Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124844
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo de $ 1.090.000, queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 124.844 "LAVORATO MARIA SOFIA C/ TOLOSA JOSE LUIS S/ RESOLUCION CONTRATO COMPRA/VENTA INMUEBLES"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora modificó el fallo de origen que, a su turno, por un lado, hiciera lugar a la acción de resolución contractual incoada por María Sofía Lavorato contra José Luis Tolosa y, por el otro, rechazara su par de cumplimiento contractual impetrada por este último contra la primera. En tal sentido, elevó el importe resarcitorio en concepto de daño emergente (v. sentencias de fecha 31-X-2019 y 2-II-2021).
II. Frente a ello, el letrado apoderado de la parte demandada-reconviniente interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 18-II-2021).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 2 de febrero de 2021 -a la luz del material probatorio colectado en la especie- para revocar el pronunciamiento de primer grado, sostuvo "... la falta de cumplimiento por parte del demandado del pago del precio correspondiente, y la consecuente cristalización de los instrumentos legales a los fines de concretar la operación inmobiliaria (boleto de compraventa conforme lo convenido, o escritura pública traslativa de dominio de acuerdo a la intimación de la actora y la aceptación del pretenso comprador, designando notario), no permiten tener por cumplida debidamente la opción de compra que pretendió ejercer Tolosa (art. 384 del CPCC). Así, vencidos todos los términos contractuales, la potestad resolutoria del contrato ejercida por la actora resulta ajustada a derecho." (v. págs. 21/22).
Tal argumento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 11/19 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la ponderación de las circunstancias fácticas de la litis , la inexistencia de compraventa, el bien objeto del contrato y la valoración de las pruebas) se desentienden de los expuestos por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Cabe rememorar que discrepar con las motivaciones brindadas por los sentenciantes no es base idónea de agravios, ni constituye el supuesto de absurdo, causal de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en el discurrir del juez, dando lugar así a la única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de temáticas de hecho y prueba (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 118.426, "Dignani", sent. de 12-VII-2017; C. 121.282, "Club Atlético All Boys", sent. de 21-III-2018 y C. 122.323, "Suelgaray", sent. de 6-XI-2019; e. o.).
A lo expuesto, debe adicionarse que el canal bajo estudio exhibe un absoluto desentendimiento sobre las normas legales expresamente actuadas en la solución recurrida (v. págs. 9/23 de la sentencia atacada). En esa dirección, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo sino que -además- omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015 y C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias).
Lo dicho, basta para desestimar esta parcela impugnativa (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Por último, tampoco cabe atender la alegada violación a la doctrina legal expuesta a lo largo del recurso, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga esta última no abastecida eficazmente por el quejoso que conlleva a repeler -también- este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo de $ 1.090.000, queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/12/2021 14:00:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2021 10:25:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 12:42:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 17:39:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2021 14:08:14 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2021 11:11:10 hs. bajo el número RR-938-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia