Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74327
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (arts. 289 in fine y 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.327, "Khun, Mabel Alicia contra Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación). Restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocó lo decidido por el juez de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida por Mabel Alicia Khun contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener el reconocimiento de diferencias salariales (v. fs. 275/280).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 283/292).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 300), agregado el memorial de la parte demandada a fs. 316/320 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora Mabel Alicia Khun promovió acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación) pretendiendo la anulación de la resolución 6.152/05 y su modificatoria 42/06 por medio de la cual se le impuso un cargo deudor en concepto de haberes percibidos en demasía durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 28 de febrero de 2002 (v. fs. 90 y 96, expte. adm. 5826-2596647/03).
Asimismo impugnó la resolución 2.378/07 mediante la cual la autoridad administrativa desestimó el recurso de revocatoria interpuesto por la accionante (v. fs. 152, expte. adm., cit.).
Requirió que se le reconozcan y abonen las funciones de Directora de primera categoría desde el 1 de marzo de 2002 hasta la fecha del efectivo pago, más intereses.
Cabe referir que el establecimiento en el cual la accionante prestó servicios fue transferido a la jurisdicción provincial mediante el Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia de Buenos Aires, aprobado por la ley 11.524.
Reclama que, de acuerdo a los derechos garantizados por dicho Convenio, los haberes debieron ser liquidados de acuerdo al cargo de Directora de primera categoría conforme su situación en el ámbito nacional; y no como Directora titular de segunda (a partir del año 1998) o tercera categoría (a partir del año 1994).
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata (v. fs. 220/226) hizo lugar a la demanda promovida y declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas. En consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a que, en el plazo de sesenta días, abone las diferencias salariales devengadas desde el 1 de marzo de 2002 hasta su efectivo pago con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, computados a partir del día en que debieron abonarse cada una de las diferencias de haberes y hasta su efectivo pago. Impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA, texto según ley 14.437).
I.3. Disconforme con dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado dedujo recurso de apelación (v. fs. 227/237) el cual fue admitido por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad (v. fs. 275/280).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró las cláusulas del Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales al ámbito provincial, aprobado por la ley 11.524.
Indicó que en la transferencia, efectivizada a partir del 1 de enero de 1994 (cláusula primera), quedó comprendido el personal que se desempeñaba en los establecimientos y servicios de enseñanza estatal el que, según la cláusula cuarta del aludido Convenio, quedó incorporado a la administración provincial de conformidad, entre otras, con las siguientes pautas:
a) el personal transferido debía mantener, en todos los casos, identidad o equivalencia en la jerarquía, funciones y situación de revista en que se encontraba a la fecha de la transferencia;
b) el personal titular, interino y suplente debía mantener los cargos y horas cátedra -inclusive aquellas en disponibilidad- que ocupaban a la fecha de la transferencia en las condiciones que fija la ley 24.049 en concordancia con el régimen provincial;
c) la Provincia debía abonar al personal transferido una retribución total no inferior a la que la Nación abonaba a la fecha de la transferencia;
d) las situaciones de incompatibilidad comprendidas en el art. 28 de la ley provincial 10.579, no existentes anteriormente, y originadas en virtud de la transferencia, no serían modificadas siempre que no se transformara la situación de revista del docente. En este último caso, y a medida que los docentes comprendidos en dichas circunstancias, por alteración de su situación de revista (jubilación, renuncia, ceses por cuestiones previstas estatutariamente, entre otras), se fuesen asimilando a las previstas en el art. 28 de la ley provincial 10.579, quedarían sujetos al mismo y no podrían invocar derecho a retorno a una mejor situación de la legislación nacional.
Por su parte, indicó que en el capítulo "Del Financiamiento", la cláusula trigésimo séptima dispuso que "...la Provincia abonará los sueldos del personal transferido a partir de la fecha de la transferencia, comprometiéndose a equiparar los salarios del personal transferido a la escala salarial provincial, según corresponda...".
De ese modo, con cita en precedentes de este Tribunal señaló que las referidas cláusulas consagran la obligación de la Provincia de Buenos Aires de respetar y garantizar la jerarquía, funciones, situación de revista (cargo/horas cátedra; titular, provisional, suplente) que los docentes transferidos tenían a la fecha de la transferencia (causas B. 66.011, "Attilio", sent. de 25-IX-2013 y B. 64.551, "Dimmena", sent. de 18-XII-2013; e.o.).
Afirmó que, en el caso, no puede alegarse desconocimiento alguno de las condiciones pactadas en la medida en que luce acreditado que la Provincia mantuvo la identidad del cargo de la actora al momento de la transferencia.
Explicó que, en consecuencia, habiendo operado la modificación en la categorización del establecimiento en el cual la accionante prestaba servicios como Directora, conforme las reglas que rigen la actividad docente en el ámbito provincial, no existen reparos en la conducta desplegada por la Dirección General de Cultura y Educación.
Ello, en virtud de que habiendo sido titularizada en el cargo y prestando servicios en el orden provincial, la situación de revista de la accionante se encuentra alcanzada por las regulaciones propias de esa jurisdicción.
Señaló que no resulta acorde con las cláusulas del convenio de transferencia (aprobado por la ley 11.524) ni con el resto del régimen docente que quienes fueron transferidos se sometan parcialmente a dicho acuerdo -manteniendo parte de la situación que poseían como docentes nacionales- y, simultáneamente, se les aplique el Estatuto del Docente provincial (ley 10.579) sólo en aquello que, a su entender, les resulta más favorable (conf. doctr. causa B. 66.011, cit.).
Puntualizó que la clasificación de los establecimientos de enseñanza responde a un criterio que depende puntualmente de la cantidad de alumnos y secciones, asistentes y otras razones de índole organizativa (arts. 10 y concs., ley 10.549; 21 y concs., dec. reglamentario 2.485/92).
Sostuvo que surge de las actuaciones administrativas acompañadas (v. fs. 46/47 e informe de la Dirección de Tribunales de Clasificación a fs. 67 y 74 del expediente 5826-2596647/03) que el establecimiento donde prestó servicios la actora fue clasificado de acuerdo a su Planta Orgánica Funcional (POF) como de tercera categoría, pasando luego a ser de segunda (resol. 11.494/99).
Indicó, teniendo en consideración las pautas antes expuestas, que la percepción de los haberes de la señora Kuhn deben corresponderse con esas modulaciones: como Directora provisional de primera desde el 1 de enero de 1994 (fecha de la transferencia) hasta su titularización como Directora Titular de tercera categoría, y como de segunda categoría con el curso escolar de 1998.
Explicó que lo contrario, implicaría desconocer la manera en que opera la vinculación entre la transferencia de los servicios educativos y la aplicación de normas que regulan el supuesto de la actora cuando un establecimiento desciende de categoría, otorgando a la accionante mayores ventajas por la modificación en su situación de revista de provisional a titular, que las que tienen los propios titulares, contraviniendo el régimen legal que regula la actividad docente.
Por último, señaló que la denuncia efectuada por la parte actora de su acogimiento a los beneficios previsionales y a la reclasificación del establecimiento donde prestara servicios denunciada a fs. 266, no tiene vinculación directa con la cuestión a resolver.
Concluyó que el cargo deudor formulado resulta ajustado a derecho en virtud de encontrarse acreditadas las diferencias salariales percibidas, la errónea liquidación de haberes en función de la pertinente categorización del establecimiento educativo y la situación de revista de la señora Kuhn.
Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 51, 55, 56, 58, 59, 77 y concs., CCA).
II. Contra dicho decisorio la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 283/292) en el que denuncia la violación de la cláusula cuarta del Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia de Buenos Aires aprobado por la ley 11.524 y la errónea aplicación de la doctrina legal sentada por este Tribunal en las causas B. 66.011, "Attilio", sentencia de 25-IX-2013 y B. 64.551, "Dimmena", sentencia de 18-XII-2013.
Aduce asimismo que la sentencia impugnada vulnera los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional.
II.1. En relación a la vulneración de la cláusula cuarta del Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia de Buenos Aires expresa que operada la trasferencia al ámbito provincial se le liquidaron los haberes como Directora de tercera categoría en lugar de hacerlo como Directora de primera, circunstancia que originó un reclamo administrativo que se resolvió liquidándose a favor de la actora las diferencias salariales entre Directora de tercera categoría y Directora de primera categoría por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1994 y 28 de febrero de 1996, percibiendo sus haberes como directora de primera categoría a partir del mes de julio de 1996.
Destaca que la titularización de la señora Khun se efectivizó en el marco de la trasferencia de los servicios educativos a la jurisdicción provincial, cuya garantía remunerativa fue respetada por la accionada hasta el mes de marzo de 2002, fecha a partir de la cual se le comenzaron a liquidar los haberes con el cargo de Directora de segunda categoría, por ser esa categoría la del establecimiento en el cual prestaba servicios.
Objeta que el Tribunal de Alzada haya considerado que titularizada en el cargo y prestando servicios en el orden provincial, su situación de revista esté alcanzada por las regulaciones de dicha jurisdicción, en tanto la categorización de un establecimiento constituye un criterio de clasificación que depende puntualmente de la cantidad de alumnos y secciones asistentes y otras razones de índole organizativa (arts. 10 y concs., ley 10.579; 21 y concs., dec. reglamentario 2.485/92).
Advierte que ello contradice la cláusula cuarta, apartado d) del convenio de transferencia aprobado por la ley 11.524 que estipula que la Provincia abonará al personal transferido una retribución total no inferior a la que la Nación abona a la fecha de la transferencia.
Puntualiza que dicha cláusula protectoria fue respetada por el organismo demandado hasta el año 2002, fecha a partir de la cual se modificó la remuneración de la accionante.
Destaca, asimismo, que el marco normativo no ofrece dudas acerca de la obligación impuesta a la Provincia de Buenos Aires de mantenerle al personal transferido la identidad o equivalencia en la jerarquía, funciones y situación de revista en que se encontraran a la fecha de la transferencia (1 de enero de 1994).
II.2. Respecto a los precedentes citados por el Tribunal de Alzada para fundar su decisorio destaca que los mismos no resultan aplicables al caso por tratarse de supuestos fácticos y jurídicos distintos al analizado.
Afirma que la única similitud que tienen los casos citados por el Tribunal de Alzada con el aquí examinado consiste en que se trata de docentes transferidos de la jurisdicción nacional a la Provincia de Buenos Aires, en virtud del convenio aprobado por la ley 11.524.
Describe las circunstancias particulares de las causas "Attilio" y "Dimmena" (cits.), las que según entiende se diferencian a las que se presentan en el caso en juzgamiento.
II.3. Solicita, teniendo en cuenta los agravios antes expuestos, que se deje sin efecto el cargo deudor efectuado por la demandada y se le reconozca el cargo de Directora de primera categoría desde el 1 de marzo de 2002 hasta su cese a los fines jubilatorios (1 de septiembre de 2013), más los intereses hasta su efectivo pago.
Deja planteado el caso federal.
III. Adelanto que el recurso interpuesto no prospera.
Los argumentos expuestos por la recurrente no logran desvirtuar la sentencia impugnada en relación a la normativa aplicable y a la doctrina invocada en el caso.
III.1. No es de recibo la denuncia de la violación de la cláusula cuarta del convenio de transferencia aprobado por la ley 11.524, en especial de los puntos a) y d), por cuanto el recurrente manifiesta tan sólo disconformidad con lo decidido y un criterio distinto al del juzgador, sin rebatir adecuadamente la interpretación legal efectuada por el Tribunal de Alzada.
En efecto, el a quo entendió que se encuentra acreditado que la Provincia mantuvo la identidad del cargo de la actora al momento de la transferencia y, paralelamente, consideró que la circunstancia de que se modifique la categorización del establecimiento conforme las reglas que rigen la actividad docente en el ámbito provincial (arts. 10 y concs., ley 10.579; 21 y concs., dec. reglamentario 2.485/92), no puede otorgarle mayores ventajas en su situación de revista (de provisional a titular), que las que tenían los propios titulares, contraviniendo el régimen legal que regula la actividad docente.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (conf. doctr. causas A. 70.309, "Pupilli", sent. de 2-XI-2011; A. 69.602, O., G. E. y o., sent. de 4-XII-2013; A. 72.918, "Illodo", sent. de 10-V-2017; A. 74.588, "Fox", sent. de 4-VII-2018; e.o.).
III.2. Igual suerte adversa ha de correr el agravio referido a la incorrecta aplicación de la doctrina legal de este Tribunal en las causas "Attilio" y "Dimmena" sobre la base de la disímil configuración fáctica de los casos respecto del analizado en autos.
Ello, en tanto las diferencias circunstanciales que pudieran presentar las diversas cuestiones, no resultan, en rigor, determinantes para impedir la aplicación en la especie de la doctrina que emana de los precedentes citados.
Es que por fuera de la configuración particular de cada caso, los rasgos relevantes de los antecedentes, y a partir de los cuales se pronunció el tribunal -esto es, que no resulta acorde con las cláusulas del Convenio de Transferencia ni con el resto del régimen docente que los docentes transferidos se sometan parcialmente a dicho acuerdo manteniendo parte de la situación que poseían como docentes nacionales (v.gr., cargo y régimen de incompatibilidad) y, simultáneamente se les aplique el Estatuto del Docente provincial en aquello que, a su entender, les resulta más favorable (v.gr., carga horaria) aplican en estos actuados y determinan, por ende, una solución semejante.
Asimismo, de la reseña normativa surge claramente que su finalidad es evitar perjudicar al personal que se desempeñaba en los establecimientos transferidos, manteniendo las condiciones de trabajo (cargo, jerarquía, funciones, carga horaria, retribución, etc.).
En efecto, en el caso que se hiciera lugar a la pretensión de la actora su sueldo básico se incrementaría, incidiendo directamente sobre la antigüedad y demás rubros, originando una retribución total mayor a la que percibía en el ámbito nacional, produciéndose un beneficio no contemplado en la normativa vigente.
III.3. Por último agrego que tampoco prospera la expresión genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales -arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional- invocados por la recurrente, pues tal planteo no tiene eficacia si no indica claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación (conf. doctr. causas A. 71.011, "Tarantini", sent. de 9-IX-2015; A. 73.473, "Gómez", sent. de 7-IX-2016; A. 72.386, "Cerardi", sent. de 23-XI-2016; A. 74.004, "Moscheni", 8-XI-2017; A. 73.870, "Bahía Petróleo S.A.", sent. de 15-VIII-2018; e.o.).
IV. Por las consideraciones expuestas corresponde desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar la sentencia impugnada (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Genoud y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (arts. 289 in fine y 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia