Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 178290
Expte. N º 178290 - Juzgado Civil y Comercial N°9
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Corresponde abrir la causa a prueba en segunda instancia?
2 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 26 de junio de 2023?
3 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En su expresión de agravios, la accionada solicitó la apertura de la causa a prueba en segunda instancia. Pidió se adjunte al presente la documental del proceso de cumplimiento de contrato y se cite como testigo al escribano Gustavo Fariza.
El pedido es inadmisible.
Por lo demás, el pedido de producción probatoria no encuadra en ninguno de los supuestos regulados en el art. 255 del CPCC incisos 2°, 3°, 4° y 5° apartados «a» o «b» y constituye, en cambio, un ofrecimiento probatorio extemporáneo que debió ser formulado en la etapa postulatoria pertinente (art. 484 segundo párrafo parte final del CPCCBA).
Corresponde, por ello, desestimar la solicitud de apertura a prueba en segunda instancia (art. 255 y 484 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Asimismo: (i) intimó a la demandada Marta Mabel D’Addato a que, en el plazo de 30 días desde que adquiera firmeza el fallo, restituya a los actores el inmueble catastralmente identificado como Circunscripción VI, Sección A, Manzana 25, Parcela 6, matrícula 71.906 de General Pueyrredón, ubicado en Padre Cardiel N°6763 de Mar del Plata; (ii) difirió la determinación de los montos correspondientes a los rubros indemnizatorios “ pérdidas e intereses: indemnización en concepto de valor locativo ” e “ Impuestos, Tasas, y demás servicios ”; (iii) postergó la compensación solicitada por los actores.
Para así decidirlo, explicó que antes del inicio de este proceso, los actores promovieron un juicio de escrituración con el objetivo de otorgar la escritura del inmueble y perfeccionar el traspaso dominial. La sentencia de condena se dictó el 7 de mayo de 2019 y la obligación de hacer, consistente en suscribir la escritura, no fue cumplida por la condenada.
El problema, advirtió el magistrado, es que si bien podían los actores exigir su cumplimiento forzoso (art. 510 del CPCCBA), ello hubiera exigido que deban abonar de su bolsillo todos los gastos de confección e inscripción de la escritura, todo lo cual constituye una obligación contractualmente asumida por la parte demandada.
Entendió que el pedido de resolución es procedente en la medida en que no puede válidamente obligar a los actores a pagar todos los costos de la escrituración sin saber si algún día recuperarán ese dinero.
Seguidamente, destacó la conducta pasiva y omisiva de la demandada en ejercer sus derechos e intervenir activamente en los procesos judiciales promovidos por la vendedora del inmueble que habita. Dijo que no cumplió la condena en el proceso de cumplimiento de contrato, y fue declarada rebelde en este pleito de resolución contractual. Apuntó que el vendedor cumplió con las obligaciones a su cargo, quedando únicamente pendiente la escrituración del bien cuyos gastos se encontraban a cargo de la parte compradora (aquí demandada). Señaló que no hay en ninguna de las dos causas que involucran a las partes actos tendientes a obstaculizar el otorgamiento de la escritura.
Luego de efectuar consideraciones teóricas y conceptuales sobre el pacto comisorio, estimó necesario evaluar si la pretensión resolutoria de los actores es abusiva, lo cual requiere analizar el impacto que la pasividad de la demandada produjo en la finalidad negocial, en cuanto afecta o deja insatisfecho el interés del acreedor. Con cita de doctrina, aclaró que el incumplimiento parcial no impide la resolución, no obstante, requiere examinar la gravedad que el incumplimiento tiene en la economía del contrato o si es de tal importancia que altera el equilibrio económico o jurídico del negocio.
Consideró “ a todas luces injusto que quien, fundado en un compromiso de venta, entregó un inmueble deba, luego de transitar por todo un proceso judicial y obtener un pronunciamiento favorable a su derecho, cargar —en contra de lo expresamente pactado— con el pago de los gastos de escrituración al solo efecto de que dicho inmueble sea excluido de su patrimonio y pase a conformar el patrimonio del comprador/incumplidor ”. Reprochó, además, que la demandada tampoco abonó los impuestos, tasas y contribuciones que gravan el inmueble.
Concluyó que la pretensión resolutoria debe ser admitida, dejándose sin efecto la operación instrumentada en el boleto de compraventa obrante a fs. 31 del proceso de escrituración (causa n°18988/2013 de trámite ante el mismo juzgado), con efecto retroactivo al día de su celebración. Obligó a las partes a restituirse lo que hubiesen percibido de la contraria en virtud del negocio resuelto.
La accionada apeló el 3 de julio de 2023 y fundó su recurso el 15 de septiembre de 2023, mereciendo la réplica de la contraria el 25 de septiembre del mismo año.
Sus agravios son:
(i) Alega que el juez se equivocó al interpretar y aplicar normas de fondo y forma sin reparar en que el actor, de forma intempestiva, inició un nuevo proceso sin perseguir como requisito previo el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada oportunamente (esto es, la condena a escriturar), violando los arts. 1085, 1081 del CCyC y 511 del CPCCBA.
Destacó que una exigencia para el ejercicio del pacto comisorio es la intimación previa al deudor para que cumpla la obligación bajo apercibimiento de resolver el contrato con más los daños y perjuicios ocasionados.
La actora, dice, optó por demandar el cumplimiento en el juicio de escrituración, y no su resolución. Dice que pedir luego la resolución « resulta a todas luces contrario al espíritu de la Ley de Fondo» . Cita doctrina que explica que el ius variandi solo puede ejercerse una vez fracasada la ejecución del pronunciamiento y lo normado en el art. 1085 del CCyC que refiere que ante el incumplimiento en el trámite de ejecución el acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato.
Dice que siempre existió de su parte la voluntad para otorgar la escritura, siendo designado el escribano Fariza para llevarla a cabo, quien « anotició que se ha comunicado en diversas oportunidades con los actores para acercarse a la escribanía a los fines de protocolarizar la escritura traslativa de dominio» (sic). Manifiesta que esa propuesta existió en todo momento y el 15 de diciembre de 2022 los actores se negaron a presentarse para escriturar con fundamento en la falta de pago de los honorarios, a la vez que -en esa misma fecha- desistieron de toda prueba como modo de procurar que se dicte la sentencia en este pleito. Considera que el abuso es patente.
(ii) Argumenta que el tribunal debe reparar en que una persona ha abonado el precio en el año 1992, que en el año 2019 se dictó una sentencia que la manda a escriturar y que, luego del A.S.P.O. generado por la pandemia COVID-19, se realizaron las gestiones tendientes a escriturar a comienzos de 2021 en la escribanía Fariza.
Destaca que en el escrito del 2 de diciembre de 2022 en el juicio de escrituración comunicó que efectuó pagos parciales al escribano y le entregó la documentación necesaria para cumplir el acto escriturario.
(iii) Refiere, por último, que el incumplimiento que se le imputa no es grave, importante o esencial como para justificar la resolución del negocio. Los daños y molestias que alegan los actores no son tales puesto que « las cuestiones postales y notificaciones de impuestos pueden ser suplidas ante la entidad correspondiente, y no existe expediente iniciado ni ante en la Secretaría de Apremios ni ante los juzgados contenciosos de la ciudad de Mar del Plata por deudas existentes sobre el bien en cuestión».
a. Adelanto que ninguno de los argumentos expuestos por la demandada permite demostrar un error en las consideraciones de hecho o de derecho volcadas en la sentencia apelada. El recurso, por esta razón, no puede prosperar.
Admito que no logro comprender —y la recurrente no termina de explicar concretamente— cuál es el contenido del comportamiento que consideraba esperable de los actores en el juicio de escrituración; comportamiento que, según su razonamiento, era exigible como paso previo a solicitar la resolución del negocio. En particular, no está claro si lo que les reprocha es no haber efectuado una intimación previa a cumplir (lo que así se menciona, tangencialmente, en su memorial), no haber requerido la ejecución forzada de la obligación de escriturar (esto es, la modalidad que contempla el código procesal en su art. 510 del CPCCBA) o alguna otra medida o actitud semejante cuyo contenido, reitero, no logro dilucidar.
En cualquier caso, el planteo de la accionada no es fundado.
Los actores no estaban obligados a requerir ninguna intimación para que la deudora cumpla la obligación que le era reclamada: perdió un juicio de escrituración y fue condenada judicialmente a otorgar la escritura. Pasó un año y medio y no cumplió: nada hizo para escriturar y nada pagó en concepto de condena dineraria y honorarios regulados, firmes y consentidos. El art. 1085 del CCyC, cuya aplicación al caso no viene controvertido por las partes, establece expresamente que la sentencia de condena lleva implícito el apercibimiento de que, ante el incumplimiento en el trámite de ejecución, el acreedor puede optar por la resolución del contrato.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
En verdad, ya no había nada más que podían hacer.
La condena a escriturar data del 5 de mayo del 2019. La liquidación de la condena, que incluía también una obligación dineraria, fue aprobada el 11 de marzo de 2020, oportunidad en la que se regularon un total de $676.847 en concepto de honorarios para los Dres. Loria (letrado de la actora), Trivisonno (letrada de la demandada) y Lofiego (mediadora). Esta Sala confirmó los honorarios en la resolución del 19 de noviembre de 2020 (causa n° 169775) y el expediente volvió a primera instancia el 22 de diciembre de 2020. Desde allí estuvo paralizado sin ningún tipo de actividad procesal durante dos años. Reitero: no se escrituró, no se pagó la condena dineraria, no se pagaron honorarios ni aportes.
Contrariamente a lo alegado por la demandada, la decisión de los actores de resolver el negocio no ha sido abusiva ni intempestiva. No hay norma ni principio general del derecho que obligue a la parte in bonis de un contrato sinalagmático continuar sufriendo perjuicios patrimoniales por la mora de su contraparte, como una suerte de exigencia o requisito previo a solicitar la resolución del negocio (arts. 10, 959, 1083 y cctes. del CCyC).
La tolerancia que los accionantes frente a la pasividad de la accionada ha sido mayúscula: cinco años de un litigio completamente evitable para reclamar la escrituración de un negocio no controvertido en su autoría y eficacia, y otro año y medio esperando infructuosamente el cumplimiento voluntario de la condena. La demandada tuvo tiempo más que suficiente para cumplir lo que le era reclamado en el proceso de escrituración o, cuanto menos, tomar provecho de las múltiples oportunidades que se gestaron para arribar a una solución conciliatoria, incluyendo las instancias de mediación prejudicial en ambos pleitos, a las cual siquiera concurrió.
b. Tampoco tiene razón la recurrente cuando alega que su incumplimiento no fue grave, importante o esencial, y que por ello no se encuentra justificada la resolución del contrato.
La causa fin de un contrato de compraventa (en rigor, de todo contrato de compraventa) es transmitir la propiedad de la cosa a cambio de un precio en dinero (art. 1123 del CCyC). La efectiva transmisión del derecho real constituye un objetivo común y tipificante de este negocio: es un resultado que constituye una expectativa fundamental para ambas partes, vendedora incluida.
La transmisión dominial inmobiliaria no se produce si no se cuenta con título suficiente: esto es, un acto jurídico revestido de las formas establecidas por ley, con aptitud para transmitir el derecho real (art. 1892 seg. párr. del CCyC). El otorgamiento de la escritura traslativa de dominio es un hito fundamental en el negocio de compraventa de un inmueble, pues constituye —junto con el modo— un requisito central para que el bien salga del patrimonio del vendedor e ingrese al del comprador.
De lo anterior se sigue que, si en un contrato de compraventa inmobiliaria, la parte compradora omite realizar aquello que resulte necesario para que esa transmisión del derecho real se produzca (en el caso, otorgar la escritura traslativa de domino), y esa mora resulta además recalcitrante, persistente y continua, sin que el acreedor pueda superarla sin incurrir en sacrificios patrimoniales injustos e indebidos, pues entonces el incumplimiento puede ser calificado de grave y esencial, pues « priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar » (art. 1084 inc. “c” del CCyC), habilitando la vía resolutoria.
c. La apelante también cuestiona que, frente a su escrito de diciembre de 2022 en el juicio de escrituración, la parte actora se negó a escriturar. Pero, a mi modo de ver, tal resistencia, lejos de ser abusiva, fue tan razonable como previsible.
Esto último no es un dato menor, dado que la condena en costas del juicio de escrituración incorporó un nuevo elenco de acreedores a la demandada, complejizando todavía más las posibilidades de arribar a un acuerdo de pago. Como dije: los acreedores ya no podían ejecutar la condena y obtener la escritura a manos del juez sin pagar los honorarios de su abogado y sus respectivos aportes y contribuciones, cuando era la demandada —y no ellos— quien fue condenada a hacerlo (ello sin contar el escenario que sobrevino después: perder el segundo juicio, también con costas y en el que intervinieron profesionales de la abogacía y peritos de lista).
No hay una sola línea en el memorial dedicada a explicar por qué demoró tanto tiempo en otorgar la escritura, sea que ese tiempo se cuente desde
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.