Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124070
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278, CPCC y 57, dec. ley cit.); con costas.
C. 124.070 "HERRERO ADRIAN C/ ORTIZ GABRIELA VERONICA S/ RESCISION DE CONTRATOS CIVILES/ COMERCIALES"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Necochea en el marco del presente proceso sobre rescisión de contrato y desalojo promovido por Adrián Herrero contra Gabriela Verónica Ortiz, en el que ésta a su vez, reconvino por revisión contractual y escrituración, resolvió que, a fin de determinar la base regulatoria aplicable a la acción y a la reconvención, teniendo en consideración lo dispuesto por el art. 46 y su remisión al art. 27 inc. "a" del decreto ley 8.904/77, el real valor del bien en litigio es el precio determinado por la sentencia, por lo que a fin de estimar los honorarios deberá estarse a la liquidación aprobada a fs. 246 por la suma de ochenta y un mil ciento once pesos con noventa centavos ($ 81.111,90). Sobre tal punto de partida, procedió a cuantificar los estipendios de los profesionales intervinientes y, en lo que aquí resulta pertinente resaltar, determinó por la pretensión rechazada los de la doctora Bahlcke en la suma de $ 14.600 y los del doctor Fuentes Benítez en la de $ 10.220 (v. fs. 283 y vta., resol. de fecha 30-VI-2017).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero departamental revocó lo así decidido. En ese sentido -tras aclarar que se cuestionó únicamente la base regulatoria correspondiente a la demanda rechazada, con costas al actor vencido, no así la referida a la reconvención que quedó firme-, decidió que, habiéndose demandado la resolución contractual por la compraventa de un inmueble y reconvenido por revisión a los fines del cumplimiento de lo debido y por escrituración, debía aplicarse al caso la norma contenida en el art. 46 de la ley arancelaria, determinando su alcance, teniendo en cuenta la cuestión debatida en autos y tal como quedó a partir de la reconvención reajustado el saldo pendiente. Concluyó así que debía computarse el importe efectivamente abonado por la accionada de U$S 19.343, 50 (cuya conversión en pesos al tipo de cambio del Banco Nación al último día hábil anterior a la fecha de tal decisión arroja la suma de $ 1.218.640,50), a lo que debe adicionarse el ajuste de las cuotas abonadas con posterioridad a las leyes de emergencia y el saldo de las cuotas restantes -importe que quedó determinado con la liquidación aprobada por $ 81.111,90-, en tanto de este modo quedó compuesto el monto del contrato. Así, sumando tales parciales, resolvió que la base regulatoria total asciende a un millón doscientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y dos pesos con cuarenta centavos ($ 1.299.752,40). A continuación, en lo que aquí interesa destacar, fijó los honorarios de los profesionales intervinientes por la demanda que fuera desestimada conforme a las pautas establecidas en el decreto ley 8.904 y así determinó los correspondientes al doctor Fuentes Benítez en la cantidad de 95,43 jus y los de la doctora Bahlcke en la de 122,70 jus (v. fs. 332/347, fallo de fecha 6-II-2020).
Frente a ello, el legitimado activo -actuando por apoderado- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 4-III-2020), el que fue concedido (v. fs. 535, resol. de 10-III-2020).
II. Al respecto, es pertinente señalar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que, en principio, contra las decisiones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación, no son admisibles los remedios extraordinarios (conf. doctr. causas C. 120.643, "Steffen", resol. de 22-VI-2016; C. 121.778, "Villar", resol. de 13-IX-2017; C. 122.524, "Labernia", resol. de 11-VII-2018; C. 122.862, "Dominguez", resol. de 13-III-2019; C. 123.728, "D'eramo", resol. de 11-V-2020; C. 123.990, "Arrosi", resol. de 29-VI-2020).
Así, en el sub lite , donde se controvierten las pautas establecidas por la Cámara a fin de determinar la base sobre la que se regularon los estipendios profesionales por la demanda rechazada, meritando para ello el a quo el contenido de las pretensiones articuladas en autos así como las decisiones adoptadas al respecto -ello a fin de determinar el alcance de la aplicación al caso del art. 46 de la ley arancelaria-, no se logra demostrar con los agravios esgrimidos en la impugnación que concurra alguno de los restringidos supuestos en que, por vía de excepción, se ha admitido el apartamiento de ese criterio (conf. doctr. causas C. 120.274, "Durini", resol. de 2-XII-2015; C. 120.703, "Otamendi", resol. de 15-XI-2016; C. 123.550, "Gimenez", resol. de 6-XI-2019; C. 121.778 y C. 123.990, cits.).
Asimismo, deviene pertinente agregar a lo expuesto que el valor del agravio resultante de la diferencia entre la regulación efectuada por el Tribunal de Alzada por la demanda rechazada en función de la base que estableció y la resultante de tener en cuenta la base pretendida (v. regulaciones de fechas 6-II-2020 y 30-VI-2017), tampoco alcanza el mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -según ley 14.141 y Acordada 3.953/2019- (conf. doctr. causas C. 117.983, "Club Independiente", resol. de 4-III-2015; C. 120.777, "Valsecchi", resol. de 19-X-2016; C. 121.778, cit.; C. 123.689, "Altamira Gainza", resol. de 19-II-2020).
Finalmente, cabe observar que si bien se denuncia la vulneración de garantías constitucionales, invocando la afectación del derecho de propiedad y del principio de legalidad (v. pág. 4 del escrito electrónico de fecha 4-III-2020), lo cierto es que -en el marco referenciado y atento al contenido de la impugnación- no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar - prima facie - la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; conf. doctr. causas C. 120.879, "Eco de Las Aves S.A.", resol. de 21-IX-2016; C. 121.529, "Loto", resol. de 14-VI-2017; C. 122.926, "Kopiler", resol. de 26-XII-2018; C. 123.260, "Carenzo", resol. de 12-VI-2019 y C. 123.768, "Pronar S.A. Minera Ind. Y Com.", resol. de 23-X-2020).
En consecuencia, la vía impugnativa incoada resulta inadmisible (arts. 57, dec. ley 8.904 aplicada en autos y 278, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278, CPCC y 57, dec. ley cit.); con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1, acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/10/2021 17:11:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2021 13:48:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/10/2021 10:23:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 14:52:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 09:52:51 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/11/2021 14:21:40 hs. bajo el número RR-737-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia