Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174305
Expte. Nº 174305 - Juzgado Civil y Comercial N°4
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “DÍAZ, JESÚS MARÍA C/ SANDOVAL, TOY ELIANA Y MIGLIARELLA, FRANCO ANTONIO S/ RESOLUCIÓN DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 16 de julio de 2021?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 16 de julio de 2021, la Sra. Jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 4 departamental, Dra. Andrea Sara García Marcote, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Jesús María Díaz contra Eliana Exis Sandoval Toy condenando a esta última a abonar al actor $38.080,08 más intereses y costas. Asimismo, rechazó la demanda dirigida contra Franco Antonio Magliarella, con costas al accionante.
Para así decidirlo, explicó que no fue controvertida que las partes se encontraban vinculadas por un contrato de locación y que la cuestión a decidir quedaba ceñida a la extinción del negocio; en particular, a los motivos que dieron origen a la resolución -y si ellos fueron causados por la codemandada-, y en su caso qué daños y perjuicios se ocasionaron. A su vez, refirió que era menester definir si hubo responsabilidad del martillero por no haber actuado con la diligencia debida.
Señaló que el 1 de julio de 2013 Díaz alquiló a Sandoval un inmueble ubicado en Brown 1522 destinado a una explotación comercial de venta de rotisería y comidas para llevar. El 13 de diciembre de 2013 el actor le comunicó a la locadora que existían reparaciones que debían llevarse a cabo y que debían ser abonadas por la propietaria; ese reclamo fue negado por esta última, quien aseveró que no había fallas estructurales en el local y que las reparaciones eran a cargo del locatario. El 30 de ese mismo mes el actor insistió en su posición y anticipó que dejará de pagar el alquiler hasta que se realicen los arreglos y el 3 de febrero de 2013, ante la ausencia de una respuesta, dio por resuelto el contrato intimando al reintegro de los gastos de reparaciones, devolución del monto de depósito y la entrega de los pagarés firmados en garantía.
La codemandada rechaza todas las pretensiones y considera efectiva la resolución del contrato a partir del 5 de marzo de 2014, indicando el lugar donde debían devolverse las llaves, lo que finalmente ocurrió el 3 de noviembre de 2014 según dichos de la demandada.
Seguidamente, desestimó el planteo de prescripción por entender que no es aplicable el plazo previsto para vicios redhibitorios y que estaba a su cargo “determinar efectivamente si por la magnitud de la reparación llevada a cabo, ésta estaba a cargo del locador o del locatario y si este puede o no ejercer acción tendiente a disminuir el valor del precio locativo o a estimar la posibilidad de rescindir”.
Agregó a ello que también corresponde definir, para evaluar el ejercicio del pacto comisorio, si la actora estaba in bonis al momento de resolver y, en consecuencia, qué fue lo que las partes entendieron acordar en el negocio. Dijo que desde la firma del contrato (el 1/7/2013) hasta la resolución (3/02/2014) el actor se encontraba en estado de incumplimiento al tiempo de invocar el pacto comisorio y dar por resuelto el contrato. Consideró que no probó haber cumplido las obligaciones de las cláusulas octava (pago de servicios y expensas) y vigésima (seguro de incendio).
Argumentó que no fue probado que los desperfectos en las cloacas y piso de la heladera revistan le hayan impedido el uso y goce del local alquilado.
En el apartado 4, luego de concluir que “la decisión del locatario de resolver el contrato de locación resulta incausada”, se abocó a los rubros reclamados por el accionante.
Afirmó que las reparaciones en la instalación de gas (abonadas por el locatario) eran a cargo del locador, motivo por el cual admitió el reclamo por $18.955,08.
Rechazó los reclamos de gastos de diligencias en la municipalidad, misivas, mediación y lucro cesante. Receptó el reintegro del depósito por entender que la conducta del actor “puede circunscribirse a lo pactado en la cláusula décimo cuarta del contrato de locación”, en cuya virtud el locatario pasados los primeros seis meses puede rescindir el contrato previa notificación al locador. Descontó al monto total el valor de mes y medio de alquiler pactado, generando un saldo de $19.125.-
Finalmente, rechazó la demanda contra el martillero Magliarella por considerar que no se probó su culpa profesional en su actividad de intermediación.
La actora apeló el 11 de marzo de 2022 y fundo su recurso el 4 de mayo de este mismo año, mereciendo la réplica del codemandado Magliarella el 13 de mayo de 2022. Sus agravios pueden sintetizarse del siguiente modo.
(a) Cuestiona la decisión de considerar incausada su decisión de resolver el contrato. Dice que siempre cumplió sus prestaciones y que nunca le fueron reclamadas, ni verbalmente ni en forma escrita. En su caso, se trata -dice- de un incumplimiento que no guarda proporción con aquel que le imputa a la accionada.
Disiente también con la jueza cuando evalúa la magnitud del daño que existía en el local. Entiende que lo relevante era evaluar si el inmueble estaba en condiciones para cumplir el fin con el que fue dado en alquiler. Cita el acta notarial en el que el escribano, acompañado de un plomero, describe las condiciones de la propiedad.
Concluye que la resolución del contrato era viable.
(b) Se queja del rechazo del reclamo por lucro cesante. Destaca que la jueza, al otorgar el monto de las reparaciones que debió hacer el actor, reconoce la responsabilidad de la propietaria en dichas deficiencias técnicas. Si a raíz de las malas condiciones del local no puede explotarse comercialmente, corresponde entonces que se indemnizan las pérdidas ocasionadas.
(c) En su tercer y último agravio, expone su disconformidad con el modo en que fue rechazada la demanda contra el Sr. Magliarella. Este último, dice, fue quien intermedió entre las partes para la celebración del contrato y tiene el deber de informar las condiciones de la propiedad. Alega que el demandado “por la cercanía y antigüedad en el edificio no pudo haber desconocido el tipo de nefasta conexión que se había realizado para el gas” dado que involucraba a todo el edificio del cual él también era el administrador. Considera que, tanto a la luz de la normativa de fondo como de lo dispuesto por la ley que rige su actividad profesional, debe ser considerado responsable.
III. Tratamiento de los agravios.
Por razones de orden lógico analizaré en primer lugar el agravio referido al ejercicio de la facultad resolutoria. Luego, me detendré en las críticas que versan sobre el lucro cesante y, sobre el final, abordaré las quejas vinculadas a la actividad profesional del Sr. Magliarella.
III.1. Sobre el ejercicio de la facultad resolutoria.
III.1.a. Tiene razón la actora cuando cuestiona el modo en que la jueza evaluó la legitimidad de la decisión del Sr. Díaz de dar por resuelto el contrato de locación.
He leído con detenimiento la totalidad de la prueba producida por ambas partes y considero que hay elementos de convicción más que suficientes para demostrar los severos problemas técnicos que afectaron el inmueble arrendado por Díaz, y que fueron perceptibles al poco tiempo de celebrarse el contrato (julio de 2013 -fs. 322-) y de comenzar la actividad gastronómica para el cual había sido alquilado (octubre de ese mismo año -v. fs. 972, respuesta segunda-).
En el acta del 22 de enero de 2014 (v. fs. 71/3), realizada pocos días antes de que Díaz comunique su voluntad resolutoria a Sandoval Toy, el escribano Salerno se apersonó en la propiedad arrendada y constató junto a un gasista que “sobre las paredes del local se encontraban instalados en forma aérea caños de gas, que el requirente y el señor Vergara señalaron como la instalación nueva que habían efectuado, que en el baño se tapaba el desagüe cloacal y salía agua hacia el baño y hacia el negocio; que existen tapas selladas en el fondo del local, que es un sector que fue cerrado a expensas del aire y luz del edificio, de las que, aun estando selladas, sale agua que se disemina por todo el local y, además, verifiqué que una serie de bandejas estaban colocadas debajo de la heladera que se encontraba en el local, que fueron retiradas por el requirente en ese acto, se encontraban llenas de agua” (fs. 72).
Héctor Walter Vergara, gasista que intervino en diciembre de 2013 en las obras que se realizaron en el local y que estuvo presente en la diligencia notarial, indicó que tuvo que cambiar la cañería de gas que estaba embutida por una aérea desde la cabina hasta los artefactos (horno pizzero), dos freidoras, una cocina de 4 hornallas y horno y un termotanque; tuvo que adecuar los artefactos a las normas vigentes e hizo toda la ventilación a nuevo con turbina de extracción (fs. cit.).
Propuesto como testigo, Vergara corroboró en sede judicial lo dicho frente al escribano. Declaró que fue contratado por Díaz cuando Camuzzi retiró el medidor por los defectos hallados en la instalación de gas. Narró las pruebas manométricas con las que ubicó la pérdida, rehízo toda la cañería “porque el diámetro de [la] existente no daba con el consumo de los artefactos existentes” (respuesta tercera). Agregó que “había artefactos que no tenían la matrícula de aprobación” y “tuvo que llamar gente para que intervenga, en este caso fue Vicente porque por ejemplo las freidoras no tenían matrícula de aprobación” (ídem). Señaló también que había “otro tipo de anomalías (...) había agua en el piso que brotaba de la heladera” (respuesta séptima).
La testigo Muñoz, que participó del corretaje que vinculó al actor con la Sra. Sandoval Toy, explicó que “al poco tiempo que él entró se reventaron unos caños, se le inundaba todo, las máquinas que supuestamente andaban bien no andaban, sé que una de las veces que le quería comprar comida este hombre estaba como loco porque se le inundaba todo, y al poco tiempo pasé y ya estaba cerrado el local” (respuesta sexta). Cuando le fue preguntado por el motivo por el cual no pudo habilitar el local, declaró que “tenía que ver desde lo estructural, porque se inundaba, después Camuzzi le había sacado el gas, pero si alguien que cocina no tiene gas y agua no puede realizar su actividad”.
Destaco muy especialmente el relato de Muñoz porque, como se verá más abajo, fue la persona que participó en la intermediación que precedió a la firma del contrato y lo hizo bajo la dirección técnica y profesional del codemandado Magliarella. Este último actuó por encargo de la propietaria (aquí demandada), y tenía al local dentro de su “mercadería” (ver respuesta cuarta de la declaración de Muñoz).
Es evidente entonces que los graves problemas que reportó el local alquilado no son parte de un relato fabulado o exagerado del actor, como pretendió alegar la demandada al resistir la pretensión: eran problemas graves y que fueron conocidos hasta por la persona de la que la propia demandada se valió para conseguir un inquilino y poder arrendar su propiedad.
Camuzzi Gas Pampeana corroboró el corte en el suministro por irregularidades en las instalaciones del inmueble. Informó a fs. 987 que, tal lo narrado por el actor, el servicio fue suspendido entre el 9 y el 23 de diciembre de 2013 por “olor a gas” y “pérdida en la instalación interna”. Además, mediante el oficio que está agregado a fs. 1038, se corroboró la autenticidad de las notificaciones que la actora adjuntó a fs. 35 y 36, vinculados al proyecto de instalación interna N°9203885.
En suma, y tal como adelanté en párrafos precedentes, considero que este material probatorio es suficiente para corroborar el relato que da fundamento a la demanda: ha sido probado que en diciembre de 2013 y enero de 2014 el actor halló desperfectos técnicos graves en el inmueble arrendado -referidos a las instalación de gas, a las medidas de seguridad del equipamiento del local, al piso de la heladera y a las cloacas- y que por su naturaleza y entidad eran idóneos para dificultar y, en su caso, impedir el uso y goce de la cosa con el destino de explotación comercial gastronómica expresamente prevista en la cláusula séptima del contrato (art. 375, 384 del CPCCBA).
III.1.b. Coincido con la jueza cuando, al analizar la defensa de prescripción liberatoria, afirmó que el caso no debe juzgarse a la luz de las reglas que rigen la garantía por vicios redhibitorios sino que la controversia debe dirimirse aplicando el régimen específico de los deterioros que el Código Civil preveía para el contrato de locación (arts. 1515 y sig. del Código Civil).
Pero la diferencia entre uno y otro encuadre no solo es relevante para dirimir la procedencia del planteo de prescripción (cuyo rechazo llega incontrovertido a esta instancia), sino que es también importante para juzgar adecuadamente el proceder del inquilino y la legitimidad del ejercicio de su facultad resolutoria, punto en el cual disiento con la decisión de la colega.
López de Zavalía propone un criterio razonable para dilucidar si un inconveniente en la propiedad alquilada es un vicio redhibitorio o un deterioro: el carácter subsanable del problema y la entidad económica de la potencial solución. El vicio es redhibitorio cuando se trata de un defecto de hecho, oculto e ignorado por el inquilino que -por su gravedad- no genera el deber del locador de reparar sino el derecho del locatario para dejar sin efecto el contrato o disminuir el monto del canon locativo. Los deterioros -en cambio- son técnica, jurídica y económicamente subsanables: pueden y deben ser reparados y, además, esa reparación es materialmente posible y económicamente exigible al locador.
En otras palabras, cuando la subsanación del defecto exige obras de elevado costo que escapan a las posibilidades de actuación legítima del locador, estaremos ante un vicio redhibitorio cuya realización no será exigible y solo habilita la vía redhibitoria o de quanti minoris; en cambio, si el desperfecto admite una solución que es económicamente tolerable para el locador, estaremos en presencia de un deterioro (“Teoría de los contratos”, Buenos Aires: Zavalía, 1992, t. 3 (2), pág. 213 y 225).
Dejando de lado la discordancia que existe entre el canon locativo que figura en la reserva y el que finalmente se consignó en el contrato ($3.000 por mes dice la reserva y reconoce el actor al absolver -posición 6ta- en tanto $1.450 mensuales dice el contrato), considero que el valor de los arreglos realizados por Díaz no resultan prohibitivos o desproporcionados con relación al valor económico total del contrato, incluyendo el elevado monto que le fue exigido al inquilino como depósito (y que Muñoz, que actuó por encargo de Magliarella, reconoció como “una barbaridad”, “una cosa excesiva” -fs. 1075, respuesta 8va-) .
Ello reafirma la idea de que los problemas en la instalación de gas y también los vinculados al piso de la heladera y la cloaca eran deterioros subsanables y exigibles al locatario, y no tenían la entidad para ser concebidos como vicios redhibitorios.
En ausencia de previsiones específicas en el contrato, resulta aplicable el régimen de los deterioros que preveía el Código de Vélez Sarsfield. Es el locador quien debe realizar las reparaciones que exige el deterioro de la cosa, cualquiera sea su causa, inclusive por la mala calidad, vicio o defecto de la cosa (art. 1516 del CC), y si no las paga o retarda su ejecución, el inquilino puede retener la parte del precio que corresponde al costo de esos trabajos y hasta puede hacerlos si fueren urgentes, como finalmente ocurrió en el caso con las pérdidas de gas (arts. 1518 y 1544 del CC).
Todas estas prerrogativas son las que ejerció el hizo el inquilino en el intercambio epistolar que se inició el 13 de diciembre de 2013 (fs. 54) en el que detalló los deterioros hallados, reclamó la realización de las obras (o el pago para que las haga un tercero) y le fijó a la locadora un plazo perentorio de 72 horas, dada la urgencia del servicio afectado (pérdidas de gas).
Ante la negativa categórica de la demandada (v. fs. 68, del 19/12/2013), la actora comunicó en su misiva del 30/12/2013 (fs. 56) que realizó los trabajos a su costa y advirtió que retendría el precio locativo hasta tanto sea abonado, actitud que -en ambos casos- encuentra fundamento en las ya mencionadas facultades del art. 1518 del CC, que establecen que si el locador no repara los deterioros «el locatario está autorizado a retener la parte del precio correspondiente al costo de las reparaciones o trabajos, y siéstos fuesen urgentes, puede ejecutarlos de cuenta del locador» (art. cit.).
La demandada consintió expresamente el fallo que le fue adverso, por lo que llega incontrovertido a esta instancia que las obras que realizó el actor efectivamente estaban a cargo de Sandoval Toy (considerando 4.1 de la sentencia de primera instancia). Ello permite afirmar, en retrospectiva, que los reclamos extrajudiciales de Díaz volcados en las misivas de fs. 54 y 56 eran fundados. Lo único ilegítimo fue la férrea negativa de la propietaria a realizar o pagar las reparaciones cuando le fueron requeridas por medio fehaciente (art. 1516 del CC).
El punto es que a este primer escenario de conflicto en el que el inquilino debió realizar una modificación sustancial y urgente de la instalación de gas ante el [hoy reconocido] incumplimiento de la propietaria se le suma -en plena temporada de verano- un segundo conjunto de problemas derivados del estado defectuoso del piso de la heladera y los rebalses de agua cloacal en el baño corroborados por un gasista de amplia trayectoria en presencia de un escribano (v. acta de fs. 71; fs. 925/6 respuestas 3, 7, 11 y 12 del testigo Vergara; fs. 1074/6, respuestas 6 y 10 de la testigo Muñoz y fs. 972/3, respuestas 3, 4, 5 y 6 de la testigo Díaz).
No solo no hay elementos que me permitan siquiera sospechar que estos problemas fueron generados por la culpa del locatario en el breve espacio de tiempo en el que permaneció en uso y goce de la cosa, sino que la prueba producida me permite inferir la hipótesis opuesta: evidentemente formaban parte de un problema estructural que tenía una propiedad que no estaba en condiciones de ser dada en alquiler sin una previa revisión y reparación técnica por personal idóneo.
En este particular contexto, no luce razonable exigirle al inquilino que siga absorbiendo los costos y los disgustos generados por una retahíla de inconvenientes que impedían darle al inmueble el uso que había sido pactado en el contrato. No hay inversión ni emprendimiento gastronómico que sobreviva a tamaña concatenación de obstáculos, dificultades y problemas edilicios que entorpecen e impiden la operatoria normal de cualquier comercio. Menos aún si esos problemas -y la ilícita negativa de la locadora a cumplir sus obligaciones- generaron gastos que el locatario no tenía por qué asumir y se verificaron en plena temporada de verano, donde existe una razonable expectativa de tener un incremento en las ventas y recuperar al menos una parte de la inversión realizada.
La decisión de resolver el contrato luce, en este acuciante contexto, más que razonable.
Lorenzetti explica que el incumplimiento de la obligación del locador de reparar los deterioros que sufra la cosa habilita no solo al inquilino a que realice las reparaciones urgentes (como ocurrió aquí, tratán
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.