Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 124589
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso y agravios.
2Imponer las costas de segunda instancia a la parte actora en su condición de vencida (art. 68, C.P.C.C.), dejando constancia de que, al no haber mediado contestación de los agravios, no existen trabajos profesionales de la contraria que retribuir en esta instancia.
En la ciudad de La Plata, a los 18 días del mes de agosto de dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces que integran la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar LÓPEZ MURO y Ricardo Daniel SOSA AUBONE, para dictar sentencia en los autos caratulados: “SEMACENDI, JORGE Y OTRO/A c/FERIOZZI, SERGIO WALTER s/RESOLUCIÓN CONTRATO COMPRA/VENTA INMUEBLES”, causa N° 124.589, se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia dictada el 6 de septiembre de 2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. Jorge Semacendi y Sandra Rosana Giacche promovieron demanda de resolución de contrato contra Sergio Walter Feriozzi, con sustento en el boleto de compraventa del 5 de mayo de 2016, por el cual vendieron al accionado un inmueble de su propiedad ubicado en el partido de Pinamar (Nomenclatura Catastral: Circ. VI, Sec. N, Mz. 7, Parc. 6, Matrícula 14.969), por el precio de U$S 325.000, pagadero U$S 77.500 a la firma y el saldo de U$S 247.500 en nueve cuotas mensuales, iguales y consecutivas de U$S 27.500, con vencimientos entre el 5 de junio de 2016 y el 5 de febrero de 2017, habiéndose entregado la posesión al comprador en el acto de celebración (cláusulas I y II). Relataron que el demandado abonó el anticipo y las cuotas 1 a 4, adeudando las cuotas 5 a 9, pese a las intimaciones cursadas por carta documento, en cuya virtud comunicaron su voluntad resolutoria en los términos del pacto comisorio expreso de la cláusula VII. Solicitaron la resolución del contrato, la restitución del inmueble libre de ocupantes, la pérdida para el comprador de las sumas abonadas y una indemnización por la retención indebida, equivalente al canon locativo que se vieron privados de percibir.
1.2. Corrido el traslado de la demanda, el accionado no lo contestó y fue declarado rebelde (art. 59, C.P.C.C.), estado que cesó con su presentación posterior, en la que planteó la nulidad de la notificación de la demanda, incidencia que fue rechazada.
1.3. Denunciada la existencia de un proceso universal seguido respecto del demandado —concurso preventivo en trámite por ante la justicia de Gualeguaychú—, se anotició de estas actuaciones a la sindicatura interviniente y la parte actora optó, en los términos del art. 21 de la ley 24.522, por la continuación del trámite ante el juzgado de origen (fs. 165).
1.4. Por resolución de esta Sala del 16 de mayo de 2019 se otorgó a la parte actora la tenencia del inmueble con carácter cautelar y con los alcances de su Considerando VIII —custodia del bien, previa constatación de su estado de desocupación e inventario, quedando la actora constituida en depositaria—, entrega que se efectivizó el 17 de julio de 2019 (fs. 145/148).
1.5. La sentencia del 6 de septiembre de 2024 hizo lugar a la demanda: declaró resuelto el contrato celebrado en el boleto de fs. 19/20 vta., otorgó la tenencia definitiva del inmueble a la parte actora, dispuso la pérdida para el demandado de las sumas abonadas —que quedarán en poder de los vendedores en concepto de multa— y admitió la pretensión de fijación de canon locativo, frutos civiles de la cosa indebidamente detentada, a cargo del demandado, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2017 —fecha en que el accionado tomó conocimiento del reclamo mediante carta documento— y el 17 de julio de 2019 —fecha de entrega de la tenencia del inmueble a los actores—, a valores vigentes al tiempo de su devengamiento, con más los intereses a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, debiendo determinarse su monto en proceso sumarísimo (art. 165, C.P.C.C.). Impuso las costas al demandado vencido.
1.6. La sentencia es apelada por la parte actora, quien expresa agravios el 11 de mayo de 2026, los cuales no fueron contestados. El fondo de lo decidido —resolución contractual, restitución definitiva del bien y pérdida de las sumas abonadas— arriba firme e incuestionado a esta instancia (arts. 260 y 261, C.P.C.C.), quedando la competencia revisora de esta alzada circunscripta a los dos capítulos que seguidamente se tratan (art. 272, C.P.C.C.).
1.7. Se llamaron autos para sentencia, providencia que esta firme y consentida.
II. Tratamiento del recurso.
2.1. Agravios de la actora.
a) En primer término, la recurrente cuestiona el límite temporal fijado para el devengamiento del canon locativo. Sostiene que la entrega del 17 de julio de 2019 fue meramente cautelar —con la única finalidad de custodia del bien, quedando sus mandantes constituidos en depositarios de los bienes inventariados—, por lo que no pudieron locar ni disponer libremente del inmueble, situación que recién cesará cuando la sentencia adquiera firmeza y se cumplan las cargas del art. 21 de la ley 6716. Pide, en consecuencia, que el período se extienda desde el 1 de marzo de 2017 hasta que pueda efectivizarse la entrega definitiva del inmueble, invocando por analogía el precedente de esta Sala, causa B 73.703, RSI-225-92 (“Caldino c/Pérez de Varga”).
b) En segundo lugar, se agravia de que los cánones se fijaran a valores “vigentes al tiempo de la provocación de los mismos”. Afirma que se trata de una deuda de valor, que la solución nominalista condena a sus mandantes a percibir sumas ilusorias tras años de inflación, con violación de la reparación integral, del derecho de propiedad (arts. 17 y 28, Const. nac.) y con enriquecimiento sin causa del deudor. Invoca la doctrina de la Suprema Corte provincial en la causa C. 124.096, “Barrios”, plantea la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561) y solicita que los cánones se determinen en el proceso sumarísimo a valores actuales, con más intereses a tasa activa. Formula reserva del caso federal.
2.2. Análisis de los agravios.
2.2.1. Una consideración liminar, de orden sustancial, sella la suerte adversa de ambos agravios.
Conforme surge del fallo apelado —en tramo que arriba firme—, la cláusula VII del boleto de compraventa contiene, junto al pacto comisorio expreso, la estipulación por la cual, ante el incumplimiento del comprador, las sumas abonadas quedan en poder de los vendedores. El propio sentenciante de grado calificó esa pérdida como multa por el incumplimiento, con cita de la doctrina del art. 652 del Código Civil y del actual art. 790 del Código Civil y Comercial. Se trata, pues, de una cláusula penal: una liquidación convencional y anticipada de los daños derivados del incumplimiento, estipulada por las propias partes al contratar (arts. 790 y 792, Código Civil y Comercial, ordenamiento aplicable en razón de la fecha de celebración del contrato, 5 de mayo de 2016; art. 7, Código citado).
Ahora bien, el art. 793 del Código Civil y Comercial establece que la pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora, y que el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente. La norma consagra el carácter sustitutivo de la pena convencional y el principio de su inmutabilidad relativa: fijada por anticipado la reparación, ella absorbe la totalidad de los daños derivados del incumplimiento que la motiva, quedando vedado al acreedor pretender su acumulación con otros rubros indemnizatorios de la misma fuente, salvo pacto expreso en contrario, que en la especie no se ha invocado ni surge de las constancias reseñadas.
En ese marco, habiendo optado los vendedores por la resolución con retención de la totalidad de lo percibido —U$S 187.500 entre anticipo y cuotas 1 a 4— en concepto de pena convencional, la privación del uso del inmueble durante el lapso en que el comprador incumplidor lo detentó constituye un daño derivado de ese mismo incumplimiento resolutorio, comprendido en la función de liquidación anticipada que la pena cumple. La indemnización adicional fijada bajo el ropaje de canon locativo importó, entonces, acordar al acreedor una reparación suplementaria que el art. 793 citado no consiente.
Empero, ese capítulo del fallo no fue apelado por el demandado, único a quien agraviaba, por lo que arriba firme a esta instancia y no puede ser revocado ni reducido por esta alzada, en virtud de la prohibición de la reformatio in peius,1 garantía del apelante que veda empeorar su situación cuando la contraria consintió el pronunciamiento (arts. 260, 266 y 272, C.P.C.C.; SCBA, doctr. causas L. 70.021, 5/4/2000, “Trentín”; C. 90.644, 22/6/2011, “Conde”; L. 87.905, 17/8/2011, “Hoste”; L. 86.920, 8/10/2014, “P., G.M.”).
Pero esa misma firmeza marca el límite infranqueable de la pretensión recursiva: si el rubro no debió ser acordado, su subsistencia obedece exclusivamente a la falta de impugnación del deudor, y no puede esta Alzada, a instancias de quien ya obtuvo en origen más de lo que jurídicamente le correspondía, ampliarlo ni mejorarlo, sea extendiendo el período de su devengamiento —primer agravio—, sea sustituyendo su modo de cuantificación por valores actuales —segundo agravio—. El interés que sustenta todo recurso supone un agravio jurídicamente atendible (arts. 242 y 260, C.P.C.C.), y no lo hay en quien pretende acrecentar una condena cuya procedencia misma se encuentra excluida por la norma sustancial. Ambos agravios deben, por esta razón central, desestimarse, y la sentencia confirmarse en los términos en que fue dictada.
2.2.2. En función de ello, no corresponde tratar los restantes agravios.
El rubro fue admitido en la instancia de origen como indemnización por la retención indebida del inmueble, cuantificada en los frutos civiles de la cosa indebidamente detentada por el comprador, reputado poseedor de mala fe desde el anoticiamiento del reclamo (arts. 2433, 2434 y 2438, Código Civil; 1935, Código Civil y Comercial). El presupuesto de esa obligación es la detentación de la cosa por quien debe restituirla: los frutos se adeudan mientras el obligado retiene el bien y priva de él a su dueño.
Y si bien las restricciones que la recurrente invoca —imposibilidad de locar y de disponer, calidad de depositaria de los bienes inventariados— derivan de un hecho del deudor y de la pendencia misma del proceso, el perjuicio que de ello pudiera seguirse constituye un daño que deriva del incumplimiento contractual asumido y comprendido, por ende, en la reparación tarifada que ha sido reconocida en la pretensión deducida, que integró la litis tal como quedó trabada (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 260, 261, 266, 272 y 384 CPCC). Tampoco resulta de aplicación el precedente “Caldino” invocado por analogía, pues allí la entrega de la tenencia provisional no hizo cesar el curso de los alquileres porque subsistía el contrato de locación que los devengaba por título contractual vigente, mientras que en el caso la fuente de la obligación es una promesa de venta que se ha considerado resuelta.
2.2.3. Otro tanto ocurre, a todo evento, con el segundo agravio, siendo innecesario su abordaje por constituir una temática abstracta por tratarse de un rubro cuya procedencia misma excluye el art. 793 del Código Civil y Comercial.
2.3. Las costas de segunda instancia deben imponerse a la parte actora en su condición de vencida (art. 68, C.P.C.C.), sin perjuicio de señalar que, no habiendo mediado contestación de los agravios, no existen trabajos profesionales de la contraria que retribuir en esta instancia.
Con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Jaime Oscar LÓPEZ MURO dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo:
Atendiendo al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde, y por los fundamentos expuestos, propongo: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de segunda instancia a la parte actora en su condición de vencida (art. 68, C.P.C.C.), dejando constancia de que, al no haber mediado contestación de los agravios, no existen trabajos profesionales de la contraria que retribuir en esta instancia.
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor LÓPEZ MURO dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor SOSA AUBONE.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso y agravios. 2) Imponer las costas de segunda instancia a la parte actora en su condición de vencida (art. 68, C.P.C.C.), dejando constancia de que, al no haber mediado contestación de los agravios, no existen trabajos profesionales de la contraria que retribuir en esta instancia. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia