Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 4834
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 4834-22 caratulada "SAEZ MARIANA ELIZABETH C/ PARDO GABRIEL S/ RESOLUCION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", Expte. 75600 del Juzgado Civil y Comercial N° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Manuel Degleue, Graciela Scaraffia, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Roberto Manuel Degleue dijo:
El magistrado de la anterior sede rechazó la excepción de falta de legitimación activa deducida por el demandado Sr. Gabriel Pardo, con costas a su cargo por resultar perdidoso. Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes. Y en lo principal, hizo lugar a la demanda incoada por la Sra. Mariana Elizabeth Saez, contra el Sr. Gabriel Pardo; declarando rescindido el contrato que los vinculara. Ordenó al Sr. Gabriel Pardo, le restituya a la Sra. Mariana Elizabeth Saez, dentro de los diez (10) de notificada la presente, la suma de OCHENTA Y OCHO MIL Pesos ($88.000), con más sus respectivos intereses. Aplicó las costas al demandado vencido. Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes.
A su vez, rechazó la demanda por reconvención articulada por el Sr. Gabriel Pardo contra la Sra. Mariana Elizabeth Saez; con costas a su cargo. Y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes.
En fecha 28-11-2022 apeló la parte demandada, quien fundó su recuso mediante escrito electrónico el 5-12-2022.
Señala que el judicante ha incurrido en omisiones sustanciales de la prueba rendida en la causa derivando en una injusta solución en perjuicio de su parte.
Manifiesta que la actora contrató el servicio completo de su fiesta de casamiento, habiendo quedado probado qué servicios serían prestados por terceras personas que contrataría su parte: catering a cargo de Beto Castro; filmación a cargo de Taglioretti; fotografía a cargo de Sosa, etc.
Dice que también se acreditó que originalmente el precio total se pactó en $546.800, y que la accionada entregó en tres pagos distanciados solo la cantidad de $88.000.-
Sostiene que la sentencia recurrida dio por probado que el precio total pactado debía ser abonado íntegramente 60 días antes de la fiesta, afirmación que la actora tampoco probó, y que mediante lo declarado por los testigos, quienes además de haber sido contratados para el mismo evento, conocen pormenorizadamente la actividad de organizar eventos, dejaron a las claras que congelar el precio del catering requiere un íntegro pago en un período corto dado a que los procesos inflacionarios que vivimos hacen imposible mantener el presupuesto.
Destaca que las acusaciones de la actora en relación a intenciones de incrementar un 66.37% el presupuesto no se probaron, encontrándose ésta en mora de la forma de pago pactada y que la misma se produjo antes de los eventos provocados por la pandemia.
Continúa realizando un detalle de la prueba rendida y de las consideraciones efectuadas por el a quo en el fallo en cuestión, afirmando éste que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad (art. 955 CCyCN), no compartiendo este criterio ya que en un contrato con prestaciones recíprocas, en el que ambas partes asumen obligaciones, entiende que dicho artículo fue incorrectamente aplicado en la sentencia.
Se agravia de la afirmación del sentenciante en cuanto a que el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes devino en un contrato de cumplimiento imposible, siendo que fueron múltiples los eventos que sufrieron como la actora las mismas restricciones pero se reprogramaron pos pandemia.
Dice que declarar la rescisión del contrato de prestación de servicio sin responsabilidad atribuible a ninguna de las partes, y condenar a esta parte a restituir a la actora la suma de $88.000, más intereses y costas, con el único argumento de evitar un enriquecimiento sin justa causa, resulta un beneficio para quien primero incumplió los términos del contrato pactado en cuanto a las formas y plazos de pago, y luego decidió libremente que la fiesta contratada ya no era de su interés.
Por último, también se agravia del rechazo por el aquo de la excepción de falta de legitimación activa en tratamiento, entendiendo que no ha establecido los fundamentos que legitiman a Saez a reclamar por si sola lo que contrató en un 50% .
Peticiona se revoque la sentencia recurrida y se ordene que a partir de ello, el Juzgado de origen se expida sobre la reconvención deducida, y que quedó sin tratamiento.
A su turno la parte actora evacua el traslado conferido, sosteniendo que el demandado pretende cambiar de forma absurda lo que fue probado en el expediente y ocurrió en la vista de causa, solicitando la confirmación de la sentencia apelada.
Ingresados los autos a esta Alzada, se dicta llamamiento de autos el 27-12-2022, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
Sintetizando, el Juez de grado consideró que el contrato de prestación de servicio celebrado entre las partes había devenido de cumplimiento imposible como consecuencia de la pandemia generada por el covid-19, toda vez que el Sr. Pardo no podía prestar los servicios contratados por la parte actora en la fecha acordada, no siendo ello atribuible a ninguna de las partes contratantes. Al respecto, valoró que de la prueba informativa y testimonial en fecha 20/04/2022 se ha logrado acreditar que en dicha fecha se encontraba prohibido el funcionamiento de los salones de fiestas, eventos, usos múltiples y esparcimiento infantil. En consecuencia, ordenó la restitución por parte del Sr. Pardo a la Sra. Saez de las sumas abonadas de $88.000 a fin de evitar un enriquecimiento sin causa.
Contra el citado pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso de apelación. En tal dirección, el recurrente expresó los siguientes agravios: 1) Falta de fundamentación probatoria de la premisa -tenida por cierta por el a quo- de que el precio total pactado debía ser abonado íntegramente 60 días antes de la fiesta. 2) No consideración de que la actora se encontraba en mora en el cumplimiento de la forma de pago que se utiliza para este tipo de servicios y de que la mora se produjo antes de los eventos suscitados por la pandemia. 3) Improcedencia de la figura de la imposibilidad sobrevenida de la obligación sobre la base de las siguientes consideraciones. a) En el caso de autos se trató de un contrato con prestaciones reciprocas en el que ambas partes asumen obligaciones a su cargo; b) la obligación a cargo de Pardo fue la que verdaderamente se tornó de imposible cumplimiento transitoriamente, por razones objetivas, ajenas y absolutas, no así la obligación de pagar un precio por parte de la demanda; c) Que es un tema absolutamente subjetivo que no pueda festejarse un casamiento tiempo después de haberse celebrado d) La parte demandada siempre dejó a salvo la posibilidad de que la actora reprograme la fecha de su fiesta de casamiento, o incluso la posibilidad de que utilice el servicio contratado para la celebración de cualquier otro evento, propio o incluso en beneficio de terceros, dejando asi en claro que bajo ninguna circunstancia afronto un imposibilidad sobreviniente, objetiva y absoluta. 5) falta de legitimación de la actora para reclamar el 100% de la pretensión atento a que ambas partes han reconocido que la contratación fue realizada por la actora y su esposo.
Entrando a resolver, entiendo que la cuestión litigiosa principal gira alrededor de la aplicabilidad al caso concreto del instituto de la imposibilidad sobrevenida de la prestación como modo extintivo de obligaciones.
En virtud de ello, y a los fines metodológicos, habré de principiar el tratamiento de la apelación por el tercer agravio por cuanto condensa el tema aludido y a su vez condiciona el abordaje de las restantes cuestiones involucradas.
A partir de este enfoque, no es ocioso señalar que la pandemia del COVID 19 -como es de público y notorio conocimiento- ha representado una situación sin parangón en la historia moderna de la humanidad y los gobiernos de los diversos países del mundo han tomado medidas de prevención y emergencia para combatir la propagación del coronavirus: desde el cierre de fronteras hasta la instauración de cuarentenas obligatorias.
La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de coronavirus —el COVID- 19— constituye una pandemia. A raíz de ello, en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional, invocando la ley 27.541, que declaró la emergencia pública (que incluye la sanitaria), mediante los decretos de necesidad y urgencia (en adelante, DNU) 260/2020 del 12/03/2020 y 297/2020 del 19/03/2020, ordenó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (art. 1º) con la finalidad de proteger la salud pública. Entre las medidas que se han dispuesto, podemos mencionar a título ilustrativo las siguientes: 1. Ampliación de la emergencia sanitaria por el término de un año. 2. Suspensión de todo tipo de eventos públicos. 3.
Clausura de lugares de acceso público. 4. Cierre de las fronteras internacionales. 5. Aislamiento social obligatorio para todos los ciudadanos -salvo excepciones-. 6. Congelamiento temporario de alquileres. 7. Suspensión de desalojos. 8. Facilidades para créditos hipotecarios. 9. Asistencia a argentinos en el exterior. 10. Pago extraordinario para personal de seguridad y defensa. 11. Prórroga de vencimientos de deudas para pymes y micro pymes. 12. Pago extraordinario al personal sanitario. 13. Créditos a pymes para el pago de sueldos. 14. Prohibición del cobro de comisiones por las operaciones en cajeros automáticos. 15. Incremento de partidas presupuestarias destinadas a áreas críticas. 16.
Obligatoriedad del uso de app COVID-19 para toda persona que ingrese al país. 17. Suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago. 18. Suspensión del cierre de cuentas bancarias. 19. Otorgamiento de Ingreso Familiar de Emergencia. 20. Precios máximos para alimentos de la canasta básica y de primera necesidad. 21.Habilitación de videollamadas para personas con discapacidad auditiva. 22. Construcción de 8 hospitales modulares de emergencia. 23. Creación de la Unidad Coronavirus COVID-19. 24. Designación del jefe de Gabinete como coordinador del sector público nacional. 25. Paquete de medidas para proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento. 26. Refuerzos en la política de protección social. 27.
Habilitación de línea 134 para denuncias por incumplimiento de la cuarentena. 28. Suspensión de partidos de fútbol. 29. Nuevas disposiciones para el transporte público. 30. Restricción en hoteles para alojar argentinos y argentinas hasta el 31 de marzo. 31. Campaña de prevención personalizada para argentinos que viajaron al exterior. 32. Nuevo esquema de atención en AFIP y ANSES. 33. Licencias y trabajo remoto para el sector público y privado. 34. Suspensión del dictado de clases presenciales en todas las escuelas del país. 35. Cierre de los Parques Nacionales y de las áreas protegidas del país. 36. Concesión de licencias preventivas para la comunidad educativa. 37. Implementación de medidas preventivas en el sector hotelero. 38.
Readecuación del calendario académico en las instituciones superiores del país. 39. Actualización de las licencias para trabajadores. 40. Regulación de los vuelos que arriban a la Argentina. 41. Cambios en la operación internacional de la aerolínea de bandera. 42. Línea gratuita de consulta para adultos mayores. 43. Creación del Comité de Crisis en Materia de Transporte. 43. Suspensión de la presencia de público en todos los espectáculos a nivel nacional. 44. Nuevo protocolo para vuelos que llegan a la Argentina. 45. Creación de un fondo especial de $ 1.700 millones.
Es importante destacar que la ley nacional 27.287 (del 28/09/2016), que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, define la emergencia como “una situación, un daño provocado por un evento adverso de origen natural o provocado por los seres humanos que, por su magnitud, puede ser atendida por los medios disponibles localmente” [art. 2º, inc. e)].
Tanto las medidas que fueron adoptadas por las autoridades públicas y aquellas que se adopten en el futuro en aras de proteger la salud de todos los habitantes de la Argentina y contener la propagación de la pandemia, como así también las propias limitaciones fácticas derivadas de la enfermedad (contagios, convalecencia, decesos, etc.), pueden impedir o dificultar enormemente el cumplimiento de los contratos en vigor.
Así pues, el estado general de emergencia sanitaria nacional nos obliga a repensar institutos y dogmas jurídicos en relación al derecho en general y, muy particularmente, a los contratos como instrumentos de cooperación social.
Uno de ellos es la imposibilidad sobrevenida de la prestación como supuesto de incumplimiento no imputable al deudor. Se trata específicamente de un modo extintivo de la obligación basado en un incumplimiento objetivo obligacional.
Para comprender cabalmente los alcances y efectos de este instituto es menester partir de la premisa básica de que el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, tanto al momento de su nacimiento como a lo largo de toda su existencia (art. 725 CCyC).
Si la imposibilidad se verifica en la etapa genética de la relación, la obligación sería nula por falta de objeto. Es decir, en el caso de que este fuera de cumplimiento imposible desde su origen, el vínculo ni siquiera habría llegado a configurarse.
Si la imposibilidad de cumplimiento, en vez de originaria, es sobreviniente, esto es, subsiguiente a la formación del acto que ha generado la obligación, tal contingencia se erige como un obstáculo insuperable para el deudor y, por ende, produce la extinción del vínculo jurídico. En otras palabras, una obligación que nace como posible (que tiene existencia y eficacia jurídica), pero cuyo objeto deviene de cumplimiento imposible por caso fortuito o fuerza mayor (OSTI, Giuseppe, Imposibilitá sopravveniente, en Novissimo Digesto Italiano, Torino 1962, Tomo VIII, pag. 288).
En el caso, estaríamos ante una imposibilidad de cumplimiento sobrevenida por cuanto el hecho detonante de la misma se originó con posterioridad a la celebración del contrato. En efecto, de la prueba confesional producida en la audiencia de vista de causa, en fecha 07/12/2021 y de la posición tercera absuelta por el Sr. Pardo, se ha logrado acreditar que la actora, Sra. Mariana Saez, contrató al demandado para realizar su fiesta de casamiento para el día 21 de noviembre de 2020 (arts 384 y 421 del C.P.C.).
Es dable señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce dos tipos fundamentales de imposibilidad sobrevenida: la definitiva y la temporaria. La primera es aquella que frustra de modo irreversible la posibilidad de cumplimiento de la obligación. La segunda es aquella que obsta transitoriamente a la ejecución de la prestación pero que, al cabo de un tiempo, habrá de desaparecer el obstáculo que impide el cumplimiento. El primer supuesto aparece receptado en el art. 955: "La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados".
Del texto normativo se desprende claramente que el efecto principal de la imposibilidad de cumplimiento sobrevenida, absoluta y definitiva de la prestación es la extinción de la obligación y la liberación del deudor, siempre que la imposibilidad sea producida por caso fortuito o fuerza mayor, y resulte totalmente ajena a la conducta de éste. Dicho de otro modo, cabe observar que en la medida en que tal imposibilidad no resulte imputable al deudor, la obligación se extinguirá con todos sus accesorios sin generar ningún tipo de responsabilidad. Ello es así toda vez que nadie puede ser obligado a hacer lo imposible ni responsabilizado por acontecimientos que no puede evitar.
Finalmente, la regulación de la figura de la imposibilidad sobrevenida se completa con el art. 956 del CCyC que reglamenta la imposibilidad transitoria: "La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible".
En virtud de esta disposición, podemos inferir que la imposibilidad es temporaria cuando la prestación es aún posible de ser realizada con posterioridad e idónea para satisfacer el interés del acreedor.
Esto significa que el impedimento habrá de desaparecer en el futuro. Por lo tanto, la imposibilidad transitoria no alcanza para liberar al deudor y extinguir la obligación. Ello sin perjuicio de que pueda eximirse de los daños moratorios que experimente el acreedor a causa del retardo.
Y dado que la obligación sigue vigente, una vez removido el obstáculo, persiste como regla general el deber del deudor de cumplimentar con su prestación. Sin embargo, hay ciertos supuestos en los que se considera que tal imposibilidad tiene efecto extintivo: la frustración irreversible del interés del acreedor y el plazo esencial.
Justamente esto último es lo que se debate en el caso concreto. Ambas partes reconocen la imposibilidad de haber celebrado la fiesta de casamiento objeto de la contratación en la fecha originariamente pactada. Empero, mientras que el accionante entiende que tal situación imposibilitante ha derivado en una frustración irreversible del interés contractual -y, por ende, resulta asimilable a un supuesto de imposibilidad definitiva de la prestación-, la parte demandada replica que dicha imposibilidad temporaria ha quedado superada y que el contrato pudo y puede perfectamente ejecutarse en un momento ulterior al originariamente pactado sin que ello comprometa el fin del contrato.
Esta divergencia nos reconduce a un interrogante central, cuál es si el plazo pactado para la celebración de la fiesta de casamiento reviste o no carácter esencial. Y hago especial hincapié en este requisito de la imposibilidad transitoria devenida en definitiva, pues ha sido el aspecto principalmente cuestionado en la expresión de agravio.
Sobre el mentado presupuesto, se ha dicho que la imposibilidad meramente transitoria no alcanza, por sí misma, para liberar al deudor, aunque tenga incidencia para eximirlo de la responsabilidad por daño moratorio que pueda experimentar el acreedor, mientras ella se propague. La imposibilidad meramente transitoria supone que al cabo de un tiempo habrá de desaparecer el obstáculo que actualmente impide la ejecución de la obligación, provocando que la deuda no se extinga, aún cuando por el momento no pueda ser cumplida y hasta la remoción del obstáculo que impide su ejecución.
Aquí esta el epicentro de la problemática: ¿Existe un límite a la necesidad de espera del acreedor? Es que parece a priori excesivo que el acreedor pretenda prolongar indefinidamente la existencia de la obligación incumplida, cuando el pago tardío puede resultar inútil para el acreedor.
En este sentido, y en estricta referencia al caso de autos, se ha dicho que: "Por ejemplo, la contratación de un salón de eventos para festejar el cumpleaños de una persona con anterioridad a que se decrete la cuarentena obligatoria, sería un típico caso de imposibilidad transitoria asimilable a definitiva, toda vez
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.