Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 6373
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 10 días de Junio de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: “GRANJA JS SRL C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/REPETICION SUMAS DE DINERO” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el señor juez doctor Llobera, dijo:
En cuanto a los antecedentes de esta causa sólo enunciaré aquellos que estime necesarios para el tratamiento de los agravios que deben ser considerados.
Las actoras promueven demanda contra la entidad bancaria por nulidad parcial de contrato y repetición de sumas de dinero. En su escrito inicial afirman:
Que recibieron del Banco de la Provincia de Buenos Aires un crédito para financiar de manera parcial la construcción de un edificio por la suma de $ 2.500.000.
Que el Banco se comprometió al desembolso efectivo del dinero a medida del avance de la obra.
Que el contrato se celebró el 27 de junio de 2013 y unos días después se firmó la escritura de garantía hipotecaria.
Que al momento de la firma de la documentación se anoticiaron que el demandado imponía, como condición adicional, una “comisión de otorgamiento” o “comisión de acuerdo”, tal como fue consignado en las cláusulas cuarta y quinta del instrumento acompañado.
Que la cláusula sexta dispuso que sería de $ 175.000, a desembolsar en cinco pagos anuales.
Que se trata de un interés encubierto que el Banco percibe en cuotas anuales con otra denominación.
Que son empresas locales de la ciudad del Pilar, de pequeña dimensión, originalmente dedicadas al rubro de carnicería y venta de achuras.
Que pensando en la expansión de sus actividades proyectaron esta iniciativa inmobiliaria y que debido a su condición de pequeño usuario financiero no discutieron las condiciones contractuales.
Que, con la obra iniciada y la necesidad de financiamiento, sólo pudieron hacer notar a las autoridades del Banco su disconformidad.
Que poco después de la firma del contrato remitieron una nota a fin de solicitar explicaciones sobre el monto de la comisión cuestionada, haciendo hincapié en la comunicación A 5460 de “Protección de los usuarios de servicios Financieros” publicada por el BCRA el 19-7-2013, la cual dispuso limitar los abusos de entidades del rubro sobre los usuarios de sus productos en materias de comisiones y cargos.
Que de la lectura del texto surge en forma palmaria la ilegalidad e ilegitimidad de la comisión señalada.
Que el Banco cobró por un servicio no prestado, lo cual resulta injusto e inequitativo antes de la comunicación (BCRA) A 5460, pero también ilegítimo y abusivo después de ella.
Que la comunicación A 5450 del BCRA preserva los derechos de los usuarios y consumidores financieros, constituyendo una aplicación al caso de las disposiciones contenidas en el art.42 de la CN, y los arts. 36 y 37 de la ley 24.240.
Que en los contratos de consumo existe entre las partes una desigualdad objetiva económica, social, profesional y cognitiva; es decir, no hay negociación sino una mera adhesión.
Que, en el caso, la demandada dispuso en forma unilateral dicha cláusula, la cual no estuvo sujeta a discusión ni a la libre convención entre las partes.
Que la accionada nunca le informó el fundamento de la “comisión por otorgamiento” y tampoco el motivo de su enorme costo.
Que el Banco ha violado su deber de buena fe, pues la cláusula impuesta de manera unilateral por la accionada no representa una prestación de servicio y amplía sus derechos patrimoniales en perjuicio directo de los de su parte, con lo cual resulta abusiva.
A mérito de todo ello, piden la nulidad de la cláusula denominada “comisión de otorgamiento o de acuerdo” y la repetición de las sumas percibidas por el Banco sin causa justa y legítima (fs. 30 a 34).
El Banco de la Provincia de Buenos Aires, se presenta y contesta la demanda. En su respuesta niega los hechos invocados por las actoras. Reconoce que por Resolución 143/2013 de fecha 24 de junio de 2013 acordó un préstamo con las sociedades demandantes, quienes asumieron en forma mancomunada y solidaria el crédito otorgado por un total de $ 2.500.000 y una vez suscripto el contrato de mutuo se hicieron distintos desembolsos.
Señala que las deudoras tenían pleno conocimiento de la comisión establecida, pues fue destallada en la cláusula quinta junto con los vencimientos de las cuotas de pago y, además, la escritura hipotecaria suscripta con posterioridad, el 10 de julio de 2013, también hizo mención a los compromisos y obligaciones asumidos en el contrato.
Explica que se trató de un préstamo de inversión productiva -cupo 2013-, que son los que el BCRA obliga a dar a las entidades financieras, equivalente a un 5% de los depósitos en cartera a plazo fijo, y que se encuentran regulados por el Banco Central de la República Argentina (fs. 136 a 140).
La sentencia
El fallo rechaza la demanda promovida por Granja JS S.R.L. y Pilar Menudencias S.A. contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Impone las costas a la parte actora y difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (fs. 213 a 216).
Las actoras apelan la sentencia mediante escrito electrónico (13-6-2018 2.24 p.m.). Granja JS S.R.L. expresa agravios (fs. 227 a 229), los cuales son contestados por la accionada (fs. 247 a 251). Menudencias S.A. no suscribió su presentación, por lo cual se declaró desierto el recurso (fs. 245).
La demandada, al contestar el traslado de la presentación efectuada por su contraparte, cuestiona de algún modo que lo expresado constituya en verdad una expresión de agravios al no erigirse en una crítica concreta y razonada del fallo. Entiendo que tales afirmaciones obligan a considerar si ello amerita una declaración de deserción del recurso.
Cabe recordar que expresar agravios es, conceptualmente, ejercitar el control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del juez y al ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que causara (causas n° 33.129, 1-11-2018, RSD 126; n° 109.136, 30-3-2010, RSD 67; D-1462-6, 16-12-2014, RSD 192; SI-12973-2015, 2-7-2018, RSD 82; entre muchas otras).
Bajo la óptica adoptada, el tribunal de alzada no puede examinar consideraciones de tipo genérico que denotan una mera disconformidad subjetiva con la sentencia y que por tanto son insuficientes como fundamento del recurso (doc. arts. 246 y 260 del Código Procesal en lo Civil y Comercial, en lo sucesivo CPCC).
Entiendo que la facultad de declarar desierto un recurso ante la insuficiencia de la expresión de agravios debe ejercerse por la alzada con un criterio restrictivo, ya que lo contrario puede llevar a que, en forma arbitraria, se afecte el derecho de defensa del recurrente.
De la lectura de los argumentos brindados por la actora, advierto que en principio se refieren en forma concreta a la sentencia, a las constancias de autos y a la legislación aplicable para apoyar su reclamo, razón por la cual, estimo debe tenérsele por cumplida la obligación del art. 260 del CPCC.
En razón de lo dicho y de compartirse este criterio, cabe rechazar el pedido de deserción, con costas a la demandada vencida.
A mérito de ello, he de proceder al análisis de los agravios vertidos.
El planteo
La demandante Granja JS S.R.L., sostiene que la sentencia le causa agravio porque la Magistrada resolvió desestimar la acción. Para sustentar su recurso argumenta:
Que lo decidido no responde a la realidad de lo expresado y fundado en la demanda ni con las normas aplicables en materia de derecho de consumo.
Que no desconoce que el contrato fue firmado el 27 de junio de 2013 y que la Comunicación A 5460 citada es de fecha posterior, pero debe considerarse que produjo por un cambio jurídico; es decir, la creación, modificación o extinción de una situación o relación jurídica, que produzca un estado jurídico que antes no existía.
Que dicha comunicación, constituye una norma de carácter declarativo de derechos, que hacen una constatación sobre legalidad o legitimidad en una relación jurídica, y tiene por finalidad poner fin a una situación incierta o controvertida.
Que la Comunicación A 5450 del BCRA como todas las normas publicadas por este organismo que tienen la función de preservar los derechos de los usuarios y consumidores financieros, son en definitiva una “aplicación”, a la actividad concreta, de lo que dispone el art.42 de la Constitución Nacional y la ley 24.240, especialmente en lo referido a las cláusulas y condiciones abusivas (art.8 bis, art.36 y 37 y ccs. de la ley 24.240).
Que se encuentra probado que la cláusula que le fue impuesta siempre fue abusiva, en los términos del artículo 37 de la ley 24.240 y la comunicación señalada no hizo más que poner blanco sobre negro respecto de la cuestión del caso.
Que el análisis de la nulidad planteada debe enmarcarse en el ámbito de la ley de defensa del consumidor, 24.240.
Que la demandada tenía la obligación procesal de poner a disposición los libros y registros donde quedara constancia de los gastos que le irrogó el otorgamiento del crédito y en lugar de acceder a su obligación procesal, visto con la perspectiva de la aplicación del principio de las cargas dinámicas de la prueba, se limitó a ocultar toda información que ayude a probar que el exorbitante monto de comisión hubiese tenido algún fundamento.
Que la Sentenciadora debió juzgar dicha conducta en los términos del artículo 338 y siguiente del CPCC.
Reitera los restantes fundamentos expuestos en el escrito inicial y solicita que se modifique la sentencia, y se haga lugar a la demanda entablada con más los intereses y costas a la vencida.
La accionada, contesta los agravios y explica que la Sentenciadora, para desestimar la demanda, le otorgó preponderancia a la Comunicación A 5380 del BCRA, dado que tal comunicación emanada del Órgano Rector, es la normativa aplicable a la Línea de Créditos para la Inversión Productiva. Destaca que esta línea crediticia (cupo 2013) es la que vinculó a las partes y en el marco de la cual la demandada cuestiona de manera equivocada la comisión cobrada.
Indica que la comunicación, aplicada al caso, estableció la “comisión de acuerdo” y la fijó en un 2%, la cual debía ser percibida en esta operatoria, siendo igual para todas las entidades financieras alcanzadas por la normativa citada. Hace hincapié en que el porcentaje de esta comisión no fue establecido de manera unilateral por su parte, sino que era el único porcentaje posible en virtud de lo establecido por el BCRA, y que no resulta abusiva, en tanto es idéntica para todas las entidades alcanzadas por la norma.
Refiere que, si bien la circular que menciona la apelante no admite aquellas comisiones y/o cargos por servicios financieros no solicitados, o aquellos que habiéndolo sido no se hayan prestado de manera efectiva, la comisión ventilada en autos es una “comisión por acuerdo”, la cual se refiere a la disponibilidad de dinero a favor del cliente, de fondos provenientes de créditos; es decir, obedecía a un servicio efectivo prestado por la Institución.
Dice que no todas las operaciones crediticias bancarias se encuadran en la ley 24.240, como pretende la actora. Cita el fallo de nuestra Suprema Corte, C. 95.758, del 9 de diciembre de 2010, “Volpe José c/ Bapro s/nulidad”. Señala que, aún, cuando pueda considerarse de aplicación la LDC, el cobro de la comisión no fue abusivo, pues no desnaturalizó las obligaciones de las actoras, ni amplió los derechos de su parte.
Explica que, tal cargo ha sido en concepto del servicio de caja prestado por la Institución, conforme a los desembolsos pactados, los que se encontraban supeditados a los avances de obra del emprendimiento inmobiliario iniciado por las actoras. Argumenta, que se equivoca al sostener que el cobro de la comisión no se corresponde con ningún servicio recibido del Banco, pues tuvo la disponibilidad de las sumas que le fueron acordadas en préstamo.
Entiende que, no pueden realizarse objeciones a su conducta ni cuestionarse su buena fe contractual. Pide que se confirme en todos sus términos la sentencia apelada, con costas.
b. El análisis
i. El derecho aplicable
Para determinar el derecho aplicable cabe tener presente los hechos relatados por las partes, el tiempo en que ocurrieron y los términos en que la situación tuvo lugar, como así también la incidencia que en el caso tenga la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) en vigencia a partir del 1-8-2015 (ley 27.077 en el art. 7º, 2º párrafo), en adelante CCCN, establece que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
La Ley de Defensa del Consumidor y el CCCN en su Libro Tercero, Título III, regulan lo que la Constitución Nacional en su artículo 42 denomina relación de consumo. El sistema normativo de protección al consumidor ha incidido de modo transversal en un muy vasto sector del ordenamiento jurídico de carácter patrimonial, alterando los efectos ordinarios que se producían con anterioridad a su entrada en vigencia. Las normas en cuestión afectan la aplicación de otras del derecho civil, comercial y procesal, para comprenderlas e integrarlas de un modo sistemático, lo cual ha de hacerse conforme las pautas que brindan los arts. 1094 (Interpretación y prelación normativa), 1095 (Interpretación del contrato de consumo) del CCCN y 3 de la LDC.
En distintos precedentes la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la finalidad de la LDC consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto inter-normativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional (CSJN., causas C.745.XXXVII., “Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.", 21-3-2006, "Fallos" 329:695; ídem, F.331.XLII; ídem, "Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. - FEMEDICA- c/ DNCI - DISP 1270/03", 18-11-2008, "Fallos" 331:2614, disidencia del doctor Maqueda.”
En el mismo sentido la Suprema Corte provincial en la causa n° 115.486, del 30-9-2014, “Capaccioni, Roberto Luis contra Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina S.A. Infracción a la Ley del Consumidor”, resolvió que “(...) La normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución Nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1° de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: ‘la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario’ (SCBA, LP, C 117.760, S 01/04/2015 “G, A. C. contra "Pasema S.A." y otros. Daños y perjuicios”, JUBA). Y que “(...) una relación de consumo no conforma una relación exclusivamente patrimonial sino que en ella hay una concepción particular de la sociedad y del mercado, cuyo modelo de contrato no es el concebido por el Código Civil ni por el Código de Comercio, sino que en estos la relación se teje entre fuertes y débiles, entre satisfechos y necesitados (...)” (SCBA, LP, C 117.245, S 3-92014, “Crédito para todos S.A. contra Estanga, Pablo Marcelo. Cobro ejecutivo”; JUBA).
Se advierte en todo lo dicho que un vínculo jurídico puede hallarse comprendido bajo el régimen general de responsabilidad derivada de los contratos, o bien bajo las específicas del sistema protectorio del consumidor, por el cual se procura restablecer el equilibrio entre las partes en una relación que, por su naturaleza muestra al consumidor como su parte débil frente a quien se caracteriza por su profesionalidad en la producción, importación y/o comercialización de un bien o servicio, con las ventajas que el conocimiento a su respecto le reporta.
Todos los contratos bancarios, en tanto sean celebrados con consumidores, se rigen bajo las disposiciones relativas a los contratos de consumo. Es decir, cuando el cliente es una persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios (bancarios) como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Pues, la cuestión reposa en la finalidad de la adquisición o utilización del bien o servicio.
Se ha afirmado que en el derecho comparado, para favorecer la determinación de quién es consumidor, en materia bancaria, se establece que "las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios cuandoéstos se relacionan con un objeto extraño a la actividad empresarial, comercial o profesional del cliente, de acuerdo a la finalidad declarada por éste y expuesta en la documentación contractual …” y que bajo esa apreciación estaríaínsita en la directiva que traza la previsión del art. 1379 (CCCN), que exige que en tales contratos se debe "indicar con precisión y en forma destacada si la operación corresponde a la cartera de consumo o a la cartera comercial"; incluso en la publicidad, en la propuesta negocial y en la documentación contractual (Ricardo Lorenzetti, “Código civil comentado”, tomo VII, pág. 250 a 251).
Esa ajenidad parece ser la que ha tenido en miras nuestra Suprema Corte al resolver en la causa C 95.758, caratulada “Volpe, José contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nulidad, repetición y compensación”, en el cual se hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revocó el pronunciamiento atacado en relación a la tasa de interés fijada.
En el fallo apuntado el Superior decidió que “En las operaciones activas, el cliente es destinatario final cuando se trata de créditos para consumo, hipótesis contemplada en el art. 36. No es predicable tal situación, en principio, cuando los préstamos se aplican en orden al desarrollo de alguna actividad productiva o de comercialización excluida del ámbito de la ley 24.240… En la especie, los contratos de mutuo con garantía hipotecaria celebrados … no tuvieron por destino el consumo final del mutuario o su grupo familiar o social. Antes bien, ellos fueron celebrados con destino al “incremento del capital de trabajo”, a la “cancelación del descubierto en su cuenta corriente”, a atender el “descuento de cheques de terceros postdatados –documentos y valores descontados”, la “evolución, ampliación de acuerdo, involucrando deuda en curso” y o bien “refinanciación y reprogramación de vencimientos y/o exigibilidad de deudas…” Y también se tuvo en cuenta que al solicitarse el préstamo se lo hizo para “
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.