Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5187
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5187-23 caratulada "MARÍA ROSA ZURITA Y OTROS C/ GUNNING, MARÍA L. S/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO", Expte. 39.650 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la excepción de prescripción opuesta por la Sra. Maria Luisa Gunning, con costas a su cargo por resultar perdidosa. Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, por la excepción resuelta, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos. Asimismo, rechazó la demanda por reconvención articulada por la Sra. Maria Luisa Gunning; con costas a su cargo. Difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos. Y ordenó respecto de la parte actora, otorgue escritura traslativa de dominio a favor de la Sra. María Luisa Gunning, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del momento que reste firme esta sentencia. También ordenó, en relación a la demandada, que al momento de otorgarse la escritura traslativa de dominio cumpla acabadamente con todas las cargas y costos convenidos, debiendo solventar los gastos asumidos y, además, entregar a la parte actora el saldo de precio de pesos siete mil ($7.000), con más un interés calculado a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en operaciones de descuento de documentos comerciales en préstamos ordinarios -tasa activa-, a partir de la fecha de la mora 02/07/2002 -ver fs. 8 y 15- y hasta su efectivo pago. Aplicó las costas a la parte actora, que resulta vencida. Difirió la regulación de honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos.-
Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación por la parte actora el día 14-12-2023 y por la parte demandada el 11-11-2023, concedidos libremente y en efecto suspensivo el 15-2-2023 y 13-2-2023 respectivamente. Elevados los autos a esta Alzada con fecha 6-2-2024 se ordeno expresar agravios a la parte actora, quien los fundó el 14-2-2024. El día 20-2-2024 se ordeno expresar agravios a la parte demandada, quien los fundó en la misma fecha. El 22-2-2024 se ordenaron los traslados recíprocos, siendo evacuados por la demandada el 26-2-2024 y por la actora 28-2-2024. Con fecha 5-3-2024 llamamiento de autos, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
En sustento de su crítica recursiva, la parte actora expuso los siguientes puntos de agravio: 1) falta de tratamiento de la demanda por resolución de contrato, 2) autocontradicción de la sentencia de primera instancia al rechazar la demanda por reconvención instaurada por la demandada y, al mismo tiempo, ordenar lo dispuesto en los puntos 5, 6 y 7 de la sentencia. 3) Improcedencia de la orden de escrituración toda vez que a) no habría existido un segundo boleto de compraventa reformulando los términos del boleto de compraventa de fecha 25 de Agosto de 1999, b) no se habría verificado pago alguno por la suma de $ 5000 y la demandada fue intimada al cumplimiento por los actores, c) se encontraba en mora al momento de la intimación y jamás ofreció cumplir con las obligaciones a su cargo y que la Sra. Gunning no se encontraba en condiciones de exigir la escrituración ya que estaba en mora respecto de su obligación de pago del saldo de precio, d) la demandada -a la fecha de dicha intimación por carta documento- se encontraba en mora respecto de su obligación de pago del saldo del precio de $20.000, ya que conforme a la cláusula SEGUNDA del boleto mencionado debía abonarlos dentro de los 60 días de la fecha de dicho instrumento dejando expresamente establecido que, ante el supuesto de que la Sra. María Luisa Gunning no cancelara la totalidad del saldo en la fecha estipulada, el contrato quedaba rescindido de pleno, e) El juez a quo erróneamente condena a esta parte a abonar daños y perjuicios siendo que ello no fue reclamado por la demandada y que son improcedentes. 4) Imposición de las costas de la reconvención a la parte actora cuando la misma fue rechazada.
Por su parte, la parte demandada expone los siguientes puntos en su escrito impugnativo: 1) falta de tratamiento de la pretensión de resolución contractual, 2) rechazo injustificado de la excepción de prescripción planteada por su parte sobre la base de que el segundo boleto de compraventa dejó sin efecto al boleto suscripto en fecha 29 de septiembre de 1999 sustituyendo las prestaciones debidas por las partes, por lo que el acto interruptivo se realizó en relación a un boleto cuyas obligaciones ya no eran las debidas por las partes. 3) Improcedencia de la prescripción declarada respecto a la acción reconvencional toda vez que al existir obligaciones pendientes de cumplimiento la posesión del inmueble operaba como modo suspensivo de la prescripción, por cuanto no podía la parte actora exigir la restitución, sin haber cumplido u ofrecer cumplir las obligaciones a su cargo.
A su turno, la parte demandada contesta los agravios formulados por la contraria mediante escrito electrónico de fecha 26/2/2024. Y oportunamente, hace lo propio la parte actora mediante escrito electrónico de fecha 28/2/2024.
Entrando a resolver, he de anticipar que la cuestión litigiosa está principalmente centrada en determinar la situación jurídica del inmueble objeto de autos y, específicamente, en la determinación de los efectos derivados del boleto de compraventa que habría sido celebrado entre las partes.
En base a tal enfoque, comenzaré por el abordaje de los agravios vertidos por la parte actora.
I. El primero de ellos se relaciona con la falta de tratamiento de la pretensión de resolución contractual deducida por la parte actora.
De la lectura del fallo apelado se desprende que la pretensión denunciada no ha sido objeto de expreso tratamiento por parte del aquo, sin perjuicio de que se vertieron consideraciones tangencialmente vinculadas al contenido de la misma en oportunidad de resolver en el punto VI. Con todo, ello resulta insuficiente para satisfacer el cometido resolutivo que se espera del pronunciamiento de grado.
En virtud de lo expuesto, procederé al abordaje no sólo de las cuestiones efectivamente resueltas por el Juez de origen y que han sido motivo de apelación, sino también revisaré aquellas otras que han quedado pendientes de tratamiento por la omisión producida en la instancia de grado y que han sido incorporadas al recurso incoado a través de los agravios vertidos. Ello así con fundamento en el art. 273 del CPCC que habilita al Tribunal a decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, y siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios.
Por razones metodológicas, y a fin de evitar la dispersión argumental, el análisis de dicha cuestión se diferirá al momento de abordar el tercer agravio.
II. En cuanto al segundo agravio esbozado por la parte accionante, no advierto técnicamente autocontradicción en el fallo apelado. Es que sin desconocer que la forma en que ha sido estructurado el resolutorio apelado dista de ser inequívoca, una interpretación contextual y finalista de la resolución recurrida permite advertir que el rechazo de la pretensión reconvencional no ha sido tal, sino que en lo sustancial el magistrado de origen receptó positivamente la contrademanda efectuada por la parte demandada reconviniente al ordenar el cumplimiento de la obligación de otorgar la pertinente escritura de traslativa del dominio respecto del inmueble de referencia, es decir al hacer lugar al objeto principal del planteo reconvencional efectuado en el escrito obrante a fs. 105/103 de la presente causa.
En este sentido, entiendo que debe prevalecer una comprensión global de la sentencia en cuanto norma jurídica positiva en la que la decisión funciona como un todo orgánico integrado por la parte resolutiva pero también por los considerandos sobre los cuales aquélla se edifica.
En esta tónica, el Máximo Tribunal Argentino ha definido a la sentencia como "acto inescindible, una unidad lógica jurídica cuya parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación" (conf. CSJN, 27-6-89, ED, 134-723). De modo que toda interpretación de la sentencia que pretenda neutralizar la incidencia práctica de los considerandos en la decisión final debe ser apreciada con criterio restrictivo.
En similar sentido, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora ha entendido que el contenido de los considerandos integra el objeto de la decisión judicial: "En el caso concreto de autos, la omisión alegada por el recurrente, no priva de claridad a la sentencia; por cuanto sus motivaciones o considerandos, por su carácter, forman con la parte dispositiva -aunque no estén expresamente receptados en ella-, una unidad funcional susceptible de hacer cosa juzgada. De allí que el hecho de no figurar todo lo resuelto en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del juez, debe suplirse o interpretarse por lo que él mismo ha dicho claramente al fundar su resolución" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala III, "JOURDON MARCELO ALBERTO Y OTRO/A C/ CONTRERAS VERA VICTOR S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", 9 de Mayo de 2013).
Finalmente, esta Cámara ha resuelto con igual temperamento que: "la parte dispositiva de la sentencia se integra con sus fundamentos, vertidos en los considerandos" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, "MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB SPORTIVO BARRACAS Y UNION FRANCESA C/ ESPINOSA, LORENA SILVINA Y OTRO/A S/ REIVINDICACION", autos N° 2056-14, 10 de Julio de 2014).
III. Ya ingresando en el abordaje del tercer agravio basado en la improcedencia de la orden de escrituración como denominador común de los diversos argumentos enarbolados en sustento de la apelación, he de proceder al análisis de cada uno de ellos.
III.1. El primer argumento según el cual la apelante no habría suscripto el segundo boleto de compra de fs. 86/88 celebrado en fecha 29/09/1999 se da de bruces con el resultado del informe pericial de fecha 17/11/22, según el cual la perito interviniente sostuvo que la misma es auténtica y ha sido puesta de puño y letra por la Sra. María Rosa Zurita.
Que las impugnaciones vertidas en el escrito de fecha 2/12/2022 -cuya tratamiento en su hora diferido por el Juez primero fue omitido en la sentencia de grado y que, por ídénticas razones a las expresadas ut supra, trataré seguidamente- no conmueven las conclusiones del dictamen pericial toda vez que contraponen disconformidades subjetivas y no científicas contra el procedimiento técnico desarrollado por la experta interviniente, siendo claro en tal sentido que el análisis caligráfico efectuado ha recaído sobre la firma atribuida a la impugnante en dicho soporte documental y que han mediado fundamentos propios del área de incumbencia de la especialista de referencia para sustentar la conclusión final.
Al respecto, se ha dicho que: "La impugnación de una pericia debe constituir una contra pericia que debe contener -como aquella- una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se la funde, por lo que no puede ser una mera alegación de los pareceres subjetivos o de razonamientos genéricos del contenido del dictamen que se ataca" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea, "LOPEZ, Mariano Francisco c/ MONTERO; Carlos Alberto y otro s/Daños y perjuicios", 7/12/2017).
Y toda vez que el escrito impugnativo que sustenta el agravio expresado ha sido formulado de manera conjunta y plantea derechamente la inexistencia del documento contractual de referencia por no haber sido suscripto por ninguna de las codemandantes, la comprobación de determinadas firmas como auténticas deviene suficiente para descartar el fundamento de la crítica -esto es, la inexistencia del documento-, sin perjuicio de los reparos que pudieran merecer las restantes rúbricas no sometidas al juicio pericial.
III.2. La segunda objeción respecto a la falta de firma del recibo obrante a fs. 85 ha de quedar zanjada en virtud de la teoría de la apariencia. Y es que en la medida de que el boleto de compraventa -que como consecuencia del decaimiento del agravio precedente he de tener por existente- fue suscripto de común acuerdo por todas las partes habiendo intervenido los vendedores en forma conjunta y voluntaria, la parte compradora tenía razones más que plausibles para confiar en que había plena aquiescencia entre los vendedores para gestionar indistintamente el proceso de cumplimiento del acuerdo referido y que la Sra. Blanca Rosa San Martín actuaba en representación de todos ellos.
En respaldo concomitante a esta tesitura, ha cobrado vigencia en el derecho argentino la teoría del mandato aparente conforme a la cual se establece que cuando la actuación de una persona en nombre e interés de otra suscita razonablemente la expectativa en terceros de que aquella está actuando en representación del mandatario aparente, cabe proteger la confianza suscitada en favor del tercero que obró sin culpa y de buena fe.
Esta tesis ha sido expresamente receptada por el codificador en el art. 367 del CCyC: "Representación aparente. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante, sin que haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente".
En el supuesto del representante aparente, el representado juega un rol decisivo en la creación de la apariencia. Él, con sus actos u omisiones, contribuye a la conformación de un cuadro de situación que determinó que el tercero pudiera razonablemente creer que estaba obrando con un representante suyo. De ahí que se hable, en este caso, de un “representante” y que se asimile su actuación a la de un verdadero representante, pese a que no cuenta con facultades suficientes. La apariencia juega aquí en protección de los terceros (HERRERA, Marisa, CARAMELO, Gustavo, PICASSO, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo III, Buenos aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015, comentario al art. 329).
El fundamento de esta teoría reposa en el principio de buena fe subjetiva. Este aspecto de la buena fe "logra amparo cuando se protege a los adquirentes que obran sobre la base de la confianza que suscita un derecho aparente, cuando se protege a quien no puede advertir un error no reconocible, cuando para la formación del consentimiento y la interpretación del contrato se atiende a los términos que se desprenden de la declaración y no a los que pertenecen guardados en la conciencia de los celebrantes. En su aspecto subjetivo, alude a un estado de conciencia que consiste en ignorar que se está perjudicando interés ajeno tutelado por el Derecho; es también la creencia en la apariencia de una relación cualificante que legitima la contraparte –es decir a aquel con quien se entra en relación contractual- a disponer del derecho de que se trata en el acto o negocio ajeno” (MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Buenos Aires, Ed. Rubinzal – Culzoni Editores S.A., 2001).
El Código Civil y Comercial no deja lugar a dudas ni controversias respecto al alcance general de la buena fe como principio aplicable a todas las relaciones jurídicas. El art. 9 postula expresamente a la buena fe como un principio general del derecho: “Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe”. El art. 729 reza de modo concordante que: “Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe”, fórmula con la que, implícitamente, se ratifica la vigencia de este principio como pauta de conducta de los sujetos de la relación jurídica contractual como extracontractual, por encuadrar ambas dentro del concepto más amplio de relación jurídica obligatoria. Los arts. 961, 991, 1061 se limitan a confirmar la incidencia general de la buena fe en el ámbito de los contratos. Y, finalmente, los arts. 1091, 1190, 1710, 2075, 2076, 2078 a 2086, 2089, 2092, 2093, 2095, 2097, 2098, 2015, 2107 a 2112 del Código Civil y Comercial contienen aplicaciones específicas del principio general de buena fe tanto en su aspecto objetivo como subjetivo, de donde se sigue que la lógica subyacente de la nueva codificación apunta a confirmar y repotenciar la expansión de la buena fe como criterio rector de las relaciones civiles y comerciales en general.
En la especie, es dable afirmar que esa confianza legítima en la apariencia del mandato se verificó en forma positiva, toda vez que las vendedoras se presentaron ante la parte compradora como una verdadera unidad familiar, que tal apariencia conjunta se vislumbró tanto en el boleto originario como en el suscripto con posterioridad a aquél, que no se previó una forma de cobro necesariamente conjunta de las prestaciones a cargo de la compradora, y que ninguna de las partes no firmantes del recibo comunicó previamente su intención de que el pago fuese recibido en forma personal y directa.
Estas circunstancias globalmente ponderadas autorizan a tener por cierta la confianza suscitada en el actor -más allá de que haya subsistido o no una autorización expresa para que el mandatario actúe en su representación o de que a la postre hubiese o no mediado ratificación del acto-, como así también cierta condescendencia pasiva de los restantes vendedores respecto a las actuaciones del mandatario aparente. Todo ello converge pues en la necesidad de atribuir efectos vinculantes a la intervención de este último, lo que habrá de manifestarse en la oponibilidad de lo actuado -ver extensión del recibo de pago parcial obrante a fs. 85-.
En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que: "Puede considerarse que quien otorgó los recibos de pago, actuó como un mandatario aparente, lo que se configura cuando se permite que una persona actúe de tal manera que induce a creer que lo hacía en nombre de otro, siendo este último reputado como mandante frente a los terceros que sin culpa y de buena fe contrataron con el mandatario aparente. La persona que permitió que otro actuase de tal manera que razonablemente indujo a pensar que lo hizo en su representación debe ser tenida como mandante frente a los terceros que sin culpa y de buena fe, contrataron con el mandatario aparente. Si existe un mandato aparente, el conflicto entre el interés de quien no dio poderes suficientes y el tercero de buena fe que creyó por razones serias que había mandato, la ley se inclina frecuentemente por este último, protegiendo de este modo la seguridad jurídica" (CC0000 DO 88605 RSD-197-9 S 29/12/2009 Juez HANKOVITS (SD) Carátula: Segovia Juan B. c/Manzitto Sebastián s/Cumplimiento de contrato Magistrados Votantes: Hankovits-Canale-Dabadie).
Con la misma tónica se ha afirmado que: "El mandato aparente ha tenido amplia recepción tanto en la doctrina y jurisprudencia nacional como extranjera y así, la persona que permitió que otra actuase de tal manera que razonablemente indujo a pensar que lo hizo en su representación debe ser tenida como mandante frente a los terceros que, sin culpa y de buena fe, contr
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