Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98336
En la ciudad de Dolores, a los 23 días del mes de abril del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.336, caratulada: "PIRAN CARLOS ALFREDO Y OTRO/A C/ PIQUET MARTIN VALDES JUAN MIGUEL S/ RESOLUCION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden: Dres. María R. Dabadie y Mauricio Janka.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 287/295 y vta.?
Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. La sentencia interlocutoria de fs. 287/295 y vta., hace lugar a la excepción de incompetencia articulada por las accionadas, impone las costas a la actora y ordena que se archive la causa.
Apela el actor lo así decidido en fecha 18/9/2019 –fs. 313-, y concedido que le fue el recurso –fs. 314-, lo sustenta con la presentación de fecha 07/10/2019 –fs. 319/323 y vta.-, que recibiera réplica en fecha 21/10/2019 y el 22/10/2019.
La recurrente sustenta su discrepancia con lo decidido argumentando, en principio, que la excepción en cuestión –incompetencia- ha sido interpuesta extemporáneamente en tanto las accionadas han consentido la competencia del órgano interviniente al tomar conocimiento del presente proceso en el correspondiente a medidas cautelares –causa n° 67.115, que se tiene a la vista-, con anterioridad a la interposición de las excepciones. En su razón, tal interposición resulta tardía, cuestión que así debió advertirla la sentenciante de grado.
Seguidamente señala que esta propia Alzada se expidió en referencia a la competencia del juzgado interviniente en decisión que adoptó en el señalado proceso por medidas cautelares.
Asimismo, considera que no debió dictarse la incompetencia respecto de BENJAL S.A. puesto que la misma se encuentra demandada a tenor del art. 124 de la LGS que impone que necesariamente la acción deba ser planteada ante un juez argentino. Agrega, respecto del demandado Miguel Piquet Helguera, que ocurre una situación similar. Que si bien la jueza de grado receptó su postulado en el que señala –la recurrente- la existencia de un supracontrato, lo cierto es que pone de resalto que éste demandado únicamente signó uno de los instrumentos, el que no posee cláusula de competencia alguna, por lo que estaba destinado a ser ejecutado en Ayacucho, concluyendo que no procedía la declaración de incompetencia respecto de la acción de daños promovida contra el referido demandado.
Indica que se debió analizar como cuestión previa la nacionalidad de la sociedad anónima BENJAL, que es una sociedad constituida bajo la forma de una sociedad uruguaya que únicamente despliega actividad en Argentina, por lo que se encuentra actuando en violación de las normas de orden público argentino. Que era inexorable que se avanzara primeramente con tal cuestión, para luego inferir que la cláusula de competencia que se encontraba fijada en el contrato de compraventa de acciones no podía tener aplicación, puesto que la misma estaba vedada, es decir que la autonomía de voluntad cedía aquí ante la imperatividad de los sistemas legales.
Resalta la errónea aplicación legal dada a la cuestión, señalando la que en su consideración resulta correcta –citando la específicamente la normativa legal por la cual debe decidirse la cuestión-.
Finalmente, señala la omisión de tratamiento de cuestiones que considera esenciales y las que entiende erróneamente citadas.
En su contestación al memorial fundante, los demandados Miguel Piquet Helguera y Juan Piquet Martín Valdez, por intermedio de su letrado apoderado refutan los argumentos expuestos por la recurrente, solicitando la desestimación del recurso de apelación interpuesto –v, fs. 327/330-. A tal presentación adhiere el letrado apoderado de BENJAL SA. –fs. 333-.
Planteadas resumidamente las cuestiones traídas a consideración de este Tribunal corresponde proceder a su análisis.
II. Esta Alzada.
En primer lugar –y respondiendo también a la queja de la recurrente- cabe recordar que reiteradamente he sostenido –siguiendo la doctrina del Superior Tribunal Nacional- que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir al recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; entre muchos otros).
Dicho ello y ya en el análisis de los agravios, debo señalar que no le asiste razón a la quejosa en cuanto a la extemporaneidad de la excepción de incompetencia planteada.
Ello por cuanto en modo alguno la tramitación de las medidas cautelares fija la competencia del juez que ha de intervenir en el principal, pues específicamente el art. 196 del CPCC establece que resulta válida la medida ordenada por un juez incompetente, aunque lo sea a modo excepcional de la regla que la propia norma establece. Máxime que las mismas se dictan en razón de la urgencia alegada por el peticionante e inaudita parte, tal lo ocurrido en el proceso cautelar iniciado por la aquí recurrente –v. fs. 128/132 y vta., causa n° 67.115; v. mi voto en causa n° 94977, Sent. del 10-11-2015-.
Así, puede el sentenciante declarar su incompetencia para intervenir en la acción principal y abocarse al tratamiento de la medida cautelar solicitada, valorando la urgencia de la cuestión alegada, y el riesgo que se incurre en la demora de su dictado, asegurándose de tal forma la tutela judicial continua y efectiva y el acceso a la justicia (art. 15 Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
En su razón, el argumento de la recurrente carece de sustento.
Ahora bien, sabido es que las cuestiones de competencia deben proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y que una vez precluída la misma, tanto las partes como el órgano jurisdiccional, se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, por lo que lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal, ello así, salvo caso de excepción el cual no se vislumbra en la especie (SCBA, Ac. 58714 S 7-3-2001).
La excepción de incompetencia no gravita ni influye sobre el “derecho” ni sobre la “acción”, sino sobre la constitución válida de un proceso, es por ello que debe ser opuesta en la etapa procesal oportuna -art. 344 del CPCC- sólo se admiten fuera de dicho plazo las demás excepciones que no tuvieren el carácter de previas y han de ser opuestas al momento de contestar la demanda (art. 354 del CPCC).
Se ha puntualizado sobre el particular, que aún en el supuesto de competencia improrrogable, la ley procesal fija oportunidades preclusivas para su alegación por la parte o para su declaración oficiosa por el juez o tribunal, por lo que luego de pasadas esas etapas no puede alegarse incompetencia de ninguna especie (Morello-Sosa-Berizonce, Códigos..., t IV B. ed. LEP, año 1990, pág. 206), (v. causa de esta Alzada n° 86956, Int. del 21-5-2008).
En igual sentido la Suprema Corte local ha señalado reiteradamente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", resol. de 14-IV-2017 y B. 74.806, "Lewin", resol. de 6-IX-2017).
Y en la especie el momento oportuno para plantear las excepciones –en lo que interesa, la de incompetencia-, lo era al contestar la acción entablada –fs. 5/18 vta.-, y ello es lo que ha ocurrido en la especie –v, fs. 193/200 y vta.; 202/220; 222/227 y vta.-, por lo que se aprecia que las mismas han sido incoadas en tiempo y forma.
En su razón, la extemporaneidad planteada carece de asidero.
Superada la valla temporal opuesta por la recurrente, cabe señalar que tampoco le asiste la razón en cuanto a la admisibilidad de la misma.
En primer lugar y para despejar la cuestión cabe señalar que esta Alzada, al contrario de lo sostenido por la recurrente, no se ha expedido con anterioridad sobre la cuestión aquí planteada.
Sí oportunamente –v, fs. 446/449, causa n° 67.115- sentenció que el tratamiento ex officio de la cuestión de competencia resultaba prematura, revocando lo decidido por el sentenciante de grado que previno -Dr. Val-, por lo que no existe pronunciamiento definitivo sobre la cuestión.
Dicho ello, y retomando el camino, debo señalar tal como se sostiene en la decisión que se cuestiona y lo ha aseverado la propia recurrente, por lo que mal puede en este estadio desconocer sus propias afirmaciones sin incurrir en contradicción de sus propios actos –cuestión que se encuentra expresamente vedada-, que la presente acción tiene su causa en un contrato de compra venta de acciones suscripto en la República Oriental del Uruguay, específicamente en la ciudad de Montevideo –v, fs. 141/149 de la causa n° 67.115-, por el cual las partes intervinientes han pactado el negocio jurídico concertado y las reglas que regirían el mismo –v, decisión de esta Alzada de fs. 1-.
Tal contrato se suscribió entre Carlos Alfredo Pirán y Juan Miguel Piquet Martín Valdéz y su objeto era la venta de la totalidad de los títulos accionarios al portador que representa el 100% del capital accionario de Benjal S.A., ello el día 12 de abril de 2010.
En lo que interesa, en el punto 11.7 de la referida concertación, se estableció literalmente que “El presente contrato se regirá por las leyes de la República Oriental del Uruguay, siendo competentes para entender sobre cualquier cuestión vinculada con el mismo, los Jueces Letrados de Primera Instancia de Montevideo”.
Luego, y vinculados a tal negocio, se suscribieron otros instrumentos, a saber: un “Convenio Complementario”, en la ciudad de Ayacucho, el 12 de agosto de 2010 –v, fs. 83/86, causa n° 67.115-; un “Convenio” por el cual las referidas acciones se mantendrían –conforme lo pactado en el punto 12 de aquél- en depósito en las condiciones que fueron pactadas, es decir, en poder de la Escribana Margarita Facio Helguera, ello en fecha 1° octubre de 2010, en la ciudad de Buenos Aires –v, fs. 135, causa cit.- y un “Convenio de Suministro de hacienda”, el día 8 de febrero de 2011, en la ciudad de Montevideo –v, fs. 136-, los que tienen el carácter de contratos conexos.
Como fuera dicho, estos convenios tienen su origen en el contrato originario de compraventa de acciones, constituyendo un “supracontrato” –al decir de la propia recurrente-, el cual ha sido realizado por las partes intervinientes en pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad.
Se reitera, en el contrato primero de fecha 12/04/2010 al que designaré como “contrato madre” o "contrato génesis", se refiere a la compraventa de acciones y se regló en el mismo los derechos y obligaciones de las partes, las que libremente han convenido todas sus cláusulas, incluso la 11.7 –fs. 148-, que fija la competencia jurisdiccional para conocer de las cuestiones vinculadas con su cumplimiento, lo que implica renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles.
Luego, en los convenios posteriores, no han ejercido el derecho de modificar la referida cláusula en materia de competencia territorial y no puede unilateralmente una parte, cambiar las reglas que están destinadas a circunscribir sus derechos, salvo obviamente que se acredite que la misma resulte abusiva, cuestión que no acontece en la especie.
Lo pactado es ley para las partes. Encontrándose la competencia acordada en forma expresa e indudable, por personas humanas mayores de edad y en pleno ejercicio de sus capacidades, fijando la jurisdicción de los tribunales que han de entender en las cuestiones que se susciten a raíz del contrato cuyo objeto no está prohibido por la ley; por lo que esa cláusula es válida y obligatoria para los contratantes.
Ello así en razón de la normativa de aplicación.
Efectivamente, tal como lo señala la iudex a quo, conforme lo establece el Protocolo sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, firmado y ratificado por la República Argentina por ley n° 24.669 –Prom. 29/07/1996-, y aprobado por la República Oriental del Uruguay en el año 2003 –ratificado en el año 2004-, en su Título II, Capítulo I, “Elección de Jurisdicción”, establece que para los conflictos que surjan en los contratos internacionales en materia civil o comercial serán competentes los tribunales del Estado Parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva (conf. art. 4°, ley cit.).
El artículo siguiente -5°- sostiene que el acuerdo de elección de jurisdicción puede realizarse en el momento de la celebración del contrato, durante su vigencia o una vez surgido el litigio.
En definitiva, tal normativa establece el pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad en las contrataciones internacionales, respecto de los contratos en que intervengan partes provenientes de los países que han lo han suscripto.
Tal Protocolo tiene su génesis en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 (aprobado por dec. ley 7771/56), al cual complementa, al fin de superar los problemas que había generado en su aplicación el art. 56 respecto de la jurisdicción aplicable a las acciones personales (Título 14). (v, http://www.diprargentina.com/2008/03/jurisdiccin-internacional-en-materia.html; Córdoba, Julio César, “Jurisdicción Internacional en Materia Contractual: de los Tratados de Montevideo al Protocolo de Buenos Aires”).
Siguiendo ese iter, en 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió en los autos "Exportadora Buenos Aires S.A. c. Holiday Inn’s World Wide Inc." que "[...] cuando la letra de la ley no exige un esfuerzo de interpretación, la norma debe ser aplicada con prescindencia de consideraciones que limiten los supuestos comprendidos en ella y procurando dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos, 200:165; 302:973; 306:940 y muchos otros). Como regla general, cuando se trata de normas de jurisdicción internacional en materia contractual, esa voluntad consiste en dar certeza a una pluralidad de foros concurrentes, a fin de asegurar el derecho de las partes a acceder a la justicia. Por ello, en ausencia de solución convencional específica, cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales en la República justifica la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos (conf. art. 1215, cód. civil). (v, http://fallosdipr.blogspot.com/2007/03/exportadora-buenos-aires-c-holiday-inns.htm).
Tal antecedente reitera que ante la ausencia de solución convencional específica –autonomía de la voluntad-, en forma subsidiaria debe ponderarse el lugar del cumplimiento de las obligaciones, tal como sostiene la recurrente; posición que no es de recepción.
La aplicación de la referida normativa no puede ser soslayada sin violentar el principio de supremacía preceptuado en los arts. 31 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y la máxima establecida en el art. 27 de las Convenciones de La Haya sobre derecho de los tratados (ratificadas por nuestro país por leyes 19.865 -B.O. 11-I-1973- y 23.782 -B.O. 7-VI-1990-), en tanto se refieren a previsiones insertas en instrumentos internacionales que constituyen ley de la Nación, luego de la ratificación de nuestro gobierno (art. 75 inc. 22, Const. Nac.) (SCBA LP C 105164 S 17/12/2014).
Asimismo, dicha postura ha sido adoptada por el Código Civil y Comercial de la Nación –conf. ley 26.994 t.o.-, en cuyo Título IV, Capítulo 2, específicamente en el art. 2601 establece que “la jurisdicción internacional de los jueces argentinos, no mediando tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles (el resaltado me pertenece) para la prórroga de jurisdicción, se atribuye conforme a las reglas del presente Código y a las leyes especiales de aplicación.
Seguidamente, el art. 2605 señala que en “materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar la jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley.
Y a continuación, específicamente, el art. 2607 establece categóricamente que “la prórroga de jurisdicción es operativa si surge de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiestan su decisión de someterse a la competencia del juez o árbitro ante quien acuden...”.
En definitiva, la normativa local al igual que la internacional señalada consagra el principio de la autonomía de la voluntad en materia de ley aplicable. Establece que los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones.
La elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Dicha elección puede referirse a la totalidad o a partes del contrato.
Por lo que no cabe otra conclusión que los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a una gran amplitud de aspectos, su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. La norma da la bienvenida normológica a la autonomía conflictual y también a la material, dado que las partes pueden regular sus relaciones y contenido del contrato.
Y la validez de la elección del foro en ejercicio de la referida autonomía de la voluntad está acondicionada además a la exigencia, básica para la existencia de dicha voluntad resulte jurídicamente válida, de que el acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva, cuestión que no se encuentra ni alegada ni acreditada en la especie.
Finalmente, he de destacar que no resulta posible que se utilice como basamento para la acción todo un contrato y simultáneamente se pretenda excepcionar de su validez la cláusula por la cual las partes fijan la competencia territorial.
De allí que si la jurisdicción fue acordada libremente entre las partes por un principio de contratos conexos, los que son consecuencia del “contrato génesis o madre” ya sea como complementarios y/o modificatorios, han de seguir el rumbo fijado en el primero en tanto no haya habido revocación de sus cláusulas. (arts. 1073/1075 CCCN).
Corolario de lo hasta aquí dicho es que considero que lo decidido se ajusta a derecho, correspondiendo rechazar el recurso de apelación interpuesto, lo que así dejo propuesto al Acuerdo del Tribunal.
III. Costas.
La costas de esta instancia deben imponerse a la recurrente en su condición de vencida (art. 68, CPCC.)
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
Por los argumentos dados dejo propuesto al Acuerdo el rechazo del recurso de apelación interpuesto y la confirmatoria de la decisión apelada, con costas de esta instancia a la recurrente en su condición de vencida (arts. 68, 196, 242, 246, 260, 330, 354, 345, y concs. del CPCC; 1073/1075,2601, 2605, 2607 y concs. del CCCN; arts. 4, 5, y concs. del Protocolo sobre Jurisdicción In
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