Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 61096
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara desierto el recurso de la actora en cuanto a la restitución mutua de lo entregado y el de la demandada en cuanto al progreso de la demanda, confirmando la resolución apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, en el orden causado (arts. 68 y 71 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº C2-61096 R.S.: 441/2020
Con fecha 29 de Diciembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ CISTERNA ESILDA BETI Y RESIL IGNACIO SANDALIO C/ MARAZZI MONICA SILVINA S/ RESOLUCION DE CONTRATO ” Causa Nº C2-61096 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 Departamental con fecha 30 de Julio de 2020 resolvió hacer lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
Contra tal forma de decidir se alzaron tanto la actora como la demandada, interponiendo los pertinentes recursos de apelación; que fueron concedidos libremente.
Con la presentación de fecha 28 de Septiembre de 2020 expresa sus agravios la actora, los cuales fueron replicados con el escrito de fecha 16 de Octubre de 2020.
Con las presentaciones de fecha 23 de ese mismo mes y año lo hizo la demandada, agravios que no fueron replicados.
Mientras que la actora se viene quejando de la decisión de ordenar la restitución mutua de lo entregado por las partes y de que no se haya dispuesto el desalojo de todo ocupante; la accionada introduce una serie de cuestiones vinculadas con el progreso de la demanda, solicitando la aplicación de la tasa de interés pactada en el contrato como actualización de la restitución de dinero que debe hacer la actora, se ordene abonar las mejoras con la imposición de idéntica tasa de interés aplicable y se decreten las costas por su orden; asimismo peticiona que se suspenda el plazo para restituir el bien otorgando un periodo razonable para efectivizar la mudanza, en virtud de las consideraciones que esgrime.
A los términos de cada una de esas presentaciones cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 5 de Noviembre de 2020 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Comenzando a dar tratamiento a las cuestiones planteadas debo señalar que, en varios aspectos, los recursos interpuestos ostentan falencias argumentales que les impiden sortear la valla del art. 260 del CPCC.
En tal sentido, es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación recursiva de ambas apelantes -en ciertos tramos- no llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
En este sentido, y en lo que hace al recurso de la demandada, vemos que el fallo expone muy claramente las razones en virtud de las cuales acoge el reclamo actoril.
Básicamente, el fallo habla de lo acontecido a partir del año 2001 y de la comunicación, a la demandada, del cumplimiento de los recaudos faltantes por parte de la actora; sosteniendo que, en este contexto, la demandada no podía continuar faltando al cumplimiento de su parte; también el fallo se adentra en la cuestión de la capacidad jurídica de Ignacio Sandalio, dando las razones por las cuales desestima la invocación de tal cuestión.
Pues bien, frente a ello, la demandada exterioriza su discrepancia subjetiva de criterio mas no una crítica, concreta y razonada, que apunte a rebatir eficazmente dichos argumentos.
De este modo, y en lo que hace al progreso de la demanda, el recurso de la accionada deviene desierto.
También deviene desierto el de la actora, en lo referente a la restitución mutua de lo entregado.
En efecto: el fallo contiene, en el punto, un argumento medular, que es la invocación al plenario de esta Excelentísima Cámara en la Causa 49.801, R.S. 461/04 (en el cual se ha concluido que la restitución mutua, en casos como el presente, procede aun no habiendo pretensión reconvencional y que ello no viola el principio de congruencia).
Ahora, la actora se queja de este punto, pero no se hace cargo de este fundamento (la invocación del plenario), el cual deja totalmente desatendido. Así, y frente al categórico imperativo del art. 37 de la ley 5827, algo debió haber dicho en sus agravios.
Pues bien, no lo hace, y por ello su recurso deviene desierto.
Ahora, quedan por tratar algunas cuestiones mas, donde existe un mínimo de critica que -con criterio amplio- abre la instancia revisora.
La demandada, en sus agravios, ataca la imposición de costas, que considera injusta.
Con relación a las costas, que esta Sala tiene dicho en numerosas causas que: "La Suprema Corte de Justicia Provincial siguiendo el pensamiento chiovendano consagra la teoría objetiva de la condena en costas, atribuyendo a éstas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar, para obtener el reconocimiento de su pretensión jurídica (Chiovenda, La condena en costas, Madrid, 1928, p. 232; La Ley v. 66, p. 202).
En otras palabras, las cosas son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (Podetti, Tratado de los actos procesales, p. 111, n° 30).
Este principio general prescinde de toda idea subjetiva de buena o mala fe, la condena en costas al vencido es la regla, pues quien hace necesaria la intervención del Tribunal por su conducta debe cargar con los gastos efectuados por quien ha debido iniciar una demanda justa, o defenderse de una injusta, para obtener el reconocimiento de su derecho.
Por su parte, la facultad judicial para eximir de costas al vencido reviste carácter excepcional y no está condicionada por la temeridad mala fe o culpa del litigante, sino inspirada en razones de equidad ajustables a cada caso..." (esta Sala en causa n° 27.140, R.S. 219/92, sent. del 29-11-1992, entre muchas otras).-
Luego, resultando objetivamente derrotada, en virtud de su propio incumplimiento (que el fallo reseña), no veo razón alguna para eximirla de las costas.
La parte demandada habla en sus agravios de la cuestión de las mejoras.
En tal sentido, es necesario tener en cuenta las falencias indicadas, respecto de la pretensión reconvencional, en la interlocutoria del 7 de marzo de 2012, cuando se admitió la excepción de defecto legal a su respecto.
Por lo demás, a fs. 139 (resolución firme) se tuvo a la demandada por desistida de la reconvención.
Así entonces, y frente a tal circunstancia, mal podía la Sra. Jueza de Grado expedirse en el fallo sobre las mejoras, si la pretensión reconvencional se tuvo por desistida, en resolución firme.
En otro orden de ideas, tampoco es atendible la pretensión de la demandada recurrente en cuanto a que se apliquen intereses a la suma a restituir.
Ello así por la sencilla razón de que la actora no se encuentra en mora.
Luego, no existiendo mora, es inviable el intento de que se reclamen intereses; mas aun cuando la suma entregada se ordena a devolver en moneda extranjera o su equivalente en moneda local al momento de la restitución (en modalidad de conversión que la apelante no cuestiona, por lo que deviene irrevisable para nosotros, art. 260 y 266 CPCC)
Queda por abordar, finalmente, lo relativo a la orden de desalojar y sus suspensión en virtud de la normativa de emergencia.
Al respecto cabe señalar que aun no se ha dispuesto desalojo alguno y que la restitución del inmueble se ve supeditada al cumplimiento, por parte de la actora, de sus obligaciones impuestas por sentencia, además de las inherentes a este mismo proceso (cfe. art. 21 ley 6716).
Con lo cual, entrar a analizar cualquier cuestión vinculada con la suspensión de un lanzamiento que aun no se ha dispuesto, y que no está en condiciones de disponerse todavía, es prematuro y abstracto.
El planteo, entonces, debe desestimarse.
En suma: ninguna de las cuestiones que plantea la parte demandada en sus agravios merece favorable acogida.
La actora, mientras tanto, se queja de que no se haya extendido el desalojo a todo ocupante y/o inquilino.
Creo que no le asiste razón.
Aquí se ha dinamizado una pretensión específica: la de resolución contractual.
La consecuencia del acogimiento de la pretensión (que no ha sido de desalojo, ni otra análoga) es la declaración de resolución contractual y la restitución, mutua, de lo entregado.
Por lo demás, la resolución contractual (en el ámbito del derecho obligacional) solo implica la condena a la otra parte de la relación; luego, no puede abarcar a otras personas distintas que pudieran encontrarse allí ocupando el inmueble por otro título.
Es decir, se condena a la accionada a restituir el inmueble a la actora, libre de ocupantes; esta es la obligación (personal) que se le impone por sentencia y, hasta tanto no lo sea, la accionada no habrá cumplido aquello a lo que se la condenó (lo que, obviamente, aparejará las responsabilidades del caso).
Pero lo que no puede es emitirse un pronunciamiento que involucre la ejecución forzada hacia otras personas, distintas de aquellas que fueron parte en la relación jurídica,
Amén de lo cual, no podemos dejar de tener en cuenta el desistimiento formulado en cuanto al demandado genérico (ver fs.150) y tenido presente en el auto de fecha 13 de Febrero de 2013.
Ello termina de sellar la suerte de este planteo, en cuanto a la imposibilidad de emitir una condena como la pretendida (art. 34 inc. 4º, 163 inc. 6 CPCC).
Luego, y por todo lo expuesto, si mi propuesta es compartida se deberá: declarar desierto el recurso de la actora en cuanto a la restitución mutua de lo entregado y el de la demandada en cuanto al progreso de la demanda, confirmando la resolución apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio, con costas de Alzada en el orden causado (arts. 68 y 71 del CPCC)
Consecuentemente, a la cuestión planteada voto
POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, y por idénticas razones, el Sr. Juez Dr. GALLO adhiere votando en el mismo sentido
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso de la actora en cuanto a la restitución mutua de lo entregado y el de la demandada en cuanto al progreso de la demanda, CONFIRMANDO la resolución apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio.
Costas de Alzada, en el orden causado (arts. 68 y 71 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 3991, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 29/12/2020 10:20:12 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2020 10:26:53 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2020 10:28:36 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia