Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125658
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fecha 13 de septiembre de 2023, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" Ac. cit.).
C. 125.658 "CONS. PROP. EDIF. COCHERAS FINAN. BAHIENSES C/ IONNI ADRIANA MABEL S/ RENDICIÓN DE CUENTAS (TRAM. SUMARIO)"
I. La demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con remisión al dictamen del señor Procurador General, rechazó el de nulidad por haberse planteado agravios desestimados por el Tribunal en otros casos análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 298, CPCC; v. resol. de 1-VIII-2023, Dictamen del Procurador de fecha 27-III-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 28-VIII-2023 y su archivo adjunto identificado como "REF+IONNI.pdf").
En el caso, en el marco de una acción de rendición de cuentas, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda deducida por el Consorcio de Propietarios Edificio Cocheras Finanzas Bahienses contra la señora Adriana Mabel Ionni, admitiéndola al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso. En consecuencia, condenó a la legitimada pasiva a rendir cuentas respecto de las sumas percibidas por su actuación como letrada en representación del mencionado Consorcio, declaró la nulidad del pacto de cuota litis invocado como defensa por la accionada y, finalmente, impuso las costas del proceso a la accionada vencida (v. sent. de 23-IX-2021 y sent. de 2-III-2022 junto con su aclaratoria de fecha 7-III-2022).
II. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de razonabilidad, imparcialidad, defensa en juicio, debido proceso, juez natural y los derechos a ser oída y a recurrir (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 26, DADDH; 14.1, PIDCyP; 8.1, CADH; 10, DUDH; v. págs. 26/27, 29/30 y 33/36, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 31-VIII-2023), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-CONTESTA TRASDLADO" de fecha 13-IX-2023).
Respecto de dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 3, 5 y 7; v. archivo adjunto del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7. XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándosela inoficiosa (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
IV.1. En relación a la vía federal incoada, cabe señalar, por un lado, que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48) y, por el otro, que la Acordada 4/2007 de la Corte nacional establece la carga de refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la resolución apelada (art. 3, inc. "d").
En el caso, se advierte que la recurrente no ha cumplido con las mentadas exigencias, en tanto los planteos ensayados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada -al igual que la de la instancia anterior en grado- por no analizar las cuestiones que entiende esenciales. En efecto, los agravios se centran en discrepar con la postura de esta Corte -y el dictamen de la Procuración- para descartar el remedio de nulidad, alegando que se ha incurrido en un supuesto de falta de fundamentación suficiente y razonabilidad. Asimismo, reitera la interesada los cuestionamientos vertidos en la vía extraordinaria local, referidos a la supuesta parcialidad de uno de los magistrados votantes y que el fallo del Tribunal de Alzada debió haber sido declarado nulo (v. pág. 26/37, adjunto cit.).
Y en dicha tarea soslaya rebatir -debidamente- las razones brindadas en la decisión en crisis que, que destacan que, la sentencia de la Cámara ostenta la forma constitucional del acuerdo y voto individual, así como la mayoría de opiniones necesarias; que la temática central ha sido tratada por el Tribunal de Alzada, pero en sentido desfavorable al interesado; que los agravios traídos se dirigen a atacar el acierto jurídico del fallo objetado, resultando -por tanto- ajenos al mentado carril incoado y -finalmente- que la decisión impugnada se encuentra abastecida de fundamentación legal (v. resol. en crisis cit.).
En razón de lo expuesto, no habiéndose cumplido con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la citada reglamentación, la vía intentada deviene inadmisible.
IV.2. En lo que atañe a la alegación del derecho a recurrir (v. págs. 34, adjunto cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180; voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.3. A ello, cabe agregar que la simple denuncia de la doctrina de la arbitrariedad, así como la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 26, DADDH; 14.1, PIDCyP; 8.1, CADH; 10, DUDH; v. págs. 26/27, 29/30 y 33/36, adjunto cit.) y la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio deducido, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 122.829, "Gimenez", resol. de 29-IV-2020; C. 124.023, "Bertolin", resol. de 19-IV-2021; C. 121.891, "Aguirre Cruzado", resol. de 18-XI-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.295, "Serafini", resol. de 9-II-2023; C. 124.846, "Protegiendo Al Consumidor", resol. de 1-VIII-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fecha 13 de septiembre de 2023, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" Ac. cit.).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/04/2024 13:53:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/04/2024 09:41:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:38:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:04:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:39:07 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:52:08 hs. bajo el número RR-232-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia