Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126185
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 292 y 296, CPCC). Con costas.
C. 126.185 "PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR P. A. C. C/ BANCO COLUMBIA S. A. S/ REPETICIÓN DE SUMAS DE DINERO"
I. Conforme surge de las copias acompañadas, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de un reclamo colectivo de repetición de sumas de dinero promovido por la Asociación Protegiendo al Consumidor (PAC) contra Banco Columbia S.A., confirmó la decisión del juzgado de origen que, a su turno, rechazara de forma liminar la acción (v. resol. de 18-X-2022).
En dicho pronunciamiento el Tribunal de Alzada reseñó que los términos de las acciones colectivas han sido elaborados originariamente por la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Halabi" (Fallos: 332:111), y dado que la legislación sobre el tema es meramente referencial (v.gr. art. 54, ley 24.240; art. 26, ley 13.133; arts. 34 a 37, ley provincial del ambiente 11.723; o algo más específica en arts. 4, 7 y 8 de la ley de amparo local 13.928 según ley 14.192), el Máximo Tribunal es el órgano que delineó el régimen aplicable a este tipo de procesos a través de sus pronunciamientos, precisando -en lo que aquí interesa- los requisitos que debe reunir la demanda colectiva para lograr la apertura de la instancia. Y tras un análisis de esos precedentes destacó que en todos sus fallos la Corte nacional corrobora lo expuesto en el considerando 13 del citado precedente "Halabi", en donde precisó que la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Tales aspectos se verifican al tiempo de la certificación de la clase, de manera que sólo puede hablarse de que un proceso colectivo ha cobrado vida como tal a partir de que el tribunal, luego de ponderar si presentan las condiciones necesarias que den andamiaje a la propuesta, así lo decida (v. resol. de 18-X-2022).
Destacó que, en el caso, con la hipótesis de la actora se conoce la existencia de un individuo en la situación invocada, pero no si el grupo de afectación existe en los términos denunciados, resaltando que la accionante no dotó a su demanda con prueba suficiente, ni ocurrió por diligencias preliminares. Y enfatizó que el lineamiento aplicable no es el de abrir una acción colectiva para ver si hay pluralidad de afectados como denuncia la actora, sino cuando se ve claramente que existe ese grupo cuyas demandas son agregables. Se trata de corroborar esa característica esencial que debe presentar una acción colectiva para traccionar el aparato judicial, que es la existencia de un componente común, la causa del menoscabo, la perturbación conjunta del grupo (v. resol. cit.).
Frente a dicho pronunciamiento, la asociación dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de 2-XI-2022), el que fue denegado con sustento en que los planteos en que se lo fundaba resultaban ajenos a la vía intentada (v. resol. de 10-XI-2022). Ello motivó una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 22-XI-2022 y sus archivos adjuntos).
Posteriormente, el apoderado de la recurrente presentó un escrito mediante el cual desistió del recurso de hecho incoado (v. escrito electrónico de 11-IX-2023). Tras advertirse que el peticionante no se encontraba expresamente facultado para desistir, se intimó al letrado a que acreditara la personería suficiente o, en su caso, subsanara dicha omisión respecto de la parte representada, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado (v. poder acompañado como archivo adjunto al escrito electrónico de 22-XI-2022 y proveído de 13-IX-2023), lo que fue notificado al domicilio electrónico del profesional (v. constancia e historial de notificación del trámite "PROVEIDO" de 13-IX-2023; conf. doctr. art. 133, CPCC y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-). Vencido el plazo conferido sin que se cumpliera con el emplazamiento ordenado, se pasa a analizar la queja traída a consideración.
II. Ingresando al estudio del recurso de hecho, y sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse en el presente, corresponde señalar que la vía anulativa intentada resulta inadmisible y en consecuencia ha sido bien denegada (art. 296, CPCC).
Según ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, el carril impugnativo de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Constitución de la Prov. de Bs. As.; doctr. causas C. 121.446, "Rodríguez", resol. de 6-IX-2017; C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020; C. 124.114, "Muscariello", resol. de 25-XI-2020 y C. 124.846, "Protegiendo al Consumidor P.A.C.", resol. de 29-XII-2022).
Así, de la lectura del escrito se observa que, no obstante mencionar la recurrente la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, en la vía articulada no se han expuesto ni desarrollado agravios apoyados en el contenido normativo de tales preceptos. Ello por cuanto, a pesar de invocarse una supuesta preterición de cuestiones esenciales y la ausencia de fundamentación legal, los argumentos esgrimidos se dirigen -en rigor- a exponer su disconformidad con el acierto jurídico del fallo. De tal forma, se plantean presuntos errores de juzgamiento en relación a los recaudos necesarios para promover una acción colectiva, alegando la falta de aplicación de doctrina legal y cuestionando los criterios de interpretación seguidos por el Tribunal de Alzada, los que, según expresa la impugnante, resultan contrarios a las pautas previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación y a lo resuelto en los precedentes "López" (SCBA, causa C. 91.576, sent. de 26-III-2014) y "Halabi" (CSJN, Fallos: 332:111). Tales agravios no son propios del recurso bajo estudio sino del de inaplicabilidad de ley (doctr. causas C. 118.370, "Wecera", resol. de 9-IV-2014; C. 123.189, "Romero", resol. de 4-III-2020; C. 124.899, "Celta", resol. de 23-IX-2021; C. 125.248, "Zavala", resol. de 30-XI-2022 y C. 125.862, "Minervino", resol. de 29-XII-2022).
Finalmente, deviene pertinente recordar que también se ha sostenido reiteradamente que resultan ajenas al ámbito de esta vía impugnativa las alegaciones referidas a la eventual vulneración de las garantías convencionales y constitucionales -como las de debido proceso, defensa en juicio, propiedad, legalidad, razonabilidad y protección al consumidor- que se mencionan, así como la invocación de arbitrariedad en la decisión cuestionada (conf. doctr. causas C. 119.607, "Flores Chalco", resol. de 1-IV-2015; C. 123.630, "Malin", resol. de 4-III-2020; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020; C. 125.855, "Carrizo", resol. de 19-XII-2022 y C. 125.985, "Avalo", resol. de 5-IV-2023).
En tales condiciones, la vía extraordinaria de nulidad deducida resulta inadmisible y se impone, en consecuencia, el rechazo de la queja intentada (arts. 292 y 296, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 292 y 296, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/12/2023 09:12:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:24:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:51:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 16:34:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2024 13:33:32 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/02/2024 10:58:23 hs. bajo el número RR-25-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia