Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123144
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
C. 123.144 "CORDOBA CARLOS ALBERTO C/ MACHADO MARIA ANGELICA Y OTRO/A S/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de un juicio de rescisión contractual e indemnización por daños y perjuicios, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta e hizo lugar a la demanda deducida por Carlos Alberto Córdoba contra María Angélica Machado y Faustino Arroyo, y en su consecuencia, declaró resuelto el boleto de compraventa suscripto por las partes, condenó a los accionados a reintegrar el inmueble de autos al actor y declaró perdidas en favor de la accionante -en carácter de indemnización- las sumas entregadas a éste en concepto de pagos parciales de precio (v. fs. 7/8 vta.; sent. de 2-VI-2017, en arch. adj. a la present. electr. de 14-III-2019).
Apelado dicho fallo por el codemandado Arroyo, la Sala III de la Cámara de Apelación del fuero departamental lo revocó y rechazó íntegramente la pretensión de resolución de contrato y daños y perjuicios incoada, sin perjuicio de los derechos que pudiera ejercer el actor para obtener el cumplimiento de las prestaciones adeudadas (v. fs. 11/30; sent. digit. 21-XII-2018, en arch. adj. present. electr. de 14-III-2019).
Frente a dicho pronunciamiento el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 31/55 vta.; escr. digit. de fecha 18-II-2019, arch. adj. present. electr. 14-III-2019), el que denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. fs. 57; cop. dig. resol. de fecha 28-II-2019, arch. adj. present. electr. 14-III-2019), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. fs. 61/63 vta.; presentación electrónica de fecha 14-III-2019 y su arch. adj.).
II. En la queja incoada, el recurrente pretende que a los fines de superar el observado requisito de admisibilidad se tenga en cuenta el monto mínimo fijado en la ley vigente al momento de articulación de la demanda -año 2008-, la realidad económica existente a la fecha de la suscripción del boleto de compraventa de autos y la consecuente actualización del precio. Sostiene, asimismo, que al estar conformada su pretensión resolutoria con el reclamo adicional de daños y perjuicios -sin un valor concreto- ello tornaba el caso como de monto indeterminado, invocando también finalmente la existencia de agravio federal que habilitaría sortear tal recaudo.
Al respecto, cabe señalar en primer lugar que la Corte ha sostenido que el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en casos como el presente, es de monto determinado y está representado para el recurrente que impugna el rechazo de su pretensión por el precio del contrato de compraventa que en primera instancia se declaró resuelto, con más la indemnización allí reconocida -decisión que consintiera- (conf. doctr. C. 118.779, "Misuraca", resol. de 18-VI-2014; C. 121.718, "D'Angelo", resol. de 13-IX-2017; C. 122.078, "Cejas", resol. de 7-III-2018; C. 122.525, "Avila", resol. 19-XII-2018; C. 124.597, "Rojas", resol. 23-IV-2021).
Conforme a ello resulta inatendible su pretensión de considerar el valor del agravio a estos fines como indeterminado en cuanto a los daños y perjuicios reclamados, atento al consentimiento del resarcimiento fijado en tal carácter en el fallo que consintiera (conf. doctr. causas cits.).
Por otra parte, también ha dicho este Tribunal -en numerosos precedentes- que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol. de 19-IV-2017; C. 121.695, "Silvero,", resol. de 13-IX-2017; C. 122.250, "Raut", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020), por lo que no pueden ser atendidas las alegaciones dirigidas a superar tal valladar (doctr. causas C. 114.679, "Cristalfin S.A.", resol. de 31-VIII-2011; C. 120.993, "Gonzáles", resol. de 26-X-2016; C.122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 123.150, "Bugallo", resol. de 19-IV-2021).
Así, en el sub lite , las sumas indicadas en la sentencia de la instancia de inicio que fuera revocada -precio convenido en el contrato cuya resolución persigue y cuotas pagadas en favor del actor reconocidas como indemnización, sumas no desconocidas en la queja-, no alcanzan el mínimo establecido en el art. 278 citado -según ley 14.141 y Acordada 3.918/2018 vigente al momento de interposición del carril extraordinario-, para acceder a la revisión por la vía incoada (v. sentencia mencionada en el punto I de la presente; conf. doctr. causas C. 122.746, "Pared", resol. de 19-IX-2018; C. 123.971, "Ardissone", resol. de 29-VII-2020; C. 124.597, cit.).
Asimismo, es doctrina reiterada de esta Corte que, a fin de evaluar el mencionado recaudo de admisibilidad, no corresponde adicionar intereses, ni actualizar tal suma (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 119.465, "Di Santo", resol. de 18-III-2015; C. 122.757 y C. 122.699, cits.; C. 122.670, "Weigel" y C. 122.856, "Rodríguez", ambas resols. de 18-II-2021; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021).
Igualmente, deviene pertinente destacar en relación a la mención realizada en el recurso en cuanto a la aplicación del art. 31 bis del decreto ley 5.827 que no se advierte que en el sub lite se encuentre configurado ninguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que con carácter excepcional este Tribunal diera trámite al recurso obviando la ya mencionada limitación (conf. doctr. C. 112.809, "Di Franco", resol. de 13-X-2010; C. 114.803, "Lahitte", resol. de 5-X-2011; C. 115.918, "Maio", resol. de 2-XI-2011; C. 119.068, "Mizrahi", resol. de 17-XII-2014).
Finalmente, si bien se denuncia la supuesta vulneración de garantías constitucionales, invocando la afectación del acceso a la justicia como de los derechos establecidos en los arts. 14, 14 bis, 15, 16, 17 y 18 de la Carta magna, lo cierto es que -en el marco referenciado- no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar - prima facie - la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos", resol. de 11-II-2016; C. 124.163, "Morbiducci", resol. de 4-XI-2020; C. 124.304 "S.A.D.A.I.C.", resol. de 23-IV-2021; C. 123.084, cit.).
En tales condiciones, se impone el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/06/2021 17:30:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 19:12:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2021 10:25:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 16:44:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 14:27:31 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia