Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121703
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, intimar al recurrente para que, en el plazo de diez días, acredite ante esta sede la valuación fiscal del referido inmueble, a la fecha de interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, bajo apercibimiento de declarar desierta la vía deducida (arg. art. 278, Cód. cit.).
La Plata, 20 de Marzo de 2019.
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la pretensión de declarar resuelto el contrato de compraventa llevado a cabo entre las señoras Marta Rosa Panizzi y Silvia Haydee Majluf haciendo lugar a la excepción de nulidad opuesta por la última en los términos del art. 1.085 bis del Código Civil entonces vigente (v. fs. 465/469 vta.).
A su turno, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación departamental -por mayoría de opiniones- revocó la sentencia en consideración a que no procede ni la simulación ni la lesión articuladas pues la parte demandada carece de legitimación para hacerlo y, asimismo, declaró disuelto el convenio privado en los términos de la cláusula cuarta por incumplimiento del adquirente, condenando a la demandada Majluf a desalojar el inmueble objeto del litigio dentro del plazo de veinte días (v. fs. 527/543).
Frente a tal decisión, el apoderado del síndico de la quiebra de la nombrada señora Majluf, doctor Aldo Dignani dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 551/559 vta.), el que fue concedido (v. fs. 561).
II. Pasando a considerar la concurrencia de los recaudos de admisibilidad del recurso extraordinario incoado, cabe señalar que, en el caso, el valor del agravio -a los fines del cumplimiento del recaudo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial- está representado para el recurrente -conforme a las pretensiones aquí deducidas-, por el importe de la valuación fiscal del inmueble objeto de la pretensión, a la fecha de interposición del recurso (causa C. 117.710, "Bononi", resol. de 4-VI-2014; C. 120.395, "Oksientiuk", resol. de 16-III-2016 y C. 120.515, "Lo Curto", resol. de 28-XII-2016), siendo carga del interesado aportar los elementos necesarios para su determinación (causas C. 119.346, "Fabbro", resol. de 17-XII-2014 y C. 120.096, "Díaz", resol. de 23-IX-2015; C. 120.395 y C. 120.515, cits.).
Así, no obrando en autos la valuación del bien aquí involucrado a la indicada fecha, corresponde intimar al recurrente a su acreditación (arg. art. 278, CPCC).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. He de apartarme del criterio adoptado por mi colega preopinante y a los efectos que nos ocupan, entiendo necesario fijar el correcto alcance del concepto "valuación fiscal".
II. En el precedente C. 121.494 "Grassi, Rubén Juan c/ Ponce, Marcelo Daniel s/ reivindicación", resol. de 22-VIII-2018, tuve oportunidad de observar que el certificado expedido por ARBA bajo el acápite "certificado de valuación fiscal año actual" indicaba dos guarismos en relación a la cuantificación del inmueble objeto del juicio: uno denominado "valuación fiscal" y, otro individualizado como "valor impuesto al acto".
Ambos rubros reflejaban la certificación de la valuación fiscal año actual pues se indicaba conjuntamente, con independencia de que desde la perspectiva catastral e impositiva se utilice para objetos diversos.
Sin embargo, lo que tradicionalmente se entiende por "valuación fiscal", esto es, el primero de los indicadores aludidos, constituye un importe que las reglas de la experiencia indican categóricamente que dista sideralmente del valor real del inmueble. Es un hecho notorio que no exige prueba alguna. A todo esto, el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial establece como presupuesto de admisibilidad del recurso extraordinario, entre otros, que el valor del agravio exceda la suma equivalente a 500 jus . Tratándose de inmuebles, el contenido del litigio es, precisamente, el valor del respectivo bien.
Adviértase que la ley estatuye que el valor del agravio, el contenido económico del recurso, exceda de determinado importe. Tratándose de un juicio de reivindicación sobre un inmueble -en el presente de un proceso de resolución de contrato y simulación-, el monto a considerar para admitir el recurso proviene del valor del inmueble. A todo esto, la ley no menciona que ese valor debe provenir de la valuación fiscal del mismo. Ciertamente, no ha podido disponer el legislador que se tome en cuenta un valor ficticio, insuficiente e irreal como resulta ser la valuación fiscal a secas. Sin perjuicio de ello resulta correcto que como pauta de apreciación, se haya entendido que tal cuantía deba acreditarse a través de la certificación que informe la autoridad catastral e impositiva.
Sucede que de un tiempo a esta parte, por razones que hacen a la política fiscal, ARBA certifica que determinado bien cuenta con una base económica inicial, lo que denomina "valuación fiscal". Pero además, por cuestiones impositivas especifica al mismo tiempo otra suma, una mayor, porque reconoce que aquel valor primario es insuficiente. De allí que pasa a reflejar en mayor cuantía la realidad económica de ese bien.
Volvamos entonces al art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. Lo que allí se tiene en cuenta es el contenido patrimonial del recurso. Y lo cierto es que, para ARBA, lo que inicialmente es cuantificado con cierta cifra, a la postre se revaloriza mediante lo que se denomina "valor impuesto al acto".
Conviniendo que la remisión a las estimaciones que hace la Agencia de Recaudación provincial constituye un mecanismo apto e idóneo para considerar el valor del agravio, ya que evita la subjetividad de cualquier tasación particular, no se explica que esta Suprema Corte desconozca el mayor valor que la propia ARBA adjudica al bien, restringiendo el cómputo solamente a uno de los mecanismos. Para ARBA el bien vale lo que dice la "valuación fiscal" pero también vale lo que dice el "valor impuesto al acto". Si ambos constituyen estimación oficial de ARBA, no se alcanza a comprender la razón por la cual debe escogerse el menor descartándose el mayor. Siempre a la luz del concepto notorio de que las valuaciones fiscales poco tienen que ver con el valor real de los inmuebles.
III. Postulé en el referido precedente que resolver de otro modo colisiona abiertamente con la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 15 de la Constitución de Buenos Aires. Y constituye, además, aplicación mecánica de la interpretación efectuada por este Tribunal antes de que apareciera en las certificaciones de ARBA el tan mentado "valor al acto". Ello se contrapone con la conocida doctrina del exceso ritual manifiesto que, desde el famoso caso Colalillo de 1957, ha consagrado la premisa de que el proceso no puede ser conducido en términos estrictamente formales, no tratándose ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte. Caso contrario, la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho, de donde la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia. (Fallos, 238:550).
Concluí, entonces que hay un deber de los magistrados de posibilitar el acceso a la justicia. Porque, con palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 25 de la Convención, impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares. Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione , hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción". (Informe N 105/99, "Palacio Narciso").
Por consiguiente corresponde intimar al recurrente a que aporte tal documentación expedida por ARBA para el año 2017.
El señor Juez doctor Genoud por los mismos fundamentos adhiere al voto del doctor de Lázzari.
El señor Juez doctor Negri dijo:
I. En el mencionado precedente referido por los colegas que me anteceden consideré que en atención a la notable diferencia que surge entre la valuación fiscal del bien inmueble y la establecida como Valor Impuesto al Acto, a través de una nueva reflexión considero que, a los efectos de determinar el valor del litigio establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta pertinente adoptar esta última valuación, dado que la misma se corresponde con la verdad objetiva que incumbe a la prestación de un adecuado servicio de justicia (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
II. Así, en el presente caso advierto que no obra la certificación de la valuación determinada por ARBA, por lo que entiendo que debe intimarse al recurrente a que acredite la valuación del impuesto al acto correspondiente al año 2017.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Natiello por los mismos fundamentos adhieren al voto del doctor Pettigiani.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, intimar al recurrente para que, en el plazo de diez días, acredite ante esta sede la valuación fiscal del referido inmueble, a la fecha de interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, bajo apercibimiento de declarar desierta la vía deducida (arg. art. 278, Cód. cit.).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN CARLOS ANGEL NATIELLO
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia