Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 162717
Expte. N º 162717 - Juzgado Civil y Comercial N°4
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “MOLIENDAS DEL SUR S.A. C/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S/ REPETICION DE SUMAS DE DINERO” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 9 de febrero de 2022?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 9 de febrero de 2022, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 departamental, Dr. Felix Adrián Ferrán, dictó sentencia definitiva en la que rechazó lugar a la demanda de repetición de sumas de dinero interpuesta por Moliendas del Sur S.A. contra el Banco de Galicia y Buenos Aires, con costas.
Para así decidirlo, y luego de formular algunas consideraciones sobre la legislación aplicable, señaló que las partes son contestes en que estuvieron unidas por una relación comercial materializada en la cuenta corriente N°1755-2-166-9 abierta en el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. sucursal de Avenida Luro 3043 de esta ciudad, cuyo primer movimiento data del 30 de agosto de 2006.
Refirió que la controversia quedó ceñida a los intereses aplicados sobre los saldos deudores de esa cuenta, así como también el débito de ciertas comisiones que la reclamante entiende que no fueron autorizadas y no responden a un servicio prestado (a excepción de las de mantenimiento, comisión chequera y multas por cheques rechazados).
Argumentó que la falta de impugnación de los resúmenes o extractos de la cuenta corriente no pueden impedir que sean revisados luego por la justicia (cuando se han aplicado intereses excesivos, con tasas no informadas, o con sistemas de liquidación incomprensibles).
Seguidamente, hizo foco en las irregularidades del trámite de la producción del medio probatorio pericial contable. Detalló que, luego de presentado el primer dictamen pericial (fs. 4919 y siguientes), se sucedieron numerosos pedidos de ampliación y explicaciones que redundaron en la presentación de un segundo dictamen, donde la perito CPN Pérez Llana responde todos los puntos de pericia nuevamente, “readecuando los términos de la pericia original”.
La demandada, entre otros planteos, impugnó el nuevo dictamen con base en la exhibición de nueva documental de la actora, destacó la contradicción entre uno y otro informe pericial y cuestionó que se haya reformulado las respuestas originales más allá de las explicaciones que le fueron solicitadas.
El magistrado concluyó, luego de evaluar los pedidos de explicaciones de la parte actora, que la ampliación de la experta solo podía versar sobre los puntos 3, 4, 5 y 8 oportunamente ofrecidos. Sobre eso, únicamente, debió referir la ampliación del informe de fs. 5056 y siguientes. Por tal motivo, consideró que la única prueba a evaluar es la pericia original y las explicaciones brindadas a fs. 4958, 4972 y 5056 y siguientes considerando los puntos 3, 4, 5 y 8 que se encontraban pendientes de respuesta.
Definido ello, consideró improcedente el reclamo en lo que refiere a los intereses aplicados sobre la cuenta.
Consideró insustancial la demanda por cuanto no contiene un análisis fundado de las objeciones al modo en que fueron devengados los intereses, ni se ha presentado un estudio sobre las circunstancias económicas preponderantes al momento en que se dieron las operaciones objetadas. No hay comparación de tasas aplicadas por el resto del sistema financiero para este tipo de operaciones ni se han invocado.
Explicó que el plenario “Metz” (2010) no prevé tope alguno, como erróneamente se afirma en la demanda, y que el plenario “Minassian” (2004) es aplicable a contextos fácticos diversos a los que el caso presenta. La restante prueba, incluyendo la pericial contable, no brinda elementos que permitan tener por acreditado que los intereses aplicados a la cuenta han sido excesivos, abusivos o contrarios a la moral y las buenas costumbres.
En cuanto a las comisiones, el juez reparó en la calidad de comerciante profesional de la actora, de modo de diferenciarla de la situación de un particular cuentacorrentista no comerciante que acude a una entidad bancaria a contratar y obtener un producto. Afirmó que Moliendas del Sur S.A. es una sociedad comercial dedicada a la producción de harina de pescado, aceite y solubles con el fin de exportar. Su actividad en el comercio exterior deriva en la necesidad de contar con asesoramiento especializado para llevar adelante ese aspecto de su vida comercial, sumado a las diversas entidades bancarias con las que se encuentra vinculado. Toda esa experiencia, dijo, debe ser considerada a la hora de evaluar la viabilidad del reclamo.
Indicó que todos los gastos y comisiones detallados en el punto de pericia N°3 del informe pericial (fs. 5058/vta) fueron incluidos en los resúmenes de cuenta emitidos por el banco y remitidos a la demandada, ninguno de los cuales mereció reclamo o impugnación de la actora. De la documental agregada a fs. 1823/5 surge un extenso cuadro con todas las comisiones y gastos y aun cuando alguno de ellos no estuviera incluido, no se advierte que tales conceptos debitados en la cuenta resulten manifiestamente ajeno s la vinculación financiera que tenían las partes (cuenta corriente, comercio exterior, préstamos, leasing, etc.).
Finalizó el magistrado señalando que la falta de una fundamentación pertinente, sumada al tiempo transcurrido entre la emisión de los correspondientes resúmenes y la interposición de la demanda sin que mediare impugnación oportuna, lleva a concluir que la demanda de revisión es improcedente.
II.1. El recurso de la firma Moliendas del Sur S.A.
La actora apeló el 16 de febrero de 2022 y expresó sus agravios el 24 de marzo de ese mismo año. La réplica de la contraria fue presentada el 30 de marzo de 2022.
(a) En un primer agravio, objeta el rechazo de la pretensión revisionista en lo tocante a los intereses.
Argumenta que el fundamento de su cuestionamiento no ha sido únicamente la aplicación de topes plenarios, sino que la reducción se fundó en que “la solicitud de apertura de cuenta no se pactó la determinación de la tasa de interés”. Por ello, alega, “no existiendo tasa de interés, corresponde la aplicación de la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina”. Cita el artículo 565 del Código de Comercio.
Dice que del dictamen contable surge que la demandada aplicó una tasa activa de interés superior a la del BNA, contexto en el cual la morigeración pretendida debe acogerse.
Varias páginas después afirma que “la tasa de interés aplicarse tanto en la cuenta corriente bancaria debe respetar los topes jurisprudenciales establecidos por la justicia”; dice —también varias páginas después, luego de evaluar lo referido a comisiones y gastos— que las tasas de interés no estaban explícitamente consignadas en los resúmenes de cuenta.
Pide se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda.
(b) En cuanto a las comisiones y gastos, cuestiona la pasividad de la demandada en demostrar la prestación efectiva de los servicios impugnados e insiste en que no reconocen un pacto previo. Reclama que no se tolere un enriquecimiento incausado de la demandada.
Agrega que el banco omitió acreditar el cumplimiento del art. 1 de la Comunicación A-2468 del BCRA que determina que los fondos debitados por comisiones o gastos, sin el previo consentimiento de los clientes, deben ser reintegrados a los titulares dentro de los cinco días hábiles. Refiere igual violación a la Comunicación A-2514 del BCRA en cuanto prevé los requisitos que habilita el débito de comisiones y gastos de cuentas corrientes.
Afirma que la aprobación de las cuentas y sus saldos no precluye el derecho a obtener su rectificación. Efectúa una lista de todas las comisiones que pide que sean desglosadas del saldo de la cuenta.
(c) En un segundo agravio, pide que, previo revocar el fallo y hacer lugar al recálculo, se haga lugar a la pretensión indemnizatoria . Describe los perjuicios que justifican el resarcimiento que reclama.
(d) Por último, en la hipótesis en que no se admitan los restantes agravios, solicita que las costas sean impuestas en el orden causado. Señala que los tópicos analizados son complejos y existió la posibilidad de un error excusable de la actora, justificando una solución excepcional en materia de costas.
Analizaré el recurso de la firma accionante abordando, en primer lugar, los cuestionamientos vinculados a los intereses; luego, me detendré en la temática de las comisiones y finalmente analizaré las restantes temáticas que son objeto de agravio (pretensión indemnizatoria e imposición de costas).
Aclaro además que este juicio tiene características similares al que, respecto de la misma actora, fue resuelto en la causa 156403 -"Moliendas del Sur S.A. c/ BBVA Banco Francés S.A." del 11/09/2018. Tanto el contenido de la demanda, la prueba ofrecida y los argumentos que sostuvieron los agravios son virtualmente idénticos a los que se presentan en este pleito, motivo por el cual buena parte de lo que más abajo diré reflejará mi opinión volcada en el dicho precedente.
Ninguno de los argumentos expuestos por la parte actora permite demostrar un error en las consideraciones de hecho o de derecho volcadas en la sentencia atacada. El recurso, por esta razón, no puede prosperar.
Durante más de quince años, y hasta finales de la primera década de este siglo, la Cámara departamental acudió a la herramienta contemplada en el art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para dictar sentencias plenarias en las que decretaba tasas judiciales de interés con carácter fijo y que funcionaban como topes o límites aplicables a categorías generales de negocios en los que no se hubiera acordado una tasa, o en los que habiéndose pactado ella se considerase excesiva (mi voto en causa 156.403 -“Moliendas del Sur S.A.”, sent. del 11/09/2018).
Así se hizo en los autos “ Banco “Banco Quilmes c. Ojea, María y otra s/ Ejecución ” (causa nº 95.424 RSD 110/96 del 18 de abril de 1996) en el que se estableció que en el supuesto de deudas contraídas con entidades financieras en las cuales no hubiera intereses convenidos se aplicaría la tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires incrementada en un 50% y también se hizo en la causa “ Banco Edificadora de Olavarría c. Pena, Daniel Alberto y otro s/ Ejecución ” (expte. nº 95.421, RSD 105/96 del 16 de abril de 1996), donde se resolvió que habiendo intereses pactados corresponde establecer un tope del 24% anual comprensivo de compensatorios y punitorios.
Es por todos sabido el efecto que estos plenarios generaron: una avalancha de revisiones de cuenta en las que se exigía que los intereses aplicados en la operatoria del negocio financiero se readecuara a los topes jurisprudenciales. No pesaba sobre la reclamante una carga probatoria mayormente compleja pues le bastaba demostrar la percepción de intereses que superasen los límites establecidos por la Cámara departamental, contraste que permitía tener por acreditada - in re ipsa- la exorbitancia de los accesorios que justificaba su morigeración. Los jueces de primera instancia -vinculados a la doctrina de su Alzada merced lo normado en el art. 37 inc. “f” de la Ley 5827- tampoco debían indagar mayormente la existencia de abusos, excesos o usuras y podían juzgar el mérito de la demanda verificando la diferencia entre lo cobrado en concepto de intereses y el tope jurisprudencial que resultase aplicable al tipo de negocio en cuya operatoria se generó el diferendo.
Esta realidad cambió notablemente a finales del mes de diciembre de 2010 -importante es decirlo: más de un año antes de la interposición de la demanda que da inicio a este pleito- cuando esta Cámara dictó sentencia en los autos “Metz, Fernando c/ Citibank N.A. s/ Materia a categorizar ” (Expte. nº 140.929, res. del 27/12/2010). En aquella oportunidad, y contrariamente a lo señalado por la parte actora, se resolvió dejar sin efecto los plenarios precitados. No obstante los variados argumentos que se volcaron en los distintos votos, la decisión del Tribunal reflejó un temperamento mayoritario: no es posible fijar jurisprudencialmente tasas de interés fijas e invariables por vía de pronunciamientos plenarios (la excepción puede encontrarse en las opiniones minoritarias de los Dres. Gérez y Zampini).
Lo dicho por esta Cámara de Apelación en “Metz” es coincidente con lo que unos días antes había resuelto la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en los autos “Volpe, José contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nulidad, repetición y compensación” (c.95.758, del 9-12-2010), donde afirmó que los jueces no podemos ni debemos morigerar tasas de interés enarbolando pautas judiciales rígidas (como las establecidas por vía plenaria) abstrayéndonos de las circunstancias concretas de cada caso, y aclaró -con cita de doctrina de la Corte Federal- que es arbitraria toda decisión de un tribunal que dispone tales reducciones con la sola mención de criterios jurisprudenciales que establecen porcentajes menores, sin aludir a los hechos de la causa ni a razones de orden jurídico que justifiquen la solución propuesta (Fallos: 308:2213 y 2214, 326:2533; v. voto del Ministro Soria).
Todo lo anterior significa, en definitiva, que la impugnación de los intereses -seanéstos punitorios o compensatorios- no puede sostenerse con la sola invocación de un límite o tope plenario. Es menester en cada caso en particular analizar qué es lo que la entidad financiera percibió o pretende percibir en concepto de intereses y contrastarlo con las tasas que regían en promedio en la plaza bancaria en cada período en particular y para el tipo específico de operación financiera de que se trate (v.gr., crédito hipotecario, préstamo personal, préstamo prendario, descubierto con o sin acuerdo previo, descuento de documentos, adelantos de certificado de obra pública, financiación por tarjeta de crédito, financiación de operaciones en dólares, etcétera).
Y ello es así puesto que «para saber si hay desproporción en la tasa de interés, parece imprescindible que comparemos la operación a que accede con la proporción que tiene una similar, porque algo solo puede ser desproporcionado luego de haberlo comparado concretamente con otro que razonablemente pueda ser parámetro, y que -previamente- hemos juzgado como proporcionado» (esta Sala, en autos “ Favacard S.A. c/ Telloo, Manuel Pascual y ot. s. Ejecución, Expte. 148.914, sentencia del 30-9-11, voto del Dr. Loustaunau; SCBA, in re “Volpe” -Ac. 9-12-10, voto del Dr. Soria, considerando “3.d.iii”).
Este mismo temperamento había adoptado la Suprema Corte en casos similares afirmando que « no existen intereses abstractamente exorbitantes o usurarios. Una tasa de interés puede ser usuraria respecto de una determinada y concreta situación y no revestir tal carácter respecto de una situación diversa, debiendo al efecto constatarse si la tasa que aparece como exorbitante tiene una justificación económica » (SCBA, c. 102.009 -" Rosetti, Héctor Hugo ..."-, del 18-06-2014, voto del Ministro Soria; Suprema Corte de Justicia de Mendoza, sent. de 15-VI-1987, in re "Banco Comercial del Norte S.A. c/Urrutigoity, Guillermo", publicada en "Jurisprudencia Argentina", 1988-I-323).
b. En el caso en estudio, y conforme surge del texto del escrito de demanda, la firma Moliendas del Sur S.A. pretende revisar la operatoria de la cuenta corriente N°1755-2-166-9 abierta en la sucursal de Avenida Luro 3043 de esta ciudad.
Su demanda se sostiene en dos impugnaciones: el carácter ilegítimo de los intereses aplicados en dicha cuenta y la inclusión de comisiones o gastos indebidos. Agregó a ello un reclamo resarcitorio y punitivo detallado en fojas 570 y siguientes (punto VI) de la demanda.
La reclamante alegó que con el paso del tiempo advirtió irregularidades en los ítems que componían el resumen de cuenta, y -en lo que aquí interesa destacar- corroboró que los intereses aplicados por la entidad excedían largamente el máximo de la tasa activa del Banco Nación Argentina y también el tope máximo autorizado por los pronunciamientos plenarios dictados por esta Cámara a partir del plenario “ Metz c/ Citibank N.A .” y “ Minassian, A. c/ Vancevicius, José ”, este último referido a las operaciones en dólares (sic, fs. 551 y sig.).
Tiene razón el apelante cuando afirma que fueron dos los motivos que invocó para dar sustento a su pretensión revisionista: la violación a los topes plenarios fijados por vía de la jurisprudencia plenaria (refiere a ello con cita de los fallos “Metz” y “Minassian”) y la violación de los máximos que el Banco Nación percibía como tasas activas.
Sin embargo, ni por una ni por otra razón la demanda de revisión puede prosperar.
i. Sobre la inadmisibilidad de la revisión con base en las doctrinas plenarias entiendo que la solución adoptada en primera instancia -que en lo sustancial, reproduce la posición adoptada por la Casación bonaerense a la que me he referido precedentemente- se encuentra sólidamente fundada y no ha merecido una crítica por parte de la actora que permita vislumbrar alguna forma de error de hecho o de derecho.
El titular de la cuenta no puede fundar su pretensión de revisión únicamente en la violación a topes o límites fijados por vía jurisprudencial con abstracción de cualquier otro elemento -económico, normativo o de otra naturaleza- que permita advertir un supuesto de abuso o usura (c.95.758 -in re " Volpe ..."-, c. 102.009 -" Rosetti ..."- entre otros; esta Sala, autos “ Favacard S.A. c/ Telloo, Manuel Pascual y ot. s. Ejecución ”, Expte. 148.914, res. del 30-9-11).
Tal es el defecto fundamental que padece la demanda de la actora al sustentarse -en este punto al menos- en lo resuelto por esta Alzada en plenarios “Metz” y “Minassian”.
Se suma a ello que, como bien dijo el juez, la reclamante ha mal interpretado el contenido del plenario “Metz” dado que en su demanda afirmó con insistencia que allí la Cámara estableció “topes máximos” de intereses cuando en rigor -y como ya expliqué- se resolvió exactamente lo contrario: dejar sin efecto las sentencias en las que se adoptaba esa modalidad. Y si bien no se dictó un pronunciamiento plenario en el que expresamente se deje sin efecto lo dicho en " Minassian, Ana c/ Vancevicius, José B. s/ Ejecución Hipotecaria ” (c. 123.945, del 09/03/2004) referido a intereses aplicables a deudas en dólares no pesificadas por ley 25.561, lo cierto es que los conceptos aquí controvertidos no quedan comprendidos en su marco de aplicación y la doctrina de la Suprema Corte ha sido lo suficientemente clara como para poder inferir de ella que todas las decisiones de la Cámara en las que se fijaron límites fijos y genéricos aplicables a los intereses moratorios o punitorios carecen de eficacia, sea para que un litigante funde una pretensión de revisión de contrato, sea para los jueces resuelvan su procedencia al momento de dictar sentencia.
Por esta razón, reitero, la solución adoptada en primera instancia es correcta y debe ser confirmada (arts. 260 y cctes. del CPCCBA).
ii. Ahora bien, tampoco la demanda incoada por Moliendas del Sur S.A. puede prosperar con base en el segundo argumento que afirma haber esgrimido: la violación a los « máximos de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina». Según refirió la recurrente en su memorial, este parámetro sería aplicable dado que “ no existiendo tasa de interés pactada, correspond
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