Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98104
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada. Costas de esta instancia al recurrente en su calidad de vencido (arts. 18 Const. Nac. y 15 Const. Prov.; 68, 330, 354, 375, 384, 392, 457, 481, 482, CPCC; arg. art. 1033, Cód. Civil –ley 340-).
En la ciudad de Dolores, a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.104, caratulada: "ORTEGA HINOJOSA, S. C/ NAPOLI, FABIANA ALEJANDRA S/ RESOLUCIÓN CONTRATOS CIVIL/COM.", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie; Mauricio Janka y Silvana Regina Canale.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda cuestión ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Antecedentes de la causa.
Contra la sentencia dictada a fs. 233/235, interpone recurso de apelación la parte actora a través de su letrado apoderado el día 13/08/2019; concedido a fs. 237, se sustenta con la expresión de agravios de fecha 01/10/2019, la que no recibiera réplica de parte de la accionada.
Saturnino Ortega Hinojosa promueve el presente proceso persiguiendo la resolución de la operación de compraventa –más daños y perjuicios y multa-, concertada mediante boleto de compraventa –v, copia de fs. 34/35 y original obrante en sobre cerrado- con la demandada Fabiana Alejandra Nápoli por la cual enajenó el 10 de febrero de 2013 la unidad funcional n° 5 del inmueble sito en calle 81 n° 564 entre 5 y 6 de Mar del Tuyu, Partido de la Costa, designado catastralmente como Circ. IV; Sec. UU; Mza. 354; Parc. 25, Subp. n° 5, Matrícula 52.012.
Reconoce que a la firma del instrumento se abonó la suma de U$S 21.930, debiendo abonarse el saldo de precio –U$S 11.070- el día 28/03/2013 –v, cl. 2ª-, circunstancia que hasta el momento de la interposición de la demanda no había acontecido, encontrándose debidamente intimada –v, CD. fs. 13- la compradora.
Por carta documento de fecha 23 de julio de 2015 –v, fs. 15-, rechaza las objeciones que se realizaran por igual medio en fecha 06/06/2014 –fs. 12- y comunica la resolución del contrato de conformidad a lo establecido por el art. 1204 del Código Civil –ley 340-.
La demandada no se presentó en autos, designándosele Defensor Oficial –fs. 122-, quien contestó la demanda -fs. 169/172 y vta.- negando tanto los hechos alegados en la acción instaurada, como las firmas que contiene el instrumento privado –boleto de compraventa- sobre la que se sustenta la pretensión, solicitando su rechazo.
El sentenciante de grado admite esta última petición, rechazando la demandada, argumentando que ante la negativa de la firma de la accionada en el boleto de compraventa por parte del Sr. Defensor Oficial, resultaba obligación del accionante producir la prueba pericial caligráfica tendiente a acreditar la autenticidad de las grafías, y que oportunamente ordenada (v, fs. 180/182), fue desistida según surge del certificado de prueba de fs. 229 de mayo del corriente año.
En su razón, no habiéndose acreditado la autenticidad del boleto de compra venta en que se funda la acción por resolución del contrato que allí se instrumentaría y los eventuales daños sufridos, arriba a la conclusión señalada (conf. arts. 375-385-388-391 y concs. del CPCC).
II. Los agravios.
En primer lugar el actor se queja por no hacerse lugar a la demanda, siendo que la Sra. Jueza a quo ha fallado en contra del demandante, disponiendo la pérdida de la prueba pericial caligráfica teniéndola por desistida.
Señala que del análisis detallado de las actuaciones se observa y acredita que su parte no desistió de la prueba pericial señalada por cuanto surge que la actora la produjo; ello en tanto la citó –atento lo solicitado por la perito calígrafa- a la demandada a concurrir el día 25/09/2018 a las 10.00 hs. a la Asesoría Pericial, sita en calle Olmos y Belgrano de la ciudad de Dolores, a efectos de realizar el cuerpo de escritura, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art 392 del CPCC, y la demandada no concurrió.
Que con ello se demuestra que el apercibimiento debió hacerse efectivo ante la falta de presentación de la contraria a quien en forma previa se intentó notificar en su domicilio real a pesar de que ya poseía Defensor Oficial con domicilio físico y electrónico constituido, habiéndosele notificado tal proveído conforme se ordenara en el mismo.
Agrega que la falta de tratamiento y aplicación del apercibimiento contenido en el art. 392 del Código de rito, es una omisión de la sentenciante quien resultaba obligada a expedirse, lo que viabiliza a hacer lugar a la demanda; que con lo decidido se ha violado el principio de congruencia.
En segundo lugar señala que de las constancias de autos y de las pruebas colegidas por las partes, emerge que el esposo de la accionada remite al actor una carta documento por la cual reconoce la instrumentación de la venta sobre el inmueble cuyo contrato se pretende resolver, y es casualmente el propio Defensor de la accionada quien ofrece la prueba sobre el Sr. Walter Birón, y que se culmina probando que se condice con parte de la prueba ofrecida por la actora al Registro de las Personas organismo que demuestra que el nombrado es cónyuge de la demandada.
Por ende a su entender, huelgan elementos que denotan sin más la existencia del liso y llano reconocimiento de la compraventa por la demandada en la contestación de la demanda, quien suscribiera el boleto de compraventa y el reconocimiento del Sr. Walter Birón como esposo de aquella y quien cursara la carta documento -instrumento público- que versa sobre la operación de compraventa del inmueble de autos, la forma de pago y el saldo deudor –v, CD fs. 12-.
Concluye su líbelo sosteniendo que atento los extremos acreditados en el juicio que se condicen entre lo expresados en la demanda y los reconocimientos de la contestación de demanda, debe revocarse la sentencia dictada por la a quo y hacerse lugar a la demanda en todos sus términos con expresa imposición de costas a la demandada.
III. Su tratamiento.
En principio he de señalar que no atenderé todos los argumentos recursivos de la apelante sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (Conf. CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica”, del 13/11/1986; ídem in re: “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas”, del 12/2/1987; bis ídem, in re: “Pons, María y otro” del 06/10/1987; ter ídem, in re: “Stancato, Carmelo”, del 15/09/1989; y Fallos: 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).
Puesta en tal tarea, si bien advierto que la razón le asiste a la recurrente en cuanto al error en que se ha incurrido en la instancia de grado al declarar desistida la prueba pericial caligráfica –v, certificado de prueba de fs. 229-, lo cierto es que la apelante ha consentido tal desistimiento. Ello en tanto nada ha objetado en la oportunidad procesal correspondiente; ni ha solicitado su modificación o revocatoria. Más aún, tampoco hubo de intentar el replanteo de prueba ante esta Alzada, en los términos del art. 255 del CPCC.
En ese camino, si bien el error señalado debió ser advertido por el propio juzgado actuante y proceder a su corrección a fin de evitar la afectación del derecho de la parte y las posibles nulidades que pudieran dictarse en su consecuencia, lo cierto es que la propia accionante ha consentido el llamado de autos para sentenciar de fs. 232, y sabido es que tal conducta implica que los justiciables tienen conocimiento de las actuaciones realizadas en la litis hasta esa ocasión, de forma tal que entre los efectos procesales que la relacionada actitud trasunta, puede mencionarse la circunstancia de considerarse purgado todo vicio de procedimiento existente con antelación, operándose los efectos de la preclusión (SCBA, L 86165 S 14-2-2007; art. 170 del CPCC).
Uno de los efectos singulares del llamamiento de autos lo constituye el saneamiento de todos los vicios de actividad anteriores, una vez consentida aquella providencia que hace así de compuerta tras la cual todos aquellos defectos pierden virtualidad saneatoria o convalidación general que reposa en dos de los principios básicos que campean en esa materia: el carácter relativo de las nulidades procesales y la necesidad de que éstas sean argüidas indefectiblemente en la misma instancia en que se hubieren producido (Morello Sosa Berizonce “Códs. Procs...” ed. Platense Buenos Aires, 1992, t. V-B, pag. 558).
Queda concluida así la instancia de la causa y cerrada la discusión; la firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica la validez de los mismos, no obstante los vicios que pudieran presentar, si no se formuló en oportunidad la correspondiente impugnación.
Así, cuestionándose con el presente intento apelatorio actos procesales cumplidos anteriores al llamado de autos para sentencia, considero que la argumentación que lo sustenta no puede ser atendida por extemporánea (arg. arts. 481 y 482 del CPCC).
De acogerse la queja que incoa el recurrente a su respecto, se arrasaría con principios procesales de raigambre constitucional como lo es el de preclusión, que constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad jurídica (art. 18 Const. Nac.).
Si bien lo señalado resulta suficiente a fin de desestimar el agravio, a mayor abundamiento he de señalar que tampoco le asiste la razón a la quejosa en cuanto a la aplicación del apercibimiento dispuesto por el art. 392 del CPCC, conforme fuera establecido al momento de ordenarse la citación de la demandada a realizar la prueba caligráfica a fs. 129.
Ello así en tanto tal apercibimiento corresponde hacerlo efectivo cuando la parte citada ha sido debidamente notificada y ha tomado conocimiento de las consecuencias que su incomparecencia le acarrea, tal como efectivamente se sostiene en la cita que la propia recurrente reproduce en su líbelo.
En ese camino advierto que la cédula obrante a fs. 154, por la cual se le pretendía notificar a la demandada la citación para realizar el cuerpo de escritura, fue devuelta por el Oficial Notificador -sin llevarse a cabo la diligencia- “a sus efectos en consulta” –v, informe de fs. 155-.
Y tal devolución ha sido correctamente realizada de conformidad al trámite que correspondía imprimirle a la diligencia en virtud de lo establecido por el art. 185 de la Ac. 3397/08 de la SCBA.
La citada norma edicta que «cuando se ordene notificar en un domicilio con carácter de “denunciado”, el Oficial Notificador llevará a cabo la diligencia sólo cuando sea informado que la persona a notificar vive en el lugar».
En su razón, se aprecia –en razón de lo informado por el Oficial Notificador- que la referida cédula no cumplió con su cometido en atención a su resultado negativo –v, proveído de fs. 157-.
Ante lo así actuado, mal podía hacerse efectivo el apercibimiento establecido en el referido art. 392 del CPCC, tal como lo pretende la recurrente.
En virtud de lo hasta aquí dicho la queja no resulta de recibo.
En cuanto a la restante –segundo agravio-, si bien se advierte que se reiteran los argumentos expuestos en el primero y ya han sido materia de tratamiento precedentemente –vgr. apercibimiento del art. 392 del CPCC-, lo cierto es que tampoco resulta admisible.
Ello en tanto más allá de la validez o no de la carta documento –y su contenido- obrante a fs. 12, lo cierto es que la misma ha sido confeccionada por una persona ajena al proceso, la cual no ha intervenido en la relación contractual habida entre las partes como así tampoco lo ha hecho en representación de su cónyuge Fabiana Nápoli, más allá del reconocimiento que ha realizado el Defensor Oficial designado al contestar la acción –v, fs. 170-.
No obstante lo señalado, ante la negativa de la firma inserta en el boleto de compraventa como la autenticidad de las que contiene la CD que se dice que fue enviada por Nápoli o por Birón –v, fs. 169 vta.-, correspondía a la accionante acreditar su autenticidad en virtud del principio general de la carga de la prueba.
En ese camino, sabido es que a la accionante como principio siempre va a tener la carga (imperativo del propio interés) de acreditar los presupuestos de hecho de la norma que invoca y cuya aplicación reclama, es decir que por su parte debe probar los hechos constitutivos de su pretensión, correspondiendo al demandado la prueba de los impeditivos.
En autos, como fuera dicho, ha sido negada la firma del instrumento privado sobre el que sustenta su pretensión la accionante y pesaba sobre ella la carga de acreditar la autenticidad de tal grafía, resultando la prueba pericial caligráfica la idónea a tal fin, prueba que tal como surge de la causa, no ha sido producida por ausencia de debida notificación a la demandada; comunicación que se encontraba a cargo de Ortega Hinojosa, aquí el recurrente (arts. 375, 384, CPCC; arg. art. 1033, Cód. Civil –ley 340-).
Corolario de ello resulta que el recurso de apelación interpuesto debe desestimarse y confirmarse por los argumentos dados la sentencia apelada en cuanto desestima la demanda entablada.
IV. Costas.
Las costas de esta instancia deben imponerse al apelante vencido (art. 68, CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
LOS SEÑORES JUECES DOCTORES JANKA Y CANALE ADHIEREN AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
En razón de lo expuesto, dejo propuesto al Acuerdo del Tribunal rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada en cuanto rechaza la demanda instaurada, con costas de esta instancia al recurrente vencido (arts. 68, 330, 354, 375, 384, 392, 457, 481, 482, CPCC; arg. art. 1033, Cód. Civil –ley 340-).
ASI LO VOTO.
LOS SEÑORES JUECES DOCTORES JANKA Y CANALE ADHIEREN AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada. Costas de esta instancia al recurrente en su calidad de vencido (arts. 18 Const. Nac. y 15 Const. Prov.; 68, 330, 354, 375, 384, 392, 457, 481, 482, CPCC; arg. art. 1033, Cód. Civil –ley 340-).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2019 10:32:38 - JANKA Mauricio ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 26/12/2019 11:26:53 - CANALE Silvana Regina ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 26/12/2019 11:41:42 - DABADIE María Rosa ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 26/12/2019 11:55:51 - Gaston Cesar Fernandez ([email protected]) - SECRETARIOS (Lega
Fin de la sentencia