Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 38.710-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nro. 465/17 (AD SALO) y, en consecuencia, los cargos Nros. 494 a 510 del año 2012, con costas a la demandada (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-89484050-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Septiembre de 2026 apelación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Pablo Adrián Garbarino –por encontrase excusado el Dr. Juan Manuel Soria y vacante la Vocalía de la 14ª Nominación -, con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “RENOVA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente Nro. 38.710-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 12/29 se presenta, por apoderado, la firma RENOVA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 465/17 (AD SALO), recaída en el expediente Nro. 13289-7019-2012, en cuanto confirmó los cargos Nros. 494 a 510 del año 2012, por la suma total de U$S 236.749,80 más intereses, formulados por diferencias de derechos de exportación resultantes de los ajustes al valor declarado respecto de los PE Nros. 08 057 EC03 000006 H, 08 057 EC03 000111 E, 08 057 EC03 000114 H,08 057 EC03 000426 N, 08 057 EC03 000432 K, 08 057 EC03 000601 X, 08 057 EC01 012515 M, 08 057 EC03 000983 V, 08 057 EC03 000592 R, 08 057 EC03 000007 X, 08 057 EC03 000590 P, 08 057 EC03 000206 J, 08 057 EC03 000577 V, 08 057 EC03 000431 J, 08 057 EC03 000207 K, 08 057 EC03 000113 G y 08 057 EC03 000019 L.
Efectúa una reseña del procedimiento desarrollado en sede aduanera. Sostiene que el art. 748 del C. A. supedita la posibilidad de apartarse del precio pactado por el exportador, mediante la utilización del método de valoración que resulte más idóneo, a la existencia de razones que permitan concluir que el precio pagado o por pagar no constituye una base apta para determinar correctamente el valor imponible. Afirma que corresponde al servicio aduanero invocar y acreditar las circunstancias que demuestren la falta de idoneidad del precio declarado a los fines de la valoración de exportación, presupuesto indispensable para acudir a un método alternativo y sustitutivo de valoración. Sostiene que la Aduana se limitó a confrontar los valores declarados por Renova S.A. con los denominados "precios promedio" obrantes en su base de datos, sin expresar las razones por las cuales consideró que aquellos no constituían una base idónea de valoración, tampoco explicó si las divergencias detectadas revestían entidad suficiente para justificar el apartamiento del valor declarado, ni si había considerado las particularidades de cada operación de exportación, los destinos de la mercadería y las circunstancias de cada venta.
Indica que el art. 748 del C.A. no prevé los mecanismos de rechazo de un valor, sino la manera de valorar alternativamente cuando el precio ha sido previamente rechazado. Entiende que la Aduana “creó” un método inexistente para proceder a la valoración de las mercaderías exportadas, combinando por lo menos dos de los métodos previstos por el art. 748 del C.A., circunstancia que, a su juicio, acarrea la nulidad de lo actuado, dejando sin causa los ajustes realizados. Manifiesta que el fundamento del ajuste efectuado por la Aduana radica en la aplicación del método de valoración alternativo contemplado en el art. 748 inc. c) del C.A. de cuya letra se deduce la exigencia de la utilización de precios preestablecidos, es decir precios fijados para ciertas mercaderías y para períodos determinados por organismos oficiales, publicados con anterioridad al registro de la destinación para consumo analizada, como resultado de procesar y promediar precios declarados por otros exportadores para la misma mercadería o similar.
Advierte que los valores promedio adoptados por la DGA no se publicaron con anterioridad de las fechas de registro de las destinaciones de exportación para consumo impugnadas (año 2008). Manifiesta que la Aduana no observó ninguno de los recaudos exigidos para la selección de un método alternativo de valoración, por lo que la aplicación del previsto en el inc. c) del art. 748 del C. A. resulta arbitraria y, en consecuencia, ilegítima. Hace referencia a las características del proceso productivo del biodiesel puro. Indica que en la actualidad el biodiesel no constituye un commodity, por lo que carece de una cotización internacional que permita determinar su valor a futuro. Sostiene que la propia Aduana, al recurrir al método de valoración previsto en el inc. c) del art. 748 del C.
A., reconoce implícitamente la inexistencia de una cotización internacional para dicho producto. Agrega que, en el mercado del biodiesel, la mayoría de las transacciones se celebran en forma privada, circunstancia que determina la ausencia de un precio internacional, por lo que los valores de exportación puedan variar en función de las particularidades de cada operación, entre ellas, el destino de la mercadería. Como consecuencia de ello, expresa que para el exportador resulta inimaginable declarar otro precio que no sea el efectivamente concertado en la operación de venta, debido a la ausencia de una cotización internacional. Advierte que el método de valoración aplicado no resulta idóneo para reconstruir el valor real de la mercadería exportada ni para determinar, siquiera de manera aproximada, su valor de mercado en operaciones concertadas entre partes independientes, conforme a lo previsto en el art. 735 del C.
A. Alega que la inexistencia de vinculación entre las partes y la falta de prueba del fisco sobre la verificación de alguno de los supuestos del art. 742 del C.A. torna inobjetable el valor imponible declarado. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita se revoquen los cargos cuestionados, con costas.
II. Que a fs. 35/40, se presenta la representación del Fisco y contesta el traslado conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones de la actora y la documentación por ella acompañada. Hace un breve relato de las actuaciones administrativas. En primer lugar, da por reproducidos todos los argumentos que surgen de la resolución administrativa apelada. Se remite a los fundamentos efectuados en el informe de valor efectuado en la Nota 19/2011 (SE FVEX), por resultar el mismo completo y fundado. Indica que del análisis de los antecedentes administrativos surge que todo lo actuado se efectuó en total conformidad con lo previsto en los arts. 734 a 750 del C.A. Destaca que el Código ha adoptado la noción teórica o negativa de valor en materia de exportaciones, cuya sistematización permite asignar valores a todas las mercaderías que se despachan por las aduanas con destino al extranjero. Indica que se dio cumplimiento a la Resolución General AFIP 620/99. Indica que a los fines de determinar el valor se tuvieron en cuenta los valores documentados de todas las destinaciones de exportación de biocombustibles del año 2008, para luego realizar un análisis de la congruencia de los valores correspondientes a las destinaciones documentadas por la Dirección Regional Aduanera de Rosario. Agrega que los datos obtenidos fueron trimestralizados para atender razones de carácter estacional inherentes a eventuales modalidades de comercialización del producto. Explica que el método aplicado es el del art. 748, inc. c) del C.A. Afirma que el exportador no logró aportar los elementos necesarios que permitieran sostener, de modo contundente, los valores consignados en las facturas comerciales. Destaca que el servicio aduanero se ajustó estrictamente a lo dispuesto en la normativa en vigencia, Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera apelada, con expresa imposición costas.
III. Que a fs. 41 se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa. A fs. 50 se abre la causa a prueba. A fs. 151 se certifica la prueba producida, por lo que a fs. 152 se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 157 el Dr. Juan Manuel Soria –Vocal titular de la Vocalía de la 13ª Nominación– solicita la excusación para intervenir en la presente causa, la que es aceptada a fs. 158. A fs. 163 se designa como Vocal sustituto al Dr. Pablo A. Garbarino –Vocal titular de la Vocalía de la 16ª Nominación–, notificado a fs. 164. A fs. 165 se ponen los autos para alegar. A fs. 172/174 obra el alegato de la actora y a fs. 178/182 el de la demandada. A fs. 188 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 13289-7019-2012 se inician a fs. 1/12 y vta. con el recurso de impugnación interpuesto, el día 30/03/12, por la firma RENOVA S.A. contra los cargos Nros. 494 a 510 del año 2012. A fs. 30 se glosa copia del la Actuación Nro. 12539-3-2012. A fs. 31 obra copia del Informe Técnico Nro. 19/11 (SE FVEX). A fs. 32/33 luce copia del resumen de documentos liquidados. A fs. 34/50 (refoliado) se glosan impresiones del SIM de “RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN” y, a fs. 51/67 (refoliado) se glosan los cargos Nros. 494 a 510 del 2012, por las sumas de U$S 9.836,61, U$S 6.419,69, U$S 1.761,91, U$S 24.792,97, U$S 4.135,54, U$S 52.019,37, U$S 23.654,88, U$S 4.368,04, U$S 9.145,06, U$S 3.075,86, U$S 22.048,03, U$S 3.095,81, U$S 10.032,89, U$S 19.384,81, U$S 27.877,43, U$S 12.142,94 y U$S 2.957,96 –respectivamente–, en concepto de diferencia de derechos de exportación respecto de los PE Nros. 08 057 EC03 000006H, 08 057 EC03 000111 E, 08 057 EC03 000114 H, 08 057 EC03 000426 N, 08 057 EC03 000432 K, 08 057 EC03 000601 X, 08 057 EC01 012515 M, 08 057 EC03 000983 V, 08 057 EC03 000592 R, 08 057 EC03 000007 X, 08 057 EC03 000590 P, 08 057 EC03 000206 J, 08 057 EC03 000577 V, 08 057 EC03 000431 J, 08 057 EC03 000207 K, 08 057 EC03 000113 G y 08 057 EC03 000019 L, respectivamente –notificados el 16/03/12 cfr. constancias de fs. 69/71–.
A fs. 68 por Notas Nros. 05/12 (SE FVEX) y 27/12 (DV FORO) se remiten las actuaciones a la División Aduana de San Lorenzo. A fs. 72/79 se glosan impresiones de correos electrónicos internos solicitando se informe si se realizaron descargos en los preajustes publicados en el Boletín Oficial. A fs. 75 se tiene por deducido el procedimiento de impugnación en tiempo y, a su vez, se rechazan las medidas de pruebas ofrecidas. Se acumula la Actuación Nro. 13289-18179-2013. A fs. 77/78 y vta. (refoliado) la firma interpone recurso de revocatoria la cual es rechazada a fs. 81/82 (refoliado) por Resolución Nro. 1378/2013 (AD SALO), en conformidad con el Dictamen 640/2013, obrante a fs. 79/80 (refoliado).
A fs. 88/90 se glosan planillas que con listado de operaciones de exportación efectuadas en el primer trimestre del 2008. A fs. 91/106 obran impresiones de pantalla del SIM de los PE Nros. 08 057 EC03 000006H, 08 057 EC03 000111 E, 08 057 EC03 000114 H, 08 057 EC03 000426 N, 08 057 EC03 000432 K, 08 057 EC03 000601 X, 08 057 EC01 012515 M, 08 057 EC03 000983 V, 08 057 EC03 000592 R, 08 057 EC03 000007 X, 08 057 EC03 000590 P, 08 057 EC03 000206 J, 08 057 EC03 000577 V, 08 057 EC03 000431 J, 08 057 EC03 000207 K, 08 057 EC03 000113 G y 08 057 EC03 000019 L. A fs. 107/108 se emite el Dictamen Nro. 239/2017. A fs. 109/112 se dicta la Resolución Nro. 465/2017 (AD SALO) apelada en la especie. Se acumula el Alcance Nro. 13289-7019-2012/1.
A fs. 118/119 (refoliado), la recurrente comunica la interposición de recurso ante este Tribunal.
Que corre por cuerda separada la documental acompañada por la firma Renova S.A. al momento de interponer el recurso de impugnación, identificada como Anexos I y II.
V. Que corresponde decidir a este Tribunal si se ajusta a derecho la resolución Nro. 465/17 (AD SALO), en cuanto rechaza la impugnación interpuesta por la recurrente contra los cargos Nros. 494 a 510 del año 2012, mediante los cuales se intimó a la firma RENOVA S.A. la suma total de U$S 236.749,80 en concepto de derecho de exportación, con motivo del ajuste de valor efectuado en relación a los PE Nros. 08 057 EC03 000006H, 08 057 EC03 000111 E, 08 057 EC03 000114 H, 08 057 EC03 000426 N, 08 057 EC03 000432 K, 08 057 EC03 000601 X, 08 057 EC01 012515 M, 08 057 EC03 000983 V, 08 057 EC03 000592 R, 08 057 EC03 000007 X, 08 057 EC03 000590 P, 08 057 EC03 000206 J, 08 057 EC03 000577 V, 08 057 EC03 000431 J, 08 057 EC03 000207 K, 08 057 EC03 000113 G y 08 057 EC03 000019 L.
Que, en lo que aquí interesa, en el Informe Técnico 19/11 la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación indicó que: “Se procedió a un relevamiento de los valores documentados de todas las destinaciones de exportación de biocombustibles (3824.90.29.100P – Biodiesel Puro) documentadas en el país correspondientes al año 2008, para luego realizar un análisis de la congruencia de los valores correspondientes a las destinaciones documentadas por la Dirección Regional Aduanera Rosario.
Los datos obtenidos fueron trimestralizados para atender razones de carácter estacional inherentes a eventuales modalidades de comercialización del producto. (…) Por lo expuesto, esta instancia entiende procedente llevar a cabo un análisis de valor de las destinaciones involucradas, tomando como referencia lo normado por el art. 748 inc “c” de la Ley 22415, seleccionándose dicha pauta de valoración ante la ausencia de precios oficiales de la mercadería en trato y la suficiente atomicidad de exportadores intervinientes.”
Que, a fs. 88/90 de las actuaciones administrativas luce el listado de las operaciones analizadas por el fisco correspondientes al primer trimestre del año 2008.
Que, corresponde aclarar que en el Anexo II de la Resolución General A.F.I.P. 620/99 (B.O. 28/06/99) referido a los ajustes de valor para las destinaciones de exportación, vigente al momento en que se practicó el ajuste, aunque derogada en la actualidad, en el art. 2.1.2.1., se prevé que, en caso de no aceptarse el valor documentado, el servicio aduanero deberá confeccionar y publicar en el Boletín Oficial un listado de los ajustes efectuados, a fin de que los interesados -dentro de los quince días de su publicación- suministren elementos y/o explicaciones que permitan al servicio aduanero determinar la base de valoración aplicable, ya sea ratificando o modificando su posición original.
Que, si bien no luce en las actuaciones administrativas la publicación en el B.O. del listado de operaciones de exportación con preajustes de valor de fecha 15-8-11, la actora hace referencia al mismo tanto en esta instancia como en sede aduanera.
VI. Que la valoración de la mercadería en aduana en materia de exportación debe realizarse con sujeción a lo dispuesto en el Código Aduanero. En tal sentido, el art. 735 de dicho cuerpo legal determina que para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB, FOT o FOR, dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en que determinan los arts. 726, 727 ó 729 en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado.
Que el legislador, en materia de exportación, ha adoptada la noción teórica del valor imponible, en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare -art. 745-, como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador un vendedor independiente uno del otro -arts. 735 y 742-. En los artículos subsiguientes -hasta el art. 750- se precisan los elementos o condiciones que integran el concepto o noción teórica de valor imponible, como son el precio, la cantidad, el tiempo, el lugar y el nivel comercial. Que la facultad de la aduana para observar y ajustar el valor documentado surge del art. 747 del CA, que dispone que “Se aceptará el precio pagado o por pagar, y en tal caso de valorará la mercadería de conformidad con lo previsto en el art. 746, ap. 1, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultante de tomar en consideración el art. 748, incs. a), b) o c). No obstante, si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
Que surge de lo expuesto, que las facultades de desestimación del valor imponible documentado, se dan legalmente en materia de exportación, principalmente en los supuestos de vinculación -art. 746- y, en sentido mucho más amplio, cuando por las posibilidades de valor comparable que resultan de los métodos previstos en el art. 748 del CA el precio documentado presentara ostensibles diferencias con el precio comparable, que será el resultante de los precios corrientes o en su caso de determinados precios de venta de la mercadería que se exportare, o del costo de producción. Dichos precios corrientes son básicamente los valores que resultan de los parámetros de los incisos a), b) y c) del art. 748, los señalaos precios de venta son los previstos en los incisos d) y f) del mismo artículo y el valor a partir del costo de producción está previsto en el inc. e).
Que los ajustes cuestionados en la causa se efectuaron por aplicación del art. 748 inc. c) del CA, el cual establece que: “cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo, en cuyo caso, corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas a continuación: (...)” “c) el valor obtenido mediante la aplicación de precios preestablecidos para períodos ciertos y determinados, resultantes de procesar y promediar precios usuales de mercadería idéntica o, en su defecto, similar competitiva, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación”.
Que cabe destacar que los ajustes previstos en el art. 748, incs. a), b) y c) del C.A. corresponden cuando conforme al art. 747 de ese Código, el servicio aduanero dispusiere de antecedentes "que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar", pudiendo exigir del exportador que justifique su precio de transacción "bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable".
Que la valoración en exportación es teórica y no implica impugnar los importes facturados, sino establecer una base imponible razonable cuando se demostrare que los antecedentes con que cuenta la D.G.A. “difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar”.
Que, en tal sentido, la referida Resolución General A.F.I.P. 620/99, en el Anexo II, artículo 2.1.2.1 señala, que una vez concluida la etapa de consulta entre el Área de Valoración y el exportador “...para el caso en que se considere procedente el ajuste de valor, se remitirá la carpeta del permiso de embarque (…) con un informe donde consten las fundamentaciones técnicas de tal decisión”.
Que la normativa apuntada, al exigir que se agregue un informe en el que “conste la fundamentación técnica”, está indicando, sin duda, que el mismo debe sustentarse, razonablemente, en los precedentes que lleven a la conclusión vertida en el dictamen, y que los mismos deben exhibirse en el procedimiento, a efectos de respetar el sistema de valoración previsto en el Código Aduanero.
Que conforme resulta del Informe Técnico Nro. 19/2011 (SE FVEX), que sirvió de fundamento al ajuste practicado en el presente caso y a la Resolución apelada, ni siquiera se hizo mención de los antecedentes utilizados para llegar a los valores de referencia allí informados -ver fs. 31 de las act. adm.-. Es decir, básicamente el fisco se limita a informar que: “se llevó a cabo un relevamiento de los valores documentados de toda las destinaciones de exportación de biocombustibles (3824.90.29.100P – Biodiesel Puro) documentadas en el país correspondientes al año 2008”.
Que, la aduana realiza simplemente una síntesis de los datos recabados –sin indicarlos y sin adjuntar la documental en la que se basa– e indica los valores de referencia, de acuerdo a lo normado por el art. 748 inc. c) del C.A. Es decir: 1° Trimestre 2008 promedio 988,17.
Que, con posterioridad, a fs. 88/90 de los antecedentes administrativos el fisco adjunta -solamente- la planilla de los datos recolectados correspondientes a operaciones de exportación efectuadas en el primer trimestre del año 2008. Es decir, en ningún momento de las actuaciones administrativas se glosa la documental que respalda los dichos de la aduana.
Que, en la planilla referida se indica las operaciones analizadas, la fecha de oficialización, P.A. 3824.90.29.100P, monto FOB, precio unitario, unitario sin derechos y peso neto en kilos.
Que si bien el listado de antecedentes referido, pudo ser empleado como parámetro a fin de recabar información y determinar la inicial inverosimilitud de los precios declarados y servir de fundamento para dudar de los precios declarados por encontrarlos razonablemente disminuidos, dicha duda inicial debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite que los utilizados resultan no aceptables. Que, en efecto, a fin de justificar el ajuste efectuado, el fisco debió adjuntar los permisos de embarque, es decir la documentación aduanera pertinente, toda vez que del listado no surge el nivel comercial en que se pactaron las operaciones, ni el destino de la mercadería, ni el exportador, ni otros datos necesarios para efectuar una comparación válida, teniendo en cuenta que el valor de la mercadería en trato puede variar en grandes proporciones de acuerdo con los factores de oferta y demanda, así como por las propias características intrínsecas de la misma.
Que, claramente, la falta de agregación de las destinaciones respectivas impide constatar datos esenciales relativos a ellas y determinar si las mercaderías exportadas mediante ellas se corresponden en calidad, valor, embalaje, tiempo y nivel comercial, modalidad de transporte, financiación, etc, rubros que inciden en la determinación del valor de la mercadería La información que resulta de las planillas acompañadas por el servicio aduanero no resulta suficiente para efectuar un cotejo de todos los datos necesarios para evaluar la pertinencia del ajuste, si bien del estudio de tal detalle se puede conocer la fecha de oficialización, la cantidad de mercadería objeto de cada operación y el precio unitario en cada caso, no se pueden cotejar los datos mencionados con las facturas comerciales respaldatorias que habrían antecedido las operaciones referidas. Tampoco puede conocerse la descripción exacta de la mercadería, circunstancia esta determinante a la hora de decidir sobre la pertinencia del ajuste.
Que, asimismo, corresponde señalar que de los print de pantalla de los permisos de embarque sobre los cuales se practicó el ajuste de valor no surge la cantidad de mercadería exportada ni el correspondiente valor FOB unitario declarado. Ello impide verificar si los precios promedio utilizados por el servicio aduanero presentan una diferencia sustancial respecto de los valores unitarios declarados en las operaciones cuestionadas –ver fs. 91/106 de las act. adm.–. A ello se suma que los permisos de embarque involucrados no fueron incorporados a las actuaciones, ni en original ni en copia, circunstancia que impide contar con los elementos necesarios para efectuar dicha comprobación.
Que, también, corresponde señalar que los valores tenidos en cuenta por el fisco no cumplen con la condición legal de haber sido preestablecidos, lo que resulta exigido por el art. 748, inc. c), del C.A. Al respecto se ha dicho que “...estos promedios deben haber sido objeto de una publicación en los términos del art. 7 del decreto 618/1997, dado que la norma en comentario se refiere a precios preestablecidos. Es necesario que la resolución determine el tiempo de duración de la disposición…” (ver Código Aduanero Comentado, obra de los Dres. Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan Patricio, y Vidal Albarracín, Héctor G.; completada y actualizada por los Dres. Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L., y Vidal Albarracín, Guillermo (h), tomo II, pág. 782, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011).
Que, en este sentido, el servicio aduanero no ha invocado norma alguna que fijase el valor preestablecido de la mercadería objeto de marras, limitándose a indicar que el valor imponible ha sido definido a partir del art. 748 inc. c).
Que, en definitiva, del Informe Técnico en el que se basa el fisco para realizar el ajuste resulta un “promedio de precios” cuyo fundamento se desconoce, el que, además, no coincide con la exigencia prevista en el art. 748 inc. c) del CA.
Que en consecuencia, no resultando ajustada a derecho la recomposición de valor realizada por el fisco, corresponde revocar la Resolución apelada en cuanto le exige a la actora diferencia de derechos de exportación más intereses.
VII. Que, sin perjuicio de lo expuesto, y a mayor abundamiento, de la contestación de oficio de la Cámara Argentina de Biocombustible surge que en (…) los años 2007 y 2008, las transacciones de biodiesel eran privadas y no existía precio internacional. Por ello, resultaba perfectamente factible que los valores de exportación del biodiesel difieran en función del mercado o destino de embarque (...)” –ver fs. 67/69 de autos–. Que, asimismo, de la pericia contable realizada en esta instancia surge que: “(...) las copias de exportación de biodiesel puro (3824.90.29.100) relevadas por AFIP en el informe técnico 19/2011 se encuentran sobre representadas y contienen instancias de doble conteo”. Asimismo, ante la consulta “si puede considerarse que los promedios contenidos en el informe técnico 19/2011 surgen de la consideración de operaciones comparables”, el perito designado de oficio considera “los promedios contenidos en el informe técnico 19/2011 no surgen de haber considerado operaciones comparables”. Finalmente el mencionado perito concluye que: “(…) el valor declarado por RENOVA SA, que fuera impugnada por la dirección general de aduana, es genuino y respeta las provisiones del art. 735 del código aduanero.” -ver fs. 95/98 y vta. de autos-.
Que, los argumentos expuestos descalifican el ajuste de valor practicado, por lo que corresponde revocar la Resolución Nro. 465/17 (AD SALO) y, en consecuencia, los cargos Nros. 494 a 510 del año 2012.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución Nro. 465/17 (AD SALO) y, en consecuencia, los cargos Nros. 494 a 510 del año 2012, con costas a la demandada (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad SE
Revocar la Resolución Nro. 465/17 (AD SALO) y, en consecuencia, los cargos Nros. 494 a 510 del año 2012, con costas a la demandada (art. 1163 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Pablo A. Garbarino –Vocal sustituto–, por encontrarse excusado el Dr. Juan Manuel Soria y vacante la Vocalía de la 14ª Nominación (cfr. arts. 52 R.P.T.F.N. y 1162 del C.A.)
Date: 2026.09.14 14:18:12 ART Date: 2026.09.14 19:57:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.14 19:58:17 -03:00
Fin de la sentencia