Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada de fecha 28/10/2025.
2COMUNICAR - por intermedio de las Autoridades Centrales de ambos países - al tribunal competente en materia de familia de la República del Paraguay y a las autoridades administrativas que pudieran corresponder lo actuado en las presentes actuaciones y la denuncia efectuada por la aquí demandada a los fines de que tome las medidas que estimen corresponder a los fines de brindar efectiva protección de la integridad tanto de ambos niños C. G., Y. O. y G. L., A. G. como de su progenitora G. L., V. N.. Ello a los efectos de dar cumplimiento con los dispuesto en el punto III de esta resolución.
Asimismo, se exhorta y se encomienda al Juzgado con competencia en cuestiones de Familia que corresponda en la República de Paraguay, a controlar judicialmente el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas a cargo del progenitor de los niños, que surgen de este pronunciamiento jurisdiccional, bajo los apercibimientos legales que correspondan fijar - por parte del Juez exhortado - de acuerdo a la legislación Paraguaya aplicable a la materia.
Encomendar, a las respectivas defensorias y a la Asesoría intervinientes departamentales la colaboración en la realización de las gestiones que resulten necesarias a los fines de asegurar el efectivo cumplimiento de la restitución en los términos aquí dispuestos.
3EXHORTAR AL ACTOR a cubrir los gastos económicos que pueda irrogar el retorno tanto de los niños como de la progenitora …
"C. O. V. C/ G. L. V. N. S/ Restitucion Internacional De Menores"
Lm-36700-2025 JUZ. DE FLIA. N°5 En la localidad de San Justo, en la fecha de firma digital, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera -, celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados "C. O. V. C/ G. L. V. N. S/ RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES" Lm-36700-2025 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI, HÉCTOR ROBERTO PEREZ CATELLA, RAMON DOMINGO POSCA resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
TARABORRELLI dijo:
I. Los antecedentes del caso El 22/9/2025 el actor inició las presentes actuaciones a fin de solicitar la restitución internacional de sus hijos Y. O. C. G. y A. G. G. L.. El 23/9/2025 la Jueza de grado dispuso el cierre de fronteras, a los efectos de impedir la salida del país de la demandada y de los niños de autos hasta tanto se resuelva el presente.
Con fecha 26/9/2025 obra informe socioambiental realizado por el trabajador social del juzgado quien concluyó: "... se evidencia que la Sra. G.
L. ha sido víctima de violencia de género durante el período de convivencia con el Sr. C. O.. Su testimonio da cuenta de una situación sostenida de vulneración de derechos, en un contexto de violencia estructural y relacional que afectó no solo su integridad física y emocional, sino también la de sus hijos. Las condiciones de violencia reiterada a las que fue sometida constituyen un factor determinante en su decisión de emigrar de su país de origen, en búsqueda de un entorno seguro y propicio para la reconstrucción de una vida con proyecto, libre de violencia y con garantías para el ejercicio pleno de sus derechos y los de su grupo familiar.".
En fecha 29/9/2025 el niño A. G. G. L. mantiene entrevista en los términos del artículo 12 de la CIDN y los Arts. 26 y 707 del CCyCN, refiriendo la Juzgadora que el niño se encontraba en buen estado y con buen animo. En igual fecha, mantiene entrevista con la accionada. A su turno, en fecha 30/9/2025 la Sentenciante mantiene entrevista en los términos del artículo 12 de la CIDN y los Arts. 26 y 707 del CCyCN con el niño C. G. Y. O. indicando que el mismo se encuentra en un buen estado.
En fecha 3/10/2025 la accionada contesta demandada, solicitando que se rechace la misma.
Con fecha 8/10/2025 se lleva a cabo una audiencia entre las partes, no arribando las mismas a un acuerdo, consecuentemente a ello se dicta la apertura a prueba en fecha 9/10/2025.
En fecha 15/10/2025 el Perito psicólogo y Perito Medico Psiquiatra del Juzgado mantiene entrevista con el actor. De la misma refiere la experta que el accionante se encuentra preocupado por la situación actual y que según manifiesta el Sr. C. O. la accionada sufriría diversas patologías mentales.
La accionada mantiene entrevista en igual fecha con dichos expertos quienes manifiestan que la Sra. "... no presenta patología psiquiátrica aguda. No presenta necesidad de tratamiento psiquiátrico en la actualidad. Comprende la situación de irregularidad legal en la que se encuentra, pero según su referencia, la permanencia en el País, habría sido acordada de palabra con el padre de sus hijos, antes de emprender el viaje.".
Por ultimo, el Perito Psicólogo mantiene entrevista con los niños, concluyendo de la misma que "...presentan indicadores de confusión afectiva, necesidad de mantener el vínculo con ambos progenitores, y exposición a discursos contradictorios entre los adultos, lo cual puede impactar negativamente en su estabilidad emocional y sentido de pertenencia. Por lo que se considera prioritario salvaguardar el interes superior del niño con el objetivo de favorecer su desarrollo en un contexto favorable para ellos.".
Finalmente se dictó la sentencia apelada en la cual:
- hizo lugar al pedido de restitución internacional entablado por el Sr. C. O., V., respecto de los niños C. G., Y. O. y G. L., A. G. al país de origen (República del Paraguay).
- ordenó a G. L., V. N. la inmediata restitución de ambos niños, implicando ello que los mismos retornaran a su país de residencia y a su domicilio habitual sito en la República del Paraguay (argumento artículos 2642 CCCN, Convención sobre los Derechos del Niño Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya de 1980, y Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989).
- Exhortó a las partes, a los fines de la ejecución de la presente, a acompañar en el término de 48hs un plan de retorno seguro, contemplando el interés superior de los niños. Difirió la disposición de medidas necesarias para la ejecución de la presente para el momento procesal oportuno. - Ordenó, al solo y único efecto del cumplimiento de la sentencia, el levantamiento de la medida cautelar decretada con fecha 23/09/2025 respecto del cierre de la prohibición de salida del país de los niños y medida de no innovar el domicilio respecto de la demandada y sus hijos. - Impuso las costas a la accionada en su calidad de vencida, difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
Frente a tal forma de decidir la parte demandada interpuso y fundo recurso de apelación en fecha 30/10/2025, siendo concedido en relación en igual fecha.
Expone en su memorial la apelante que "... el actor no ejercía el derecho de cuidado o guarda no sólo del mayor de nuestros hijos, de quien nunca se ocupó de sus tratamientos de salud, y del menor de nuestros hijos a quien se negó a reconocer, imputándome infidelidades, y todo tipo de faltas de respecto, cosificación y violencia extrema."
Sostiene que en virtud de las constancias obrantes en la causa se desprende que ella fue victima de violencia de genero por el actor, siendo ello un factor importante para emigrar como lo hizo. Y, que nunca se ha relevado la forma y calidad de vida de los menores en Paraguay. Afirma que "... los elementos que obran en autos son más que contundentes, el actor, quien pretende utilizar los mecanismos convencionales para imponer el regreso de sus hijos a la residencia habitual, ha ejercido violencia extrema, delante de los niños en forma natural y consuetudinaria, ha manipulado y menospreciado a la demandada. No se verifica que tenga una actitud de reparación, disculpas, promesa de cambio, toma de conciencia y aporte de recursos para que sus hijos tengan lo necesario ni desde el momento en que viajaron a éste país. Algun acto que nos lleve a pensar en una verdadera aproximación a reparar hechos que él mismo ha provocado que ocurrieran.".
Refiere que los desaciertos y omisiones de la Sentencia de grado conducen a descalificar totalmente el pronunciamiento recurrido. Por ultimo, mantiene reserva de caso federal.
Corrido el traslado del memorial, el mismo fue contestado con fecha 3/11/2025 por la parte actora.
Expone en su presentación que "... por cuánto a la primer excepción, ambas normas citadas regulan en sentido de una falta de ejercicio del derecho de cuidado, situación que a todas luces no ha sido acreditada por la demandada. En primer lugar, conforme a derecho, no encontramos sentencia firme, acuerdo homologado o resolutorio alguno con firmeza y fuerza de ley que de por acreditado que el deber de cuidado, ya sea cuidado personal, o privación/suspensión de la responsabilidad parental en nuestra legislación, donde recaiga dicha responsabilidad/ejercicio de manera unilateral en la quejosa, sólo acusaciones provenientes de la manifestación unilateral de la misma, motivo por el cual he de remitirme tanto a la jurisprudencia de nuestra propia legislación: "Con el sistema adoptado por el art. 649 del CCyC se afirma el principio de coparentalidad para la crianza y formación del hijo, por lo que el principio general es que sea compartido alternado o indistinto (art. 650 CCyC), y por excepción, atribuido a uno de los progenitores." CC0102 MP 178926 82 S 23/04/2024 Juez MONTERISI (SD) Carátula: V. B. M. C/ M. J. C. S/ CUIDADO PERSONAL DE HIJOS. Magistrados Votantes: Monterisi-Loustaunau" como así a la normativa propia del Estado Parte de residencia de los aquí involucrados, en tal sentido la Ley 1183/85 (Código Civil del Paraguay) en su artículo 248 reza : La patria potestad, la adopción y la tutela se rigen por las disposiciones de la Ley Nº903/81 del Código del Menor. Tal es así que la mentada norma extranjera, en su Art. 67 reza: "El padre y la madre ejercen con iguales derechos y deberes la patria potestad sobre los hijos habidos en el matrimonio. En caso de desacuerdo, prevalecerá la decisión del padre hasta que el Juez de Menores, en procedimiento sumarísimo resuelva la cuestión tomando en cuenta el interés del menor." -Texto extraído de la Ley 903/81, Código del Menor de la República de Paraguay, Título VI - De la Patria Potestad.-."(el resaltado es original)
Asimismo, refiere que las situaciones de violencia extrema que expone la accionada en su memorial son meras manifestaciones unilaterales ya que las mismas no han sido probadas en autos.
Asevera que "... no han quedado de ninguna manera probadas las excepciones opuestas, tanto en materia de deber de cuidado, ni se encuentra configurada la figura del "riesgo grave" al que alude la recurrente, y en cambio, el argumento de la misma con el cual debería impedirse la restitución de mis hijos, recae sobre todas cuestiones de fondo, que la propia normativa citada (CIDIP IV - CH1980) en forma imperativa impide a la Jueza de primera instancia a resolver, dado que es materia que le asiste a la demandada a instar en el Estado Parte, motivo por el cual es de mi consideración que deberá confirmarse en su totalidad la sentencia dictada por la misma.". (el resaltado es original)
A su turno, la Asesoría de Menores interviniente contesta el traslado exponiendo que "... considerando los elementos probatorios que constan en autos, la situación habitacional de los niños en nuestro país y que no se configuran las excepciones alegadas por la Sra. G. L., es que solicito se mantenga el auto que aquí se cuestiona.".
Recibidos los presentes obrados en esta Sala Primera, este tribunal celebró audiencia con los niños en forma presencial (v. Audiencia De Escucha Nnya Art. 12 Cdn - Acta (238501420029995130)) y con ambos progenitores (v.Audiencia - Acta (245701420029996702) y Audiencia - Acta (226701420030046405)).
II. La solución.
El proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes resuelta un mecanismo de cooperación jurídica internacional con el objeto de asegurar el pronto y seguro retorno de los niños, niñas y/o adolescentes al Estado en el que tienen su centro de vida.
Regulado actualmente por instrumentos internacionales:
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 y Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980.
El objeto de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (CIRIM) es "...asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares". (art. 1). "Se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los derechos que ejercían, individual o conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier institución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor". (art. 4). (El resaltado y subrayado me pertenece).
Determina la CIRIM que el juez exhortado, la autoridad central u otras autoridades del Estado donde se encuentra el menor, adoptarán, de conformidad con su derecho y cuando sea pertinente, todas las medidas que sean adecuadas para la devolución voluntaria del menor.
Si la devolución no se obtuviere en forma voluntaria, las autoridades judiciales o administrativas, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 9 y sin más trámite, tomarán conocimiento personal del menor, adoptarán las medidas necesarias para asegurar su custodia o guarda provisional en las condiciones que aconsejaren las circunstancias y, si fuere procedente, dispondrán sin demora su restitución. En este caso, se le comunicará a la institución que, conforme a su derecho interno, corresponda tutelar los derechos del menor.
Ahora bien, el artículo 11 de dicha normativa dispone: “La autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no estará obligada a ordenar la restitución del menor, cuando la persona o la institución que presentare oposición demuestre: […] b. Que existiere un riesgo grave de que la restitución del menor pudiere exponerle a un peligro físico o psíquico. La autoridad exhortada puede también rechazar la restitución del menor si comprobare que éste se opone a regresar y a juicio de aquélla, la edad y madurez del menor justificase tomar en cuenta su opinión”. En un mismo orden de ideas, el artículo 14 fija: “Los procedimientos previstos en esta Convención deberán ser instaurados dentro del plazo de un año calendario contado a partir de la fecha en que el menor hubiere sido trasladado o retenido ilegalmente. Respecto de menores cuyo paradero se desconozca, el plazo se computará a partir del momento en que fueren precisa y efectivamente localizados. Por excepción el vencimiento del plazo del año no impide que se acceda a la solicitud de restitución si a criterio de la autoridad requerida lo justifican las circunstancias del caso, a menos que se demostrare que el menor se ha integrado a su nuevo entorno”. (El resaltado y subrayado me pertenece). En paralelo, encontramos el Convenio de La Haya de 25 de octubre 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores; citada en la sentencia apelada. El preámbulo de dicha normativa reza: “Los Estados signatarios del presente Convenio, profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia, Deseosos de proteger al menor, en el plano internacional, de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita, y de establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un Estado en que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita…” (El resaltado y subrayado me pertenece). “El Convenio se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita. El Convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años”. (art. 4).
No obstante, el artículo 13 de la mencionada normativa establece: “…la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenarla restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que: a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente Artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la Autoridad Central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor” (El resaltado y subrayado me pertenece).
En conclusión, la normativa internacional de aplicación al caso busca resguardar al niño, primando en dicha tarea la restitución del mismo a su residencia habitual. Es decir, el norte está puesto en el centro de la vida del niño, procurándose un status quo, cuestión trascendental que la norma estima en su beneficio. En el caso, se adelanta, que la residencia habitual de ambos hermanos se condice con la República del Paraguay.
La SCBA ha resuelto (en voto del Dr. Genoud con adhesión de los Dres. Soria y Kogan en autos C 124.043, "M.S., M. G. c/ F. M. s/ Restitución Internacional" de fecha 11/05/23) que la Convención Internacional sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya de 1980 se basa en una serie de pilares básicos cuyo eje esencial parte de la presunción de que la restitución del niño, niña o adolescente al lugar de residencia habitual que tenía antes de la sustracción o retención ilícita es la decisión que mejor satisface el interés superior del niño.
En autos ha quedado comprobado que la demandada retuvo a los niños en la República Argentina de forma ilícita en los términos del artículo 3 de la Convención de La Haya de 1980 (ley 23.857) y del art. 4 de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (ley 15.358), se advierte que trascurrido el plazo durante el cual tenia poder firmado por el padre de sus hijos para viajar no retornó con los niños a su centro de vida (v. autorizaciones de viaje adjuntas en fecha 22/9/2025). La apelante sostiene que en el caso se configuran las excepciones prevista por la normativa aplicable a los fines de no hacer lugar a la restitución internacional solicitada, afirma que el actor no ejercía el derecho de cuidado o guarda de sus hijos. Además, la actora considera que el retorno de los niños a el Paraguay podría constituir un riesgo grave por cuanto los podría exponer a un peligro físico o psíquico.
Sobre las excepciones prevista por la normativa aplicable, la CSJN refirió que se exige la existencia de una situación delicada que exceda el natural padecimiento que puede ocasionar un cambio de lugar de residencia, la desarticulación del grupo conviviente o la preferencia de vivir con uno u otro de los progenitores, pues no resulta decisivo para excusar el incumplimiento de la obligación internacional asumida (conf. CSJN causa "A. G., L. I. c/ R. M., G. H. s/ restitución internacional de menores", CSJ 92/2021/CS1).
La CSJN sostuvo reiteradamente que para que se configure ese grave riesgo aludido por el art. 13 se requiere "...que el niño presente un grado de perturbación emocional muy superior al que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia con uno de sus padres y que esa situación excepcional exige de una situación delicada, que va más allá del natural padecimiento que puede ocasionar un cambio de lugar de residencia o de la desarticulación de su grupo conviviente (conf. Fallos: 318:1269; 328:4511; 333:604)" (CSJN, 21-XII-2010, "R., M. A. c. F., M. B.", LL 11-I-2011, 4 - DFyP //2011 (enero, 55) Cita Online: AR/JUR/81562/2010. En similar sentido CSJN, 14-VI-1995, "Wilner, Eduardo Mario v. Osswald, María Gabriela", y sus citas; JA 1995-III-434; Cita Online: 953147. CSJN, 27-XII-2016, "G., L. por su hijo G. P., T. por restitución s/ familia p/ rec. ext. de inconstit. - casación", LL 2-III-2017, 6 - LL 2017-A, 522 - LL 12-V-2017, 3, Cita Online: AR/JUR/85748/2016; CSJN, 21-II-2013, "H. C., A. v. M. A., J. A.", SJA 26-VI-2013-55; JA 2013-II; RDF 2013-IV-1; Cita Online: AP/JUR/42/2013). Colegas de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento judicial de Mercedes en fecha 29/12/2023 en un caso similar al de autos resolvieron que "Es frecuente que en estos casos el o la progenitora que se resiste alegue su mayor idoneidad para ejercer el cuidado personal de sus hijos, pero tanto la Corte nacional como la Suprema Corte provincial tienen dicho que ello es materia propia de los jueces de la residencia habitual de los menores (CSJN, 25-X-2016, "Q., A. c. C., M. V. y otro s/ reintegro de hijo", LL 12-XII-2016, , 11 - LL 13-XII-2016, 6 - LL 2016-F, 458 - DJ14-XII-2016, 23 - DFyP 2016 (diciembre), 77, https://informaciónlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/70653/2016. En similar sentido, se reitera la idea en: CSJN, 21-XII-2010, "R., M. A. c. F., M. B.", LL 11-I-2011, 4 - DFyP //2011 (enero), 55, Cita Online: AR/JUR/81562/2010; CSJN, 27-XII-2016, "G., L. por su hijo G. P., T. por restitución s/ familia p/ rec. ext. de inconstit. - casación", LL 2-III-2017, 6 - LL 2017-A, 522 - LL 12-V-2017, 3, Cita Online: AR/JUR/85748/2016; CSJN, 21-II-2013, "H. C., A.
v. M. A., J. A.", SJA 26-VI-2013-55; JA 2013-II; RDF 2013-IV-1; Cita Online: AP/JUR/42/2013) y la doctrina de esta Corte (e.o., causas C. 115.080, "F., L. A.", sent. de 28-III-2012 y C. 121.958, "R. L., M. L.", sent. de 27-VI-2018). Es decir, debe volverse al que fuera el centro de vida de los niños antes del acto ilícito de irse o retener a los niños en otro país, y que los tribunales del país requirente resuelvan las cuestiones de familia que motivan controversias." (Sala I, Cam. Civ. y Com. San Isidro en autos caratulados "L.M.C. C/ M.B.L. MERCEDES S/ RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES" Nº SI-121297 voto del Dr. Emilio Armando Ibarlucia con adhesión del Dr. Carlos Alberto Violini sentencia de fecha 29/12/2023) En este punto, es de destacar que la propia apelante en la audiencia celebrada ante este tribunal manifestó que el actor es buen padre con los niños y no ejerció sobre ellos violencia. Sin perjuicio de ello, la demandada ha manifestado en mas de una oportunidad ser víctima de violencia propiciada por el actor, en virtud de lo cual tiene temor de regresar al país en el que los niños tienen su centro de vida por haber transcurrido allí la mayoría de su vida (Paraguay).
III. Una solución integradora Ahora bien, de las constancias de la causa no surge prueba alguna de lo alegado por la actora, por lo tanto en consonancia con la jurisprudencia de la CSJN y la SCBA y conforme lo dispuesto por las convenciones aplicables al caso, estimo que corresponde confirmar la sentencia dictada por la Jueza de grado.
No obstante, atento las particularidades del caso considero que debe condicionarse el efectivo cumplimiento de la restitución a que se cumplan algunas garantías de seguridad para los niños C. G., Y. O. y G. L., A. G. y también para la Sra. G. L., V. N.. Pues ambos niños - a pesar de su corta edad - han manifestado su deseo de continuar junto a su madre y de retornar a Paraguay. Por lo tanto, se torna primordial considerar la situación de la progenitora sin perjuicio del acotado objeto de este proceso. Para ello, se debe considerar que conforme surge de los dichos de ambas partes la demandada es un persona humilde con escasos recursos (En Paraguay no trabajaba y aquí en Argentina reside junto a sus hijos en una casa de asistencia en la cual es asistida por caridad.), se evidencia que no tiene los medios económicos para acceder al alquiler de una vivienda para ellas y los niños.
El actor se comprometió a: abonar una cuota alimentaria mensual adecuada a favor de sus hijos - que deberá ser oportunamente determinada - para sostener a sus necesidades que será percibida por la Sra. G. L., V. N. bajo recibo; en caso de necesidad a colaborar con el pago del alquiler de una vivienda para los dos niños y su progenitora. Además manifestó haber dialogado con la tía de la progenitora quien podría recibirla en su vivienda, agrego que recurrirá a la Defensoría de la Niñez (o el órgano cuya competencia corresponda) a fin de instar lo relativo al cuidado de los niños y la debida comunicación con ambos progenitores y solicitó que se inste a la autoridad central a fin de que interceda con las autoridades jurisdiccionales de Paraguay a efectos de realizar allí un monitoreo de la situación familiar, brindando activamente herramientas y recursos necesarios para asegurar la integridad de todo el grupo familiar (v. Audiencia - Acta (226701420030046405)).
Además de lo expuesto, debo tener en consideración que la República Argentina se ha obligado a prevenir todo tipo de violencia de género sobre las mujeres al suscribir la Convención de Belem do Pará (ratificada por ley 26.432) y por la leyes 26.485 y la provincial 25.134. Por ello y en miras a preservar también el interés superior de los niños (art. 3 CDN ) propongo que se confirme la sentencia dictada por la Jueza de grado y se comunique, por intermedio de las Autoridades Centrales de ambos países, al tribunal competente en materia de familia lo actuado en las presentes actuaciones y la denuncia efectuada por la aquí demandada a los fines de que la República del Paraguay tome las medidas que estimen corresponder a los fines de brindar efectiva protección de la integridad tanto de ambos niños como de su progenitora.
Sumado a ello, se pone en cabeza del actor la obligación de cubrir los gastos económicos que pueda irrogar el retorno tanto de los niños como de la progenitora al País vecino.
IV. Costas Atento a la forma en que se resuelve, propongo que las costas de Alzada se impongan por su orden (art. 68 2do Párrafo del CPCC). Por lo cual, a la cuestión planteada, voto por la AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos a la cuestión planteada el Dr. Pérez Catella y el Dr. Posca votan en igual sentido por la AFIRMATIVA. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE:
1. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 28/10/2025.
2. COMUNICAR - por intermedio de las Autoridades Centrales de ambos países - al tribunal competente en materia de familia de la República del Paraguay y a las autoridades administrativas que pudieran corresponder lo actuado en las presentes actuaciones y la denuncia efectuada por la aquí demandada a los fines de que tome las medidas que estimen corresponder a los fines de brindar efectiva protección de la integridad tanto de ambos niños C. G., Y. O. y G. L., A. G. como de su progenitora G. L., V. N.. Ello a los efectos de dar cumplimiento con los dispuesto en el punto III de esta resolución.
Asimismo, se exhorta y se encomienda al Juzgado con competencia en cuestiones de Familia que corresponda en la República de Paraguay, a controlar judicialmente el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas a cargo del progenitor de los niños, que surgen de este pronunciamiento jurisdiccional, bajo los apercibimientos legales que correspondan fijar - por parte del Juez exhortado - de acuerdo a la legislación Paraguaya aplicable a la materia.
Encomendar, a las respectivas defensorias y a la Asesoría intervinientes departamentales la colaboración en la realización de las gestiones que resulten necesarias a los fines de asegurar el efectivo cumplimiento de la restitución en los términos aquí dispuestos.
3. EXHORTAR AL ACTOR a cubrir los gastos económicos que pueda irrogar el retorno tanto de los niños como de la progenitora al País vecino, entre los cuales debe cubrir el importe de los pasajes y el dinero necesario durante el traslado, que deberá entregarle previamente a la progenitora como condición previa a realizar el viaje.
4. Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 68 2do Párrafo del CPCC).
REGISTRESE. Con carácter de urgente - en virtud de proximidad de la feria de verano - NOTIFIQUESE la presente resolución por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo respectivos, los que se consignan seguidamente. REMÍTASE copia de la presente resolución a la Autoridad Argentina de Aplicación. Oportunamente, DEVUELVASE al Juzgado de Familia N°5 Departamental a fin de que se arbitren los medios necesarios para asegurar el retorno de los niños en la forma más segura y expeditiva posible respetando lo resuelto en la presente sentencia.
Fin de la sentencia