que el fallo confunde el hecho material con el hecho jurídico (art. 257, C.C.C.N.), equiparando la ejecución material con la administración autónoma.
2.2. En el segundo agravio cuestiona la legitimación sustancial activa del actor. Sostiene que la sentencia no identifica al acreedor de la obligación, no determina a quién pertenecían los fondos ni por qué Miguez podría reclamarlos en nombre propio, y que, reconociendo el fallo que los fondos provenían de terceros, invierte la carga de la prueba del art. 375 del C.P.C.C.
2.3. En el tercer agravio afirma que la sentencia presume, sin prueba, el cumplimiento del objeto del fideicomiso y la entrega de las unidades, para luego desplazar hacia el demandado obligaciones que permanecían en cabeza del fiduciario (arts. 1666, 1667, 1674, 1675 y 1676, C.C.C.N.), sin identificar acto jurídico alguno de sustitución o delegación.
2.4. En el cuarto agravio impugna la valoración de la prueba. Señala que los instrumentos en que se apoya el fallo —comunicación a los adjudicatarios, acta N° 019-001, designación de la nueva administradora y acta de entrega y recepción de documentación— fueron incorporados en copia simple y oportunamente desconocidos, sin que la actora acreditara su autenticidad; que los testigos no pueden autenticar documentos; que la prueba indiciaria utilizada es equívoca y compatible con una actuación subordinada; y que se invirtió la carga de la prueba exigiéndole la demostración de hechos negativos. Solicita, además, que se valore la conducta procesal de la actora en los términos de los arts. 34 inc. 5 y 45 del C.P.C.C.
2.5. En el quinto agravio denuncia la violación del principio de congruencia: la demanda se fundó en la calidad jurídica de administrador designado y la sentencia condenó sobre la base de una noción distinta —la gestión material de intereses ajenos—, alterando la causa de pedir; cuestiona asimismo la valoración parcial de la testimonial y la atribución a la pericia contable de efectos que exceden su objeto técnico, y sostiene que el deber interno de informar no equivale a la obligación de rendir cuentas de los arts. 858 y ss. del C.C.C.N.
2.6. En el sexto agravio alega la indeterminación del objeto de la condena, en cuanto no precisa qué operaciones, fondos, sujetos y documentación comprende la rendición, difiriendo a la etapa del art. 650 del C.P.C.C. aquello que debía definirse en la sentencia declarativa. Subsidiariamente, para el caso de no revocarse la condena, pide que se delimiten estrictamente el sujeto acreedor, el objeto, los fondos, las operaciones, la documentación y el período.
2.7. La actora contestó los agravios propiciando su rechazo. Sostuvo que la fuente de la obligación es legal (arts. 858, 859 y 860, C.C.C.N.); que su legitimación emana de su carácter de fiduciario y de la cláusula décima del contrato, que lo faculta a ejercer todas las acciones de defensa de los bienes fideicomitidos; que el fideicomiso continúa vigente por no haberse otorgado aún el reglamento de copropiedad ni las escrituras de adjudicación, coexistiendo su propia rendición como fiduciario con la que debe el administrador de hecho; que el contrato fue instrumentado con firmas certificadas; y que el demandado incurre en contradicción al invocar su condición de dependiente pese a haber confeccionado liquidaciones, seleccionado proveedores y manejado la caja del edificio.
III. Su análisis.
3.1. El marco normativo y el objeto de esta etapa. Caracterizó Couture la rendición de cuentas como “la acción y efecto de presentar al reconocimiento de quien corresponda, para su examen y verificación, los saldos y operaciones debidamente justificados, provenientes de un encargo de administración o gobierno” (Vocabulario jurídico, p. 528), obligación de hacer hoy regulada en los arts. 858 a 864 del Código Civil y Comercial (conf. Morello-Sosa-Berizonce-Tessone, “Códigos…”, 2da. ed., 1999, t. VII-A, págs. 425/426).
Tal como lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa Ac. 63.124, “Celaya, Juan Carlos c/Fariñas de Celaya, María s/Rendición de cuentas”, del 17/2/1998, el juicio de rendición de cuentas se desarrolla en tres etapas: en la primera se discute la obligación de rendirlas y, si se declara procedente la pretensión, el juez dicta sentencia condenando al demandado a efectivizar esa rendición; en la segunda, que tramita por vía incidental (art. 650, CPCC), se controvierten las cuentas rendidas, debiendo la parte condenada hacer un detalle minucioso de los negocios realizados, presentando el debe y el haber con la documentación que corresponda y dando las explicaciones pertinentes; la tercera corresponde al cobro del saldo que arroje dicha rendición mediante el trámite de ejecución de sentencia (arts. 653 y 654, CPCC) (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial”, t. 3, p. 307; Morello-Sosa-Berizonce-Tessone, “Códigos…”, t. VII-A, pág. 432 y sigs.; SCBA, Ac. 86.033, 6/9/2006; C. 95.718, 9/6/2010; C. 97.386, 2/3/2011; esta Sala, causas 114.484; 117.237 y su acumulada 117.257; 118.107).
Primero corresponde saber si se debe o no rendir cuentas, esto es, si alguien y respecto de otro viene obligado a hacerlo; si hay dudas o discrepancias acerca de esa circunstancia —como ocurre en autos—, deben dilucidarse con carácter previo en el correspondiente proceso de conocimiento (art. 649, C.P.C.C.). Recién en un segundo momento, despejada esa incerteza, se abre paso al procedimiento de rendirlas, donde judicialmente podrán ajustarse, discutirse y agotar su resultado (art. 650, C.P.C.C.).
En cuanto al sujeto obligado, es doctrina consolidada que la obligación de rendir cuentas no se limita al mandatario, sino que alcanza a todos los que administran bienes total o parcialmente ajenos, realizando actos o gestiones en nombre, por cuenta o por encargo de otra persona, supuestos a los que corresponde aplicar analógicamente las reglas del mandato, sin que interese si esa gestión produjo beneficios o perjuicios (conf. Salas–Trigo Represas, “Código Civil”, Depalma, 1979, t. II, pág. 441; SCBA, “Ac. y Sent.” 1970-I, 259; esta Sala, causas 114.484 y 117.237). Ese criterio recibió consagración expresa en el art. 860 del Código Civil y Comercial, según el cual están obligados a rendir cuentas, excepto renuncia expresa del interesado, quien actúa en interés ajeno aunque sea en nombre propio (inc. a), quienes son parte en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio (inc. b) y quien debe hacerlo por disposición legal (inc. c).
Correlativamente, esta Sala ha señalado que ni la locación de servicios ni la de obra imponen por sí obligación de rendir cuentas, desde que no configuran administración de bienes ajenos (SCBA, “Ac. y Sent.” 1956-V, 596; esta Sala, causa 117.237), criterio que llevó a rechazar la demanda cuando el dinero recibido lo fue en pago de honorarios propios del accionado. La distinción decisiva, pues, no pasa por el nombre del vínculo ni por el grado de autonomía del gestor, sino por la titularidad del interés al que se aplican los fondos: quien recibe dinero propio nada debe explicar; quien recibe dinero ajeno para aplicarlo a un destino ajeno, sí.
3.2. El primer agravio. Le asiste razón al recurrente en cuanto a que la obligación de rendir cuentas no nace de cualquier intervención material en un circuito económico y requiere una fuente. Pero no la tiene en cuanto sostiene que el fallo la creó pretorianamente: la fuente es legal y está en el art. 860 incs. a -quien actúa en interés ajeno- b -quien es parte de una obligación de ejecución continuada como lo es la administración de un edificio-1 y c -quien debe hacerlo por disposición legal como lo es el art. 2067 inc. c- del Código Civil y Comercial. Lo que debía acreditarse no era, entonces, un acto formal de designación o la recepción formal de la titularidad del cargo, sino el presupuesto de hecho de esa norma, esto es, que el demandado percibió fondos que no le pertenecían y los aplicó a pagos en interés ajeno, en el marco de una relación de ejecución continuada.
Y ese presupuesto emerge de la propia contestación de demanda. Allí el accionado afirmó que percibía fondos y realizaba pagos siguiendo las instrucciones del fiduciario y que entregaba periódicamente a éste, o a quienes él indicara, la documentación vinculada con esos pagos. Se trata de hechos admitidos, que no requieren prueba (art. 354 inc. 1, C.P.C.C.), y que configuran acabadamente la actuación en interés ajeno que la ley aprehende. Además, ello se corresponde con la demás prueba producida, en especial con la declaración testimonial.
El nomen iuris2 que el recurrente asigna a su intervención —dependiente, colaborador, ejecutor material— no altera la conclusión. Lo mismo cuando postula la necesidad del acto formal de designación. El art. 860 inc. a comprende a quien actúa en interés ajeno “aunque sea en nombre propio”, y con mayor razón a quien lo hace por cuenta y orden de otro. Quien recauda expensas o gastos comunes de un edificio y con ellos paga servicios, proveedores o impuestos, no administra lo propio: debe explicar documentadamente qué recibió, qué pagó y con qué respaldo (arts. 858 y 859, C.C.C.N.). La eventual subordinación podrá proyectarse sobre la relación interna entre las partes y sobre las responsabilidades que de ella deriven, pero no suprime el deber de dar cuenta de los fondos ajenos gestionados. Refuerza la conclusión de que el demandado debe rendir cuentas, en que encuadra en el inciso b al tratarse de una tarea de ejecución continuada y c, por ser una obligación derivada del art. 2067 del CCCN.
Tampoco resulta atendible la reducción al absurdo que propone el apelante con el ejemplo del comerciante a quien se le abonan compras semanales. Allí quien recibe el dinero lo hace en pago de un crédito propio, en interés propio, y por eso nada debe rendir —tal como lo resolvió esta Sala en la causa 117.237 respecto de quien percibe honorarios—. Aquí, en cambio, las sumas percibidas estaban destinadas por definición a atender gastos comunes de terceros, y no a retribuir al demandado. La diferencia no es de grado sino de naturaleza.
En efecto, no se discute que el edificio sito en calle 10 N° 1338 entre calles 59 y 60 de La Plata, desarrollado en el marco del FIDEICOMISO DG E.10, ingresó materialmente en funcionamiento mediante la entrega de unidades, la ocupación por sus adjudicatarios o adquirentes, la percepción de sumas en concepto de expensas o gastos comunes y la necesidad de atender servicios, deudas, pagos y documentación vinculada con su administración ordinaria.
Desde esa perspectiva -tal como expresa el sentenciante de origen- aun cuando no pueda afirmarse la existencia formal de un consorcio regularmente constituido bajo el régimen de propiedad horizontal, lo cierto es que se configuró una organización fáctica de administración común del edificio, sustancialmente análoga a la que justifica, en materia de propiedad horizontal, la obligación del administrador de entregar documentación y rendir cuentas de su gestión. Por ello, las previsiones propias de dicho régimen pueden ser consideradas como pauta interpretativa y de integración analógica, sin perjuicio de la aplicación directa de las reglas generales sobre rendición de cuentas de quien administra bienes o intereses ajenos (arts. 1, 2, 858, 859, 860, 2067 y cctes., C.C.C.N.; 260, 261 y 384, CPCC).
Finalmente, la invocación del art. 257 del C.C.C.N. se vuelve contra quien la formula: la percepción de fondos ajenos y su aplicación a pagos por cuenta de otro es precisamente un acontecimiento al que el ordenamiento atribuye una consecuencia jurídica, la de los arts. 860 y 2067 inc. c del CCCN. Va de suyo que nada de lo aquí decidido importa pronunciamiento alguno sobre la existencia, naturaleza o alcance de un eventual vínculo laboral o de dependencia entre las partes, materia ajena a esta jurisdicción y a este proceso.
3.3. El segundo agravio. La legitimación sustancial activa constituye, ciertamente, un presupuesto de la pretensión cuya acreditación pesa sobre el actor (art. 375, C.P.C.C.). En el caso se encuentra suficientemente demostrada, por tres razones convergentes.
En primer lugar, y de modo dirimente, por la propia versión del demandado. Si —como sostiene— actuó por cuenta y siguiendo las instrucciones del fiduciario, a quien entregaba la documentación de los pagos, entonces es el fiduciario quien le confirió el encargo y quien resulta, por definición, el destinatario natural de la cuenta (art. 860 inc. a, C.C.C.N.). La defensa suministra así el vínculo jurídico cuya ausencia denuncia.
En segundo lugar, porque el carácter de fiduciario del actor no está controvertido —el recurrente reconoce expresamente la existencia, validez y vigencia del contrato— y el art. 1689 del Código Civil y Comercial legitima al fiduciario para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, contra terceros, el fiduciante, el beneficiario o el fideicomisario, previsión que el contrato reitera en su cláusula décima.
En tercer lugar, porque el fiduciario no puede ser dispensado convencionalmente de su propia obligación de rendir cuentas, ni de la culpa o dolo en que puedan incurrir él o sus dependientes (arts. 1675 y 1676, C.C.C.N.; cláusula décimo cuarta del contrato). Tiene, por ello, un interés propio, concreto y actual en obtener cuentas documentadas de quien gestionó materialmente los fondos, pues de ellas depende el cumplimiento de su propio deber frente a fiduciantes, beneficiarios y fideicomisarios.
La circunstancia de que los fondos provinieran de los ocupantes o adjudicatarios no desplaza esa legitimación. Podrá generar, en su caso, un interés concurrente de esos terceros, pero no priva de acción a quien recibió y ordenó la gestión y responde por el patrimonio afectado. Adviértase, por lo demás, que el recurrente sostiene simultáneamente que el fideicomiso continúa vigente y que las obligaciones permanecen en cabeza del fiduciario: precisamente por ello el fiduciario está habilitado para reclamar las cuentas de quien administró materialmente los fondos comunes del edificio. La falta de constitución del consorcio no obsta a lo expuesto.
3.4. El tercer agravio. El agravio parte de una premisa que no comparto: que la condena presupone el cumplimiento del objeto del fideicomiso y la extinción de las obligaciones del fiduciario. La obligación que se declara no deriva de la extinción del fideicomiso ni de la constitución regular de un consorcio de propiedad horizontal, sino del hecho —admitido— de haber percibido y aplicado fondos ajenos (art. 860 inc. a, C.C.C.N.). Cualquiera sea el estado del negocio fiduciario, ese deber subsiste.
Para despejar toda duda, y en la medida en que las consideraciones del fallo de grado sobre el cumplimiento del objeto contractual pudieran interpretarse como una declaración sobre las obligaciones del fiduciario, corresponde precisar que esta sentencia no las juzga ni libera de ellas al actor. La rendición que el fiduciario debe a fiduciantes, beneficiarios y fideicomisarios respecto del destino del patrimonio fideicomitido y del grado de avance de la obra (cláusula décimo cuarta; arts. 1675 y 1676, C.C.C.N.), no es enervada por lo dispuesto y se mantiene. La obligación de rendir cuentas dispuesta es diferente a las del fiduciario, que se encuentran directamente vinculadas al cumplimiento del objeto previsto en el contrato de fideicomiso, que es diferente a la de un administrador. Ambos ámbitos coexisten y no se excluyen: no
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