Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78888
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa y se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
B.78.888 “MATERIA HNOS. S.A.C.I.F. C/ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA S/ REPETICION SUMAS DE DINERO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La firma Materia Hnos. SACIF promueve juicio de repetición con el objeto de recuperar la totalidad de las sumas indebidamente abonadas en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene en los autos caratulados “Municipalidad de Avellaneda c/ Materia Hnos, SACIF c/ Apremio” (expte. N° 154.276), que tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.
Al respecto, explica que en el marco de la causa “Materia Hnos. SACIF c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Pretensión anulatoria”, que se ventiló ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se declaró la inexistencia de la obligación tributaria exigida, por lo que solicita el reintegro de los montos que debió afrontar, con más intereses y costas.
II. La pretensión se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda–Lanús, cuyo magistrado por entonces a cargo, luego de imprimir al proceso las reglas del juicio sumario, corrió traslado de la demanda (v. proveído de fecha 6-II-2020).
A su turno, el municipio dedujo como excepciones de previo y especial pronunciamiento la prescripción de la acción y la falta de personería de la demandante; y, en subsidio, refutó el planteo articulado (v. presentación electrónica de fecha 12-X-2021).
En lo que aquí concierne, una vez sustanciadas las defensas previas opuestas, su titular ordenó librar oficio a su par en lo contencioso administrativo para que informe si había adquirido firmeza el pronunciamiento recaído en el pleito que tramitaba ante sus estrados y que fuera invocado por la actora en su escrito inaugural en sustento de su postura (v. proveído de fecha 18-III-2022).
Practicada la mentada diligencia, y habiéndose comunicado que en aquellos obrados se había dictado sentencia definitiva el 18 de diciembre de 2017 -la cual adquirió la calidad de cosa juzgada 27 de febrero del 2018 (v. oficio electrónico de fecha 27-IV-2022)-, la actual jueza titular del órgano estimó que en el sub lite –en verdad- se estaba “frente a un proceso de ejecución de sentencia y no frente a un juicio ordinario posterior al ejecutivo previsto por el art. 551 del CPCC”, por lo que carecía de facultades para continuar conociendo en el pleito (v. resol. de 11-IV-2023).
De este modo, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Sin embargo, su magistrada se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada por considerar que la controversia invocada en la demanda en la cual había intervenido el fuero especializado en derecho público “-contrariamente a lo que se sostiene- no requieren una etapa de ejecución, toda vez que el objeto procesal de la misma quedó perfectamente satisfecho con las declaraciones anulatorias”. Por esta razón, concluyó que se trataba –en la especie- de un litigio autónomo y no accesorio a otro principal (v. resol. de 23-V-2023).
En virtud de esto, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Es preciso recordar que esta Corte se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio. En tal sentido, ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", resol. de 14-IV-2017; B. 74.806, "Lewin", resol. de 6-IX-2017; B. 75.544, "Valderrey", resol. de 19-XII-2018; B. 75.702, "Pahl", resol. de 7-III-2019; B. 75.964, "Perez", resol. de 18-IX-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.520, “Fernández”, resol. de 23-XI-2020; B. 76.547, “Municipalidad de Monte Hermoso”, resol. de 30-III-2021; B. 77.105, “Tellería”, resol. de 15-VII-2021 y B. 78.665, “Perez Orbanich”, resol. de 10-IV-2023, e.o.).
IV. Como quedó relatado, en esta litis el juzgado de origen tuvo por presentada la pretensión interpuesta por la firma Materia Hnos. SACIF, corrió traslado de la demanda incoada, sustanció las excepciones de previo y especial pronunciamiento deducidas por la comuna –dentro de las cuales, claro está, no figuraba la de incompetencia del órgano- y requirió un informe a su par del fuero en lo contencioso administrativo. Así, fue recién en ocasión de expedirse respecto de las defensas oportunamente esgrimidas que la magistrada resolvió desprenderse de manera oficiosa de la causa.
Pues bien, a la luz de las referidas constancias, cabe concluir que lo actuado por la jueza que previno luce incompatible con los aludidos principios procesales y normas adjetivas específicas y que, en consecuencia, la declaración de fecha 11 de abril de 2023 fue indebida.
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús quien continúe conociendo en la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa y se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:09:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:29:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:52:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 17:11:30 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2023 17:25:00 hs. bajo el número RR-735-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia