Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa SI 1053 2015
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los ... días de febrero de 2019 se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: “SAUCEDO MARINA ROSANA ANDREA C/ RODRIGUEZ CASTELLO JUAN MANUEL S/RESOLUCION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Es justa la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el señor juez doctor Llobera, dijo:
1. La actora promueve demanda por resolución de contrato y cobro de las sumas abonadas con más la indemnización de multa, comprendidos en el contrato de locación de obra celebrado el día 17-2-2014. En su escrito de inicio expone:
Que a fines del año 2013 se contactó con el demandado, quien se presentó como titular de una firma unipersonal cuyo nombre de fantasía se denominaba “Infinity Homes”.
Que el intercambio de los mails con la demandada y terceros que formaban parte de su equipo de trabajo, que van desde el 23-9-2013 al 16-2-2014, dan cuenta de los actos preparatorios del contrato de locación de obra firmado con fecha 17-2-2014, el cual adjunta.
Que contrató la construcción de una obra de vivienda unifamiliar de 180,04 m2 de superficie cubierta y 20,5 m2 de semidescubierta, a realizarse en la unidad funcional N° 516 del barrio privado denominado Talar del Lago II, de la localidad de General Pacheco, en la forma y condiciones que constan en el contrato, por un monto de $ 1.480.000.
Que en forma previa le abonó al demandado la suma de $ 40.000, quien le emitió a su favor un recibo de su puño y letra, con membrete “Infinityhomes.com.ar”, en carácter de encomienda profesional para proyecto de arquitectura.
Que el accionado no es arquitecto y por ello derivó la construcción a la profesional Miranda Kleber.
Que a la firma del instrumento le pagó la suma de $ 592.000, cuyo recibo está incorporado en la cláusula sexta.
Que no le entregó factura por dichos montos y jamás le rindió cuentas de las compras de materiales en relación a la memoria descriptiva firmada por ambas partes como anexo integrante del contrato de locación de obra; tampoco le entregó de manera formal ninguna etapa o trabajo de obra alguno.
Que el día 20 de febrero inició la gestión ante Edenor, para la provisión de energía eléctrica la que finalizó el 23-9-2014.
Que también promovió la inscripción del plano de obra en la Municipalidad de Tigre (Expte. N° 2014/4112/0016462/1/0/0) y efectuó el pago de los derechos del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires; que lo hizo con el Maestro Mayor de Obra Mauro Ismael Silvestrín, quien -según le dijo demandado- tenía la ejecución y la dirección de la obra, aunque también tuvo trato con la arquitecta Kleber.
Que estaba acordado que su parte debía soportar estos gastos, pero parece que también debía ocuparse de la gestión, porque tuvo que estar detrás de ese expediente, a pesar de haber contratado al demandado para efectuar dichas tareas.
Que el referido Municipio le otorgó la aprobación del plano el 20-8-2014.
Que la falta de corriente eléctrica no le debió impedir al demandado que llevara al lote los materiales que hubiere comprado con los fondos que le entregó (aún cuando no le conste); o que realizara tareas de trabajo diurno que no requerían del uso de la luz, dado que la conexión de red se obtuvo al mes siguiente de la aprobación de planos.
Que cansada de los abusos del contratista y de su actitud defraudadora al pacto que tenían, con fecha 11-11-2014 lo intimó mediante carta documento a cumplir con el contrato y ante el silencio guardado por el demandado, le remitió una segunda misiva el 17-11-2014.
Que luego que su parte hiciera efectivo el apercibimiento de tener por resuelto el contrato y cerrado el intercambio epistolar, el demandado le contestó la primer carta con fecha 21-11-2014, haciendo alusión a una anterior que su parte nunca recibió; intentaba así revertir, sin sustento, su incumplimiento para seguir cobrando sumas de dinero a cambio de nada.
Que por un lado el demandado dice que no tiene obligación de rendir cuentas porque no figura en el contrato, pero luego denuncia por primera vez la ejecución de algunas tareas de obra; que ninguna de ellas le consta y menos la actuación notarial.
Que el contratista se apuró ante sus incesantes reclamos para salir del contrato con el dinero que le adelantó, sin haber entregado la obra, ni materiales, ni nada, ni en forma parcial ni total, porque nunca lo hizo y no existen recibos que lo acrediten.
Que el demandado incurrió en las causales de rescisión pactadas en la cláusula décima.-
Solicita se declare judicialmente la resolución de contrato por culpa del accionado y se proceda a la devolución de la suma de $ 592.000, con más la multa establecida en el contrato, con expresa imposición de costas (fs. 187 a 199).
2. El requerido se presenta (fs.240 a 247), niega los hechos expresados en la demanda. Reconoce que opera a título personal y posee un dominio de internet bajo el nombre de fantasía “Infinity Homes” y que fue contratado por la actora con fecha 17-2-2014 para la construcción de la vivienda descripta en el contrato agregado en autos.
En su defensa manifiesta:
Que el proyecto y el inicio de la obra se desarrolló con normalidad hasta que se produjo la mora en los pagos quincenales pactados en la cláusula sexta del contrato.
Que a partir del 19 de agosto se realizaron diversas tareas preparatorias de la construcción, nivelación y compactación de lote, rampa vehicular, pilar de luz, alambrado perimetral del terreno, instalación del baño químico, cálculo estructural y acopio de materiales el cual detalla. Dichos materiales fueron remitidos por el corralón Hiemar de Benavidez, conforme los remitos que se adjuntan.
Que en el mes de octubre de 2014 la actora le adeudaba la suma de $ 324.000 correspondiente a las cuotas vencidas en los meses de agosto (31), septiembre (15 y 30) y octubre (15), todos ellas del año 2014, por una valor de $ 74.000 cada una.
Que ante ello y la falta de respuesta a sus insistentes reclamos, le remitió la carta documento N° 104341745 intimándola a regularizar la deuda, bajo apercibimiento de declarar resuelto el contrato por su incumplimiento.
Que dicha misiva fue remitida al domicilio contractual de la actora y fue devuelta por plazo vencido, al no ser reclamada pese a los avisos de visita que dejó el Correo, por lo cual quedó constituida en mora.
Que con su notificación se activó el pacto comisorio previsto en la cláusula décima y el apercibimiento de declarar resuelto el contrato en caso incumplimiento; con el ello operó de pleno derecho su resolución por culpa de la actora.
Que la única actitud defraudadora y abusiva fue la mora de la comitente en el pago de las cuotas vencidas.
Que la acción encuadra en una actitud maliciosa tendiente a obtener un beneficio indebido.
Que inventa un incumplimiento inexistente de su parte, con el real motivo de suspender la construcción y vender el lote, tal como lo hizo.
Que la demora en la tramitación de conexión de la energía eléctrica, obligación que se encontraba en cabeza de la actora; conforme surge cláusula novena, era indispensable para los trabajos de obra y funcionamiento de las herramientas.
Cita jurisprudencia en torno al pacto comisorio y pide que se rechace la demanda, con costas.
El Magistrado hace lugar a la demanda interpuesta por Marina Rosana Andrea Saucedo Castello contra Juan Rodríguez Castello. Declara resuelto el contrato de locación de obra celebrado entre las partes con fecha 17-2-2014 para la construcción de una vivienda unifamiliar en la Unidad Funcional N° 516 del barrio privado denominado “El Talar del Lago II”, de la localidad de General Pacheco, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Condena a este último a restituir a la actora la suma de $ 592.000, con más los intereses que establece. Impone las costas del pleito al accionado y difiere la regulación de honorarios para la oportunidad procesal (fs. 437 a 448).
El requerido apela el fallo (fs.449) y expresa agravios (fs. 456 a 458), los que son contestados por la actora (fs. 464).
La actora, al contestar el recurso solicita se declare desierta la apelación del demandado, por cuanto a su criterio no cumple con los requisitos previstos por el art.260 primer párrafo del CPCC. En consecuencia, con carácter previo al eventual análisis de los agravios, corresponde tratar el pedido de deserción.
Para resolver esta cuestión, es necesario tener presente que expresar agravios consiste en el ejercicio del control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del juez y al ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que ocasiona.
Bajo ese concepto, el tribunal de alzada no puede examinar consideraciones de tipo genérico que denotan una mera disconformidad subjetiva con la sentencia y que por tanto son insuficientes como fundamento del recurso (doc. arts. 246 y 260 del CPCC).
Entiendo que la facultad de declarar desierto un recurso por insuficiencia de la expresión de agravios debe ejercerse por la Alzada con un criterio restrictivo, ya que lo contrario puede llevar a que, en forma arbitraria, se afecte el derecho de defensa del recurrente.
En mi parecer, la expresión de agravios del accionado, se refiere en forma concreta a la sentencia y a las constancias de autos para apoyar su reclamo. En razón de los expuesto y siguiendo el criterio adoptado por esta Sala en casos precedentes (causas 99.866, 100.375, 100.470, 100.883, 101.100, 102.592, 102.722; entre muchos otros) propongo se le tenga por cumplida al apelante la carga que le impone el art. 260 del CPCC.
En razón de lo dicho y de compartirse este criterio, corresponde proceder al análisis de los agravios.
1. El incumplimiento de la parte contratista como causal válida para la resolución por la comitente.
a. El planteo
El Magistrado entendió que el demandado no acreditó el comienzo efectivo de la obra que hiciera exigibles las cuotas quincenales y tampoco que la actora se encontrara en mora. Consideró que el accionado no cumplió con las obligaciones contractuales a su cargo, que no comenzó la obra en tiempo oportuno y que la abandonó, alegando un supuesto incumplimiento de la actora que no existió. Desestimó la aplicación de la multa pactada, pues no se exigió el cumplimiento de la prestación sino su resolución y dispuso la devolución de lo abonado al inicio de la contratación, es decir, el 40% del total convenido.
El apelante sostiene que se ha equivocado el Sentenciador al considerar que su parte incumplió el contrato y otorgarle plena validez a la resolución promovida por la actora. Afirma que para arribar a su decisión, desestimó dos elementos fundamentales: uno es la adquisición y entrega de gran cantidad de materiales de obra previos a la intimación; el otro, la eficacia de la intimación que le cursó a la actora, la cual fue notificada en debida forma.
El demandado intenta fundamentar su recurso en las siguientes consideraciones:
Que se ha efectuado una apreciación errónea de la condición “comienzo efectivo de la obra”, quizás por desconocimiento del proceso constructivo, para concluir en su responsabilidad.
Que los testimonios de Abraham y Benítez acreditan la presencia de materiales de construcción en el lote; que 2400 ladrillos son prácticamente la totalidad de los muros de la obra proyectada más los hierros, arena y piedra para la platea y ello significa sin duda un efectivo comienzo de la obra, como indica la cláusula sexta del contrato de locación, y el nacimiento de la obligación por parte de la actora de integrar el saldo del 60%, en doce cuotas quincenales.
Que el último, reconoció las notas de entrega de su empresa.
Que el testigo Cash Lerena refirió que hicieron “trabajos preliminares”.
Que mediante las declaraciones señaladas se ha probado que su parte adquirió una importante cantidad de materiales y que el acopio en el lote propiedad de la actora fue realizado en setiembre de 2014 -según los remitos de Hiemar S.A.
Que se encontraban armadas las vigas correspondientes a la platea antes de octubre de 2014; como así también las tareas preliminares (cercado del lote – media sombra, rampa de acceso, baño químico) exigidas por el Barrio Talar del Lago II, todas las cuales se encontraban concluidas a tiempo de la intimación formulada por su parte, quien había dado comienzo efectivo de la obra (armado de vigas de platea; excavación; acopio de materiales en el lote) en tanto la comitente había incurrido en mora con la provisión de la energía eléctrica.
Que todo lo expuesto demuestra de manera indubitable el efectivo comienzo de la obra del lote UF 516 del Barrio Talar Del Lago II y en consecuencia, el derecho de su parte para reclamarle los pagos previstos en el artículo sexto del contrato.
Que el Magistrado aplicó un criterio muy riguroso para apreciar su conducta pero laxo para considerar la de la actora, lo cual torna a la sentencia arbitraria en razón de sus fundamentos.
Que la carta documento intimatoria que le remitió a la demandante y que no fue contestada, quedó reconocida en autos como debidamente notificada y activó sin duda el pacto comisorio previsto en la cláusula décima.
Que la conexión de energía eléctrica era una obligación esencial que debía gestionar la comitente en forma inmediata a la firma del convenio, pero recién concluyó su trámite el 30-9-2014, es decir, siete meses después; no obstante el Magistrado le resta importancia a ello porque dice que no fue una condición para el inicio de la obra.
Que el Sentenciador omitió pronunciarse sobre la cantidad apreciable de materiales que fueron entregados en obra, pese a ser un hecho probado, los cuales no fueron devueltos por la comitente.
Que de confirmarse la sentencia se generaría un enriquecimiento injustificado de la actora.
Pide que se revoque la sentencia apelada, se rechace la demanda, con costas.
La actora al responder los agravios sostiene que el comienzo de la obra no lo constituye exclusiva y exactamente las acciones preliminares, como el alisado de un terreno o depositar en él algunos materiales. Señala que el demandado no cumplió con el art. 1256 del Código Civil y Comercial de la Nación – en lo sucesivo CCCN-, incisos a), b), c), d, y, e); que la obligación principal o nuclear el empresario consiste en hacer la obra conforme a lo estipulado; pone de resalto que se trata de una obligación de resultado por lo cual el incumplimiento genera una responsabilidad objetiva. Manifiesta que el demandado nunca demostró la cantidad de ladrillos ni que ellos alcanzaran para elevar los muros de la casa, como dice. Refiere que tales ladrillos en el predio no evidencian el comienzo de una obra sino sólo el depósito del material. Afirma que el demandado nunca empezó a construir y por ello lo intimó al cumplimiento del contrato antes de haber sido ella intimada a otro pago pactado; que incluso en el caso que hubiera sida intimada hubiera rechazado tal pretensión, ya que el constructor no había dado inicio a la obra. Dice que el demandado nunca construyó vigas, ni plateas ni armó ningún tipo de obra; tampoco hubo entrega de gran cantidad de materiales. Entiende que el fallo atacado es justo, pues tal como se decidió, la intimación del accionado no tuvo eficacia, esto es la operatividad que requiere el pacto comisorio. Argumenta que hubo desproporción en la relación contractual, dado que su parte fue la más débil y se vio abusada en la confianza y en sus derechos ante los graves incumplimientos del demandado, quien de mala fe cobró desde el inicio una suma muy importante de dinero, equivalente en aquel momento a U$S 45.000. Solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto por las consideraciones expuestas y se confirme la sentencia apelada
b. El análisis
i. El derecho aplicable
Para determinar el derecho aplicable cabe tener presente los hechos relatados por las partes, el tiempo en que ocurrieron y los términos en que la situación tuvo lugar, como así también la incidencia que en el caso tenga la sanción del CCCN (ley 26.994, vigente desde el 1-8-2015, conforme ley 27.077).
En las presentes se debate la resolución de un contrato de locación de obra celebrado entre las partes, las consecuencias ocasionadas a partir del incumplimiento de las obligaciones asumidas y el pacto comisorio.
El art. 7 del CCCN dispone que A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.
En los fundamentos del Proyecto de Código, se explica que se ha introducido una ligera variante con relación al artículo 3º del Código Civil, cuando se trata de contratos en curso de ejecución y las nuevas normas supletorias. Se señala que conforme el criterio tradicional, la vigencia de las normas supletorias se basa en que las partes han callado sobre una cuestión porque la ley preveía lo que ellas querían estipular y por lo cual expresarlo en el contrato, sería una estipulación sobreabundante e inútil. Agrega que en virtud de ello si una reforma legislativa altera los preceptos supletorios de un contrato, los que se hallen en curso deben ser juzgados por la vieja ley, que forma parte de tales convenios, lo cual implica respetar la voluntad de las partes. Se resalta que pese a ello, cuando se trata de una relación de consumo debe descartarse la presunción de una voluntad común sobre la remisión a las normas supletorias vigentes. Argumenta que es de presumir que la nueva ley mejora según lo justo, la que ha sido derogada y que el legislador la sanciona de acuerdo a lo que parece más razonable según los cambios sociales o las prácticas negociables, procurando interpretar lo que hubieran con justicia pactado las partes de haberlo previsto. Ante ello el informe expresa que parece conveniente que en los contratos de consumo la regla sea invertida; es decir, que a dichos contratos que se hallen en curso de ejecución, le serán aplicables las nuevas leyes supletorias que puedan sancionarse, siempre y cuando, y en orden al principio cardinal en la materia, le sea más favorable al consumidor.
Este último principio es consecuencia de la disparidad de poder de negociación no sólo desde el punto de vista económico sino también jurídico, en tanto el proveedor tiene la facultad de establecer las condiciones contractuales; se trata de un principio que conmueve el que se corresponde con la autonomía de la voluntad en materia contractual (Borda, Alejandro, “Las reglas intepretativas de los contratos” en “Estudios de Derecho Civil con Motivo del Bicentenario”, El Derecho, Bs.As., 2011, p.520).
Entre los derechos reconocidos al consumidor, el art. 42 de la Constitución Nacional enuncia la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, consagrando en forma categórica la obligación de seguridad hacia dicho tutelado. La misma encuentra respaldo normativo en los arts. 19, 33, 41, 43, y 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.
En el caso traído a esta Instancia se verifica una relación de consumo entr
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