Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122457
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.457, "Blaya Dillon, María Jimena y otro contra Barrio de Golf S.A. Resolución de contrato", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido la resolución del contrato de compraventa inmobiliaria (v. fs. 707 y vta.).
Se interpusieron, por los actores, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 710).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso contrario:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora María Jimena Blaya Dillon y el señor Javier Ricardo Cepeda promovieron demanda de resolución de contrato y daños y perjuicios contra Barrio de Golf S.A. en base al boleto de compraventa inmobiliario que suscribieron (v. fs. 19/22; 31/32; 86/87 y 91/92 vta.).
El señor juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda y, por tanto, condenó a la empresa accionada a que reintegrara a los actores las sumas de cuarenta mil dólares estadounidenses (U$S40.000) y dos millones de pesos ($2.000.000), con más intereses (v. fs. 666/674).
I.2. La Sala III de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial del mismo departamento judicial revocó la sentencia desestimando la demanda, pues entendió que no hubo incumplimiento de la parte demandada de su obligación de escriturar al considerar que se había abastecido con el requisito de "notificación fehaciente" que habilitaba a los compradores a ejercer la facultad de resolver el contrato (v. fs. 698/707).
II. Frente a ese pronunciamiento se agravian los actores, denunciando la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
Sostienen que la Cámara al analizar la falta de culpabilidad de la demandada no dedicó un solo párrafo a examinar el caso fortuito que fue el fundamento del juez de grado anterior para determinar el incumplimiento de la otra parte, omitiendo de esa manera considerar una cuestión esencial. Cita doctrina legal en apoyo de su postura (v. fs. 720 vta./722).
III. Ingresando en el estudio del canal anulatorio, por medio del cual se aduce omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, anticipo que no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 298, CPCC).
Se advierte que la impugnación que despliegan los recurrentes está encaminada a cuestionar el pronunciamiento que les es adverso pues la Cámara, para revocar el pronunciamiento y luego de considerar que no se había cumplido con el requisito de la notificación fehaciente que exigía el art. 1.204 del Código Civil -apreciando la conducta desplegada por las partes respecto del contrato suscripto el 19 de septiembre de 2013- analizó, a partir de fs. 706, las probanzas traídas por la demandada con las que justificaba la demora en la escrituración -las mismas que fueron desestimadas por el juez de primera instancia-.
Por lo tanto, lo que los impugnantes aducen como omisión del tratamiento de una cuestión esencial es en realidad la crítica a la forma en que se ha resuelto la cuestión, equivocando los recurrentes la vía elegida en esta instancia, pues su embate es propio del recurso de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas Rc. 119.571, "B., L. J. y otra", resol. de 4-III-2015; Rc. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015 y Rc. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015).
IV. En consecuencia, al igual que el señor Procurador General, pero por los fundamentos dados, considero que la nulidad por infracción al art. 168 de la Constitución provincial que se intenta debe ser desestimada. Costas a los recurrentes vencidos (arts. 68 y 298 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
Sabido es que la omisión de cuestiones a las que se refiere el art. 168 de la Constitución provincial ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia aparece desplazada por el sentido de la sentencia o por el razonamiento expuesto en la misma (conf. doctr. causas Ac. 76.895, "Labaro" y Ac. 79.230, sents. de 19-II-2002; L. 90.233, "Lencina", sent. de 13-XII-2006; C. 103.663, "Escobar", sent. de 22-V-2013; e.o.), como aquí acontece.
En efecto, el Tribunal de Alzada consideró que en la obligación de escriturar -que la actora reputó infringida como base de su reclamo- la intervención notarial altera el régimen de la mora, toda vez que el solo vencimiento del plazo no la produce, dado que incumbe a las partes urgir la citación, configurándose el incumplimiento únicamente por la incomparecencia el día y la hora fijados para el acto, no pudiendo ninguna de las partes imputar morosidad a la otra cuando no impulsó la escritura en la que se encuentra tan interesada como ella en realizar (v. fs. 701 vta./702 vta.).
Sobre esa base concluyó que "los actores no pueden imputar morosidad a la demandada cuando ninguna prueba anexaron de haber impulsado el acto", a lo que añadió que la accionada "demostró que no hay incumplimiento de su parte y, a todo evento, que la demora en efectivizar la obligación de hacer comprometida, no le es imputable" (fs. 703/704), razones estas que, más allá de su acierto u error, tornaron innecesario el abordaje de las cuestiones que el recurso en tratamiento reputa preteridas, todo lo cual sella la suerte adversa de la vía impugnativa intentada.
Cabe recordar que el art. 168 de la Constitución provincial apunta a la omisión de una cuestión esencial y no a la forma como fuere resuelta. Por ello corresponde el rechazo del recurso cuando los temas cuya preterición se denuncia fueron abordados por el Tribunal de Alzada y los argumentos que se alegaron se vinculan más al mérito de lo resuelto que a su falta de tratamiento (conf. doctr. causas Ac. 84.075, "Banco Hipotecario S.A.", sent. de 1-IX-2004; Ac. 87.803, "C., Z. V.", sent. de 23-II-2005; C. 93.117, "Borello", sent. de 18-VII-2007; e.o.).
Para más, la sola circunstancia de que la supuesta omisión de tratamiento refiera una defensa ensayada por la contraria pone en evidencia que la recurrente carece de interés para plantear el tema (conf. doctr. causas Ac. 45.005, "Basualdo de Sciuto", sent. de 27-XII-1991; L. 55.840, "Labriola", sent. de 27-XII-1996; L. 68.614, "Carabajal", sent. de 5-IV-2000; e.o.), toda vez que en el ámbito de la casación lo que legitima el recurso es el interés jurídico de quien lo deduce, no pudiendo en principio afirmar su existencia la parte que denuncia omisión de tratamiento de cuestiones articuladas por la contraparte (conf. doctr. causas L. 106.688, "Ferraro", sent. de 14-III-2012; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014; e.o.).
Adviértase que el Tribunal de Alzada -en ejercicio de facultades que ostenta en grado privativo- describió el contenido de la expresión de agravios y consignó que, según esa pieza, lo que el apelante criticaba era la conclusión del juez de origen cuando afirmó que se había acreditado "que el incumplimiento de la obligación de escriturar obedeció a supuestas demoras no imputables a su parte", lo que consideró un error.
El a quo abordó este capítulo de la expresión de agravios puntualmente y concluyó en sentido concordante con el apelante en que la demora en la escrituración "obedeció a demoras no imputables a su parte". No existe así resquicio alguno para sostener que el tema se encuentre preterido en los términos que formula la pieza recursiva en tratamiento.
II. Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, doy mi voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria y doy el mío por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria y doy el mío en igual sentido y por los mismos fundamentos. Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora María Jimena Blaya Dillón y el señor Ricardo Javier Cepeda promovieron demanda de resolución de contrato y daños y perjuicios contra la empresa Barrio de Golf S.A.
Manifestaron que compraron a la demandada, por boleto de compraventa de fecha 10 de enero de 2013, un lote de terreno ubicado en la esquina de las calles 13 y 460 de la localidad de City Bell, Partido de La Plata, designado como Unidad Funcional 8-a, sujeto a subdivisión por el régimen de propiedad horizontal, cuyo precio era de cuarenta mil dólares (U$S40.000).
También que el 19 de septiembre de 2013 suscribieron un nuevo contrato de compraventa, modificando el anterior. Posteriormente, por medio de carta documento, los actores intimaron a la parte vendedora a cumplir con su obligación de escriturar bajo apercibimiento de iniciar acciones legales por incumplimiento. Con el inicio de la demanda dieron por resuelto el contrato y peticionaron la restitución de lo pagado, el daño moral y que se hiciera efectiva la cláusula penal (v. fs. 80/87 vta.).
Corrido el traslado de ley se presentó la empresa demandada a contestar, repeliendo la acción (v. fs. 171/189).
Posteriormente se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, condenando a la accionada a restituir a los actores las sumas de cuarenta mil dólares estadounidenses (U$S40.000) y de dos millones de pesos ($2.000.000) con más intereses (v. fs. 666/674).
Este pronunciamiento fue apelado por la demandada (v. fs. 676), presentando su correspondiente memorial (v. fs. 684/693 vta.), el que fue repelido por los actores (v. fs. 695/696 vta.).
I.2. La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia de primera instancia y, por ende, rechazó la demanda.
Para decidir de esa manera, luego de establecer que era de aplicación el Código Civil porque el contrato fue celebrado y ejecutado durante la vigencia de ese cuerpo legal, comenzó recordando que la obligación de escriturar es una obligación de hacer, que los arts. 1.185 y 1.187 del Código sustantivo acordaban al boleto de compraventa los efectos propios de un contrato preliminar y que la doctrina de autores y la jurisprudencia coincidían en calificar a la instrumentación escrituraria como un acto complejo donde la obligación de procurarla y colaborar en su concreción pesaba en partes iguales sobre ambas partes celebrantes del negocio jurídico y legitimaba a cualquiera de ellas a instar el acto y exigir el cumplimiento (v. fs. 701/702).
También rememoró que esa Sala había sostenido que la intervención del escribano alteraba el régimen de la mora pues no la producía el solo vencimiento del plazo, dado que incumbía urgir la citación configurándose el incumplimiento solo por la incomparecencia el día y hora fijados para el acto, por lo que resultaban inaplicables los efectos de la mora automática y era menester demostrar que el incumplimiento era producto de un acto voluntario y subjetivamente imputable por dolo o culpa de las partes (v. fs. 702 vta. y 703).
Advirtió la Cámara que los actores no podían imputar morosidad a la demandada cuando ninguna prueba produjeron de haber impulsado el acto, resaltando que a la fecha en que se inició la demanda el lote estaba en condiciones de escriturar y que vencido el plazo fijado en el boleto se siguieron cumpliendo las otras obligaciones convenidas (v. fs. 703 vta.).
Estableció que la obligación de las partes a escriturar se encontraba alterada por la participación necesaria y esencial del escribano, por lo que la mora no se producía de pleno derecho y por el solo transcurso del tiempo, ya que era necesario que ambas partes concurrieran a la escribanía a brindar al notario todos los instrumentos que eran indispensables para otorgar el acto y que para que se configure la mora era menester como paso previo que le requirieran al notario la fijación de fecha y hora para llevar a cabo el acto escriturario (v. fs. cit.).
Resaltó que en el caso los actores se habían limitado a enviar una carta documento a Barrio de Golf S.A. intimando a la escrituración bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales que correspondieran por incumplimiento contractual. Tal requerimiento no lograba cubrir la comunicación fehaciente de la voluntad de resolver el contrato a la que aludía el sentenciante de la anterior instancia, por la ambigüedad del apercibimiento al citar la cláusula décima del contrato del 19 de septiembre de 2013 que contenía dos estipulaciones a favor del cumplidor por las que se podía exigir la resolución del contrato o su cumplimiento (v. fs. 703 vta. y 704).
Luego explicó que los contratos revestían el carácter de ley para las partes, que debían ser cumplidos de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente los intervinientes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión; y que la interpretación del contrato debía ser literal y teniendo en vista la finalidad o intención del negocio, lo que le permitió afirmar que los actores en ningún momento tuvieron la intención de cumplir persiguiendo solamente su resolución y el cobro de la multa pactada (v. fs. 704 vta.).
Encontró que ello era así porque vencido el plazo para la escrituración no solo no colocaron al vendedor en mora sino que siguieron percibiendo los alquileres comprometidos en la cláusula novena del contrato, a lo que se sumaba el reconocimiento de la actora Blaya Dillon, que al absolver posiciones manifestó que había rechazado el ofrecimiento de escriturar un lote de mayores dimensiones ante la demora de hacerlo por el suyo, pues ya no tenía ningún interés en vivir en ese barrio (v. fs. 704 vta. y 705).
A ello agregó que el notario había citado a ambas partes a que se presentaran en la escribanía a suministrar los datos y aportar la documentación, intimación que no fue cumplida por los actores, por lo que en la fecha señalada -24 de septiembre de 2014- el escribano autorizó el Reglamento de Copropiedad y Administración de la parcela comprometida, lo que así había declarado el profesional en la audiencia pertinente (v. fs. 705 vta. y 706).
La Cámara, si bien consideró zanjada la cuestión planteada, se refirió a las demoras en la escrituración que los actores le endilgaban a la demandada.
Encontró que el perito ingeniero designado en autos había manifestado a fs. 412 que si bien la tramitación y aprobación del alcance 7 del expediente administrativo que involucraba la parcela de los actores había requerido de mayor tiempo que los otros alcances al tener que efectuarse correcciones, se encontraba aprobado a la fecha de la firma del contrato (19 de septiembre de 2013) cuando la Dirección de Hidráulica resolvió remitir el expediente a la Autoridad del Agua, lo que no había sucedido con los otros emprendimientos tramitados por la vendedora (v. fs. 706).
En su análisis advirtió que recién el 27 de marzo de 2014 se había dispuesto el levantamiento de la interdicción impuesta por esa última repartición, fecha aquella que coincidió con el inicio de las medidas de fuerza adoptadas por los empleados de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y del Registro de la Propiedad Inmueble, como surgía del informe de fs. 279 y de los dichos del testigo Sappietro (v. fs. 706 y vta.).
II. Se agravian los recurrentes denunciando la violación de los arts. 354, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 509, 512, 513, 514, 1.137, 1.197, 1.198, 1.204 y concordantes del Código Civil; 1, 2, 3, 65 y concordantes de la ley 24.240; 17, 18 y 42 de la Constitución nacional. Alegan, además, absurdo y arbitrariedad.
Comienzan su impugnación entendiendo que se ha configurado el vicio lógico que denuncian, además de la violación de las normas legales que citan, pues la Cámara ha confundido "mora" con "resolución contractual" y concluyó que la demandada no fue morosa, cuando en la cláusula décima del contrato de compraventa se estableció la mora automática; agregan que junto con la cláusula tercera se desvanece el argumento del Tribunal de Alzada de que se requiere de la intervención del escribano que alteraría el régimen de la mora (v. fs. 723 vta.).
Indican que en la cláusula tercera se fijó como fecha tope la del 30 de marzo de 2014, que la carta documento por ellos enviada a la demandada fue para lograr la escrituración a pesar de la mora y que los argumentos esgrimidos por la contraria al pretender excusar su mora ponen en evidencia el retardo (v. fs. 724).
Destacan que la escrituración no es una obligación de medios cuyo incumplimiento contractual pudiera salvarse demostrando un obrar diligente porque ante el objetivo incumplimiento solo demostrando la existencia del caso fortuito podría excusarse de su obligación (v. fs. 724 vta. y 725).
Afirman que es dogmático el argumento de la Cámara de que a la fecha de la demanda se podía escriturar cuando se optó por resolver el contrato, como también el intento de la demandada de anoticiar sobre la escrituración enviando cartas documento que no fueron recibidas; resaltan que del texto de esas misivas no surge que quisieran cumplir porque no hay mención alguna acerca de la multa que debían pagar por el retardo en el cumplimiento de su obligación. Citan doctrina legal en apoyo de su postura (v. fs. 725 y vta.).
Transcriben las cláusulas tercera y décima del contrato de fecha 19 de septiembre de 2013 para señalar que de su sola lectura surgen las infracciones legales denunciadas pues se acordó un doble plazo y la opción de optar frente al incumplimiento de la otra parte y no se pactó la exigencia de comunicación fehaciente de la voluntad de resolver -haciendo referencia al art. 10 de la ley 24.240-, lo que en definitiva aconteció al ejercer la opción el 22 de mayo de 2014 y al notificar la demanda por resolución de contrato y dejar de percibir el pago de los alquileres pactados (v. fs. 726/728).
III. Disiento con la opinión del señor Procurador General. A mi juicio, el recurso debe prosperar.
III.1. Se discute aquí si la parte vendedora ha incumplido con su obligación de escriturar habilitando a la parte compradora a la resolución del contrato por aplicación de lo dispuesto en la cláusula décima del contrato de compraventa inmobiliario suscripto entre las partes con fecha 19 de septiembre de 2013 y que obra a fs. 6/8, de cuyo contenido las intervinientes están contestes.
Allí se estableció que "Esta operación es firme e irrevocable y ninguna de las partes podrá dejarla sin efecto si no mediare el incumplimiento de la otra. La parte que no diere cumplimiento, dará derecho a la otra a su sola opción, a: A) Dejar sin efecto la presente operación, con pérdida para la COMPRADORA de los importes entregados, si ésta fuera la remisa; y si fuera la parte VENDEDORA, deberá reintegrar los importes percibidos con más la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000); B) Exigir el cumplimiento de esta operación, en cuyo caso la parte remisa deberá abonar a la otra una multa d
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