Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 37936-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
3658/2018 REPRODUCTORES COBB SA (TF 37936-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de de 2019.- ID Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. A fs. 220/vta. la actora interpuso recurso de apelación —fundado a fs. 221/233 y contestado a fs. 248/253 vta.— contra el pronunciamiento de fs. 212/216 vta., en virtud del cual el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a la excepción articulada por la demandada y declaró su incompetencia para entender en el recurso interpuesto contra el acto emitido el 24 de julio de 2013 por la AFIP - DGI intimando el ingreso del impuesto a las ganancias correspondiente a los ejercicios 2000 a 2005, con más sus intereses, por considerar que la decisión administrativa no encuadraba en ninguno de los supuestos enumerados en el art. 159 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), como habilitantes de su competencia.
II. Se agravió por entender que la admisión de la excepción se sustenta pura y exclusivamente en un ritualismo formal que desconoce el alcance y la naturaleza del acto recurrido.
Insistió en que el Tribunal Fiscal resulta competente para entender en el recurso interpuesto. Sostuvo que la intimación de pago bajo el “ropaje” de un acto recaudatorio del art. 14 de la ley 11.683 es en realidad un acto de determinación de oficio, dado que procedió a estimar retroactivamente el impuesto a las ganancias y desconoció el carácter exenta de su actividad. Ello es así, dijo, toda vez que se encuentra amparada en el régimen previsto en el art. 2º de la ley 22.021, en el art. 36 de la ley 24.674 y demás disposiciones complementarias.
Alta en sistema: 04/09/2019 Manifestó que lo que corresponde es analizar la naturaleza del acto apelado, independientemente de si se siguió o no el procedimiento reglado en el art. 17 de la ley 11.683. En tal sentido, remarcó que el organismo fiscal cuestionó la causa jurídica de la exención en el impuesto y, por lo tanto, determinó materia imponible, por cuanto la intimación no tiene su origen en un saldo declarado y no pagado, sino que constituye la diferencia entre el impuesto exento de tributar según la ley de promoción industrial y el importe sujeto a beneficio según el criterio fiscal.
En definitiva, señaló que el acto recurrido se comporta como una verdadera revisión administrativa del contenido material de la obligación tributaria. Citó jurisprudencia en apoyo de sus dichos.
III. Asimismo, a fs. 236/vta. apeló los honorarios regulados a fs. 234 a favor de los representantes fiscales, por considerarlos “altos”.
IV. El recurso no puede prosperar.
Ciertamente, de la lectura del acto impugnado se advierte que no se trata de ninguno de los supuestos habilitantes de la competencia del Tribunal Fiscal, la cual se encuentra expresamente reglada en los arts. 144, 159 y 165, no pudiendo ser extendida por vía de interpretación, sino a través de disposiciones legales.
En efecto, no se determinó materia imponible ni se ajustó quebranto, no se aplicó una sanción, no se persiguió repetir un gravamen ingresado sin causa y, finalmente, no se trató de un recurso de amparo por la mora incurrida por los empleados de la administración en realizar un trámite.
Por lo tanto, aun cuando la nota recurrida exhiba elementos que son compartidos con un acto Alta en sistema: 04/09/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3658/2018 REPRODUCTORES COBB SA (TF 37936-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO determinativo, tales como la identificación del contribuyente, una intimación de pago e, incluso, la firma de un juez administrativo, ello no permite asimilarlo a aquellos que el legislador previó como habilitantes de la jurisdicción del tribunal a quo.
No debe soslayarse que no toda controversia entre la administración fiscal y los particulares es materia que permita un pronunciamiento válido por parte del tribunal, sino tan sólo los descriptos en las normas enunciadas.
Se advierte aquí que la recurrente confeccionó las declaraciones juradas y, en consecuencia, liquidó la obligación tributaria correspondiente al impuesto a las ganancias computando un impuesto liberado —bono de crédito fiscal— por un monto superior al acreditado en su “cuenta corriente computarizada”, de conformidad con el régimen de las leyes 22.021 y 24.674, y sus normas complementarias —decreto nº 135/2006 y resolución general 2209/2007—, resultando título suficiente a los efectos de la intimación administrativa los datos que surgen de los sistemas del organismo recaudador.
En definitiva, lo que observó el organismo recaudador fue un improcedente cómputo del beneficio fiscal otorgado por las normas de promoción y, con sustento en ello, se limitó a intimar la diferencia entre las sumas declaradas por el responsable hasta la concurrencia de los débitos de los bonos fiscales autorizados en la “cuenta corriente computarizada” correspondientes a cada ejercicio.
Por ende, no se revocó la exención y, en consecuencia, tampoco se estimó materia imponible ni se liquidó la obligación tributaria en cabeza de la contribuyente.
Alta en sistema: 04/09/2019 Por el contrario, la pretendida invalidez de las normas reglamentarias, por entender que constituyen una restricción ilegitima de la exención del impuesto a las ganancias a través de bonos de crédito fiscal, fueron cuestionadas en oportunidad de impugnar judicialmente la resolución nº 52/2010 —antecedente del acto recurrido—, que tramitó ante la justicia federal de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Tan es así, que la actora opuso como de previo y especial pronunciamiento la excepción de litispendencia, en los términos del art. 171, inc. d), de la ley 11.683, por considerar que existe identidad de sujeto, de objeto y de causa, habida cuenta de que el incremento de la carga tributaria tiene sustento en el costo fiscal teórico estimado por determinar el monto de los bonos de crédito fiscal (punto VII. de sus recurso de fs. 9/40 vta.). Cabe concluir, pues, que el acto apelado no constituye una determinación tributaria, sino la intimación de sumas previamente exteriorizadas y no canceladas, cuestión que resulta ajena a la incumbencia del Tribunal Fiscal.
Ahora bien, ello no implica un estado de indefensión por parte de los contribuyentes, toda vez que para aquellos casos en que la ley o su decreto reglamentario no prevean un recurso específico, los contribuyentes podrán apelar ante el Director General, en los términos del art. 74 del decreto nº 1397/79, cuya decisión revestirá el carácter de definitiva pudiendo impugnarse sólo por la vía prevista en el art. 23 de la ley 19.549, procurándose así la revisión de los actos del organismo recaudador tanto en sede administrativa como judicial.
En mérito de lo expuesto, y con arreglo a las consideraciones vertidas por el señor fiscal general en el dictamen de fs. 273/274 vta., que este tribunal comparte, corresponde desestimar el recurso interpuesto y confirmar el pronunciamiento de Alta en sistema: 04/09/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3658/2018 REPRODUCTORES COBB SA (TF 37936-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO fs. 212/216 vta. en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
ASÍ SE DECIDE.
V. En lo atinente al recurso de apelación de fs. 236/vta. contra la resolución de fs. 234, en función de la naturaleza del proceso, el monto parcialmente desistido, el pronunciamiento de fs. 212/216 vta., ponderando el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a luz del resultado obtenido, corresponde CONFIRMAR los honorarios establecidos en las sumas de PESOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($78.734) a favor del Dr. Martín Alsina, PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO ($393.671) a favor del Dr. Oscar Yulán y PESOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($78.734) a favor de la Dra. María Sofía Presti, con relación a la declaración de incompetencia, y en las sumas de PESOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS ($93.132) a favor del Dr. Martín Alsina, PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($465.658) a favor del Dr. Oscar Yulán y PESOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS ($93.132) a favor de la Dra. María Sofía Presti, con relación al desistimiento formulado en los términos de la ley 27.260, por su actuación ejerciendo la representación procesal y dirección legal del Fisco Nacional —DGI— en la instancia anterior anterior (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás c.c. del Arancel de Abogados y Procuradores y la resolución general 3920).
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, SE FIJA, conjuntamente, en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO Alta en sistema: 04/09/2019 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS ($165.342) los emolumentos a favor de los profesionales intervinientes ejerciendo la representación procesal y dirección legal del Fisco Nacional, por su actuación ante esta Alzada (art. 14 y demás c.c. del Arancel citado)
ASÍ TAMBIÉN SE DECIDE.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor fiscal general en su público despacho, y devuélvase al tribunal de origen para que, por intermedio de quien corresponde, remita las actuaciones a la AFIP – DGI.
Alta en sistema: 04/09/2019
Fin de la sentencia