Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176605
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve I) Rechazar el recurso de la demandada y hacer lugar al de la actora. En consecuencia, corresponde modificar la sentencia de primera instancia, desestimar la defensa de prescripción y admitir el reclamo de la actora con relación a la totalidad de las prestaciones abonadas (art. 68 del CPCCBA) II) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (arts. 68 y 274 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV)
Expte. N º 176605 - Juzgado Civil y Comercial N°1
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. C/ GÓMEZ DIEGO SEBASTIÁN S/ REPETICIÓN DE SUMAS DE DINERO” [c. 176605] , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 12 de diciembre de 2022?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 12 de diciembre de 2022, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°1 departamental, Dr. Heber Daniel Amalfi, hizo lugar parcialmente a la demanda de repetición de sumas de dinero promovida por Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. contra Diego Sebastián Gómez y, en consecuencia, condenó a este último a pagarle a la actora $150.558,61 más intereses y costas.
Para así decidirlo, señaló que las partes están de acuerdo en que se relacionaron mediante un contrato de afiliación N°320363 de fecha 17/09/2013 por el cual la actora se obligó a otorgar a favor del demandado (como empleador) las prestaciones establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo N°24.557. Asimismo, tampoco fue controvertido que el 7 de octubre de 2014 a las 11:30 el empleado Lautaro Estefano Covey sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba labores para Gómez. Este último denunció el hecho ante la ART, lo que generó la apertura del siniestro identificado con el N°1435907.
La controversia radica en que la actora invocó cumplidas las prestaciones a su cargo y el Sr. Covey al momento del accidente no se encontraba registrado regularmente como dependiente de la demandada, pues había incurrido en las omisiones que prevé y sanciona el art. 28 inc. 2 de la Ley de Riesgos de Trabajo, lo que la habilita para exigir del empleador la repetición de las prestaciones abonadas. Gómez, a su turno, además de plantear la prescripción, negó el alcance del cumplimiento de las prestaciones invocadas y la irregularidad que se le endilga en el cumplimiento del alta del empleado fuera de término.
En lo tocante a las prestaciones, el juez evaluó la pericia contable realizada por la contadora Julia Foglia y de la cual resultan acreditados los pagos realizados por la ART con motivo del siniestro y que se ajustan a lo dispuesto por la ley. El monto total abonado asciende a $281.255,83.
Apuntó que el art. 28 apartado segundo de la Ley 24.557 prescribe que, si el empleador omite declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la aseguradora otorga las prestaciones, pero luego puede repetirlas. De ello se sigue que, si el empleador está afiliado a una aseguradora, pero no ha registrado la relación laboral de un trabajador particular o bien no lo ha declarado en la nómina de personal, la ART se encuentra obligada a abonar al empleado las prestaciones debidas, habilitando luego su repetición.
Agregó a ello que resultó demostrado que el alta del empleado siniestrado se produjo dieciséis minutos después de ocurrido el accidente el 7 de octubre de 2014. De ello se concluye que se verificó la situación regulada en el art. 28.2 de la ley 24.557, donde la ART pagó las prestaciones respecto de un trabajador no declarado debidamente, todo lo cual habilita el reintegro.
A renglón seguido, evaluó la defensa de prescripción opuesta por el accionado. Consideró que el plazo prescriptivo es de tipo contractual y se encontraba regulado por el inciso segundo del art. 44 de la Ley 24.557 que prevé diez años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago.
Manifestó que nunca fue acreditada la autenticidad de la carta documento glosada a fs. 7/8, por lo que el único efecto suspensivo a computar es el del inicio del procedimiento de mediación.
Sobre esa base, consideró que, al momento del cumplimiento de la primera prestación reclamada, que data del 24/10/2014, operaba el plazo de prescripción decenal del art. 4023 del Código Civil; luego, a partir del 1 de agosto de 2015, el término de la prescripción liberatoria se redujo a cinco años (art. 2560 del CCyC). Finalmente, la mediación fue iniciada el 1/9/2020 y finalizó el 15/10/2020, reanudándose allí los plazos suspendidos. La demanda data del 2 de febrero de 2021.
Agregó que, con relación a las prestaciones abonadas el 25/09/2015 y 26/10/2015, no se encontraban prescriptas al momento de iniciar la mediación, pero prescribieron luego de cesado el efecto suspensivo y antes de promovida la demanda. Declaró prescriptas las siguientes prestaciones: 1) 19/12/2014 $ 1.413,34; 2) 27/04/2015 $ 564,63; 3) 19/12/2014 $ 17.966,23; 4) 27/04/2015 $ 1.954,84; 5) 24/10/2014 $ 228; 6) 11/11/2014 $ 393; 7) 11/11/2014 $ 204; 8) 16/12/2014 $ 850; 9) 29/12/2014 $11.169,36; 10) 03/06/2015 $ 348,99; 11) 01/12/2014 $ 786,50; 12) 29/06/2015 $56.299,34; 13) 21/07/2015 $ 8081,25; 14) 20/08/2015 $ 8.081,25; 15) 25/09/2015 $9.090,59; 16) 26/10/2015 $ 606,04.
Considerando lo anterior, estimó procedente la demanda por un total de $150.558,61.
II. El recurso de la parte actora.
La accionante apeló el 14 de diciembre de 2022 y fundó su recurso el 23 de ese mismo mes y año. La contraria lo respondió el 27 de enero de 2023.
Cuestiona que el fallo aplique el art. 28 inc. 2 de la Ley 24.577 para juzgar el derecho de la actora a repetir las sumas erogadas, pero luego se aparta de esa misma norma para dar tratamiento a la defensa de prescripción opuesta por la contraria.
Entiende que debe aplicarse el plazo de prescripción decenal del art. 44 de la Ley especial y no hay motivo para apartarse de él pues se encuentra regulado en una norma especial que excluye el previsto en leyes generales.
Considerando el plazo que estima adecuado, refiere que carece de sentido analizar la incidencia de la suspensión del cómputo por interpelación o inicio de mediación prejudicial obligatoria.
Pide se desestime la excepción de prescripción.
II. El recurso de la parte demandada.
La accionada apeló el 19 de diciembre de 2022 y fundó su recurso el 27 de enero de 2023. La réplica de la actora fue presentada el 6 de marzo de 2023.
Sus agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Alega que el juez omitió analizar la prueba documental que produjo. Dice haber probado que la actora inició la acción sin derecho a reclamo alguno pues medió una aceptación del siniestro al menos desde el 7 de noviembre de 2014. Refiere que así surge de la nota enviada por Prevención ART S.A. al demandado el 14 de octubre de 2014, luego de que Covey sufriera el accidente, y en el que se ejerce el derecho a extender los plazos para definir la aceptación o el rechazo del siniestro hasta reunir los antecedentes necesarios. Dice que luego de los treinta días posteriores a la denuncia se produjo la aceptación.
Expresa que esto último es lo que llevó a la ART a pagar las prestaciones durante casi un año sin formular reserva alguna. Agrega que ello también refleja la vigencia de la cobertura del riesgo y de que la firma ha constatado previamente la calidad de dependiente que tenía Covey respecto de su empleador. Destaca que la actora no ha negado la autenticidad de la nota, lo que implica su reconocimiento, y con ello -reitera- se verifica la aceptación incondicional e indeclinable del siniestro por parte de la ART.
(ii) Manifiesta la discordancia entre el monto reclamado en la demanda y el que se consignó en una carta documento fechada el 19/10/2017, tres años antes del inicio del proceso. Dice que ello es una muestra más de la desprolijidad con la que la actora se ha manejado a la hora de interponer su pretendido reclamo.
(iii) En lo tocante a la prescripción, considera equivocado el punto de partida del plazo prescriptivo que el juez ubicó en el momento en que cada prestación fue cumplida. Entiende, en cambio, que debió serlo desde la causa fuente que ha generado la obligación resarcitoria (esto es, el accidente sufrido por el Sr. Covey).
Además, argumenta que es aplicable el art. 2561 del CCyC que prevé un plazo de 3 años para reclamar daños y perjuicios, cualquiera fuera la naturaleza de la responsabilidad. Por ello, dice, el reclamo se encuentra íntegramente prescripto.
III. Tratamiento de los agravios.
Adelanto que solo el recurso de la actora es procedente.
III.a. No le asiste razón a la demandada cuando invoca la aceptación del siniestro y, con ello, la imposibilidad de reclamar del modo en que la actora pretende.
Aun considerando la misiva que el apelante entiende injustamente omitida (esto es, la de fecha 14/10/2014, remitida por la ART), lo que allí se dice no puede tener los efectos y las consecuencias jurídicas que la accionada pretende asignarle.
La aceptación tácita que pudiera haber sobrevenido a esa comunicación no es otra que la que regula el art. 6 del Decreto 717/96, el cual, en su redacción vigente al año 2014 —y previo a la reforma del Decreto N° 1475/2015— establecía que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo debe « expedirse expresamente aceptando o rechazando la pretensión y notificar fehacientemente la decisión al trabajador y al empleador », a la que vez que prescribía que «[e]l silencio de la Aseguradora se entenderá como aceptación de la pretensión transcurridos DIEZ (10) días de recibida la denuncia ».
Esa aceptación tiene un significado técnico muy preciso: la aseguradora —sea expresa o tácitamente— admite que el infortunio del Sr. Covey es encuadrable en la definición de «accidente laboral» art. 6 de la Ley 24.557 y que, consecuencia de ello, se encuentra legal y contractualmente obligada a abonarle al trabajador las prestaciones que por derecho le correspondan.
Como ha dicho la jurisprudencia especializada, «[e]sta aceptación implica aceptar la responsabilidad legal, y significa consentir -entre otras cosas- que el accidente ocurrió y que tiene carácter laboral » CNT, Sala 4, " Almaraz, Myriam Beatriz c/ La Caja ART S.A. s/ Accidente-Ley especial ", sent. del 20/11/2012).
Pero es solo esa, y no otra, la consecuencia que ha de generar la alegada omisión de la ART de realizar alguna otra comunicación posterior luego de vencido el plazo de 30 días. De hecho, la propia nota que invoca la demandada le anticipa al afiliado que, si ese plazo transcurre, el siniestro debe considerarse aceptado (vocablo que, de nuevo, debe interpretarse con el alcance señalado, y no otro).
La defensa del apelante es improcedente puesto que pretende extender indebida e injustificadamente los efectos jurídicos de esa aceptación e identificarla con una suerte de renuncia a ejercer el derecho de repetición que emerge del art. 28 inciso 2 de la Ley 24.577.
La acción del art. 28 inc. 2 de la LRT presupone que el siniestro se aceptó y se pagaron las prestaciones debidas al empleado . Es decir, lo que el apelante considera una suerte de indicio de una renuncia implícita al ejercicio de un derecho es, justamente, el presupuesto fáctico central que hace nacer a la acreencia. No solo no hay ninguna norma legal que habilite a razonar del modo en que propone el apelante, sino que —por el contrario— existen normas que expresamente impiden hacer inferencias o presunciones de esa naturaleza cuando se trata de renuncia a derechos creditorios (arg. art. 948 del CCyC).
El agravio, por este motivo, debe ser desestimado (arts. cit.).
III.b. La decisión relativa a la prescripción debe ser modificada, como reclama la actora.
Disiento con el demandado cuando en su memorial reclama que se aplique al caso un plazo prescriptivo trienal del art. 2561 del CCyC. Más allá de que en este punto la recurrente se desentiende y se contradice con todo cuanto argumento normativo había invocado en sustento de su defensa (donde, contrariamente a lo que ahora alega, consideraba que la prescripción se regía por las reglas de la LRT y el plazo se inicia desde que se verifica cada prestación), lo cierto es que la norma aplicada por el juez fue la correcta.
La doctrina especializada es concordante al señalar que el plazo decenal regulado en el art. 44 inciso 2° de la Ley 24.557 aprehende un conjunto amplio de acreencias de los entes reguladores, gestores y de los de la regulación y supervisión, que incluye, respecto de los primeros, a las acciones de repetición emergentes del art. 28 inc. 2 de la ley. Esto es, al recupero del valor de las prestaciones otorgadas a un empleado mediando omisión del empleador de declarar al trabajador damnificado (véase Tosca Diego , El instituto de la prescripción en el Sistema de Riesgos del Trabajo , publicado en la Revista de Derecho Laboral y Ley de Riesgos del Trabajo, I, t. 2, Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2001, pág. 345; en igual sentido, López Herrera, Edgardo Tratado de la prescripción liberatorias, Buenos Aires: Lexis Nexis, t. II, pág. 1013).
Ahora bien, tiene razón la reclamante cuando objeta que el magistrado haya considerado aplicable el artículo 2537 del Código Civil y Comercial, norma que lo llevó a concluir que “ a partir del 1ro. de agosto de 2015 el término de la prescripción liberatorio ha sido reducido al término de cinco años, conforme al art. 2560 del Código Civil y Comercial ”.
Esta decisión no es compartible.
El Código Civil y Comercial no modificó los plazos prescriptivos previstos en la ley especial y, por lo tanto, no hay en el caso un verdadero conflicto de leyes en el tiempo que merezca ser solucionado con el sistema del art. 2537.
El régimen de prescripción liberatoria del Código Civil y Comercial tiene un expreso carácter residual. Es decir, se aplica allí donde la relación jurídica controvertida no queda aprehendida por una legislación especial que prevea un régimen prescriptivo particular. El art. 2532 del CCyC dispone que las normas del Capítulo referidas a la prescripción resultan aplicables " en ausencia de disposiciones específicas" .
Por ello, “cuando existe una ley especial que contiene pautas para el cómputo de los plazos de prescripción, referidas a la relación jurídica de la que se trate, en primer término se aplican ellas y las reglas establecidas en este Código solo operan en ausencia de previsión normativa específica ” (Guisado, Paola, en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, segunda edición [Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo V. Picasso, Sebastián -dir-], Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones SAIJ, 2022, pág. 274).
Ni el Código Civil y Comercial ni ninguna otra ley vinculada a su promulgación modificó el régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo ni alteró el contenido o vigencia del plazo prescriptivo regulado en su art. 44 inciso 2. De ello se sigue que no hubo en el caso una nueva ley que altere el contenido de aquella que previó el plazo prescriptivo aplicable a la acreencia que motiva este pleito.
Las categorías «nueva ley» o «ley posterior» a que refiere el art. 2537 del CCyC solo tienen una dimensión auto referente (en el sentido de que versan sobre los nuevos plazos establecidos por el mismo Código Civil y Comercial) en los casos en los que no exista una norma específica y se genere un escenario en el que la ley civil deba aplicarse en clave residual. Es decir, en tales supuestos el propio Código es «la nueva ley» cuya aplicación temporal debe ser dilucidada con sus propias normas.
Pero no es eso lo que ocurre en el caso en estudio. Aquí no hubo tal cosa como “una nueva ley” o una “ley posterior” dado que, insisto, ni el nuevo Código ni ninguna otra norma del sistema modificó el plazo del art. 44.2 de la LRT que estaba en curso a agosto de 2015. Ello solo hubiera ocurrido si el Congreso de la Nación hubiese sancionado una nueva norma que modificase dicho artículo contenido en la Ley de Riesgos del Trabajo o suprimiese por completo el régimen allí establecido, obligando al intérprete, ahora sí, a recurrir a la solución del art. 2537 del CCyC y, de corresponder, a los nuevos plazos que ese mismo digesto contempló en los arts. 2560 y siguientes.
Es por ello que la solución a la defensa de prescripción liberatoria opuesta por el Sr. Gómez debió considerar un único plazo prescriptivo decenal a contar desde que se verificó cada prestación (art. 44 inciso 2 de la Ley 24.557).
Luego, si se consideran las fechas en las que se verificaron esas prestaciones (a partir de 24 de octubre de 2014) y el momento en que se promovió la demanda (2 de febrero de 2022), no cabe más que concluir que la acción, respecto de la totalidad de las erogaciones reclamadas, no se encontraba prescripta (v. pericia contable adjunta a la presentación del 7/03/2022, cuyo contenido no fue objeto de controversia).
Propondré al acuerdo modificar parcialmente la sentencia, desestimando íntegramente la defensa de prescripción y admitiendo la demanda con relación a la totalidad de las prestaciones (arts. 44.2 de la Ley 24.557 y 344 segundo párrafo del CPCCBA).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde : I) Rechazar el recurso de la demandada y hacer lugar al de la actora. En consecuencia, corresponde modificar la sentencia de primera instancia, desestimar la defensa de prescripción y admitir el reclamo de la actora con relación a la totalidad de las prestaciones abonadas (art. 68 del CPCCBA) II) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (arts. 68 y 274 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve I) Rechazar el recurso de la demandada y hacer lugar al de la actora. En consecuencia, corresponde modificar la sentencia de primera instancia, desestimar la defensa de prescripción y admitir el reclamo de la actora con relación a la totalidad de las prestaciones abonadas (art. 68 del CPCCBA) II) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (arts. 68 y 274 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2023 10:20:52 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 11:04:36 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 12:52:19 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 11/05/2023 13:37:55 hs. bajo el número RS-130-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia