Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123079
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fs. 806/807 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007 CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"GIMENEZ NELLY MARGARITA Y OTROS C/ VARGAS MARCELO ARIEL S/ RESOLUCION CONTRATO COMPRA/VENTA INMUEBLES"
La Plata, 4 de diciembre de 2019.
I. Los apoderados del demandado deducen recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. fs. 790/803 y 785/786 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó el fallo de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de resolución contractual y daños y perjuicios incoada por Nelly Margarita Giménez, Susana Nélida Rivas y Esther Teresa Rivas contra Marcelo Ariel Vargas, al encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso y -a su vez- desestimara la reconvención por escrituración (v. fs. 683/695 y fs. 742/764 vta.).
II. En la vía ahora intentada, los recurrentes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación del derecho de propiedad y la garantía del debido proceso (art. 18 de la Constitución nacional; v. fs. 792 y 799 vta.).
III.1. Aducen que este Tribunal, al rechazar por una supuesta falta de fundamentación su recurso extraordinario local, deja firme la decisión de la Cámara departamental, incurriendo -a su entender- en omisiones de cuestiones trascendentes, apartamiento de constancias relevantes de la causa y de la propia doctrina de este órgano (v. fs. 792)
III.2. Agregan que en el análisis que realiza esta Corte se pone en evidencia -según su criterio- un error lógico en la aplicación del derecho. Así, afirman que su parte no objeta la facultad de la vendedora de exigir el pago del precio. Sin embargo, explican que con el ofrecimiento tardío para firmar la escritura debió aportarse la documentación y elementos necesarios para que la notaria designada realice el acto (v. fs. 797).
III.3. Opinan que, a los fines de ese análisis lógico de la cuestión, se debió ingresar en los planteos vinculados con la mora de las actoras en su obligación principal (trasferencia de dominio) y la pretensión de exigir un saldo de precio erróneamente calculado y daños y perjuicios unilateralmente determinados, todo en un ejercicio abusivo del pacto comisorio, según su punto de vista (v. fs. 797 vta. y 799 vta.)
III.4. Finalmente, insiste en la omisión de las sucesivas instancias de valorar una prueba -a su modo de ver- fundamental, conducente y relevante, esto es, la declaración testimonial de la notaria quien sostuvo que no tuvo a su disposición la documentación necesaria para realizar la escritura (v. fs. 800 vta.)
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 804), el mismo fue contestado por la parte actora (v. escrito electrónico de fecha 3-X-2019 y fs. 806/807 vta.).
Con respecto a la pieza de fs. 806/807 vta., cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en todas sus carillas; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX). En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.).
V.1. Con relación al remedio federal impetrado, corresponde recordar -liminarmente- que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación de derecho procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por la Cámara, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405).
En razón de ello, en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, con relación a los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos expuestos por los recurrentes no constituyen más que una diferencia de opinión, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59 y 310:405; entre otros; arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de falta de fundamentación, omisión de cuestiones y de valoración de prueba, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional (doctr. art. 15, cit., v. fs. 792, 796 vta. y 799).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
V.3. Resta decir, que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derecho de propiedad y garantía de debido proceso; art. 18, Const. Nac.; v. fs. 792 y 799 vta.), no abastecen el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fs. 806/807 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007 CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia