Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 169931
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe resuelve I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia receptando favorablemente la pretensión de restitución del inmueble en los términos y con los alcances descriptos en el considerando «III.a.», desestimando los restantes agravios; II. Imponer las costas de segunda instancia en un 60% a la parte actora y en un 40% a la demandada, en atención al resultado obtenido en cada uno de los agravios (art. 68 y 71 del CPCCBA); III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV .
REGISTRADA BAJO EL N º Fo.
Expte. N º 169931 Juzgado Civil y Comercial N °05
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “ MOREIRA OYARBIDE, ENRIQUE VÍCTOR C/ SOPRANO, JUAN JOSÉ Y OT S/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 24 de abril de 2020?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. a. La sentencia dictada el 24 de abril de 2020 dictada por el Juez del Cuerpo de Magistrados Suplentes a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°5 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (escrito electrónico N°29381162 del 06/05/2020).
En lo que aquí interesa destacar, el juez hizo lugar a la demanda promovida por Enrique Víctor Moreira Oyarbide contra Juan José Soprano y Karina Elizabeth Ochoa declarando la resolución del contrato de compraventa celebrado el 14 de diciembre de 2010 respecto de la vivienda ubicada en García Lorca N°5552 de esta ciudad, debiendo la actora restituir a los compradores la cantidad de U$D4.500 en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia bajo apercibimiento de aplicar intereses.
A su vez, rechazó la pretensión de daños y perjuicios y condenó a los accionados a abonar a los actores en concepto de cláusula penal punitiva la suma de U$D1.350 con más intereses desde la fecha de resolución (10/07/2012).
Finalmente, impuso las costas a la demandada vencida « con la salvedad prevista en el apartado segundo del art. 77 del CPCC en lo que respecta al planteo actoral desestimado (daños y perjuicios)» y rechazó la demanda reconvencional por mejoras.
I.b. Para así decidirlo, y luego de explicar que el caso debe encuadrarse a la luz de la hoy derogada legislación vigente (Ley 340), señaló que las partes fueron contestes en la existencia de una relación contractual nacida en un boleto de compraventa celebrado el día 14 de diciembre de 2010 respecto de la vivienda ubicada en García Lorca 5552. Allí se pactó la venta del inmueble por un total de U$D15.000 pagaderos en sesenta cuotas mensuales e iguales de 250 dólares.
También coincidieron en que en esa misma fecha se pagó la primera cuota y se entregó la posesión del bien. Fue reconocido, además, el envío y recepción de las cartas documento glosadas a fs. 21 y 23. La controversia —señaló el magistrado— radica en que la actora pretende obtener la declaración judicial de resolución contractual con más los daños y perjuicios ocasionados, cláusula penal e intereses, en tanto que los demandados quieren el rechazo de la acción y la compensación por las mejoras efectuadas.
Con relación a la resolución, el juez destacó la existencia de un pacto comisorio expreso en la cláusula séptima del contrato en el que se acordó que de mediar la falta de pago de dos cuotas consecutivas o tres alternadas, la vendedora podrá dar por resuelto el negocio pactándose la mora automática y conviniéndose una cláusula penal del 30% de lo abonado al momento de la resolución.
Consideró acreditada la alegada falta de pago sobre la base de dos extremos: el silencio adoptado por la demandada en instancias extrajudiciales (misiva de fs. 21 y 23) y la falta de prueba del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los demandados.
Explicó que la consecuencia natural de la resolución ha de ser la devolución mutua de las prestaciones, sin necesidad de que medie pretensión reconvencional. Sobre la devolución del bien a la actora, y a la luz de la diligencia de fs. 122, consideró abstracta la cuestión. En cambio, consideró que la actora debe devolver los U$D4.500 recibidos en virtud del negocio resuelto y fijó la fecha de la resolución el 11 de julio de 2012.
Desestimó la pretensión de daños y perjuicios por haber sido vagamente explicitada en la demanda, sin determinar el monto ni consignar rubros, a la vez que —dijo— nada vinculado a ello fue probado en el expediente.
Con relación a la cláusula penal, admitió la pretensión y tarifó en U$D1.350 el 30% del total abonado por los accionados (U$D4.500), todo ello con más intereses a tasa pasiva en moneda extranjera según plazo fijo digital tradicional en dólares del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Por último, rechazó la reconvención de los accionados por falta de prueba.
II. La actora expresó sus agravios mediante la presentación electrónica n°31656270 del 28 de julio de 2020. Sus puntos de crítica pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(a) Considera equivocado afirmar que ha caído en abstracto el pronunciamiento en torno a la devolución del bien a la actora. Dice que a su parte le fue otorgada una tenencia provisoria y cautelar del inmueble y no fue puesta en posesión de la cosa ni tiene a su respecto la libre disponibilidad.
(b) Denuncia que existe una violación al principio de congruencia en tanto la devolución del dinero pagado por los demandados no fue objeto de una pretensión por lo interesados.
(c) Objeta el rechazo de la pretensión de daños y perjuicios. Afirma que no se haya pactado la pérdida del dinero o la compensación por el uso y habitación no implica que no exista daño por el solo uso y habitación gratuita del bien. Enfatiza que los accionados vivieron gratuitamente durante 5 años. Afirma que el actor es una persona insana, absolutamente desvalida y que durante ese tiempo no vio frutos de su propiedad, y al serle reintegrada debe pagar impuestos, deudas de quienes la usaron y abusaron de su confianza. Reitera que la resolución contractual «conlleva en sí mismo el reclamo del daño (...). Daños que existen (si bien retroactivamente) a partir de la sentencia que declara el acto resuelto». Pide se habilite la vía de ejecución de sentencia para fijar los rubros y montos.
Adelanto un resultado parcialmente favorable a las pretensiones recursivas de la accionante.
III.a. El primer agravio es fundado.
Como correctamente señala la recurrente, la medida dictada el 13 de octubre de 2017 (fs.102/3) implicó el recupero de la tenencia provisoria del inmueble. Nunca recobró la posesión durante el trámite de este proceso y así lo dejó en claro el juez en el proveído del 23/08/2018 (fs. 140) donde hizo saber al Sr. Moreira Oyarbide (curador de la actora) que el diligenciamiento de la medida no supuso una toma de posesión sino una entrega provisoria del bien en los términos fijados en la cautelar original (en la que, reitero, habla de tenencia y no de posesión).
La resolución del contrato conlleva su ineficacia retroactiva ( ex tunc ): es consecuencia natural y necesaria de dicho efecto que las cosas vuelvan al mismo estado que se encontraban antes de su celebración (art. 1053 del CC -Ley 340- aplicable al supuesto del art. 1204 del CC de conformidad con la doctrina legal fijada por la Casación en Ac. 27.952, del 7/4/81 y Ac. 41.838, del 3/4/90).
Conforme se desprende de la cláusula quinta del instrumento de fs. 11/12, el día de la suscripción del boleto de compraventa la vendedora entregó la posesión de la vivienda a favor de los compradores. La sentencia que acoge la demanda resolutoria y declara resuelto al contrato debe necesariamente comprender la transformación de aquella tenencia (reitero, obtenida en el marco del proceso en forma cautelar y provisoria) en un recupero definitivo de la posesión de la heredad.
Se sigue de lo anterior que, contrariamente a lo resuelto en primera instancia, la pretensión de la actora no ha caído en abstracto en tanto subsistía —y subsiste aún— un interés legítimo y actual en recuperar la misma relación de poder con la cosa que supo tener antes de la celebración del malogrado negocio (art. 1052 del CC).
Por tal motivo, corresponde hacer lugar a la pretensión de la accionante de recuperar la posesión del inmueble (art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA). Con el alcance reseñado, propondré la acuerdo admitir el agravio y modificar la sentencia de primera instancia (arts. 1052, 1204 y cctes. del CC -Ley 340-).
III.b. No le asiste razón a la recurrente cuando señala que el juez incurrió en una violación al principio de congruencia (art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
Zannoni explica que las obligaciones restitutorias recíprocas emergentes de la resolución de los contratos por incumplimiento devienen de la falta de causa objetiva para que las partes retengan las prestaciones cumplidas. Se trata de lo que Betti calificaba como una ausencia de causa retinendi y que se traduce, en lo sucesivo, en la falta un título para retener válido . Operada la resolución, las prestaciones cumplidas pasan a ser pagos sin causa (Zannoni, Eduardo A. Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Buenos Aires: Astrea, 2007, pág. 455; en idticoén sentido, Mosset Iturraspe Jorge, Piedecasas Miguel A., en “ Código Civil Comentado ”, Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2006, “ Contratos. Parte general ”, pág. 446; causa n° 165.565 -" Vargas ..."- del 26/02/2019, voto del Dr. Loustaunau)
Tal ha sido la solución que adoptó el nuevo Código Civil y Comercial en los artículos 1080 y 1081 inc. 1° donde se regula expresamente el deber de las partes de restituirse recíproca y simultáneamente lo recibido en razón del contrato resuelto; solución análoga a la prevista para la nulidad de los actos jurídicos (art. 390).
El deber de restitución de las prestaciones es el efecto natural y necesario de toda pretensión resolutoria en tanto constituye el único modo en el que las cosas verdaderamente vuelven al estado anterior a la celebración del frustrado contrato. Éste último resultado solo se logra si la restitución opera en clave recíproca: no puede pretender la actora que se declare ineficaz un contrato y que los efectos retroactivos de esa decisión operen en un sentido [ recuperando su inmueble ] y no en el opuesto [ devolviendo el dinero recibido en virtud del contrato cuya ineficacia ella misma ha peticionado ].
Nada de ello genera problemas en términos de congruencia. El carácter necesariamente bilateral que tiene la restitución lleva a que la devolución del pago recibido por quien pretende la resolución no se evalúe como un eventual reclamo de la co-contratante demandada sino como un efecto inescindible del éxito de la demanda de la actora y a su expresa voluntad de que sea declarado resuelto el negocio.
Es por ello que esta Sala adscribe a aquella línea jurisprudencial, ciertamente mayoritaria, conforme la cual se considera que la restitución recíproca de las prestaciones en supuestos de nulidad (art. 1052 del CC) o resolución (art. 1204 del CC) debe operar aun cuando no exista un pedido expreso por vía reconvencional (v. mi voto en causa 149430 -“ Iacovelli ”- del 22/03/2019; Cám.Civ.Com. de Morón, c. 49.801, plenario “ Dujmovic, Juan A .” del 3/8/2004; Cám.Civ.Com. de Lomas de Zamora, Sala III, c. 1868 -" Celiz, Bernardo "- del 01/03/2011; Cám.Civ.Com. de Quilmes, Sala I, c. 12516 -" Chamet, Jorge "- del 14/12/2010, entre otros).
Por todo lo dicho, el agravio vinculado a la violación al principio de congruencia debe ser desestimado (arts. 34.4, 163.6 y 253 del CPCCBA).
III.c. Igual suerte correrá la queja que versa sobre el rechazo de la pretensión de daños y perjuicios.
La decisión adoptada por el colega de primera instancia debe ser confirmada por dos razones. En primer lugar, la cláusula penal pactada en la disposición séptima del boleto (fs. 12) ha sido prevista para el supuesto de incumplimiento definitivo de las prestaciones a cargo del deudor. Allí se acordó que la falta de pago de dos cuotas consecutivas o tres alternadas permite a la vendedora a dar por resuelto el contrato, percibir el 30% de lo abonado hasta ese momento y exigir la desocupación de la propiedad. En otras palabras, se trata de una cláusula penal de evidente carácter compensatorio.
A la luz del entonces vigente art. 655 del Código Civil (Ley 340) y también de conformidad con lo que establece el nuevo art. 793 del Código Civil y Comercial, la cláusula penal compensatoria funciona como una tarifación anticipada de los perjuicios que el incumplimiento definitivo puede acarrear al acreedor (" entra en lugar de la indemnización de perjuicios ", decía el Código de Vélez; " suple la indemnización de los daños " dice el nuevo Código). De ello se sigue que no puede la contratante, sin un acuerdo expreso que la autorice, exigir otras indemnizaciones o argüir que la pena le ha resultado insuficiente para reparar los daños que dice haber sufrido a consecuencia del incumplimiento.
En segundo lugar, y dejando de lado la imposibilidad técnica de acumular una pretensión resarcitoria al cobro de una cláusula penal compensatoria, es correcta la crítica que el juez efectúa sobre las deficiencias en el modo en que el reclamo fue propuesto y la consecuente inadmisibilidad que arrastra esa parcela de la demanda.
A la luz de lo normado en el artículo 330 incisos 3 y 4 del Código de Procedimientos, quien incoa una demanda tiene la carga de formular todas las pretensiones que conforman el objeto procesal (la «cosa demandada» en los términos utilizados por la norma) y debe procurar describir con suma claridad todos los hechos en los que ese reclamo se funda. Tales cargas resultan fundamentales a la hora de garantizar la bilateralidad y el contradictorio, permitiendo el más amplio ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada (art. 18 de la CN).
No abastece tales exigencias aquella demanda en la que se reclaman los “ daños y perjuicios que pudieren corresponder ” (-sic-, véanse fs. 47/vta y puntos 1 y 6 del petitorio), sin explicar siquiera mínima o superficialmente a qué daños se refiere, qué perjuicios pretende sean resarcidos, cuál son esos rubros que “pudieren corresponder” y qué indemnización exige a su contraparte para su reparación, aun cuando el monto sea descripto de forma provisoria o estimada (art. 330 in fine del CPCCBA).
El agravio de la recurrente no solo no logra derrotar los argumentos que contiene el fallo en la que se apuntan los ya referidos déficits de postulación del escrito inicial, sino que además pretende, tardíamente, introducir en instancia recursiva una serie de alegaciones con las cuales intenta describir cuál sería el contenido de su reclamo indemnizatorio (v.gr., el hecho de que los accionados vivieron gratuitamente muchos años, que existen deudas e impuestos a pagar, etcétera).
La jurisprudencia es unánime al señalar que «[m]ediante el recurso de apelación no pueden someterse a conocimiento de la Alzada defensas o cuestiones que no fueron articuladas oportunamente, importando su tratamiento por parte de este Tribunal la violación de los arts. 34 inc. 4to., 163 inc. 6to., 266 y 272 del Código Procesal. Es decir, si en la expresión de agravios se introduce una cuestión que no fue planteada en la instancia de origen y obviamente sobre la cual no pudo pronunciarse el magistrado, ello encuentra el valladar que sienta el art. 272 del ordenamiento procesal, pues en el sistema de la doble instancia, informada por el principio dispositivo, no es dable introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de origen» (Cám.2da.Civ. Com. de La Plata, Sala Primera, c. 118312 -"Juarez, Daniel...", del 11/12/2014, en igual sentido, Cám.Civ.Com. de San Nicolás, c. 11459 -"Ramos, Daniel V...."- del 02/10/2014, Cám.Civ.Com. de Quilmes, Sala Primera, c. 11060 -"Medina, Ester..."- del 15/12/08, entre muchos otros, el resaltado me pertenece).
Por lo demás, tampoco cabe considerar que los perjuicios derivados de un incumplimiento contractual deben reputarse demostrados in re ipsa como parece desprenderse de los fundamentos del recurso, y mucho menos postergarse su tarifación a una ulterior instancia de ejecución, como se pide expresamente en el memorial.
La reparación de los daños ocasionados por un incumplimiento contractual se rige por las reglas generales de la responsabilidad civil (así lo establece expresamente el art. 1082 inc. 2° del nuevo Código), motivo por el cual era carga del reclamante brindar una explicación —y en su caso, aportar prueba suficiente— en torno a los elementos constitutivos del deber de resarcir que le imputa a su contraparte (ilicitud, factor de atribución, daño y relación de causalidad entre la conducta y el perjuicio invocado).
Por todo lo dicho, propondré al acuerdo desestimar el agravio en estudio y confirmar la sentencia (arts. 242, 272, 330, 375 del CPCCBA).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia receptando favorablemente la pretensión de restitución del inmueble en los términos y con los alcances descriptos en el considerando «III.a.», desestimando los restantes agravios; II. Imponer las costas de segunda instancia en un 60% a la parte actora y en un 40% a la demandada, en atención al resultado obtenido en cada uno de los agravios (art. 68 y 71 del CPCCBA); III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, modificar la sentencia de primera instancia receptando favorablemente la pretensión de restitución del inmueble en los términos y con los alcances descriptos en el considerando «III.a.», desestimando los restantes agravios; II. Imponer las costas de segunda instancia en un 60% a la parte actora y en un 40% a la demandada, en atención al resultado obtenido en cada uno de los agravios (art. 68 y 71 del CPCCBA); III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV . Regístrese y notifíquese personalmente o por cédula (art. 135) y, oportunamente, devuélvase.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2020 08:38:34 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2020 10:48:09 - MONTERISI Ricardo Domingo -
Funcionario Firmante: 08/10/2020 10:49:33 - TROBO Lucas Mariano - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Fin de la sentencia