Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 19210
Causa Nº MO-19210-2018 R.S.:13/2021
Con fecha 04 de Febrero de 2021, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia / definitiva en los autos caratulados: “ LLOROFF MARIO C/ ZARRI GUILLERMO SEBASTIAN S/ RESOLUCION DE CONTRATO ” Causa Nº MO-19210-2018 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El 23 de diciembre del 2019, la Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental .dictó sentencia definitiva, contra la misma se alzó el 31 de diciembre del mismo año, el demandado Guillermo Zarri, interponiendo el respectivo recurso de apelación.-
Arribados los autos a esta alzada, el demandado, presenta su expresión de agravios el día 7 del mes de julio del 2020, la cual mereciera la réplica de la parte actora del 22 de julio del 2020.-
2. El 6 de agosto del 2020, se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
El apelante mediante los argumentos que expone en la mencionada expresión de agravios solicita que se deje sin efecto la sentencia dictada por arbitraria, al no tener presente los elementos existentes, por considerar que se la prohibido la posibilidad de acreditar la extorsión, y por haber rechazado lo planteado oportunamente por la misma demandada.
A los términos de la fundamentación recursiva he de remitirse, en homenaje a la brevedad.
Planteada así la cuestión a resolver, debemos señalar preliminarmente -frente a la petición actoril- que la expresión de agravios, cumple -aunque ,por momentos, mínimamente- con la manda del art. 260 del C.P.C.C., por lo que, aplicando el criterio de elasticidad por este tribunal adoptado en causas 44.256, R.S. 230/01 y 45.678, R.S. 380/01, entre otras no corresponderá dinamizar la sanción del art. 261 del mismo cuerpo legal.-
Aclarado ello, me avocare al tema traído a resolver.-
Para lo cual, estimo necesario realizar, en primer lugar y a título introductorio, una breve síntesis del relato de los hechos.-
El Sr. Mario Llorof, a fs. 35/44, promueve la presente demanda por resolución de contrato contra el Sr. Guillermo Zarri.-
En cuanto a los hechos base del reclamo señala que el 25 de setiembre de 2017 celebró boleto de compraventa con el demandado el que tenía por objeto la adquisición de dominio del inmueble sito en la calle French 122, de la ciudad de Morón. Destaca que, según el vendedor se hizo constar en dicho instrumento que sus derechos provenían de lo actuado en los autos “Martinez Susana Beatriz y otro s/ sucesión ab intestato", la cual tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de Mercedes.-
En cuanto a la operación, manifiesta que se pactó en la suma total de u$s 130.000, abonádose la suma de u$s 26.000 a la firma del boleto, mientras que el saldo de precio debía ser cancelado al momento de otorgarse escritura traslativa de dominio, la que se efectuaría por el sistema de tracto abreviado dentro de los próximos cuarenta y cinco (45) días.
Continua el relato destacando que transcurrido el plazo, la Escribanía interviniente le informa que no le habían sido arrimadas las actuaciones judiciales tendientes a otorgarse la escritura traslativa de dominio y a las que alude el boleto, atento a lo cual, le requiere al demandado el motivo del incumplimiento, quien le manifiesta que los autos sucesorios no estaban en condiciones de retirarse del juzgado interviniente. Con fecha 19 de diciembre de 2017 -continua el relato del actor- las partes acuerdan una prórroga para el plazo de otorgamiento de escritura, estableciéndose quince días hábiles. En dicha oportunidad abonó la suma de u$s 6.000, a cuyo fin la adenda sirvió de suficiente recibo.-
El actor manifiesta que tampoco se pudo escriturar en la fecha convenida por lo que arriban a un nuevo acuerdo plasmado en la adenda fechada el 2 de marzo de 2018 por medio de la cual se concede una nueva prórroga para escriturar fijándose treinta días hábiles a partir del 13 de febrero de 2018 y abonando en dicha oportunidad el aquí actor la suma de u$s 16.500, totalizando -según el accionante- u$s 48.500 la suma abonada hasta ese momento.-
Para la última fecha convenida (26 de marzo de 2018), la escribanía tampoco recibió la documentación que haría factible la escrituración.-
Luego de ello manifiesta la existencia de intercambio de cartas documentos entre las partes. Es así que mediante la carta documento nro. 889270502, la parte actora, dio por resuelto el boleto y exigió la devolución de U$S 97.000.- ( dólares estadounidenses noventa y siete mil) tal como las partes se obligaron en la cláusula sexta.-
Continuando la compulsa de autos, a fs. 58/67, nos encontramos con la presentación en autos del Sr. Guillermo Zarri.-
Luego de efectuar la negativa de rigor, reconoce la suscripción del boleto de compraventa, aclarando que fue citado en la fecha que reza el instrumento a las oficinas de la Inmobiliaria Zanola, destacando que nunca había publicado ni autorizado la venta mediante esa inmobiliaria, sin embargo, ellos se pusieron en contacto, fijando la fecha de firma del instrumento contractual y que solamente concurrió con su documento nacional de identidad y allí lo esperaban el actor y gente de la inmobiliaria, a quienes no conocía.-
Destaca que al momento de firmar lo hizo con el convencimiento de transmitir el inmueble de la calle French 122, que forma parte del acervo hereditario y jamás ocultó información de ningún tipo y que en todo momento se puso a disposición de Llorof para entregarle el inmueble y que éste comenzara a construir tal y como había dicho al momento de la firma del boleto de compraventa, incluso se puso a su disposición si necesitaba su firma para autorizar planos y demás trámites municipales, a lo cual nada contestó, sino hasta que el plazo de 40 días se hallaba vencido, entonces comenzó a llamar incesantemente, reclamando que le devolviera el dinero, que la operación no la seguiría, que si deseaba que continuara, le debía firmar un reconocimiento de u$s10.000, a lo cual no accedió y es entonces que le envía una carta documento en el mes de diciembre, por la cual daba por resuelto el contrato. Sin haber leído la carta documento, y ante la presión, por cuanto le reclamaba la totalidad del dinero entregado efectivamente, se presentó en el estudio de la abogada (Dra. Gómez Dagnino) de Llorof, quien redactó el reconocimiento por u$s 6.000. Afirma que ese dinero jamás existió ya que fue presionado para firmar, por cuanto la letrada le dijo que, si no firmaba, le iban a reclamar todo y que se iba a quedar en la calle y ante semejante presión, firmó pensando que de esa manera lograría calmar los ánimos.-
Plantea reconvención por nulidad de las adendas por considerar que se ha hecho uso y abuso del estado de necesidad, e inexperiencia de su parte en beneficio exclusivo de Mario Llorof, y en su perjuicio económico, fundándose en la lesión subjetiva.-
Luego de ello, ofrece prueba y pide que en su momento la pretensión sea desestimada, con costas.-
La parte actora, a fs. 73/99, contesta la reconvención deducida en su contra.-
Así finalizamos la síntesis del relato que nos brindaron las partes sobre los hechos base del presente reclamo, de lo cual podemos extraer liminarmente que ambos reconocen la firma del boleto y las prórrogas, aunque difieren en la interpretación de los hechos.-
Continuando el tránsito hacia el abordaje de los agravios, es momento de resaltar que la Sra. Jueza de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras) .-
Ahora pasemos a los concretos temas traídos a resolver.-
a.- La reconvención
Vimos que la magistrada de la instancia de origen rechazó la reconvención planteada por el Sr, Zarri, generando hoy el cuestionamiento del demandado.-
En primer lugar hemos de destacar que en la expresión de agravios en estudio, el apelante yerra en la cita del artículo mediante el cual pretende dar el encuadre jurídico a la reconvención. El apelante hace referencia al art. 322, cuando en realidad el que hace referencia a la lesión por estado de necesidad es el 332 del Código Civil y Comercial Nacional.-
Dejando ello en claro, para evitar confusiones, considero ahora oportuno profundizar en la letra del mencionado articulo 332 del C.C.Y C. N..-
Dicha norma destaca:
"Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.
Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.
Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.
El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda.
Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción".-
Pasemos de lo conceptual al campo práctico.-
Hoy el apelante al tratar intentar criticar la decisión de la sentenciante, basa casi exclusivamente su agravio en la denegatoria de la prueba ofrecida consistente en: PERICIAL "ACÚSTICA" y de informes, la que fuera oportunamente desestimada por la magistrada de la instancia de origen el 29 de abril de 2019 al considerar que receptar la oposición formulada por la actora, en virtud de lo normado por el art. 58 inc. 6to. de la ley 5177,-
Sin perjuicio de lo manifestado en la mencionada expresión de agravios, el apelante no articuló el mecanismo del art. 255 del C.P.C.C. Dicha omisión resulta determinante para el tema relacionado con la prueba denegada, dado que los argumentos relacionados con ellos resultan inconducentes, al no haber activado la herramienta procesal que el código de procedimientos en lo civil y comercial brinda puntualmente para canalizar dicha cuestión ante la alzada.-
En tal sentido, si el quejoso consideraba que dicha prueba era esencial, debió haberla replanteado (por los carriles previstos al efecto) y cuestionado (de manera concreta y razonada) su denegatoria.
Por tal vía, y si el planteo prosperaba, podía haber allegado al proceso la prueba acerca de cuya relevancia argumenta en sus agravios.
Pero no lo hizo.
Ademas de dicha falencia observamos que si bien el demandado hace referencia a una supuesta extorsión por parte del actor, no se observa acreditación alguna de denuncia penal al respecto.-
Pero aún falta un elemento de convicción, que resulta sumamente determinante para el tema.-
Veamos.-
En la compulsa de autos encontramos un dato crucial, el reconocimiento efectuado por el mismo Guillermo Zarri al absolver posiciones el 3 de junio del 2019.-
Allí el Sr. Zarri afirmó que al momento de la firma del boleto de compraventa que vinculara a las partes, contaba con el asesoramiento del Dr. Gaspar Anguita Larrecheda.-
Entendemos que la asistencia técnica del letrado, en dicha oportunidad, al aquí demandado, suple la (inacreditada) inexperiencia en operaciones inmobiliarias del demandado.
Obviamente el (reconocido) asesoramiento letrado al momento de firmar el boleto, y por el mismo letrado con el que -ahora- viene a plantear estas cuestiones, diluye la atendibilidad de las cuestiones que, ahora, trae.
Y en ese contexto, no podemos perder de vista que el recurrente reconoció haber firmado no solo el boleto de compraventa fechado el 25 de septiembre del 2017, sino las prórrogas del 19 de diciembre del mismo año y la del 2 de marzo del 2018.-
Lo expuesto precedentemente y lo normado por el artículo 332 del C.C.Y.C.N., me llevan a considerar que se deberá confirmar el rechazo de la reconvención planteada por el Señor Guillermo Zarri (art. 332 del C.C.y.C.C.).
b.- Resolución de contrato
La sentenciante hizo lugar a la demanda de resolución de contrato por considerar que se encontraba comprobado el incumplimiento de la parte vendedora, ordenando asimismo que el demandado abone al actor la suma de U$S 97.000 conforme la clausula sexta del boleto.-
Tal decisión derivó en el cuestionamiento recursivo del demandado.-
Comenzaré, efectuando el encuadre normativo correspondiente, para lo cual estimo necesrio recordar la letra de los art. 959, 1061, 1086 y 1123 del Código Civil y Comercial Nacional.-
ARTÍCULO 959.- " Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé."
ARTÍCULO 1061.- " Intención común. El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe".-
ARTÍCULO 1086.- "Cláusula resolutoria expresa. Las partes pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados. En este supuesto, la resolución surte efectos a partir que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver" .-
ARTÍCULO 1123.- " Definición. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero".
Sobre tales bases normativa he de decidir.-
Asimismo, entiendo oportuno recordar los conceptos vertidos por este Tribunal al decidir en la causa 63.491, R.S. 151/18, donde señalamos, bajo la normativa anterior que;
" ... tenemos así el principio de autonomía de la voluntad, el "pacta sun servanda", que obliga a los contratantes con la misma fuerza de la ley salvo obviamente que de ello se deriven agravios a principios superiores que hacen a la moral, a las buenas costumbre y al orden público; el principio de buena fe contractual hace a la dinámica contractual y en función del mismo los contratantes más allá de la letra del contrato deben actuar de acuerdo a lo que previsible y verosímilmente se deriva de la objetiva interpretación del texto; y es de hacer notar que la reforma de la ley 17711 amplió el campo de interpretación de las relaciones contractuales: el originario texto de Velez hablaba de las consecuencias que pudieran considerarse virtuales en función de la letra del contrato; la reforma nos deriva a indagar la intención de las partes dándonos parámetros de verosimilitud, intención, cuidado y previsión; y como corolario del principio de buena fe la teoría de los "propios actos" veda el obrar incoherente siendo inadmisible el obrar contradictorio, en contraposición con actos anteriores (esta Sala causas 49.931 RS 587/04; 44.755, R.S. 215/01; 58.321 R.S. 85/11).-
Asimismo sostuvo esta Sala en las causas 43.888 (R.S. 517/01) y 46.912 (R.S. 28/03)
" Recordamos, en primer lugar, que por imperio de lo normado en el artículo 1197 del Código Civil, las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Ahora bien, puede ocurrir que las partes, en alguna oportunidad, no se pongan de acuerdo en orden al significado que quiso dársele a una, o varias cláusulas. Allí comienza la labor hermenéutica, en casos como el que nos ocupa llevada a cabo por la jurisdicción, en orden a determinar el real alcance de las mismas. En tal quehacer y para interpretar los contratos, en el menester de dilucidar cual ha sido la "voluntad común de las partes" las principales pautas rectoras serán, en principio, la buena fe (que la definimos como la confianza que una parte deposita en el comportamiento correcto de la otra -conf. Cám. Civ. y Com. 1º Sala II Mar del Plata, causa 93.495, sent. del 11-IV-1995-), la lealtad y la probidad, siempre en procura -insisto- de desentrañar aquello que las partes entendieron, o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Consecuentemente, la interpretación del negocio jurídico consiste en desarrollar la actividad lógica encaminada a buscar y fijar el significado de la manifestación o manifestaciones de la voluntad, a fin de determinar el real contenido del acto, esto es "lo querido por los partícipes" (el suscripto en causa de esta Sala 45.339, R.S. 293/01), y con este fin deben ponderarse todos los elementos, incluso externos, que permitan captar el verdadero propósito que ha guiado a las partes para emitir la declaración (CIFUENTES, Santos. Negocio Jurídico. Estructura, vicios, nulidades, pág. 251).-
Apliquemos todo ello al caso concreto de autos.-
La compusla de las presentes actuaciones y el análisis de la prueba colectada (art . 384 del C.P.C.C.) me lleva a proponer la confirmación de la sentencia recurrida en cuanto recepciona la demanda por resolucion de contrato.-
Paso a reseñar mis elementos de convicción:
* el Sr. Guillermo Zarri reconoció haber firmado tanto el boleto de compraventa del inmueble ubicado en la calle French 122 de la ciudad de moron, como de las prorrogas convenidas los dias 18 de diciembre del 2017 y 2 de marzo del 2018.-
* La escritura mediante tracto abreviado pactada en el mentado boleto, se frustró al no estar en condiciones procesales correspondientes no solo el sucesorio alli mencionado "Martinez, Susana Beatriz y otro s/ sucesion ab intestato" sino tampoco los autos "Zarri, Pedro s/suc.". Al respecto cabe destacar que de la compulsa de los mismos -los cuales tengo a la vista- se observa que todavía hoy no hay constancia de orden de inscripción del inmueble en cuestión.-
No podemos perder de vista que tal como lo remarcáramos precedentemente el demandado -según sus propios dichos- contaba al momento de firmar el boleto, con el asesoramiento del Dr. Anguita Larrecheda, con lo cual no podía desconocer los términos pactados en el boleto del 25 de septiembre del 2017 y las particularidades de los tiempos procesales que pudieran llegar a ser necesarios para que se tuviera por efectivamente cumplida su parte.
Consecuentemente, el incumplimiento contractual del demandado es evidente.-
Tampoco podemos desconocer, que el actor le brindó la posibilidad de suscribir dos prórrogas al plazo original pactado para la escritura -más allá de la sumas que se consigna como recibidas por el demandado en dichas oportunidades-, las cuales conforme lo expresado en las mismas fueron pactadas de común acuerdo, pese a lo cual el demando transcurridos 6 meses aproximadamente de la rúbrica del boleto, no pudo cumplir con su obligación en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.