Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 141867
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución del 15/05/2025, ordenando el levantamiento de la medida cautelar trabada y la devolución al accionado de los fondos retenidos, lo cual se efectivizará en la instancia de origen una vez devueltas las actuaciones. Costas de Alzada al apelado atento la forma en que se resuelve (art. 68 CPCC).
En la ciudad de La Plata, a los 23 días del mes de Diciembre de 2025, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PREVENCION ART SA C/ STAR MEATS S.A S/ REPETICION SUMAS DE DINERO" (causa: 141867), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro .
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 15/05/2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo :
1.1. El Juzgado en lo Civil y Comercial n° 27, el 15/05/2025 resolvió "(…) para no incurrir en prejuzgamiento, la resolución que las dicte ha de limitarse a verificar los recaudos de su admisibilidad sin penetrar en la concreta ponderación del meollo litigioso, pues esos aspectos deben ser materia de juzgamiento en la oportunidad de emitirse la sentencia de mérito que habrá de dirimir el debate (arg. arts. 17 inc. 7° y 163 incs. 5° y 6° del CPCC; Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales...", 2da. ed. v. II - C, p. 531); esta Sala I, causa n° 233.316, reg. int. 97/99, entre otras).
Bajo estas directrices cabe ponderar que la procedencia de este tipo de medida cautelar -embargo- , demanda la concurrencia de una situación de peligro en la demora, que importa la existencia de un riesgo que podría derivar en la frustración del derecho cuya tutela anticipada se procura. Así se decreta la medida cautelar como medio de evitar y prevenir potenciales daños, que a la postre serían irremediables. En estos excepcionales casos, el otorgamiento de medidas cautelares no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan sólo de su verosimilitud, pues requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquéllo que no excede del marco de lo hipotético.
A ello cabe adunar que, en materia de medidas cautelares, impera en la actualidad un criterio amplio y flexible para su otorgamiento. Es que es preferible un exceso en acordarlas, que la parquedad en desestimarlas, pues con ello se satisface el ideal de brindar seguridades para la hipótesis de triunfo (conf. MORELLO-SOSA- BERIZONCE, "Códigos Procesales...", vol. II-C, pág. 499).
En el caso traído, con la documentación acompañada, especialmente con el acta de audiencia celebrada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debidamente homologada el día 03/02/2023, con la certificación contable efectuada en relación al siniestro 2093572 y a los gastos abonados en favor del empleado Samid Ale, instrumentos acompañados en el archivo adjunto a la presentación inicial, y a la CD acompañada a la presentación del día 06/05/2025 y en formato papel (v. fs.5), que da cuenta de su debida recepción por la empleada de la firma demandada el día 25/09/2023 y la que se encuentra incontestada por ésta, pueden tenerse por debidamente acreditados "prima facie" los supuestos que hacen procedente la cautela requerida (arts. 195, sig. y conc. del CPCC).
En consecuencia, y bajo la exclusiva responsabilidad de Prevención ART, hasta cubrir el importe de la suma de pesos: cuatro millones quinientos noventa y ocho mil setecientos veintitrés con diez centavos ($ 4.598.723,10), con más la suma de pesos: dos millones doscientos noventa y nueve mil pesos ($ 2.299.000) que se presupuestan para responder a intereses y costas, trábese embargo sobre los fondos del demandado Star Meats SA que por cualquier concepto posea en el presente o futuro en el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS, en el INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA y en el BANCO BBVA ARGENTINA S.A., a tal fín ofíciese en la forma de estilo, dejándose constancia que las sumas retenidas deberán ser depositadas en una cuenta a nombre de autos y a la orden de este Juzgado y Secretaría en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales. (…) Sin perjuicio de la eximición de la contracautela, PREVIAMENTE a su efectivización, deberá el peticionante prestar caución juratoria (arts. 199, 200 y su doct. del CPCC). Efectivizados los embargos ordenados, cúmplase con el art. 198 del CPCC."
1.2. Contra dicha forma de decidir se alzó la demandada, quien al presentarse a estos actuados el 17/10/2025 interpuso recurso de apelación, el cual le fuera concedido el 03/11/2025 y funda con la memoria acompañada en la misma fecha.
Como primer agravio expone que la medida dispuesta no fue notificada en tiempo y forma conforme lo ordena expresamente el art. 198 del CPCCPBA; que tal omisión, atribuible a la parte actora, ha generado un grave perjuicio operativo en la empresa: se inmovilizaron fondos esenciales para la operatoria comercial (pago de proveedores y salarios), impidiendo ejercer el derecho de defensa en tiempo oportuno.
Como segundo agravio aduce que la procedencia de la acción de repetición requiere acreditar irregularidades registrales y omisiones en la registración, cuestión que está precisamente controvertida y en discusión; que la cautelar se apoya en una supuesta irregularidad no probada, lo que importa un prejuzgamiento inadmisible y un adelantamiento de la sentencia definitiva; que lo que su parte esgrime, es que se está ante la ausencia de verosimilitud en el derecho alegado por la actora, ya que están frente a un supuesto en el que será necesaria una investigación de los hechos y del derecho mediante una cognición más profundas que las simples alegaciones.
Como tercer agravio refiere la inexistencia de peligro en la demora; que su representada, la sociedad STAR MEATS S.A., no se encuentra en rebeldía en el proceso, posee domicilio constituido, actividad económica activa y patrimonio suficiente; que incluso surge del informe comercial “Infoexperto” acompañado por la propia actora que su representada es titular de rodados y bienes registrables, lo que acredita solvencia patrimonial; que en tales condiciones, no se configura riesgo concreto de insolvencia ni ocultamiento de activos que justifique el embargo más gravoso.
Como cuarto agravio, manifiesta que hay exceso y desproporción de la medida; que el embargo se ordenó por un monto que excede en más del 50% el capital reclamado e incluyó múltiples entidades bancarias, generando un bloqueo desmedido de fondos; que ello viola el principio de razonabilidad y proporcionalidad que rige en materia cautelar.
El 13/11/2025 la demandada peticionó que de manera urgente se provea lo solicitado por su parte en la contestación de demanda, ordenando dejar sin efecto la medida ordenada de embargo en las entidades bancarias BBVA y ICBC, a los fines de evitar generar un mayor perjuicio de su presentada, y garantizar el proceso sin vulnerar la operatividad económica de la compañía, en tanto que, al día de la fecha dicha circunstancia perjudica el giro ordinario y habitual de la compañía.
El 14/11/2025 la jueza señaló que con el resultado de la apelación interpuesta respecto del proveído del día 15/05/2025 -que admite las cautelares respectivas-, se meritará la presentación formulada.
El 26/11/2025 la actora contestó el traslado conferido. Afirmó que el apelante alega de manera genérica que el embargo le generó un “gravamen irreparable” por las supuestas dificultades operativas que de él se desprendieron, pero no acompaña un solo elemento probatorio que acredite un perjuicio concreto, cierto, máxime cuando ella misma ha afirmado que se trata de una empresa activa, a la que se le realizó un solo descuento que cubrió el total del embargo; que la accionada pretende la nulidad de la medida por no haberse notificado, sin embargo, el art. 198 CPCCBA, no contempla dicha sanción, por lo que la eventual omisión no puede afectar la validez del embargo; que el fin cautelar es asegurar el resultado práctico del proceso en caso de condena de la demandada, quien hasta ese entonces puede ejercer plenamente su derecho de defensa, como viene ocurriendo en el caso, donde por ej. tomó conocimiento de la medida e interpuso el presente recurso; que no existe irregularidad invalidante que haya vulnerado su derecho de defensa en juicio; que en lo que respecta a los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares puntualmente en lo relativo a la verosimilitud en el derecho, en el caso ha sido respaldada por su mandante con toda la documental acompañada en demanda, que se brindó además, una contracautela; que al referirse al peligro en la demora, la accionada es donde más se contradice, ya que sostiene que tiene patrimonio suficiente y actividad económica activa, cuando previamente alegó que el embargo era desproporcionado y le habría generado dificultades para el pago de proveedores y salarios; que la contraria sostiene que el monto embargado es excesivo y dicho argumento carece de sustento, por cuanto se corresponde exactamente con el capital reclamado, y la ponderación del Juzgado para intereses presuntos y costas, como lo exige el art. 212 CPCCBA.
2.1. Que en la especie la actora promovió demanda por repetición de pago contra Star Meats S.A., persiguiendo el cobro de la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON DIEZ CENTAVOS ($4.598.723,10), con más intereses hasta su efectivo pago y costas. En el escrito postulatorio, expuso que su representada es una aseguradora de riesgos de trabajo constituida y autorizada legalmente a los fines de otorgar las prestaciones previstas y establecidas por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y modificatorias; que como tal, en fecha 17/10/2019 celebró con la demandada el contrato de afiliación Nº 4885290 de acuerdo al cual se obligó a otorgar aquellas prestaciones en favor de sus empleados durante el plazo de vigencia contractual. Expuso que su representada recibió el día 31/01/2020, a las 12.00 hs, una denuncia realizada de forma telefónica por una empleada administrativa de la firma demandada, donde informaba que el dependiente, Sr. SAMIR WALTER ALFREDO ALE, CUIL: 20-39484768-3, el día 31/01/2020 a las 07:30 hs., había sufrido un accidente en calle 19 mientras se dirigía en moto desde su domicilio y hasta el lugar de trabajo de propiedad de la firma demandada, sito en calle 19 y 60 de la ciudad de La Plata, en virtud del cual se cae y se golpea la zona vertebral y el hombro. Como consecuencia de la denuncia, su representada procedió a la apertura del siniestro identificado bajo el Nº 2093572 y en tiempo y forma, procuró otorgar las prestaciones en especie, médicas y dinerarias que prescribe la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y modificatorias, las cuales ascendieron a la suma total de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON DIEZ CENTAVOS ($4.598.723,10). Finalmente, declaró que, aún cumplidas sus obligaciones, su representada pudo constatar que el Sr. ALÉ, al momento del acaecimiento del accidente denunciado, no se encontraba registrado regularmente como dependiente de la demandada, pues ésta había incurrido en las omisiones que prevé y sanciona el art. 28 inc. 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, puesto que a la fecha del siniestro la demandada no había solicitado la Clave del Alta Temprana que expide la AFIP para obtener su registración de conformidad a lo establecido en el art. 3 de la Resolución General 2988/2010; o lo que es peor, la habría solicitado el día 31/01/2020 a las 13:26 hs., horas después de producido el accidente (ver demanda de fecha 30/12/2024).
2.2. Ahora bien, Dado que la satisfacción instantánea de cualquier pretensión o petición extra-contenciosa resulta materialmente irrealizable, el legislador ha debido contemplar la posibilidad que, durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperantes los efectos de la resolución definitiva, lo que ocurriría en otros casos, si desapareciesen los bienes o disminuyese la responsabilidad patrimonial del presunto deudor, se operase una alteración del estado de hecho existente al tiempo de interponerse la demanda o la solicitud, (conf. Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil, tº VIII, nº 1217, p.13 y 14 ). De ahí la consagración de las denominadas medidas cautelares, que no constituyen un fin en sí mismas, sino que son un "anticipo de la garantía jurisdiccional", que se otorgan sobre la base de la mera verosimilitud del derecho que se pretende garantizar, el peligro en la demora y la contracautela, sirviendo a un proceso principal y siendo su existencia provisoria, al depender del litigio del cual derivan (arts. 195, 199, 202 y conc. del CPCC; CSN, doct. sent. del 24/7/91, L.L. suplemento del 30/1/92, fallo 90078).
Destaco que como principio general en la materia convocante, que ante la demanda por repetición de sumas de dinero (ver punto IV del escrito postulatorio), como la que aquí nos ocupa, además del incumplimiento, imputable a título de culpa o dolo, es necesario que se pruebe el mismo, así como también la relación de causalidad entre ello y aquél obrar disconforme de la convención. De ahí, que si bien la acción no está desligada en absoluto del contrato, posee otros ingredientes que a tenor de las respectivas cargas probatorias deben ser justificados por el demandante. Por lo tanto, no puede mediar ninguna dispensa del peligro en la demora ni la verosimilitud del derecho, representada esta última por las sumas cubiertas en su relación causal, todo lo cual desmerece por ahora la pretensión requerida (esta Sala, doct. causas B-78.504, rsi 629/94 y 103.024, rsi 192/2004). Es que sobre la base del criterio que se deja expuesto y teniendo en consideración los elementos objetivos de juicio incorporados a la causa en esta inicial etapa , no queda acreditada en cabeza del actor la apariencia de buen derecho, ello analizado aun desde la perspectiva más flexible propuesta por la jueza a quo, dado que si bien no se requiere concluyente prueba de la verosimilitud del derecho que se invoca, resulta absolutamente indispensable acreditar su incipiencia (conf. .art.195 CPCC, Morello - Passi Lanza - Berizonce, Códigos Procesales, lª edic., v.III, p.60/61); cuestión que entra en jaque al contemplar la existencia de hechos controvertidos conforme surge de la contestación de demanda realizada el 17/10/2025 por la accionada (ver punto II Negativas generales y particulares).
Que en lo referente al peligro en la demora cabe señalar que este requisito se traduce en el estado de peligro en que se encuentra el derecho principal el cual debe ser objetivo, no un simple temor o aprensión del solicitante, sino derivado de hechos que pueden ser apreciados -en sus consecuencias- aún por terceros, debiéndose justificar la existencia del mismo aportando algún elemento que demuestre siquiera en apariencia la inminencia del daño invocado (esta Sala, doc. causa B-81.973, reg. sent. 215/96), situación que en las descriptas circunstancias no se verifica debidamente acreditado, al menos con una entidad tal que permita atenuar sensiblemente las consecuencias negativas derivadas de la falta de debida acreditación del primero de los recaudos analizados (arts. 34 inc. 4, 160, 163, 164, 195, 197, 198, 209, 228, 242, 246, 260, 261 y 384 del CPCC). De manera que no alcanzan las manifestaciones realizadas por la actora en torno a "la sola duración del proceso; la prolongación en el tiempo crea siempre un riesgo a la Justicia. De tal forma, de no actuar el órgano jurisdiccional en forma inmediata, se corre el serio riesgo de que una sentencia que acoja la pretensión de mi parte dictada en un futuro no muy lejano, torne abstractos los derechos del suscripto y ello sólo puede evitarse mediante el dictado de la medida cautelar que se solicita. Deberá tenerse en cuenta que esta parte desconoce la solvencia de la Accionada, la cual ha mostrado siempre una conducta evasiva del pago de sus obligaciones".
Del relato expuesto y consideraciones vertidas se aprecia la inviabilidad de la cautelar solicitada, por no encontrarse "prima facie" acreditados los presupuestos genéricos que hacen a toda medida cautelar.
2.3. Encontrando suficientes y conducentes las razones expuestas para dirimir el planteo revisor, se torna innecesario extenderse en otras consideraciones sin real gravitación en la materia decisoria desde que la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta sala, causa 127904, RS271/25).
Consecuentemente, voto por la NEGATIVA .
A la misma primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo : que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA .
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Lopez Muro dijo :
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar la resolución del 15/05/2025, ordenando el levantamiento de la medida cautelar trabada y la devolución al accionado de los fondos retenidos, lo cual se efectivizará en la instancia de origen una vez devueltas las actuaciones.
Postulo que las costas de Alzada sean a cargo del apelado atento la forma en que se resuelve (art. 68 CPCC).
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo : que por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor López Muro.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se revoca la resolución del 15/05/2025, ordenando el levantamiento de la medida cautelar trabada y la devolución al accionado de los fondos retenidos, lo cual se efectivizará en la instancia de origen una vez devueltas las actuaciones. Costas de Alzada al apelado atento la forma en que se resuelve (art. 68 CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia