Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial ( Sala Ii) de Mar del Plata · Causa 158843
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Por mayoría, hacer lugar parcialmente al recuso de apelación interpuesto por el ejecutante a fs. 31/36 y revocar la sentencia de fs.19/30 con los alcances indicados, sin costas habida cuenta la falta de controversia (arts. 68 a contr., 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
REGISTRO N° 169-S FOLIO N° 830/3 EXPEDIENTE N° 158843 JUZGADO N° 14
En la ciudad de Mar del Plata, a los 14días del mes de Junio de 2015, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "REPLY S.A. C/ JARA, MARCO J. S/ COBRO EJECUTIVO", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau, Ricardo D. Monterisi y Ramiro Rosales Cuello. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 19/30?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
I. En el pronunciamiento cuestionado el Sr. Juez a quo rechazó la ejecución e impuso las costas en el orden causado. Para así decidir, entendió que en autos subyace una relación de consumo y no se encuentran reunidos los requisitos del art. 36 de la ley 24.240.
II. A fs. 31/35 apeló el ejecutante. En el mismo escrito se agravió del rechazo in limine de la acción alegando que el juzgador, a través de una interpretación exageradamente amplia basada en presunciones forzadas y parciales, vacía la norma aplicable a los títulos de crédito (dec. 5.965/63) y atenta contra derechos y garantías constitucionales. Afirmó la inexistencia de una relación comercial tanto como de elementos para presumir una relación de consumo en los términos de la ley 24.240, habida cuenta que el pagaré traído a ejecución contiene la leyenda "valor recibido en concepto de servicios profesiones". Pidió la revocación de la resolución en crisis y que se ordene dar curso a esta acción conforme la legislación cambiaria.
III. Adelanto que, si mi voto es compartido, el recurso no prospera.
1. En primer lugar, porque la ley aplicable al caso ya fue objeto de decisión en el proveído de fs. 11/12 mediante el cual el Magistrado a cargo del Juzgado n°25 de la La Plata se declaró incompetente para intervenir en autos en virtud del domicilio real del consumidor. Observo que el juzgador, en aquella oportunidad, recordó que el art. 36 de la ley 24.240 fija la competencia de los tribunales correspondientes al domicilio real del consumidor en todos aquellos casos derivados de operaciones financieras para consumo y en las de crédito para este fin. Allí, expresó: "Asimismo, teniendo en cuenta que la actora es una persona jurídica en los términos de la ley 19.950, con profesionalidad en cuanto a la provisión de créditos y/o prestación de servicios profesionales (ver pagaré base de la acción de fs. 2), desenvolvimiento que demuestra de modo incontrastable la constancia de su inscripción ante la AFIP (ver fs. 10 extraída de la página web www.afip.gov.ar) de donde surge que el número asignado como actividad principal de la misma es el 649999-F 883- (...) Por tanto, la accionante resulta encuadrable en la noción de proveedor (art. 2 de LDC). A su turno, el demandado -persona física se ubicaría en el rol de destinatario del servicio y, por ende "consumidor", ello en conjunción con el indicio que proporciona el monto del documento ejecutado ($15.500) y su denunciada condición laboral como empleado estatal del Servicio Penitenciario, sumándose a ello, la certeza que otorga la multiplicidad de procesos del tipo de en esta jurisdicción"
Al observar lo manifestado en el memorial en tratamiento, concluyo que las justificaciones que se intentan introducir debieron ser expuestas en aquella oportunidad, a la par que -lógicamente- no debió el ejecutante consentir aquella decisión de manera expresa, tal como lo hizo a través del escrito glosado a fs. 13.
Couture decía que "el principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados (...)" ("Fundamentos de Derecho Procesal Civil", Ed. Depalma, 1997, p. 1).
Y en ese sentido esta Sala ha resuelto que "si una providencia no es más que una consecuencia directa de otra anterior que se encuentra firme, el recurso de apelación deviene improcedente puesto que la dictada en segundo término no incorpora puntos de agravios que no sean los ya consentidos en la decisión anterior (...)" (en causas nº 96.735 RSI 176 del 19/2/1996; 105.081 RSI 1516 del 23/12/1997; 103.360 RSI 968 del 19/10/1999, entre otras).
De allí que sea ahora improcedente abrir esta instancia para reeditar cuál es la norma aplicable al caso, pues ello ha sido resuelto en un paso procesal anterior que se encuentra firme y consentido.
2. En segundo lugar, porque la decisión apelada se encuentra ajustada a derecho en virtud de la inexistencia de elemento alguno demostrativo del destino del dinero prestado a fin de integrar el título ejecutivo, máxime cuando la carga de aportar elementos de prueba que permitan establecer o descartar una relación de consumo corresponde a la ejecutante y, que en caso de duda, la interpretación resulta favorable al consumidor (arts3 y 53 de la LDC), todo lo que me permite confirmar la calificación del sub examine como relación de consumo regida por la Ley de Defensa del Consumidor (arts. 42 de la C.N.; 38 de la Const. Prov.; 1, 2, 3, 36 de la ley ley 24.240 y 384 del C.P.C; CNCOM en pleno "Autoconvocatoria a Plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que invoquen involucrados derechos de consumidores”, del 29-6-2011, elDial.com, AA6CB4)
De modo que, tal como lo he sostenido en la causa caratulada "Carlos Giudice S.A. c/ Marezi s/ Cobro Ejecutivo" (exp. n° 146.930, RSI 333 del 4-12-2012), ello hace inaplicable la normativa cambiaria en todo lo que es incompatible con la ley 24.240, en virtud de quedar la relación enmarcada en una regulación tuitiva específica y de orden público (art. 21 Cód. Civil).
Así las cosas y visto que el título que en copia certificada obra a fs. 3 no cumple con los recaudos del art. 36 de la 24.240, la vía procesal ejecutiva elegida para su cobro fue correctamente desestimada in limine por el juez.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Adhiero a la opinión del distinguido colega de Sala Dr. Loustaunau en lo que respecta a los argumentos expuestos en el punto III.1., mas discrepo con el desarrollo que efectúa en el punto 2.
La cuestión a decidir de autos es similar a la planteada en la causa "Carlos Giudice c. Marezi" que menciona el colega preopinante, en la cual sostuve una posición contraria a la que él propone.
Allí señalé que la inhabilidad de un título sustentada en la nulidad prevista por el atrt. 36 de la Ley 24.240 depende de una petición en tal sentido por el afectado y no corresponde declarar oficiosamente. a) En aquella oportununidad expliqué que si bien estoy de acuerdo con la línea pretoriana que sostiene que debe declararse de oficio la incompetencia del juez que no sea el que corresponda entender de acuerdo al domicilio del consumidor, como una forma de protección hacia él, advierto que el estado actual de la jurisprudencia -tanto comarcal como nacional- no ha llegado tan lejos como para, también de modo oficioso, rechazar la pretensión ejecutiva por no reunir el título de crédito que le sirve de base, los requisitos enumerados por el artículo 36 del estatuto consumerista. Esta norma reconoce en cabeza del consumidor el derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más de sus cláusulas en el caso de que el documento no contenga alguno de los datos que enumera. Esos requisitos refieren al bien o servicio adquirido, el precio, tasa de interés, costo financiero total, cantidad y monto de las cuotas –en su caso-, etcétera y la finalidad de ese conocimiento –lógicamente- tiende a facilitar el control por parte del consumidor y evitar el abuso por parte del proveedor.
En tal orden de ideas la doctrina especializada ha señalado que la obligación legal consagrada en el citado artículo 36 se limita a garantizar la transparencia en la composición de la deuda y constituye un deber calificado de información complementario del que garantiza el artículo 4 del mismo dispositivo legal (conf. Müller, Enrique C. y Saux, Edgardo I., “Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada”, Picasso y Vazquez Ferreira (directores), La Ley, Buenos Aires, 2009, T. I, pág. 414). Resulta claro del texto de la ley que ante el incumplimiento de esa obligación el consumidor puede plantear la nulidad del contrato de crédito o de alguna de sus cláusulas.
En el cuerpo del reformado artículo 36 de la ley 24.240, anticipando lo establecido en el canon siguiente, se otorga al consumidor la facultad de demandar la nulidad total o las cláusulas del contrato que omitiera alguno de los requisitos enunciados. De conformidad con la interpretación pro consumidor que corresponde efectuar de esta norma, los autores citados entienden que será el consumidor quien resolverá si demanda la nulidad parcial o total (conf. ob. cit., pág. 425 y ss.). De ello concluyo que es meramente facultativo –y no obligatorio- para el consumidor peticionar la nulidad del contrato. No me parece razonable, entonces, declarar oficiosamente que el instrumento en virtud del cual se ejecuta no cumple con los requisitos que exige la ley, cuando ni si quiera se ha dado la oportunidad al principal interesado –el ejecutado- a plantear excepciones denunciando la violación de algún derecho de los que tutela la normativa en cuestión.
Tal modo de proceder importaría algo así como obligar al consumidor a someterse al régimen de protección que le brinda la ley, cuando –quizá- él advierta que no le ha sido afectado ni menoscabado ningún derecho de esa naturaleza.
Estimo que debe ser el ejecutado el que denuncie que se le ha afectado algún derecho y el que, por tal motivo, pretenda la nulidad total o parcial del contrato.
Por otro lado, el pagaré reúne todos los requisitos que exige el decreto ley 5965/63, es decir, resulta hábil para perseguir el cobro ejecutivo del crédito.
Postura esta que acompaña reciente doctrina (conf. Drucaroff Aguiar, Alejandro, "Ejecución de pagarés por entidades financieras", LL, diario del 23/2/15, pág. 9).
b) Entiéndase bien, estoy de acuerdo con que la normativa que protege al consumidor goza de supremacía con relación a otras leyes - en este caso la que regula el derecho cambiario-, pero estimo que esa graduación normativa corresponderá efectuarla sólo en los casos en que el demandado invoque -al menos- que es víctima de un abuso amparado por la ley 24.240 o, si éste se encuentra ausente en el proceso, surja de modo palmario que existe ese abuso.
La cuestión es muy espinosa y dista de tener soluciones genéricas y categóricas, lo que obliga inevitablemente a analizar cada caso en particular y en tal tarea no observo ninguno de esos dos supuestos: el abuso señalado por el a quo no ha sido denunciado por el ejecutado - advierto que aún no ha sido citado siquiera- ni surge de forma manifiesta de los elementos aportados.
Así lo voto.
A la misma cuestión el Sr. Dr. Ramiro Rosales Cuello adhirió al voto del Dr. Ricardo D. Monterisi.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Por mayoría, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 31/36 y revocar la sentencia de fs. 19/30 con los alcances indicados, sin costas habida cuenta la falta de controversia (arts. 68 a contr., 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
Así lo voto.
Los Sres. Jueces Ricardo D. Monterisi y Ramiro Rosales Cuello votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I.- Por mayoría, hacer lugar parcialmente al recuso de apelación interpuesto por el ejecutante a fs. 31/36 y revocar la sentencia de fs.19/30 con los alcances indicados, sin costas habida cuenta la falta de controversia (arts. 68 a contr., 242, 245 y cctes. del C.P.C.). Regístrese. Notifíquese (art. 135 del C.P.C.). Devuélvase.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU RAMIRO ROSALES CUELLO
Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia