Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123103
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.103, "Pastorino, Gustavo Adrián contra García, Marcelo Néstor. Rendición de cuentas", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres .
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda y, por ende, admitió a esta última al tener por resuelta la sociedad de hecho formada por las partes con vigencia desde el mes de agosto de 2003 y hasta el mes de febrero de 2011. A su vez, ordenó al demandado que rindiera cuentas de dicha sociedad en el plazo de treinta días y bajo apercibimiento de hacerlo en su lugar. Dicha rendición debía ser llevada a cabo en la etapa de ejecución de sentencia (v. fs. 1.316).
Se interpuso, por el demandado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.333/1.382).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El señor Gustavo Adrián Pastorino promovió demanda sumaria por resolución y liquidación de la sociedad de hecho y rendición de cuentas y cobro de saldos, con más intereses a tasa activa, contra el señor Marcelo Néstor García.
Relató que en el mes de agosto de 2003 conformó con el demandado una sociedad de hecho para la construcción de inmuebles, en razón de que ambos eran arquitectos. Señaló que sus aportes al capital social habían sido producto del cobro de una indemnización por el despido de la empresa en la que trabajaba en relación de dependencia, ocurrido en el mes de agosto de 2003, suma que le fue pagada en seis cuotas, a lo que sumó el importe de cien mil dólares estadounidenses (USD 100.000) recibidos de la sucesión de su padre en el marco de la división de bienes. Refirió, además, que la sociedad de hecho compró un inmueble en la calle 38 n° 1.277 de esta ciudad para la construcción de un edifico junto con el demandado, como socios, y en condominio con los señores José María Pereira, propietario de la firma Pereira y Cía. S.H. y Francisco Albanese, propietario del corralón de materiales Mava S.A., pero que al no realizarse la construcción se vendió el inmueble generando una ganancia por la reventa para la sociedad de hecho de doscientos mil pesos ($200.000; v. fs. 450 vta./451 vta.).
Luego detalló las obras que realizaron como socios a partir del año 2004, para comitentes particulares y para distintas escuelas de la Provincia hasta el mes de febrero de 2011, apuntando que en la división de tareas de los socios el actor se encargaba de la ejecución de las obras y el demandado de la administración y contabilidad de la empresa. Agregó que con aportes de la sociedad de hecho formaron dos sociedades: una denominada Tolmo Constructora S.A., el día 11 de septiembre de 2006, como socios en partes iguales y otra, Grupo Tolmo S.A., el día 17 de abril de 2009, integrada por el actor y el demandado junto con otros socios (v. fs. 451 vta./453 vta.).
Indicó que el inmueble de la calle 13 n° 1.281 -sede de la administración de la sociedad de hecho- había sido adquirido en parte con su aporte dinerario por la venta de un automóvil y que los inmuebles de las calles 39 n° 1.228 y 60 n° 711/713, ambos de esta ciudad, habían sido adquiridos con fondos de la sociedad de hecho y de otros inversores, además de haber proyectado y construido los edificios en esos lotes, todo lo que surgía de las escrituras traslativas de dominio que acompañó con la demanda (v. fs. 453 vta./455 vta.).
Finalmente resalta que hubo desavenencias entre el actor y el demandado y también con los restantes inversores, pero arribaron finalmente a un acuerdo para la adjudicación de las unidades funcionales construidas en los dos inmuebles antes descriptos. Manifiesta que a partir de ese momento comenzó el intercambio epistolar con el demandado para disolver la sociedad de hecho que habían conformado (v. fs. 455 vta./457).
Corrido el traslado de ley se presentó el accionado repeliendo la acción, negando haber constituido una sociedad de hecho con el actor (v. fs. 760/795 vta.).
Posteriormente se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia rechazando la demanda e imponiendo las costas al actor (v. fs. 1.260/1.275 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por el accionante (v. escrito electrónico de fecha 10 de julio de 2018) presentando su memorial a fs. 1.282/1.288, el que fue repelido por el contrario (v. fs. 1.290/1.300 vta.).
I.2. Elevados los autos a la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, ésta revocó la sentencia de grado anterior y tuvo por probada la existencia de la sociedad de hecho, así como por operada su resolución. Fijó la vigencia del ente societario entre el mes de agosto de 2003 y el mes de febrero de 2011. A su vez ordenó rendir cuentas de dicha sociedad, con exclusión de las sociedades anónimas, en la etapa de ejecución de sentencia para con su resultado determinar la existencia o no de saldos impagos a favor del actor. Impuso las costas de ambas instancias al demandado (v. fs. 1.316 y vta.).
I.2.a. Para decidir de esa manera tuvo en cuenta que para acreditar la existencia de una sociedad de hecho debía probarse la existencia de aportes en dinero, bienes o trabajo personal y el propósito de obtener una utilidad, de conformidad con los arts. 1 y 21 de la ley 19.550, como así también la demostración de la affectio societatis. A ello agregó que, si bien se admitía la amplitud probatoria en esta materia, el art. 25 requería que se tratara de prueba convincente e idónea que en conjunto pusiera de relieve la existencia de una sociedad de hecho, señalando que el estudio del caso requería de la valoración contextual y sistemática de los diferentes medios probatorios producidos, apreciados en su conjunto, sobre los que se asentaban los agravios del apelante (v. fs. 1.307/1.308).
I.2.b. Sobre tal plataforma la Cámara apreció que el demandado había reconocido la relación comercial con el actor y la constitución con él de sociedades regulares, pero advirtió que al contestar la demanda se contradijo al manifestar que el señor Pastorino se había desempeñado en la obra de la calle 39, de la cual se había labrado acta de inspección n° 45.954, motivo por el cual quedaban ambiguas las circunstancias que exponía el accionado e irresoluto el rol ejercido por el reclamante en la obra y las condiciones profesionales que caracterizaban la relación entre ellos (v. fs. 1.308).
I.2.c. Encontró, además, que tampoco había sido clara la conducta desplegada por el demandado cuando fue intimado a presentar documentos correspondientes a la realización de obras en cuatro escuelas que fueron efectuadas en el período en que funcionó la sociedad de hecho, documentación que obraba en su poder, advirtiendo que a partir del deber de colaboración que tenían las partes ante el requerimiento concreto formulado por el juzgador y por tratarse de obras públicas, el locador debía tener en su poder mucha más documentación que la que fue acompañada al expediente, de la cual habría sido posible extraer información relativa al rol que desempeñaba el señor Pastorino, lo que hubiera podido esclarecer las circunstancias debatidas, motivo por el cual la negativa del demandado constituía una presunción en su contra (v. fs. 1.308 y vta.).
I.2.d. Además, valoró el documento acompañado a fs. 84, intitulado "ARREGLO DE PARTES" (sic), en el que un grupo de personas se adjudicaba unidades funcionales de los edificios construidos en las calles 39 y 60 por la sociedad de hecho. Consideró también que era un indicio relevante el dictamen efectuado por la perito calígrafa, el que no había sido cuestionado, en el cual la experta, si bien había reconocido que el instrumento era una fotocopia, había observado semejanzas formales con la firma del señor Pastorino luego de que éste formara cuerpo de escritura, y que respecto de la firma del demandado había encontrado características formales semejantes a las de las firmas indubitadas, señalando finalmente que todo ello podría ratificarse o rectificarse al momento de contar con el original. Agregó la Cámara que en ese documento se aludía a los nombres propios de las partes, Marcelo y Gustavo, que recibían unidades funcionales y terrenos como consecuencia del referido acuerdo de partes (v. fs. 1.309 y vta.).
I.2.e. Seguidamente apreció los testimonios brindados por los señores Albanese, González y García, en base al postulado de la sana crítica, transcribiendo partes textuales de sus declaraciones, para extraer como conclusión que los contendientes habían gestionado en común la realización de obras civiles, que los roles de ambos estaban bien delimitados, que el actor se desempeñaba en las obras y que el demandado lo hacía en la parte comercial y todo ello con anterioridad a que integraran las sociedades anónimas en los años 2006 y 2009. Agregó que las declaraciones presentaban inequívocas conexiones entre sí ya que dos testigos habían trabajado con las partes y el tercero tenía la misma profesión y había visitado algunas obras, y que, si bien era clara la enemistad del testigo Albanese con el demandado García, lo esencial de su declaración había sido coincidente con la de los otros dos testigos (v. fs. 1.309 vta./1.313).
I.2.f. Luego examinó el expediente sucesorio "Pastorino, Horacio Omar s/ Sucesión" del que emergía que el actor había sido compensado en forma privada por las diferencias de valores recibidos por cada uno de los herederos declarados en forma contemporánea al inicio de la invocada sociedad de hecho, lo que le permitía asumir que ese dinero había sido invertido en la desavenida sociedad (v. fs. 1.313 vta.).
I.2.g. En base a esas pruebas y utilizando el criterio de probabilidad lógica prevaleciente encontró el Tribunal de Alzada que la versión del accionante se imponía sobre la defensa de la contraria, concluyendo que entre los contendientes había existido una sociedad de hecho dedicada a la construcción desde el mes de agosto de 2003 y hasta el mes de febrero de 2011 (v. fs. 1.313/1.314 vta.).
Por último, la Cámara coincidió con el juez de primera instancia en que el accionante no había podido demostrar que para la formación de las empresas Tolmo Constructora S.A. y Grupo Tolmo S.A. se hubieran utilizado dividendos de la admitida sociedad de hecho, de modo que el alcance de la obligación de rendir cuentas las excluía (v. fs. 1.314 vta. y 1.315).
II. Se agravia el recurrente denunciando la violación del art. 21 de la ley 19.550, del postulado de la sana crítica, del principio de congruencia y de la doctrina legal. Alega, además, absurdo y arbitrariedad.
Comienza su impugnación señalando que en el pronunciamiento que ataca se ha tergiversado la regla de la sana crítica y, por ende, se ha realizado un equivocado análisis y conceptuación de la prueba, incurriendo en un excesivo rigor de interpretación que importa absurdo y apartamiento de la doctrina legal. Invoca además la arbitrariedad de la sentencia en tanto deja sin tratamiento las contundentes y numerosas medidas de prueba producidas por esta parte (v. fs. 1.339/1.340).
II.1. Afirma que la sentencia no trató ni resolvió la cuestión patrimonial económica al considerar que no había sido materia de agravios, pero la Cámara tampoco estableció cuáles serían las obras o hipotéticos saldos que habría demostrado el actor que fueran de la sociedad de hecho, sobre la que debía rendir cuentas, advirtiendo que la sociedad de hecho no puede ser titular de bienes registrables y que la titularidad de inmuebles, cuando está instrumentada en escritura pública, no puede ser destruida sino mediante el incidente de redargución de falsedad, lo que no hizo el actor respecto del inmueble de la calle 13, el que fue adquirido en forma personal por el recurrente, circunstancia que el accionante conocía desde hacía doce años (v. fs. 1.340 y vta.).
Señala que en la doctrina de esta Corte se ha establecido que son arbitrarias las sentencias que se limitan al análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, ya que el actor en su expresión de agravios centró su impugnación en los aportes y existencia de la sociedad de hecho, pero no en la falta de acreditación de obras o saldos, tema que integró la decisión del juez de primera instancia (v. fs. 1.341 y vta.).
Seguidamente advierte del absurdo valorativo en el que incurrió la Cámara al analizar el acta de inspección n° 45.954 y en base a ella determinar que había habido relación comercial entre las partes, cuando el señor Pastorino sólo era condómino en la compra de bienes junto con terceros e inversor de los proyectos inmobiliarios y nunca socio en la relación comercial que se pretende consolidar, aunque sí lo fue a partir de integrar las sociedades anónimas, motivo por el cual no se puede considerar que sea razonable, como sostiene la Cámara, que la sociedad de hecho comenzó en el año 2003 y que perduró hasta el 2011, lapso en el que ambas partes conformaron las sociedades regulares (v. fs. 1.341 vta./1.342 vta.).
Pone de relieve que también se ha configurado el absurdo en el pronunciamiento cuando valoró el documento intitulado "Acuerdo de Partes" que en fotocopia simple el actor agregó a la causa y cuya autenticidad fuera negada por el recurrente. Indica que el sentenciante ha efectuado un análisis erróneo del dictamen pericial caligráfico al que fuera sometida dicha copia, pues, a pesar de reconocer el Tribunal de Alzada la debilidad de la fuente probatoria, consideró que en ella se exhibía un indicio de la existencia de la sociedad de hecho (v. fs. 1.342 vta./1.345).
Describe el contenido de ese documento, el que a su entender carece de valor legal y respecto de la pericia caligráfica señala que la experta solo indicó semejanzas morfológicas de las firmas, pero agregó que era necesario contar con el original para ratificar o rectificar su dictamen. Resalta que la falta de cuestionamiento a la pericia se ha debido a que el dictamen producido carece de efectos. Cita doctrina legal en apoyo de su postura (v. fs. 1.345/1.347).
II.2. Destaca, asimismo, la gravedad y evidente yerro en el que ha caído el sentenciante en la forma de apreciar la declaración del señor Albanese a pesar de reconocer la clara enemistad de éste con el demandado. Agrega que el valor probatorio del testigo único debe ser analizado con mayor rigurosidad -cita doctrina legal y de autor sobre el tópico- y afirma que se ha violado el principio de congruencia porque en el pronunciamiento no se tuvo en cuenta el incidente de idoneidad de testigo que el recurrente había planteado contra los señores Albanese y González (v. fs. 1.347/1.348 vta.).
Resalta la enemistad que tiene el señor Albanese con el recurrente, haciendo saber la existencia del juicio de escrituración en el que el recurrente demandó a ese testigo, como también de la denuncia penal que aquél realizó en su contra por amenazas y extorsión. Señala, además, que del testimonio brindado surge que es un testigo de oídas de los dichos del señor Pastorino, en razón de la amistad que reconoce tener con este último. Resalta la mendicidad del testigo al declarar acerca de la indemnización que recibió el señor Pastorino, pues este último comenzó a percibirla a partir de septiembre de 2006, como se ha probado (v. fs. 1.348 vta./1.351).
Advierte, además, que el testigo García contradijo la versión de los hechos dada por el señor Albanese, pues declaró haber trabajado para Tolmo Constructora S.A., que funcionaba en la calle 13; que el señor García tenía la dirección de obra, negociación y contratación de terceros y que el declarante había retomado contacto con los señores Pastorino en el año 2008 y García en el año 2009. Pone de relieve que el testigo ha conocido los hechos por su propia percepción a partir de trabajar para la sociedad anónima (v. fs. 1.351 vta. y 1.352).
Indica que el testigo González es también, como el señor Albanese, un testigo de oídas, pues todo lo que relató fue lo que el señor Pastorino le había contado. Resalta que de su declaración surge que en ocho años vio tres veces al demandado. Cita doctrina de autor acerca de las reglas de la sana crítica, votos del doctor de Lázzari sobre arbitrariedad en la valoración de la prueba y fallos de Cámara sobre idoneidad de testigos, en apoyo de su postura (v. 1.353/1.355).
II.3. Retoma su crítica por la apreciación absurda que hizo el sentenciante del acta n° 45.954 que luce a fs. 502 y que fue labrada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en la obra de la calle 39, en la que consta la presencia del señor Pastorino, ya que no advirtió que el actor en su demanda reconoció la calidad de comitente de la obra, o sea, ser el dueño (v. fs. 1.355/1.356).
Resalta que del acta surge la contradicción en la que cae el actor pues denuncia al recurrente como razón social unipersonal y si bien se registra su presencia no existe constancia en el acta del carácter en el que estaba en la obra, a pesar de que podía tildarse el casillero correspondiente y no lo hizo (v. fs. 1.356 y vta.).
Pone de relieve que del informe de la Caja de Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires surge que el demandado se encuentra matriculado desde el año 1991 y que ha efectuado aportes por la obra de la calle 39 de la que se denunció que el señor Pastorino era el comitente, o sea la persona que encargó la obra, además de haberlo sido en otras cinco obras más (v. fs. 1.356 vta.).
Expresa que en la obra de la calle 13 el propio demandado aparece como comitente y que respecto del señor Pastorino no existen aportes a la Caja Previsional en el período 1995-2011. Enfatiza acerca de la calidad determinante y concluyente de estas pruebas informativas cuyas constancias descartan los dichos de los testigos Albanese y González y confirman que el señor Pastorino había reconocido ser el comitente de la obra de la calle 39, con lo que se descarta la relación comercial como sociedad de hecho (v. fs. 1.356/1.358).
Entiende que es errónea la decisión de la Cámara que coloca al actor como comitente, carácter reconocido por él en su demanda y, a su vez, como integrante de la sociedad de hecho, subrayando que poseer ambas calidades está vedado en nuestro sistema jurídico. Describe luego los roles de comitente y contratista y agrega que la multa que por ese acto se emitió fue dirigida al demandado, probando de esta manera quién era el contratista de obra (v. fs. 1.358/1.360).
II.4. Continúa señalando la absurda valoración que ha hecho el Tribunal de Alzada de las pruebas colectadas y resalta que se encuentra acreditado que las obras públicas y privadas denunciadas por el actor se encuentran a nombre del demandado y así surge del informe de la Caja de Previsión y del Colegio respectivo, lo que, además, es cosa juzgada. Recuerda que se encuentra impositivamente registrado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desde el año 1992, a diferencia del señor Pastorino, el cual no registra ningún tipo de aporte ni inscripción impositiva ni tampoco está registrada la sociedad de hecho que sostiene integrar (v. fs. 1.360/1.361).
Expone que se ha configurado el vicio lógico en la apreciación de las pruebas que realizó la Cámara frente a las contradicciones respecto de los hechos, en las que incurrió el señor Pastorino, cuyas afirmaciones han sido descartadas en primera instancia con las pruebas obrantes en la causa. Como ejemplo de ello detalla la falta de
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