Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122340
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en las causas C. 122.340, "Brom, Gabriel Enrique contra Poder Judicial y otros. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual" y su acumulada "Brom, Gabriel Enrique contra Lopreiato, Antonio. Rendición de cuentas", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria , Kogan, de Lázzari.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó el fallo único anterior que, a su turno, desestimó las acciones promovidas en ambos procesos e impuso al actor una multa en los términos del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 501/509 vta. del principal y 323/331 vta. del acumulado).
Se interpusieron, por el vencido, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 514/528 y 335/349 respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Para una mejor comprensión de la problemática traída a conocimiento de esta Corte, conviene efectuar una breve reseña de los antecedentes y pormenores que estructuraron la controversia.
Así, en la causa 8.134/05, "Brom, Gabriel Enrique contra FUNARG S.R.L. y otros. Despido, diferencias salariales, entrega cert." -que se tiene a la vista en este acto-, el Tribunal de Trabajo n° 2 de Lanús resolvió, el día 27 de diciembre de 2006, hacer lugar a la demanda y condenar, en consecuencia, a FUNARG S.R.L. a pagar al actor la suma de $654.906,69 con más intereses y costas (v. fs. 1.884/1.885), decisión que devino firme al no haber sido impugnada.
Cabe señalar que el doctor Lopreiato -codemandado en esta sede civil- fue quien asistió profesionalmente al actor en dicho proceso laboral, en carácter de letrado apoderado.
Con cargo del día 20 de marzo de 2007, en las mismas actuaciones obran glosados: un convenio de pago suscripto por el citado profesional y el doctor Diego González Victorica -apoderado de la accionada FUNARG S.R.L.- correspondiente a capital e intereses de condena, honorarios del doctor Lopreiato, aportes, intereses, gastos e impuestos (v. fs. 1.897/1.898) y un escrito en el que, en razón de estrictas razones personales, el señor Brom solicitaba que los giros judiciales correspondientes fueran librados a nombre de su mandatario, para que el mismo percibiera en su lugar la totalidad de las cuotas de capital e intereses acordados (v. fs. 1.895).
El señor Presidente del Tribunal proveyó ambas presentaciones del siguiente modo: "Téngase presente lo manifestado. Hágase saber" (fs. 1.896) y "Téngase presente el acuerdo formulado. Hágase saber" (fs. 1.899).
El pago de las cuotas convenidas fue cumplido mediante depósitos en la cuenta de autos abierta en el Banco Provincia, librándose los respectivos giros de acuerdo al citado requerimiento de fs. 1.895, todo lo cual surge de las subsiguientes actuaciones glosadas a fs. 1.900/1.931.
El día 11 de octubre de 2007, sin revocar patrocinio ni poder, se presentó el actor autorizando a los doctores Felice y Valdata a tomar vista de las actuaciones. Dado el carácter reservado de las mismas y la inexistencia de poder otorgado a los nombrados, en igual fecha se les hizo saber que al fin requerido era necesario el comparendo personal del interesado (v. fs. 1.932/1.933).
El día 5 de febrero de 2008 obra despacho resolviendo desglose a partir de fs. 1.937 para la formación de incidente de rendición de cuentas "reservado" (arts. 12 y 16, ley 11.653; v. fs. 1.992). Esta incidencia no es otra que la causa acumulada cuya revisión se trae ante esta sede y que fuera iniciada, según consta a fs. 2 vta., el día 31 de octubre de 2007.
Conforme surge de la respectiva presentación inaugural, el actor requirió al tribunal que intime al doctor Lopreiato a que le abone el capital de condena con más sus intereses, y a rendir cuentas de los cobros realizados en su nombre y representación (v. fs. 2 y vta.).
Presentado este último en fecha 12 de noviembre de 2007, adujo haber abonado a su asistido las cuotas correspondientes, detallando fecha e importe de las mismas. Adjuntó, en tal contexto, los respectivos recibos extendidos por su poderdante (v. fs. 10/11 vta.).
De igual fecha, obra el escrito agregado en el que el señor Brom aparece ratificando lo actuado por su letrado en el mencionado acuerdo de pago glosado a fs. 1.897/1.898 de la causa laboral principal (v. fs. 1.954 o 13 de la presente acumulada).
Corrido el traslado de la liquidación presentada, el actor desconoció haber recibido dinero alguno del doctor Lopreiato y alegó la falsedad de las firmas que se le atribuyeran (obrantes en los escritos de fs. 1.895 y 1.954 y en los recibos de las cuotas de capital e intereses). Solicitó, en base a ello, la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 1.895 (v. fs. 17/24 vta.).
Por otro lado, y en cuanto a la génesis del proceso principal, tenemos que el día 29 de octubre de 2009 el señor Gabriel Enrique Brom promovió demanda de daños y perjuicios contra los mencionados, doctor Lopreiato y FUNARG S.R.L., y contra la Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial, Tribunal de Trabajo n° 2 de Lanús), solicitando que se condene a los mismos al pago de un importe equivalente al resuelto en sede laboral, con más intereses a la tasa activa y costas del pleito (v. fs. 6/37).
Habiéndose declarado incompetente la magistrada del fuero contencioso administrativo departamental que proveyera esa presentación liminar (v. fs. 38/40), la causa quedó finalmente radicada ante el fuero civil y comercial del Departamento Judicial de La Plata (v. fs. 42).
A fs. 48/53 el accionante amplió su demanda.
Corridos los respectivos traslados, mediante diversos argumentos y defensas, los demandados se opusieron al progreso de la pretensión resarcitoria (v. fs. 64/69, 94/99 vta. y 104/117 vta.).
Cabe asimismo puntualizar que a fs. 254/257 quedó definitivamente resuelta la acumulación "impropia" por conexidad al presente de la aludida causa incidental promovida por rendición de cuentas.
En su hora, mediante pronunciamiento único, el juez interviniente aprobó la cuenta rendida por el doctor Lopreiato y rechazó -en consecuencia- la pretensión de cobro, considerando inoficioso pronunciarse con relación a la excepción de pago opuesta por la restante codemandada FUNARG S.R.L. (v. fs. 304 vta.). Arribó a esa conclusión basándose principalmente en los dictámenes periciales caligráficos presentados en autos que, en lo tocante, tuvieron por auténticas las rúbricas atribuidas al actor en los señalados escritos judiciales obrantes a fs. 1.895 ("Manifiesto. Solicito" en la causa s/ Despido, etc.) y 1.954 –fs. 13 de las presentes- ("Ratifico Gestión. Solicito"), y en los recibos de pago glosados a fs. 289, 291, 293, 295 y 297 (todos del incidente de rendición de cuentas acumulado).
En cuanto a la pretensión actuada en el principal, luego de rechazar las excepciones de prescripción, y dado que la aludida prueba documental "auténtica" venía a acreditar la efectiva percepción, por parte del señor Brom, de la acreencia reconocida en su favor en sede laboral, ponderó la inexistencia de daño, es decir, de uno de los presupuestos propios de la acción resarcitoria entablada. En razón de ello, resolvió el rechazo de la demanda direccionada hacia los tres colegitimados pasivos y la imposición de una multa equivalente al 6% del importe del reclamo (v. fs. 411 vta./415 del principal).
II. Apelada la decisión por el actor, la Cámara Primera de Apelación -Sala I- del fuero departamental la confirmó (v. fs. 501/509 vta.).
Para así decidir, comenzó por precisar que de la lectura del escrito de expresión de agravios de la actora -única apelante- no surgía cuestionamiento a la sentencia recaída en la incidencia por rendición de cuentas, por lo que cabía interpretar que la misma había quedado firme a su respecto (v. fs. 501 vta.).
Sentado ello, y a tenor de lo resuelto a fs. 26/27 y 39/44 vta. de dichos obrados, puso también de resalto el arribo incontrovertido de la validez del acuerdo de pago de fs. 1.897/1.898, en función de la firmeza adquirida por el rechazo de la impetrada nulidad de ese convenio. De allí que resultara inatendible toda eventual discusión en torno al tópico (v. fs. 503 y vta. del principal).
Seguidamente, ponderó la insuficiencia de los argumentos tendientes a debilitar las conclusiones periciales sobre la autenticidad de las firmas estampadas por el señor Brom en los ya mencionados instrumentos de fs. 1.895, 1.954 y los recibos de fs. 1.941/1.945 -fs. 289, 291, 293, 295 y 297 de la presente causa acumulada- (v. fs. 503 vta./505 y 506).
En cuanto al escrito de fs. 1.895 -mediante el que el actor autorizaba al doctor Lopreiato a percibir en su nombre la indemnización fijada en el fallo-, estimó que, si bien no había sido ratificada dicha presentación ante el juez laboral, la omisión quedaba subsanada con la certeza pericial acerca de la autenticidad de la rúbrica y la presunción legal dimanada del art. 1.028 del Código Civil respecto del contenido del instrumento (v. fs. 505/506).
A renglón seguido, sopesó la falta de agravio del apelante respecto del alegado incumplimiento del art. 277 de la ley 20.744, en vista de la comprobada percepción de la totalidad de su acreencia (v. fs. 506/507).
En razón de no haber sido esgrimido al inicio del proceso (arg. art. 272 y concs., CPCC), descartó -a su vez- el novedoso enfoque de responsabilidad que pretendió el actor introducir en la etapa apelatoria, enrostrándole a los miembros del tribunal de trabajo el haber recaído, no ya en "error judicial", sino en un obrar ilícito deliberado y concertado con los restantes codemandados, con el propósito de perjudicarlo, privándolo de su derecho (v. fs. 507 y vta.).
Dicho lo anterior, enfatizó la evidente falta de sustento de la pretensión resarcitoria, habida cuenta de la acreditada percepción total del crédito por parte del actor y en la condigna ineficacia de los argumentos apontocados en el impropio lugar de pago de la obligación y la supuesta maniobra clandestina fraguada por los accionados (v. fs. 507 vta. y 508).
Finalmente, y en orden a confirmar la sanción económica aplicada por el magistrado de primer orden (doctr. art. 45, CPCC), resaltó la evidente conciencia de la propia sinrazón del promotor de ambos procesos acumulados, temeridad que emergía de la contundencia de las conclusiones de ambos dictámenes periciales (v. fs. 508 y vta.).
III. Contra este último pronunciamiento se alza el actor mediante recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley incoados en ambos procesos (v. fs. 514/528 del principal y 335/349 de la acumulada).
A través de un texto único desplegado en ambas piezas, aduce el impugnante la violación por "inaplicabilidad" de los arts. 14, 14 bis, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 3, 9, 12, 15 y 277 de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo; 18, 19, 21, 898, 944, 973, 979 inc. 2, 986, 994, 995, 1.038, 1.042, 1.044 y 1.047 del Código Civil; 474 in fine del Código Procesal Civil y Comercial y 37 párrafos 5 y 6 de la ley 11.653 y de la doctrina legal sobre la "verdad jurídica objetiva" sentada en la causa "Rose, Oscar Alfredo contra Fernández García, Juan. Concurso preventivo. Incidente de verificación de crédito" (sent. de 2-V-1989). Formula reserva del caso federal (v. fs. cit.).
IV. Por razones de método y economía expositiva, atendiendo a la identidad de contenido de los respectivos escritos, cabe liminarmente expresar que el tratamiento de ambos remedios extraordinarios se llevará a cabo en forma conjunta. En consecuencia, y salvo expresa mención en contrario, toda cita o referencia que en este voto se efectúe respecto de la pieza de alzamiento obrante en el principal, ha de entendérsela correlativamente direccionada a la que corre agregada a la causa acumulada.
Hecha esta aclaración, anticipo que los embates no han de prosperar. Veamos:
IV.1. Cabe en primer término descartar el "primer agravio" esgrimido contra la relevada firmeza de lo resuelto en el incidente de rendición de cuentas (v. fs. 515 vta.).
Al respecto, basta advertir que la breve motivación expuesta por el interesado se limita a contraponer que la simple lectura del escrito de expresión de agravios denotaba un agravio concreto por la rendición de cuentas y el pedido expreso de tenerla por no aprobada. Entender lo contrario -prosigue el atacante- conlleva un excesivo rigor formal que atenta contra las garantías del debido proceso adjetivo y la defensa en juicio amparadas por el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. cit.).
Tan módico ensayo, circunscripto en todo caso a anticipar la estructura de una línea de ataque, no abastece -por sí solo- la carga técnica que el art. 279 del ritual impone al recurrente en vía extraordinaria. De allí que, sin perjuicio del acierto o error que la tesis anticipada pudiera portar, la protesta así esgrimida sin mayor despliegue no puede ser evaluada sustancialmente por este Tribunal al no constituir un concreto "agravio" en el sentido técnico procesal del vocablo, exhibiéndose tan solo con una simple y mera disconformidad con lo decidido.
En tal sentido, esta Corte tiene dicho que para que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y su doctrina, debe contener la impugnación cabal del razonamiento jurídico de los sentenciantes y la enunciación de los agravios que el mismo provoca seguida del desarrollo de los mismos, de lo contrario la queja deviene insuficiente (conf. causas Ac. 102.322, "Quiebra de Cuende, José D.", sent. de 10-II-2010 y C. 120.054, "d. B., K. M. J. y C. d. B., B. A.", sent. de 1-VI-2016).
IV.2. No mejor suerte ha de correr la argumentación ensayada como "segundo agravio" concerniente al rechazo del pedido de declaración de nulidad del acuerdo de fs. 1.897/1.898 (v. fs. 516/520).
Considera el recurrente que la desestimación del pedido de nulidad del acuerdo resuelta por el juez laboral careció de toda legitimidad jurídica (v. fs. 516 vta.).
Aduce que, no habiendo sido homologado en sede judicial, dicho acuerdo debió ser anulado aún de oficio por el Tribunal del Trabajo interviniente, en razón del orden público laboral comprometido, particularmente el reglado por los arts. 9, 12, 15 y 277 de la ley 20.744 y 21 del Código Civil velezano de aplicación al sub lite .
Agrega, puntualmente, que la firmeza del rechazo anulatorio fue un "subterfugio procedimental" al que acudió la Cámara para enmascarar la falta de justicia de aquella decisión, toda vez que no se trata de una nulidad procesal sino de fondo y, como tal, absoluta e insanable (arg. arts. 1.038 y 1.047, Cód. cit.; v. fs. 518 vta.).
Pues bien, el aludido derrotero resulta ineficaz en la medida en que, casi sin reparar en el concreto motivo expuesto por el a quo , reedita y se extiende el actor en consideraciones sustanciales por las que en su oportunidad intentó justificar la nulidad del acuerdo (doctr. art. 279, CPCC).
En tal sentido, conviene recordar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene por objeto exclusivamente lo resuelto en la sentencia de Cámara y no lo decidido en la de primera instancia (conf. causas C. 100.524, "Wernicke de Ferrante", sent. de 18-V-2011; C. 102.436, "Fontenla", sent. de 14-IX-2011; C. 109.986, "Viera", sent. de 3-X-2012 y C. 120.572, "Montenegro", sent. de 13-VI-2018).
La simple descalificación de lo decidido como una suerte de excusa artificiosa por parte del a quo en modo alguno constituye una crítica técnicamente idónea.
En lo concerniente, basta observar que, para el Tribunal de Alzada, la validez del acuerdo derivó de la falta de oportuno cuestionamiento al rechazo de la respectiva pretensión anulatoria. La extemporaneidad del planteo originario y la falta de perjuicio al trabajador fueron los aspectos señalados por el Tribunal Laboral para decidir ese rechazo y no los tenidos en consideración por la Cámara para concluir en la firmeza de ese aspecto de la decisión anterior. Luce así evidente el equívoco del impugnante al poner en cabeza del tribunal recurrido una motivación ajena al derrotero racional efectivamente seguido por el mismo.
En consecuencia, no es ocioso recordar aquello que esta Corte ha dicho en forma reiterada, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- desinterpreta los términos expuestos por la Cámara, parte de premisas erróneas o contrapone argumentos dogmáticos, limitándose a discrepar con las conclusiones del fallo (conf. causas C. 117.573, "Scrimaglia", sent. de 5-III-2014; C. 117.541, "Scaglia", sent. de 13-VII-2016; e.o.).
IV.3. Seguidamente, cabe decir que tampoco son de recibo los desarrollos orientados a cuestionar la apreciación de las conclusiones periciales, en cuanto determinaron la autenticidad de las rúbricas desconocidas por el actor (v. fs. 520/521 vta.).
Al respecto, aduce en primer término el recurrente la falta de consideración de las impugnaciones oportunamente señaladas por su parte a los dictámenes periciales caligráficos tenidos en cuenta por el sentenciante (v. fs. 520).
Asimismo, que no se trató ni ponderó el informe caligráfico particular ofrecido por su parte -en los términos del art 37 de la ley 11.653- ciertamente contrario en sus conclusiones (v. fs. 520 y vta.).
Agrega que no se siguió en el fallo la evaluación reglada por el art. 474 del ritual, en cuanto establece que las pericias deben ser sopesadas conjuntamente con las demás pruebas y elementos de convicción; y que tampoco se reparó en la falta de contundencia de las conclusiones de los dictámenes (v. fs. 520 vta. y 521).
Pues bien, sabido es que la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde es facultad propia de los jueces de grado, potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas, y no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (conf. doctr. causas C. 116.947, "Krieger", sent. de 15-IV-2015 y C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15-VI-2016).
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la valoración de toda la prueba rendida, así como determinar si las conclusiones del dictamen pericial poseen o no fuerza de convicción, constituyen típicas cuestiones de hecho que sólo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando el recurrente evidencie que aquella apreciación resulta absurda (conf. causas Ac. 83.855, "Constantinidis", sent. de 29-X-2003; C. 102.220, "De Romedi", sent. de 11-III-2009 y C. 118.314, "Comité de Administración del Fideicomiso", sent. de 2-III-2016).
En la especie, y a través de una simple discrepancia con los criterios de selección y ponderación, no logra el recurrente evidenciar que la admisión de las contestes conclusiones a las que llegaran, de un lado, la perito calígrafa Georgina Rebagliatti y, por otro, las peritos oficiales Erika Holzinger y Ana Elvira Halczak de la Asesoría Pericial departamental, fuera el fruto de un razonamiento viciado por el absurdo.
Reiteradamente esta Corte ha expresado que no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello debe ser eficazmente denunciado y dem
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