Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122646
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la Procuración General (v. fs. 822/823), se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Con costas de esta instancia a la recurrente que resulta vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Soria, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.646, "Martí, Manuela contra Ocampo, Nélida y otros. Resolución de contrato".
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó el fallo anterior que, a su turno, había estimado la demanda y rechazado la reconvención (v. fs. 752/766 vta.).
Se interpuso, por la codemandada Ocampo, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 774/810).
Oída la Procuración General (v. fs. 822/823), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Se ventilan en autos dos acciones: una entablada por la actora Manuela Martí -por vía de acción, contra los codemandados Nélida Laura Ocampo y Hugo Benigno Pérez- por resolución de compraventa inmobiliaria con más daños y perjuicios; y otra, de daños y perjuicios, opuesta por vía reconvencional por la señora Ocampo (v. fs. 45/52 y 57; 63/65 y 148/156).
En abono de sus respectivas posturas, las partes en conflicto se atribuyeron diversos incumplimientos de las obligaciones asumidas en el boleto que instrumentó la operatoria, particularmente, las concernientes al deber de los contratantes de escriturar el inmueble objeto de la venta.
Haciendo lugar a la demanda, el Juzgado de Primera Instancia interviniente declaró resuelto el contrato -suscripto el día 13 de mayo de 2011- por culpa de los vendedores, con efecto retroactivo al día 10 de agosto de 2011, momento en que, a tenor de las cartas documento glosadas a fs. 70/71 y 73/74, la adquirente exteriorizó su inequívoca voluntad de concluir el acuerdo; condenó a los accionados a restituir a la actora el importe de treinta y tres mil dólares estadounidenses que ésta les había adelantado como parte del precio, debiendo asimismo el codemandado Pérez devolver el importe de seis mil dólares estadounidenses que recibiera con el objeto de cancelar la hipoteca que pesaba sobre el inmueble, con más intereses al 4% anual desde el 10 de agosto de 2011 hasta el efectivo pago. Dispuso, asimismo, otro pago de treinta y tres mil dólares estadounidenses en concepto de cláusula penal (art. 656, Cód. Civil); importes todos a abonarse dentro de los diez días, con costas de la acción principal a ambos accionados y de la reconvención a la señora Ocampo (v. fs. 704/711 vta.).
II. Apelado el pronunciamiento por esta última, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación departamental lo confirmó. Para así resolver, comenzó por precisar el marco sustancial de aplicación al caso (Cód. Civil velezano; conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.). Seguidamente, analizó las diversas alegaciones y constancias obrantes, y al igual que el juez anterior, arribó al convencimiento de que el ejercicio, por parte de la actora, del pacto comisorio expreso previsto en el boleto se vio motivado en el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los vendedores. En tal sentido, destacó la falta de cancelación temporánea de la hipoteca que gravaba al inmueble objeto de la venta y la incomparecencia de la señora Ocampo al acto escriturario, no obstante haber sido previamente anoticiada mediante comunicación telefónica y carta documento. Asimismo, puso de relieve que la coaccionada no había puesto en conocimiento de sus cocontratantes un eventual cambio del domicilio constituido en el contrato, ni procurado conocer las notificaciones allí cursadas, por lo que mal podía escudarse en un esgrimido desconocimiento de la carta documento que le remitiera la escribana Moscardi (v. fs. 57) haciéndole saber del lugar, fecha y hora fijados para el acto de escrituración (v. fs. 759/766).
III. Contra esta decisión confirmatoria se alza la codemandada Ocampo mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia quebrantamiento de doctrina legal de esta Corte y violación o errónea aplicación de los arts. 505 incs. 1 y 2, 509, 510, 625, 1.185, 1.187, 1.195, 1.204, 1.071, 1.198, 1.423 y concordantes del Código Civil; 163 inc. 6, 272 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 16 a 19 de la Constitución nacional. Alega también absurdo en la labor de apreciación probatoria y arbitrariedad. Formula reserva del caso federal (v. fs. 774/810).
En sustancia y, en síntesis, cuestiona la ponderación de las circunstancias que rodearon al ejercicio del pacto comisorio previsto en el boleto (v. fs. 799/810).
IV. El recurso es insuficiente.
Un primer recorrido argumental tendiente a descalificar la valoración de la conducta de la parte vendedora como causal de la frustración de la venta, gira en torno a los dos tópicos concernientes relevados en el fallo: la demora en la cancelación de la hipoteca y la no concurrencia de la señora Ocampo al acto de escrituración (v. fs. 799/804 vta.).
En cuanto al primer aspecto, cabe de inicio señalar que la circunstancia de que la recurrente hubiese intimado a la notaria -antes del vencimiento del plazo de sesenta días originalmente acordado- a fijar día y hora para la escrituración, tal como lo señala en su pieza de alzamiento (v. fs. 800 vta.), no borra ni desplaza al hecho -remarcado en el fallo- de que al tiempo de cursarse esa intimación no había sido aún cancelada la hipoteca que gravaba el inmueble, obligación a cargo de la parte vendedora, estipulada como condición previa a la escrituración.
En tal sentido, es menester precisar que a tenor de los asientos exhibidos por el certificado de dominio obrante en copia a fs. 15/17, la cancelación de la ampliación de la hipoteca sobre la propiedad se instrumentó por escritura pública pasada por ante el notario Guillermo Luis Vasallo el día 28 de julio de 2011, registrándose dicha cancelación el día 26 de agosto de 2011. Ambas fechas, según también lo señalara la Cámara, son posteriores al vencimiento del plazo original previsto en el boleto que operaba el día 13 de julio de 2011, evidencia que deja sin sustento a la postulada ausencia de mora respecto de tal obligación. Consecuentemente, no encontrándose oportunamente cumplida la tramitación inherente al levantamiento del gravamen que pesaba sobre el inmueble, mal pudo la señora Ocampo intimar eficazmente a la notaria a fijar fecha para la escrituración.
Respecto de lo segundo, cabe decir que aun cuando de las constancias señaladas por la impugnante a fs. 800 vta., 801 y 802 vta. pudiera tenerse por probado que la misma desocupó el inmueble prometido en venta a partir del día 25 de julio de 2011, ello no obsta a la responsabilidad que le cupo al fijar contractualmente un domicilio válido para las respectivas notificaciones, no habiendo prueba de haber puesto en conocimiento de la compradora o de la escribana que habría de autorizar la escritura de venta su eventual cambio o modificación. En tales condiciones, la insistencia en que su parte no fue debida y fehacientemente notificada del lugar, día y hora para la escrituración (v. fs. 800, 801, 802 vta., 803 y 804) no puede receptarse (doctr. arts. 384 y 289, CPCC).
En otro orden de ideas, la duda que a esta altura pretende introducir la recurrente acerca del comparendo de la señora Martí, la escribana Moscardi y el señor Pérez a la sucursal bancaria el día fijado para la escrituración, apontocada en el argumento de no haberse aportado el proyecto de escritura que debió confeccionarse para la ocasión (v. fs. 803 vta. y 804), no puede abordarse, desde que constituye una tardía reflexión no esgrimida en la fase postulatoria del proceso (v. contestación de demanda a fs. 150 vta./154).
Asimismo, tampoco cabe receptar el denunciado quebrantamiento de diversa doctrina legal provocado por la omisión de la Cámara de tratar argumentos que darían cuenta de que al día 1 de agosto de 2011 su parte no se hallaba en mora alguna. En tal sentido, es menester recordar que reparando en el respectivo asiento registral el Tribunal de Alzada dio expresa respuesta contraria a la cuestión que, mal que le pese a la interesada, infructuosamente reedita ante esta instancia.
Por otro lado, la puesta en duda de la existencia de la comunicación telefónica que la escribana Moscardi dijo haber mantenido con la señora Ocampo a fin de hacerle saber el lugar, día y hora de otorgamiento de la escritura traslativa de dominio resulta irrelevante (v. fs. 805 vta. y 806).
En primer lugar, porque más allá de que tal contacto telefónico hubiese -o no- tenido lugar, lo cierto es que la carta documento remitida al domicilio fijado contractualmente cubrió el respectivo propósito de comunicación, conforme se lo ha precisado.
En segundo lugar, porque el valor de convicción -cuanto menos indiciario- que emerge del testimonio rendido por la notaria al decir que tanto ella como su socia habían contactado a la señora -con tal propósito- a través de los teléfonos fijo y celular que le habían dado (v. esp. rta. 11 a fs. 627 vta.), no se ve desmerecido por la simple réplica consistente en que "Es extraño al menos que diga que se notificó al teléfono de la casa de la suscripta cuando yo no estaba en el domicilio desde el día 25 de julio de 2011..." (fs. 805 vta.), argumentación que no solo no trasciende de un plano meramente conjetural, sino que no se hace cargo tampoco de refutar la contingencia de haber sido a su vez contactada al teléfono celular (doctr. arts. 384, 456 y concs., CPCC).
Finalmente, el despliegue de conceptos teóricos sobre el absurdo y la arbitrariedad para descalificar la sentencia como portadora de tales vicios (v. fs. 807 vta./809 vta.), no alcanza a exhibirse más que como una simple disconformidad con lo resuelto, careciendo -por tanto- de entidad técnica para cuestionar las motivaciones del fallo.
Al respecto, esta Corte tiene dicho que para que el escrito con el que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley abastezca las exigencias del art. 279 del Código adjetivo, es imprescindible que el apelante critique idóneamente las motivaciones esenciales que contiene el fallo objetado, lo que no se satisface si limita su embate a manifestar su discrepancia con lo resuelto en la instancia anterior (causas C. 97.121, "Arla", sent. de 29-IV-2009 y C. 102.205, "López de Clar", sent. de 30-IX-2009).
En resumidas cuentas, y más allá de los diversos flancos de ataque esbozados, la recurrente no hace más que ofrecer un recorrido interpretativo propio de los hechos y de las pruebas, que no alcanza sin embargo a evidenciar la sinrazón lógica o las infracciones normativas que se denuncian.
Reiteradamente esta Corte ha expresado que cuando se pretende impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto del que derivan conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas de la causa (causas Ac. 82.508, "Stella de Pasini", sent. de 3-XII-2003; Ac. 86.431, "Muleiro de Paradiso", sent. de 7-III-2005; C. 116.844, "Don Damián S.A.", sent. de 26-III-2014 y C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017). Es que el concepto de absurdo, tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Inversamente, no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etcétera, alcanzan para configurar tal absurdo, requiriéndose la demostración de un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. En otras palabras: al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la interpretación de los informes de los expertos, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, etcétera, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; en cambio, le resulta indispensable demostrar que de la forma en que se lo hizo en la sentencia no puede ser (causas C. 97.885, "Cáceres", sent. de 12-VIII-2009; C. 105.234, "Villegas", sent. de 17-II-2010; C. 104.616, "Pronar S.A.M.A.I. y C.", sent. de 27-VI-2012; C. 119.553, "Cauzillo", sent. de 29-III-2017; C. 120.743, "O., E. J.", sent. de 21-III-2018 y C. 121.792, "Montero", sent. de 29-V-2019).
V. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida por los colegas, no habiéndose demostrado las infracciones denunciadas (art. 279, CPCC), corresponderá rechazar el presente remedio extraordinario. Con costas de esta etapa a la recurrente que resulta vencida (arts. 68 y 289, Cód. cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la Procuración General (v. fs. 822/823), se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Con costas de esta instancia a la recurrente que resulta vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia