Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 172967
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 10-8-2021, y en consecuencia, revocar la sentencia dictada el 3-8-2021, eximiendo de costas a la parte actora.
II. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N° 172967 JUZGADO N° 7
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR (P.A.C.) C/ BANCO PATAGONIA S.A. S/ REPETICION SUMAS DE DINERO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia del 3-8-2021?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En la sentencia dictada el 3-8-2021, la jueza rechazó la excepción de incompetencia, con costas al demandado.
A partir de los hechos relatados en el escrito de demanda, encuadró el análisis del caso según el derecho del consumidor y que por ello correspondía la competencia ordinaria y no la federal.
Acentuando el carácter tuitivo y de orden público que ostenta la normativa consumeril, señaló que el consumidor puede demandar -a su elección- ante el juez del lugar del consumo o uso, el de la celebración del contrato, el de su domicilio o el del domicilio del demandado, ello con cita en lo dispuesto por los arts. 36 de la ley 24.240, y 152 y 2.654 del Código Civil y Comercial.
Con énfasis en garantizar la eficacia del ejercicio de los derechos del consumidor y apuntalar la debilidad propia de ese sector ante los conflictos derivados de esa relación con la contraparte, y aclarando que en materia de acciones colectivas no existe legislación especial que pueda dar solución a diversas cuestiones que se plantean, consideró correctamente entablada la demanda en este departamento judicial de la justicia ordinaria.
La demandada apeló el 10-8-2021 y presentó los fundamentos del recurso el 24-8-2021. La actora contestó el 6-9-2021, oponiéndose al progreso del recurso.
II. Síntesis del memorial.
El eje del primer agravio es que la justicia de la Provincia de Buenos Aires en lo civil y comercial resulta incompetente para entender en estas actuaciones, y por ello solicita la revocación de la resolución recurrida haciendo lugar a la excepción planteada.
A tal fin, sostiene inicialmente que la colega no tuvo en consideración adecuadamente la materia eminentemente tributaria de la cuestión debatida en autos.
A su entender, las pretensiones de la actora son la prueba acabada de la materia tributaria de las presentes actuaciones, al cuestionar el desempeño del Banco Patagonia como agente de percepción de un tributo de orden nacional y acusarlo de haber aplicado incorrectamente su alícuota.
Razona que aunque el hecho imponible se presente dentro del contrato de tarjeta de crédito, no ha sido verdaderamente ninguna cuestión, prestación u obligación relacionada al contrato en sí mismo lo que diera origen a la presente acción, sino el nacimiento y cuantía del impuesto que, como agente de percepción, al Banco Patagonia debe percibir e integrar al fisco.
Postula que la relación contractual (cliente - Banco Patagonia) que nace del contrato de tarjeta de crédito, no es más que el ámbito donde se presenta el hecho imponible que genera la relación impositiva (cliente – Fisco) donde el Banco actúa como agente de percepción.
Detalla que la relación contribuyente fisco, o bien contribuyente-agente de percepción no se rige por la ley de defensa del consumidor, sino por las normas tributarias que dan lugar a la intervención, en el caso, del fuero federal.
En ese orden, formula que esta acción, que persigue la repetición de impuestos, confirma la naturaleza tributaria de la cuestión.
Señala, además que el objeto de estas actuaciones involucra la alícuota de un impuesto nacional y que la resolución del caso depende exclusivamente de la interpretación de normas federales, concluyendo por ello que corresponde que este proceso tramite en la justicia federal.
Desde su óptica, dicha circunstancia determina la competencia federal "ratione materiae", la cual reviste el carácter "improrrogable, privativo y excluyente de los tribunales provinciales" (conf. SCBA LP Q 72022 RSD-8-20 S 11/03/2020 , autos “Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Arba y ot. s/ pretensión anulatoria recurso de queja por denegación de rec. extr. (nulidad e inapl. de ley)”).
Como segundo agravio, el banco alega que no hay relación de consumo, ni la eventual afectación de los derechos de presuntos consumidores.
Manifiesta que más allá de haber cuestionado la legitimación para accionar de la asociación actora y que esa cuestión deberá ser resuelta al momento de dictar sentencia, nada impide que la normativa del consumidor se aplique también en el fuero de excepción.
Tampoco se aprecia por que motivo se vería afectado el principio de protección del consumidor, pues territorialmente entendería el juzgado federal de la misma esta ciudad de Mar del Plata.
Considera que en este caso no se configura una relación de consumo por estar ante el cobro de un impuesto en donde el Banco actúa como agente de percepción.
El tercer agravio se dirige a cuestionar la imposición de costas al banco.
Sostiene que existen más que fundados motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota puesto que la controversia planteada en autos, posee una evidente naturaleza tributaria y persigue la repetición de impuestos integrados al fisco.
De allí que, aún en el supuesto hipotético que se mantuviera la decisión, solicita se revoque la imposición de costas que se hiciera al Banco Patagonia, imponiéndolas en el orden causado.
Finalmente hace reserva del caso federal.
III. Consideración de los agravios.
El recurso debe prosperar.
El fuero federal con asiento en las provincias tiene carácter de excepción. Se halla circunscripto a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, cuya interpretación debe ser de carácter restrictivo a personas y cosas determinadas (Fallos 327:3315; 151:324; HARO, La Competencia Federal, LexisNexis, 2da. ed., Bs.As., 2006, págs. 88, 89).
De acuerdo al juego de los arts. 75 inc. 12 y 116 de la Constitución Nacional corresponde a los tribunales de las provincias o de la Nación la aplicación de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, en la medida que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. La enumeración de los supuestos contenidos en el art. 116 de la Constitución Nacional para la determinación de la jurisdicción federal es taxativa y no puede ser ampliada por la ley (Fallos 143:191; 234:791; Haro, op. cit., pág. 89).
La competencia federal por razón de la materia se impone en todos aquellos procesos que requieran de la interpretación y aplicación del derecho federal, conforme lo exige el art. 116 citado anteriormente y el art. 2 inc. 1 de la ley 48. El derecho federal está compuesto por todas las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación en uso de las facultades comprendidas por el art. 75 de la Constitución Nacional que no sean de derecho común ni locales (PALACIO DE CAEIRO, Silvia, "Competencia Federal Civil - Penal", La Ley, Bs. As., 1999, pág. 183 y ss.).
Tal como bien cita el apelante, este derecho exige que su interpretación y aplicación se practique por parte de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a la justicia federal, de manera que es "improrrogable, privativo y excluyente de los tribunales provinciales" (SCBA LP Q 72022 RSD-8-20 S 11/03/2020 , autos “Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Arba y ot. s/ pretensión anulatoria recurso de queja por denegación de rec. extr. (nulidad e inapl. de ley)”).
El presente caso consiste en un reclamo colectivo para que el Banco Patagonia SA reintegre sumas percibidas a la totalidad de usuarios y consumidores de todas las sucursales que la demandada tiene en la Provincia de Buenos Aires, en concepto de impuesto PAIS aplicado sobre el consumo de servicios digitales en el exterior realizados con tarjeta de crédito otorgadas por el referido banco, en la medida que tales sumas hayan superado la alícuota del 8% prevista en el art. 17 del Decreto Nacional 99/2019 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional (v. demanda 22-2-2021).
Observo entre las particulares características de este pleito, que el banco propuso que se cite como tercero a la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) en los términos del art 94 del Código ritual, con fundamento en que el destinatario final de los impuestos es el Estado Nacional , a través de la AFIP y que "de ordenarse una restitución de sumas de dinero se afectará las arcas públicas pues implicará la restitución de sumas de dinero integradas al fisco en concepto de impuesto País" (escrito 2-6-2021, ap "6").
Sin perjuicio de no encontrarse resuelta la citación de tercero, y que eventualmente ello podría involucrar pasivamente a la Nación, lo que elevaría el interés federal del asunto, observo al solo efecto de resolver la cuestión apelada, que el debate sustancial del pleito involucra normativa tributaria que es de interés federal por razón de la materia.
Repárese en ese sentido que el art. 44 de la ley 27.541 (que establece el impuesto país a partir de su art. 35) dispone que la aplicación de este tributo, así como su recaudación y la ejecución judicial está a cargo de la AFIP, siendo de aplicación la ley 11.683 y sus modificatorias (ley de procedimiento fiscal).
Es más, a través de la RG 4659/2020 de dicho ente se determinó que ante un pedido de devolución del gravamen por un agente de percepción, la operación queda sujeta a las medidas de control que implemente dicho organismo.
De la lectura de los escritos postulatorios de las partes se puede advertir el notorio interés público vinculado al cobro de tributos (percepción y eventual repetición del impuesto PAIS) -de linaje federal- y, en particular, la sentencia que eventualmente recaiga sobre el fondo del asunto conlleva un pronunciamiento sobre normas federales vinculadas a la responsabilidad en el cobro del mentado impuesto: leyes 11.683 arts. 6, 7, 8, 17, 22, 23, 24, 45, 48, 49, 81; 27541, arts. 35 a 44; Dec. 99/2019, y cctes. (conf. argto. jurisp. SCBA A 75330 RSI-227-21 I 28/05/2021 en autos "Cabrera, Néstor Hugo c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" y Cám. Ap. 2da. Sala1ra. de La Plata, causa 96728 RSD-157-4 S del 03/08/2004 en autos "Sánchez, Anselmo Roberto c/Redes, Julio César s/Daños y perjuicios").
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En orden al resultado de la votación precedente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 10-8-2021, y en consecuencia, revocar la sentencia dictada el 3-8-2021.
Dado que en los términos del art. 274 del CPC la revocación del fallo implica adecuar la imposición de costas, y atento a que la parte demandada resultó vencedora en la contienda, corresponde aclarar que la parte actora será eximida del pago de aquéllas (art. 68 seg. párr. del CPC).
En efecto, las asociaciones que promueven acciones colectivas para la protección de los derechos de consumidores y usuarios no son pasibles de una condena en costas.
Así lo interpreta la Corte Federal a partir de los artículos 53 y 55 de la ley 24.240 (con las modificaciones introducidas por la ley 26.361) , afirmando que el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso, en tanto la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente y solo en determinados supuestos, esto es, en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la eximición (art. 42 Const. Nac.; 274 del CPC; art. 55 último párrafo ley 24240; conf. CSJN Fallos: 344:2835 "ADDUC Y OTROS c/ AYSA SA Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO" del 14/10/2021).
De manera que sin perjuicio del resultado de esta instancia de apelación, en la que prosperó el recurso deducido por la parte demandada, corresponde eximir de costas en ambas instancias a la parte actora (art. 68 seg. párr. del CPCC; arts. 53 y 55 de la ley 24.240).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 10-8-2021, y en consecuencia, revocar la sentencia dictada el 3-8-2021, eximiendo de costas a la parte actora. II) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través del sistema automatizado a los siguientes domicilios (Ac. 4039) . DEVUÉLVASE.
Se procede a firmar digitalmente la presente conforme Ac. 3975/20 S.C.J.B.A.
Firmas
Funcionario Firmante: 30/11/2021 11:04:52 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2021 12:57:43 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2021 13:16:58 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 01/12/2021 12:28:40 hs. bajo el número RS-95-2021 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia