Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74213
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.213, "Iparraguirre, Juan Carlos contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda promovida por el señor Juan Carlos Iparraguirre contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 555/563).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 566/581).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 598), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 526/529 y revocó el pronunciamiento dictado por el juez de grado. En consecuencia, admitió parcialmente la demanda promovida por el señor Juan Carlos Iparraguirre contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires por las diferencias salariales correspondientes a la liquidación de los rubros Retribución Estimulativa y Asignación Incentivada y su incidencia en el sueldo anual complementario (v. fs. 555/563).
De ese modo, condenó a la entidad demandada al pago de las diferencias salariales adeudadas en los términos detallados en los puntos II.2.3 y II.5 del fallo en crisis, devengadas entre el 25 de agosto de 2005 y el 30 de junio de 2010, con más los intereses que ordenó liquidar de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, calculados desde cada remuneración mensual debida y hasta el efectivo pago. Impuso las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arg. arts. 274, CPCC; 51 inc. 1, CCA, conf. ley 14.437 y 77 y concs., CCA).
I.2. Para así decidir, en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, centró la cuestión litigiosa en determinar si el rubro Retribución Estimulativa, contemplado en el Módulo 10, Parte V, Capítulo 4 del digesto administrativo de la demandada, debía calcularse sobre todos los conceptos remunerativos que componían el haber del actor durante el período reclamado o si, por el contrario, dicho cálculo debía efectuarse teniendo en cuenta tan sólo el sueldo básico y los adicionales al sueldo básico, que en el caso sería el Adicional Título Nivel I.
Para ello, estimó necesario repasar la normativa que rige el caso, para luego determinar si la misma estuvo vigente durante la totalidad del periodo reclamado por el actor, esto es, entre el mes de junio de 2000 y junio de 2010.
Señaló que, conforme surge de la prueba documental agregada en las actuaciones existe una primera versión de la normativa que regula la "Retribución Estimulativa" en el Módulo 10, Recursos Humanos; Parte V, Liquidaciones; Capítulo 4, cuyo texto actualizado al 25 de agosto de 2005 prescribe que por dicho concepto se abonará al personal del Banco el 360% anual sobre el sueldo (sujeto a aportes) vigente al mes de diciembre de cada año (v. fs. 9 -documental acompañada con la demanda-).
Agregó que una versión posterior, vigente desde el 23 de mayo de 2011 establece que la mencionada retribución se abonará sobre el sueldo básico y adicionales al sueldo básico, vigentes al mes de diciembre de cada año (v. fs. 457 -parte pertinente del digesto administrativo acompañado como documental en la contestación de la demanda-).
En consecuencia, advirtió que de las normas referenciadas en los párrafos precedentes surge que la terminología empleada en el texto actualizado al 25 de agosto de 2005 -que rigió hasta el 23 de mayo de 2011- difiere de la versión vigente a partir de esta última fecha, en tanto la primera reconoce que la base de cálculo para liquidar la Retribución Estimulativa será sobre el sueldo sujeto a aportes mientras que la posterior la modifica, estableciendo que dicho concepto se liquidará sobre el sueldo básico y sus adicionales.
Destacó que la divergencia aludida no fue ponderada en la decisión de grado, por cuanto allí se consideró que el lapso reclamado por el actor se encontraba al amparo de la segunda versión de la norma, que establece como base de cálculo el sueldo básico y los adicionales, y no sobre el sueldo sujeto a aportes, como lo preveía la versión anterior.
Consideró que la parte actora acierta en los agravios expuestos en la apelación deducida, por cuanto el juez que previno equivocó su razonamiento al considerar que el mencionado rubro debía calcularse sobre el sueldo básico sujeto a aportes y no únicamente sobre el básico y adicionales al básico, en tanto este modo de calcular la retribución en cuestión comenzó a regir recién a partir del 23 de mayo de 2011, es decir con posterioridad al plazo al cual el actor circunscribió su reclamo.
En relación a la base de cálculo que debería tomarse con anterioridad al 25 de agosto de 2008 para liquidar la retribución en cuestión, señaló que no obran constancias en el expediente que permitan conocer la normativa que debió aplicarse como tampoco fue aportada por el interesado.
En consecuencia, reconoció el derecho del actor al cobro de las diferencias salariales por el período comprendido entre el 25 de agosto de 2005 y el mes de junio de 2010, tomando como base para el cálculo de la Retribución Estimulativa, los haberes sobre los cuales se hayan efectuado aportes.
Asimismo, señaló que el derecho reconocido deberá ser trasladado a los restantes rubros reclamados en autos, esto es a la Asignación Incentivada, Sueldo Anual Complementario y Aguinaldo sobre incentivado.
Señaló que en la oportunidad de practicar la liquidación se discutirá la inclusión o exclusión de los distintos items remuneratorios sujetos a aportes que deberán tomarse como base de cálculo para el pago de las diferencias reconocidas.
II. Disconforme con dicho pronunciamiento el Banco demandado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 566/581) en el que denuncia básicamente la transgresión al principio de congruencia y la violación del art. 18 de la Constitución nacional.
Alega que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada resulta arbitraria por cuanto incurrió en omisiones de gravedad, denegatorias de las garantías constitucionales del debido proceso, propiedad y defensa en juicio, incompatibles con la exigencia del adecuado servicio de justicia que instituye el art. 18 de la Constitución nacional.
Asimismo, denuncia absurdo y el apartamiento de la normativa del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Ley Orgánica y resoluciones internas 838/05 y 1.447/97).
Se agravia de la falta de consideración por parte de la Cámara interviniente del análisis de la normativa respecto a qué se considera haber en el régimen previsto para el personal de la entidad demandada.
Afirma que es sustancial e imprescindible conceptualizar y aplicar el término de haber conforme lo prevé la legislación del Banco, para comprender todos y cada uno de los rubros que lo componen (v. fs. 447/449, Módulo 10, Recursos Humanos; Parte V; Capítulo 2, apdo. 4).
Señala que la asignación incentivada nació en el año 1967 como una retribución extraordinaria en mérito al rendimiento, asistencia, puntualidad y disciplina del personal. Indica que posteriormente, se modificó en sus denominaciones y, en el año 1973, se creó la Retribución Estimulativa.
Aduce que las normas revelan que el Banco dictó reglamentaciones relativas al salario de los agentes tendientes a incentivar el esfuerzo, dedicación, cumplimiento, eficacia y que, dentro de esos parámetros, se mejoró el servicio al público, retribuyendo al empleado por su esfuerzo en la búsqueda de tal fin.
Destaca que el a quo omitió considerar que la normativa que regula las retribuciones en cuestión fue dictada en beneficio de los trabajadores y que, en la especie, la liquidación se efectuó conforme el sueldo básico y sus adicionales, según el concepto de haberes dispuesto por el digesto administrativo del Banco.
Advierte que el accionante no desconocía la normativa vigente, en especial la relativa a los haberes, como tampoco la acompañada en la oportunidad de contestar la demanda en la que no están comprendidos los rubros que el accionante estima debieron ser incluidos en sus liquidaciones.
Manifiesta que la autonomía que posee el Banco frente a la normativa nacional lo habilita para dictar su propio régimen de gobierno de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 7 del Pacto de San José de Flores; 3 de la Ley Convenio 1.029; 1 y 8 de la Carta Orgánica.
Concluye que la Cámara, al sostener que el cálculo de la Retribución Estimulativa se debía efectuar sobre los haberes abonados al actor por su actividad laboral sobre los cuales efectivamente el Banco hubiese deducido aportes, efectuó una interpretación parcializada y sin sustento de la normativa relacionada con los haberes del personal, la que -reitera- es conocida y fue consentida por el accionante para que sea aplicada desde su ingreso a la institución bancaria.
Sostiene que la sentencia impugnada es arbitraria por transgredir el principio de congruencia, renunciando a la verdad jurídica objetiva, fundándose en forma aparente en la letra de la norma dictada por la entidad demandada en la versión vigente a partir del 25 de agosto de 2005.
Expresa que al Tribunal de Alzada no le resultó posible individualizar los items remuneratorios sujetos a aportes que deberían tomarse como base de cálculo para el pago de las diferencias salariales reconocidas en la sentencia impugnada, toda vez que las liquidaciones efectuadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires fueron realizadas conforme las pautas normativas vigentes en cada haber devengado.
Se agravia en tanto el decisorio cuestionado debió haber especificado los conceptos sobre los cuales se descontaban aportes para efectuar el cálculo de la Retribución Estimulativa o, en su caso, si la normativa -no desconocida por el recurrente- expresamente los excluía.
Indica que sólo mediante resolución del Directorio de la entidad bancaria pueden determinarse qué rubros sujetos a aportes serán o no computados para liquidar la Retribución Estimulativa y la Asignación Incentivada.
En ese sentido, afirma que, en virtud de facultades concedidas por la ley 11.761, el Directorio transformó diferentes adicionales no remunerativos en remunerativos (resolución 1.447/97), haciendo expresa mención de que los mismos no integrarían la base de cálculo de la retribución cuestionada.
Asimismo, indica que la resolución del Directorio 838/05 creó dos beneficios de emergencia, uno con aportes y otro sin ellos, sin embargo en los considerandos de dicha resolución se manifiesta expresamente que no serán computados a ningún otro efecto remuneratorio convencional, no constituían una modificación de los coeficientes vigentes en la Institución y que las sumas que en cada caso se establecían podían ser compensadas por el Banco en forma unilateral hasta su concurrencia con cualquier incremento convencional a reconocerse o de cualquier modo pactarse o disponerse por acuerdo de parte.
Prosigue señalando que posteriormente, mediante resolución 380/10, el beneficio no remunerativo se transformó en remunerativo, haciendo expresa mención en que sería incorporado a la Retribución Estimulativa.
Entiende que para que algún concepto forme parte de la base de cálculo de la mentada retribución, dicha suma debía incorporarse al sueldo básico o haber sido dispuesto por acto administrativo del Directorio.
Advierte que una interpretación diferente causa un perjuicio a los intereses del Banco, además de un enriquecimiento sin causa del accionante.
Reitera, que la norma reglamentaria aplicable al caso no fue objeto de impugnación alguna por el señor Iparraguirre, ni dio lugar a vacíos ni ambigüedades que deban ser suplidos por las herramientas jurídicas previstas a tal efecto.
Denuncia que en la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada se configuró el vicio del absurdo, en tanto contiene errores graves y manifiestos que implican el desvío de las leyes de la lógica, alejándose de las constancias agregadas a la causa e incurriendo en irrazonables contradicciones.
Se agravia puntualmente que el fallo impugnado consideró como verdad irrefutable la literalidad de las normas del digesto administrativo, tomando algunas de las normas y prescindiendo de otras.
Agregó que la sentencia impugnada consideró inadecuadamente las constancias de la causa y omitió la valoración de elementos centrales determinantes para su resolución, tal como el concepto de haber, la efectiva exclusión de los rubros para la base del cálculo y la normativa interna que trata la cuestión debatida.
III. Adelanto que el recurso extraordinario interpuesto no prospera atento a que no ha sido suficientemente fundado (art. 279, CPCC).
III.1. En el ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tiene dicho este Tribunal que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente, la réplica concreta, directa y eficaz de todos los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte (causas A. 72.417, "Back", sent. de 19-II-2015; A. 71.101, "Marín", sent. de 11-III-2015; A. 72.077, "Lunghi", sent. de 19-X-2016; entre muchas otras). Esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causa A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014).
Tal déficit exhibe el recurso en tratamiento. Ello, por cuanto el recurrente se opone a la apreciación de la prueba que realizó la Cámara con base en consideraciones que se sustentan en un criterio propio, sin demostrar cabalmente el absurdo denunciado.
El vicio de absurdo, en la forma en que ha sido delimitado por esta Suprema Corte de Justicia a lo largo del tiempo, se configura cuando el fallo incurre en un error palmario, grosero y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. causas Ac. 71.327, "Quipildor", sent. de 18-V-1999; Ac. 78.294, "Lo Prete", sent. de 19-II-2002; C. 103.021, "Hernandorena", sent. de 11-XI-2009; C. 69.076, "M., L. L.", sent. de 29-VI-2011; C. 116.205, "P., R. y otros", sent. de 11-IX-2013; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 71.351, "Latorre", sent. de 25-II-2015; e.o.).
No es tal el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (conf. doctr. causas A. 73.076, "Cosentino", sent. de 7-VI-2017 y A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018).
Los argumentos esgrimidos en el recurso en tratamiento constituyen una mera disconformidad con la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada, lo cual no es suficiente para cumplir con las cargas técnicas que supone el remedio extraordinario.
Ello en tanto la Cámara interviniente consideró que la norma aplicable a las diferencias salariales reclamadas por el actor debieron calcularse sobre el sueldo básico sujeto a aportes, pues así lo disponía la normativa vigente al 25 de agosto de 2005 (v. fs. 9). De ese modo, revocó lo decidido por el juez de primera instancia que había considerado como base de cálculo de la Retribución Estimulativa el sueldo básico y sus adicionales, basándose en lo prescripto por la normativa vigente a partir del 20 de mayo de 2011, fecha posterior al periodo reclamado por el actor, esto es de junio de 2000 a junio de 2010 (v. fs. 457 y 339 y vta.).
En consecuencia, toda vez que el recurrente no ha acreditado el absurdo enunciado, corresponde desestimar el agravio dirigido a cuestionar la interpretación que realiza la Cámara sobre la evolución normativa del rubro reclamado por el accionante, atinente al contenido y al modo en que debe ser abonada la Retribución Estimulativa.
Del mismo modo y por idénticos fundamentos, no acierta el recurrente cuando afirma que el Tribunal de Alzada vulneró el principio de congruencia en tanto la sentencia impugnada no individualizó los items o rubros remuneratorios que habrían de tomarse en cuenta para establecer la base de cálculo para efectuar la liquidación de las diferencias salariales reconocidas.
Sabido es que el recurso de inaplicabilidad de ley es insuficiente si la recurrente expone su propio criterio personal, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 73.169, "Liserre", sent. de 17-V-2017; A. 73.568, "Altopiedi", sent. de 18-IV-2018; e.o.).
III.2. Por su parte, en lo que atañe a la denuncia de "arbitrariedad de sentencia" el planteo de la recurrente carece de entidad suficiente en tanto se basa en afirmaciones genéricas técnicamente insuficientes para lograr la revisión pretendida.
Conviene recordar que la denuncia de arbitrariedad resulta inadecuada en la instancia extraordinaria local, por ser una posibilidad que sólo se abre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sortear el valladar de la "cuestión federal" y obtener así un pronunciamiento de dicho Tribunal respecto de una sentencia que se denuncia como viciada por no ser derivación razonada del derecho positivo vigente de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la causa.
La mera invocación de que el fallo es arbitrario, no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, si no se demuestra que la decisión en crisis está afectada por un error grave y manifiesto que deriva en conclusiones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. causas Ac. 94.618, "Zarria", sent. de 11-IV-2007 y C. 111.761, "Banco Crédito Provincial S.A.", sent. de 9-X-2013).
En la jurisdicción local corresponde, para que la Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo, vicio lógico que no se advierte en el pronunciamiento recurrido (art. 279, CPCC; causas C. 119.025, "Aceto", sent. de 6-V-2015 y A. 73.928, "Kohnen", sent. de 21-VI-2018).
III.3. Por último agrego que resulta infundada la denuncia de errónea aplicación de la normativa aludida en el remedio intentado.
Es que, la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación, lo que tampoco ocurre en autos (conf. doctr. causas Ac. 94.316, "F., E. A.", sent. de 21-VI-2006; A. 71.077, "Sifredi", sent. de 29-V-2013; A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013; A. 72.358, antes cit.; A. 72.676, "Ibañez", sent. de 9-V-2018).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por l
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