Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123431
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 24 de junio de 2021 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.431 "PUCARA S.A. C/ CHIMONDEGUY JUAN CARLOS S/ RENDICION DE CUENTAS"
I. Con la presentación electrónica de fecha 30 de junio de 2021, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 24 de junio del corriente año.
II. El apoderado del demandado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en razón de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; v. resol. de 19-IV-2021, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 20-V-2021 y su archivo adjunto identificado como "Recurso Extraordinario.pdf").
En el caso, en lo que interesa destacar, en el marco de un proceso por rendición de cuentas incoado por la firma PUCARA S.A. contra Juan Carlos Chimondeguy, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había aprobado la liquidación realizada por la actora (v. sents. de 6-IX-2016 y 25-IV-2019).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos constitucionales de igualdad, propiedad, debido proceso, defensa en juicio y razonabilidad (arts. 16, 17 y 18; Const. nac.; v. págs. 2, 9, 11 y 16/18, adjunto cit.).
III.2. Cuestiona, en primer término, la falta de voto individual de los Jueces de esta Corte en la decisión que rechazó la vía intentada. Aduce que la exigencia impuesta por el art. 168 de la Constitución provincial a todos los tribunales colegiados no tiene excepción y que los ministros firmantes no tuvieron en cuenta que la figura reglada por el art. 31 bis de la ley 5.827 no los habilita -a su modo de ver- a emitir su opinión en forma impersonal (v. págs. 8/9, adjunto cit.).
III.3. Sostiene, también, que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa y de las pruebas aportadas, rechazó el remedio local al ponderar -mediante fórmulas genéricas y vacías de contenido- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 325:1454; 319:95; 319:2420; 323:2562; 327:508, entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión en crisis omitió tratar debidamente los planteos esgrimidos en la vía local -que ahora reproduce- referidos al modo de calcular los intereses. Y asegura que los cuestionamientos resultaban suficientes para refutar las razones dadas por el a quo y para demostrar el absurdo del fallo del Tribunal de Alzada (v. págs. 9/18, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 4-VI-2021), el mismo fue contestado por la apoderada de la actora (v. escrito electrónico de fecha 30-VI-2021).
V.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite, la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias, la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión -art. 31 bis, ley 5.827- y el modo en que emiten sus votos los jueces de los tribunales colegiados y las formalidades de las sentencias), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de las instancias de grado- y a disentir con la postura asumida por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando los cuestionamientos expuestos en el remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 9/18, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
V.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de igualdad, propiedad, debido proceso, defensa en juicio y razonabilidad -arts. 16, 17 y 18; Const. nac.; v. págs. 2, 9, 11 y 16/18, adjunto cit.-), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutierrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 24 de junio de 2021 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1, acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/10/2021 15:17:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2022 17:11:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2022 23:37:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 10:24:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 14:28:01 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/08/2022 12:21:42 hs. bajo el número RR-336-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia