Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125359
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.359 "LÓPEZ MARTA INÉS Y OTRO/A C/ CHIAPPINO DANIEL Y OTRO/A S/ RESOLUCIÓN CONTRATO COMPRA/VENTA INMUEBLES" y su acumulada.
I. La actora Marta Inés López deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -por un lado- declaró mal concedido el remedio de nulidad, con sustento en que no se habían desarrollado agravios basados en el art. 168 de la Constitución provincial y que los planteos traídos no eran propios de la vía incoada, y lo reputó inoficioso a los fines regulatorios. Y por el otro, repelió -con costas- el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 68, 296, 279 y 289, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812; 30, ley 14.967; v. resol. 14-XI-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 12-XII-2023 y su archivo adjunto titulado "LOPEZ+RECURSO+FEDERAL.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que desestimó la demanda por resolución contractual deducida por Marta Inés López y Carla Vanesa Di Rocco -hoy fallecida, siendo la primera su única heredera- contra Daniel Chiappino y Carlos Hugo Mendiondo. Y, asimismo, hizo lugar al reclamo por escrituración promovido por estos últimos, condenando a la aquí recurrente, a L. E. Z. -en representación de T. R. D. R.- y Lorena Paola Di Rocco a otorgar la escritura traslativa de dominio en las condiciones pactadas en el boleto de compraventa base del proceso (v. sents. de 12-X-2021 y 18-XI-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de tutela judicial, defensa en juicio, interés superior de los niños, niñas y adolescentes, debido proceso, propiedad, primacía y acceso a la justicia (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 1, 8, 10/12, 15, 20, 22, 24/27, 29/30, 32 y 36/37, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que el fallo en crisis resulta arbitrario, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas del expediente y debe ser dejado sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las constancias objetivas de la causa, la prueba aportada y de la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce-. En consecuencia, rechazó -dogmáticamente y con exceso ritual- los recursos deducidos, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 320:2089; 302:1430; 339:1441; 313:1223; 320:2089; 323:1449; 324:3612, entre otros), en particular la causa "Colalillo" (CSJN, Fallos: 238:550; v. págs. 8/36, adjunto cit.).
En tal sentido, objeta que se haya declarado mal concedido el remedio de nulidad deducido. Así, denuncia que este Tribunal soslayó tratar y resolver debidamente los planteos en él esgrimidos -que aquí reedita- relacionados con que no medió decisión sobre la invocada mala fe de los compradores y la imposibilidad de cumplir con su parte de la obligación al momento de escriturar. Y asevera, que dichos agravios resultaban suficientes para dejar sin efecto el fallo de la Cámara (v. págs. 16/23, adjunto cit.).
Cuestiona, también, el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley, con base en que el mismo había sido insuficientemente fundado. Aduce que esta Corte, desestimó mediante fundamentos aparentes los planteos en él esgrimidos -que reproduce-, relacionados con la revisión de las circunstancias fácticas de la contienda, la autorización judicial previa del niño para disponer del bien, el pacto comisorio, la interpretación de las cláusulas contractuales y, en consecuencia, el rechazo del pedido de resolución contractual y el progreso de la acción de escriturar. Y asevera que dichos agravios no eran meras discrepancias y resultaban aptos para refutar las razones dadas por la instancia anterior en grado y demostrar el absurdo de su sentencia (v. págs. 23/36, adjunto cit.).
II.3. Alega, finalmente, que el pronunciamiento atacado debe ser declarado nulo, en tanto a partir de la sentencia de primera instancia el menor interviniente quedó -según su entender- en un estado de absoluta indefensión, pues ninguno de los involucrados en el resguardo de sus derechos -progenitora y Asesoría- impugnó o se expresó mínimamente sobre los actos jurisdiccionales dictados con posterioridad, lo que implicó -a su modo de ver- un quebrantamiento del principio constitucional del "interés superior del niño" (v. págs. 10 y 36/38, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 20-XII-2023) y cumplida la vista al Asesor interviniente (v. proveído de 21-II-2024 y escritos electrónicos de fechas 27-XII-de 2023 y 23-V-2024), el mismo no fue contestado por la contraparte.
IV.1. En lo que refiere a la vía federal intentada, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
Liminarmente, debe señalarse que las cuestiones de admisibilidad, así como las referidas a los hechos y las pruebas y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada para desestimar la acción de resolución contractual y acoger la de escrituración, la inadmisibilidad del recurso de nulidad e insuficiencia del de inaplicabilidad de ley) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; 330:4770; 329:646; 325:1201; 330:133; 329:5424; entre otros).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar los recursos intentados. En efecto, mediante los planteos ensayados sólo insiste la agraviante con los cuestionamientos expuestos en los remedios locales que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 8/38, adjunto cit.; págs. 4/22 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 1-XI-2021 y resol. en crisis cit.).
IV.3. Por otro lado, la alegada afectación del principio constitucional del interés superior del niño involucrado (v. págs. 10 y 36/38, adjunto cit.), más allá de resultar fruto de una reflexión tardía y novedosa por no haber sido planteada en la oportunidad pertinente por la recurrente, dicha garantía se vio resguardada por las sucesivas actuaciones del Asesor de Incapaces interviniente (v. escritos electrónicos de fechas 18-X-2021; 29-XI-2023; 27-XII-2023 y 23-V-2024, e. o.), órgano al que el Código Civil y Comercial le encomienda actuar en el ámbito judicial -de manera complementaria o principal- en resguardo de los derechos e intereses de las personas en situación de vulnerabilidad (art. 103, CCCN). De allí que, tampoco en este aspecto, la vía deducida porte un agravio que lo torne admisible (arg. art. 3 inc. "c", Ac. 4/07, CSJN; doctr. causas C. 122.771, "L. M. S/ Abrigo", resol. de 25-IX-2019; C. 124.366, "L., S. B.", resol. de 15-VII-2022; e. o.).
IV.4. Finalmente, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 1, 8, 10/12, 15, 20, 22, 24/27, 29/30, 32 y 36/37, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Colalillo", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 15-III-2022; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.021, "Stradella", resol. de 19-XII-2022; C. 125.311, "Sosa", resol. de 1-VIII-2023, C. 126.125, "Piperino", resol. de 19-II-2024; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/08/2024 10:08:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2024 11:06:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/09/2024 12:11:56 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:13:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 20:18:58 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/09/2024 10:55:19 hs. bajo el número RR-628-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia